CORRUPCION
CHACO Control de contenidos, listas negras y vigilancia a diputados: así funciona el patrullaje mediático de Leandro Zdero
Bajo las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, el gobierno del Chaco montó un equipo para monitorear contenidos de medios de comunicación locales. Si bien el trabajo comenzó como cualquier tarea de lo que se conoce como “clipping”, fue mutando hasta convertirse en una herramienta para perseguir medios y periodistas críticos, con el retiro de pauta publicitaria, como principal modo de represalia. También fue utilizado para monitorear las actividades de diputados de la oposición con el fin de coordinar posteriores ataques mediáticos sincronizados. El caso Gyoker, la cadena de mando y el descargo de uno de los responsables.
Fondos públicos para financiar la persecución a medios de comunicación críticos y diputados opositores. Con esta oración se podría resumir lo que el gobierno del Chaco viene realizando desde el inicio de la gestión, usando como usina de datos lo que en comunicación se conoce como “clipping”.
Si bien el clipping es una herramienta utilizada regularmente por los gobiernos para tener un parámetro sobre el pulso de la opinión pública, la gestión de Leandro Zdero la ha transformado en un mecanismo para recopilar información que funcione como base para crear listas negras de medios y periodistas críticos, empleando el retiro de pauta publicitaria como castigo. Además, se ha utilizado para monitorear las actividades públicas de diputados opositores, con el objetivo de coordinar ataques mediáticos sincronizados. Incluso se ha aplicado para vigilar a legisladores oficialistas considerados “problemáticos”, como es el caso de Iván Gyoker.
En comunicación y política, el clipping consiste en recopilar y analizar menciones en medios sobre una persona, marca, empresa, gobierno o tema específico. Esta práctica permite monitorear la cobertura mediática y evaluar la percepción pública. Es esencial para ajustar estrategias de comunicación y relaciones públicas, permitiendo a las organizaciones, gobiernos y figuras públicas reaccionar de manera informada y oportuna a la cobertura mediática.
Desde el 12 de diciembre, a dos días de la asunción de Zdero, y bajo las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, se montó un grupo de periodistas para realizar esta tarea.
Según pudo saber LITIGIO, al comienzo se les solicitó que realicen una escucha y revisión general de los medios de comunicación para identificar los temas de los que se hablaba, el impacto en la gente y ver cómo respondían a ciertos tópicos. Se monitoreaban a portales de noticias, diarios, radios y televisión, tanto de Resistencia como del interior provincial.
Con el pasar de los meses, la tarea fue mutando hacia algo menos inocente. A los integrantes del equipo ya no se les pedía una revisión general, sino determinar concretamente qué medio y periodista hablaba mal del gobierno. Las órdenes partían de Resico, pasaban por su secretaria, Karen Kaenel y llegaban hasta el responsable de los Medios Públicos del Chaco, Carlos Minich, quien luego se la transmitía al grupo de periodistas que se dedicaba al monitoreo.
El equipo realizaba tres informes diarios, con lo que publicaban los medios que les fueron asignados a casa uno. Dividida en columnas, en una hoja de Excel, se colocaba el medio (portal, cuenta de redes sociales, radio o tv), a quién le hicieron la nota, el enlace y la valoración (positiva, neutral o negativa). Debido a que el gobierno no quería que estos datos se filtren, estos reportes fueron guardados de manera encriptada, con clave de acceso.
Posteriormente, la información era remitida a Minich quien posteriormente se lo transmitía a Resico, el dueño de la última palabra respecto de qué hacer con eso. A partir de recopilar esta información, se confeccionaban las listas negras y se producían las bajas de pauta publicitaria a los medios que no se alineaban completamente con el mensaje gubernamental. Esto también incluyó la no reposición de la pauta a aquellos medios que se habían quedado afuera con la actual gestión.
El propio Resico reconoció que durante el mandato de Zdero se dieron de baja más de 200 medios a los que tildó de “truchos”. En septiembre pasado, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco presentó un pedido de acceso a la información pública para que Resico detalle cuáles eran esos medios acusados de irregulares, qué criterios se tomó para retirarles la pauta y las pruebas con que se contaba para tomar dicha decisión. Sobre este punto, no hubo respuestas por parte del funcionario.
Vigilar y castigar
El trabajo de monitoreo no sólo se circunscribió a las empresas periodísticas. También vigilaron a diputados opositores. Se registraba lo que decían en las radios, en los canales de streaming, en la televisión, en los portales de noticias, en las sesiones de la Legislatura provincial y hasta en sus cuentas de redes sociales.
Según pudo confirmar esta revista, los legisladores espiados fueron Nicolás Slimel, Rodrigo Ocampo, Santiago Pérez Pons y María Pía Chiacchio Cavana. También se realizó vigilancia a las actividades públicas del diputado provincial por el oficialismo, Iván Gyoker. “Se lo monitoreaba porque es un boca de jarro”, fue la explicación que recibió LITIGIO.
¿Qué hacía el gobierno con esta información? Coordinaba ataques mediáticos. Un ejemplo claro fue lo que le ocurrió al diputado Slimel. A mediados de agosto de este año, durante una sesión de la Legislatura, el legislador cuestionó el elevado monto que el gobierno provincial destinaba en los medios de comunicación en detrimentos de otras áreas.
“¿Por qué en vez de despilfarrar plata (en pauta publicitaria), no utilizamos ese dinero para tener más comedores, asistencia social, arreglar las rutas de la provincia o mejorar la situación de los becados de Desarrollo Social? Es preocupante y nadie dice nada”, señaló.
Posterior a esa intervención, el propio Resico pidió directamente a algunos medios locales que salgan a “pegarle” a Slimel por sus dichos. Esta revista confirmó que por lo menos se lo solicitó a dos medios locales. Uno de ellos fue NG Federal, el canal de Marcelo Rubiolo.
Fue el propio Rubiolo quien cumplió las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos y en una virulenta editorial se dedicó a vilipendiar al legislador, acusándolo de desmemoriado y de meterse con sus negocios (“Yo podría decirle a él que trabaje gratis, también”, consideró mirando a cámara). Le recordó que antes de ser opositor, era un habitué de los estudios de su canal donde “jamás puso un peso”, lo acusó de “tener menos códigos que una bolsa de carbón” y dio a entender que los empleados del legislador eran ñoquis.
Hábil relacionista público como lo es, Rubiolo aprovechó la oportunidad para hablar bien de quien le está facilitando montos enormes de pauta publicitaria además de darle una gran mano para hacer negocios en el canal público Somos Uno, donde tiene un programa y se prevé que tenga varios más con su productora.
“Se lo critica a Marcos Resico. La verdad es que yo no soy amigo de Marcos. Hace una semana, unos días, estuve debatiendo con él temas políticos y hasta hemos discutido. Pero lo que sí sé, es que Marcos Resico no clava puñales por la espalda”, comparó.
Otro caso paradigmático fue lo que le ocurrió a Santiago Pérez Pons. El periodista, Roberto Espinoza, en su programa de Radio Independencia, detectó un sospechoso y coordinado ataque mediático en la misma semana en contra del legislador. “¿Nado sincronizado de algunos periodistas para pegarle a Pérez Pons? ¿Por qué en la misma semana (Gustavo) Olivello, (Marcelo) Rubiolo y (José) Viñuela editorializaron contra el exministro de Capitanich?”, se preguntó Espinoza.
Lo llamativo es que los temas utilizados para atacar a Pérez Pons no fueron los mismos. En su canal de Ciberperiodismo (en Facebook y Tik Tok), Viñuela le dedicó una editorial de tres minutos para criticarlo de manera muy agresiva porque dio a entender que el gobierno provincial cortó la luz en la facultad de Arquitectura de la UNNE para evitar que Franja Morada pierda las elecciones. Un tema que, en realidad, no ameritaría semejante reacción de alguien que ni siquiera tiene interés directo en el caso. “¿Cuál es el sentido de decir esta estupidez, Pérez Pons, diputadito provincial del Chaco? Estoy embolado con los políticos basura como vos que se la pasan diciendo estupideces y generando odio”, fustigó Viñuela.
Olivello, por su parte, se dedicó a “pegarle” a Pérez Pons, no por sus declaraciones por las elecciones estudiantiles, sino que se metió con la cuestión de la corrupción. Dio a entender que el exfuncionario tenía un elevado patrimonio tras su paso por la gestión gubernamental, el cual supuestamente no podía justificar.
“Sería bueno saber el patrimonio con el cual ingresaron algunos funcionarios de Capitanich, especialmente aquellos que fueron ministros de Economía durante tres años, que no sabemos con cuanta guita vinieron y ahora tienen casa en (el barrio privado) La California. Que mientras la gente se está cagando de hambre ellos se pueden pagar un nutricionista y quedar estéticamente bien. A vos te estoy hablando, Santiago Pérez Pons”, disparó el exsargento de la Policía del Chaco en su programa de Alerta Urbana.
LITIGIO intentó comunicarse vía WhatsApp con el secretario Marcos Resico; su secretaria, Karen Kaenel y el responsable de los Medios Públicos, Carlos Minich, para conocer su versión. El único que respondió fue Minich, quien negó todo. “No tengo la menor idea del tema. Yo estoy coordinando medios públicos, solamente. No tengo opinión alguna porque desconozco la existencia de algo similar a lo que planteás. Gracias por comunicarte”, contestó.
¿Qué se sabe ahora sobre el equipo de clipping? ¿Sigue funcionando? Sí pero no. El gobierno decidió desmantelarlo y despidió a todos sus integrantes. Lejos de dejar de utilizar esta herramienta, que le sirvió para perseguir a opositores y medios críticos, ahora el trabajo de monitoreo de medios quedó a cargo de una empresa de Buenos Aires, que trabaja con Inteligencia Artificial. Todo un símbolo de los tiempos que corren.
Por Bruno Martínez Revista Litigio
CORRUPCION
HUMILLAR PARA DISCIPLINAR
En el Chaco hay escenas que no deberían existir en una democracia. Y, sin embargo, se repiten —cada vez con menos pudor— como si fueran parte del paisaje. Dos abogadas del fuero provincial fueron al Servicio Penitenciario Provincial a entrevistar a sus asistidos. No iban “a ver qué pasaba”. Iban con autorización judicial expresa, con una orden vigente y debidamente notificada. Aun así, las dejaron más de una hora y media a la intemperie, bajo el sol, sin permitirles el ingreso. La entrevista no se concretó.
No es un episodio menor. No es “una demora”. No es “un malentendido”. Es un método: humillar para disciplinar.
Porque cuando el Estado frena una entrevista autorizada, lo que está haciendo no es “poner orden”: está enviando un mensaje. Y el mensaje es simple, brutal y peligrosísimo: la defensa entra cuando nosotros queremos; la orden judicial vale si nosotros queremos; los derechos valen si nosotros queremos.
La trampa del “privilegio”
Cada vez que un abogado reclama condiciones mínimas de trabajo en un contexto de privación de libertad, aparece el coro previsible: “¿Qué privilegio reclaman?”.
Hay que decirlo con claridad: no es privilegio. Es garantía. Es una garantía para el desempeño profesional, y, por esa vía, una garantía para el ciudadano, para el imputado, para la víctima y para el propio sistema de justicia.
Nuestra ley procesal provincial reconoce que en el ejercicio profesional los abogados deben ser tratados con el respeto y consideración que se guarda a los magistrados. No para elevarnos a un pedestal, sino para impedir lo que está pasando: que el operador de turno, el funcionario de guardia o la lógica del castigo social decidan cuándo la defensa puede ejercer y cuándo no.
Si el abogado defensor puede ser humillado, demorado, hostigado o “castigado” por insistir en una orden judicial, entonces el derecho de defensa se transforma en un decorado. Se mantiene la forma —para la foto—, pero se vacía el contenido.
Y cuando la defensa es decorativa, la democracia también.
La defensa penal no es un enemigo
En paralelo al destrato institucional, crece un clima social que no es espontáneo. Se alimenta. Se produce. Se reproduce. En redes sociales se denosta a la defensa penal como si fuese una actividad vergonzante. Se confunde deliberadamente al defensor con el defendido. Y algunos discursos —incluso mediáticos— deslizan o afirman que quien defiende “encubre”.
Eso no es ignorancia: es una operación cultural que debilita el Estado de Derecho.
El defensor penal no está para “caer simpático”. Está para hacer lo que muchas veces nadie quiere escuchar: que el Estado debe probar, que debe investigar con reglas, que no puede “arreglar” con atajos, que la detención no puede ser un castigo anticipado, que la dignidad humana no se suspende por una imputación.
Defender no es justificar.
Defender es exigir legalidad.
Defender es poner límites.
Defender es recordar que el poder punitivo también debe rendir cuentas.
Cuando se instala la idea de que el abogado defensor es un “encubridor”, lo que se busca es otra cosa: habilitar el hostigamiento. Volver aceptable que se lo persiga, se lo amenace, se lo escupa simbólicamente hasta que un día el escupitajo sea literal. Y en causas de alta exposición —como lo vimos en el caso Sena— ese linchamiento mediático y material ya estuvo demasiado cerca de convertirse en tragedia.
No es exageración. Es experiencia.
El espectáculo de la vulnerabilidad
A este clima se suma algo todavía más degradante: la circulación de imágenes de personas detenidas —y, en particular, de un colega abogado— exhibidas en estado de vulnerabilidad, tratadas como objeto de consumo público. Como si la humillación fuese entretenimiento. Como si el dolor ajeno fuese un contenido más.
Esa lógica de zoológico humano no es “información”. Es castigo. Es escarmiento. Es pedagogía del miedo.
Y lo más grave: el escarmiento siempre necesita un nuevo cuerpo. Hoy es uno. Mañana es otro. Pasado, cualquiera.
“Hoy van contra ellos”.
La pregunta que duele
Hoy se señala a ciertos nombres, se los usa como símbolo de la época, se los expone, se los estigmatiza: Osuna, Gabriela Tomljenovic, Olga Mongeloz, Galassi. No importa aquí qué opinión tenga cada quien sobre cada caso. El punto es otro, y es institucional: si aceptamos que se castigue a la defensa por trabajar, mañana no habrá defensa posible para nadie.
¿De verdad vamos a naturalizar la “prisión por trabajar”?
¿Vamos a tolerar que un abogado sea tratado como sospechoso por ejercer su tarea?
¿Vamos a permitir que las órdenes judiciales se cumplan según el humor de un mostrador?
La democracia no se rompe de golpe: se desgasta. Se “acostumbra”. Se vuelve indiferente. Y un día, cuando alguien necesite que la ley lo proteja, descubre que la ley ya no está: quedó convertida en trámite, en papel, en relato.
Lo que juramos
Nos formamos durante años para defender derechos. Años de facultad, de estudio, de práctica, de errores y aprendizaje. Y el día de la matrícula, juramos algo que no es una frase decorativa: cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Yo no lucho por una bandera corporativa.
Lucho, todos los días, por la calidad democrática y por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos sin importar su condición. Lucho porque sé —como sabemos tantos— lo fácil que es perder el piso institucional cuando la sociedad aplaude el castigo y el Estado se acostumbra a no rendir cuentas.
Y por eso lo digo con toda la fuerza que exige este tiempo: no quiero que esto se vuelva costumbre en mi provincia.
Unidad, sí. Silencio, no.
La abogacía tiene que estar más unida que nunca. No para encubrir nada. Para defender lo elemental: que el ejercicio profesional no sea un deporte de riesgo; que el acceso a la defensa no dependa de humillaciones; que el respeto no sea un premio; que el derecho no sea un favor.
Unidad para decir basta cuando se obstaculiza una entrevista autorizada.
Unidad para repudiar el show de la vulnerabilidad humana.
Unidad para explicar —una y mil veces— que la defensa penal no es el problema: es una de las últimas barreras contra el abuso.
Porque lo que hoy se presenta como “mano dura” contra la defensa, mañana será mano dura contra cualquiera que incomode: periodistas, docentes, militantes, familias, ciudadanos comunes. La arbitrariedad no tiene ideología cuando se vuelve costumbre; solo tiene hambre.
Un límite civilizatorio
En un Estado de Derecho hay algo que no se negocia: la dignidad. La del detenido y la del defensor. La del imputado y la de la víctima. La del que cae bien y la del que cae mal. Si la dignidad se convierte en un bien selectivo, entonces ya no hablamos de justicia: hablamos de revancha.
El Chaco no necesita más escarnio. Necesita instituciones que funcionen, órdenes judiciales que se cumplan, y un sistema penal que no sea un teatro de castigo público.
Si hoy humillan para disciplinar, la respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta debe ser un límite.
Porque cuando la defensa cae, cae con ella una palabra que todavía nos sostiene: República.
Por Celeste Segovia
*La autora es Abogada –Escribana- Magister en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia-Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas -Resistencia, Chaco.
CORRUPCION
Más purgas del gobierno de Zdero: echan a una trabajadora de Salud por ser concejala
Se trata de Soledad Bonilla, quién se desempeñó durante 10 años como contratada en el Ministerio de Salud del Chaco. Además, es concejala de la localidad de Hermoso Campo por el partido Frente Grande.
El partido Frente Grande del Chaco denunció que el despido de una trabajadora del Ministerio de Salud provincial, quién a su vez se desempeñaba como concejala en la localidad de Hermoso Campo, se dio en el marco de un acto de “persecución política” iniciada a partir de la asunción del gobierno de Leandro Zdero.
El partido reveló que Bonilla es trabajadora de Salud Pública en Hermoso Campo. Se desempeñaba como enfermera en el Hospital Arsenio Zeno. Desde hace 10 años es contratada del Ministerio de Salud y se desempeña “con aplicación y compromiso con su pueblo y su zona de influencia”.
En las PASO 2023, Bonilla integró las listas del Frente Grande en Hermoso Campo compitiendo dentro del Frente Chaqueño. Ingresó por la minoría en las listas y fue electa Concejala acompañando al actual Intendente.
Tras la asunción de Zdero, Bonilla fue objeto de múltiples persecuciones, entre ellas el traslado a una zona alejada de Hermoso Campo, que la ponía en problemas para criar a sus hijos y desempeñarse como Concejala.
“Soledad no se rindió a la persecución, aunque ambos ingresos no le permiten superar una canasta básica. Se mantuvo en su trabajo, se desempeñó como Concejala y sus ideas en alto”, destacaron desde el Frente Grande.
“Sin embargo, -advirtieron-, el gobierno provincial, como su líder nacional Milei, no soporta las diferencias y cree que es dueño del Estado. Por eso la despidió. Repudiamos a Zdero y su gobierno de persecución. Nos solidarizamos con Soledad Bonilla y exigimos su reincorporación”.
CORRUPCION
Coimas en Andis: una exfuncionaria hablaba de “karinear” el 3 por ciento
Ornella Calvete, hija del presunto recaudador de las coimas, fue citada a indagatoria.
Una exfuncionaria del Ministerio de Economía implicada en el escándalo de corrupción en la Andis bromeaba con “karinear” las comisiones que presuntamente obtenían con las coimas.
Se trata de Ornella Calvete, ex directora de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía e hija de Miguel Calvete, señalado por la justicia federal como el recaudador de las coimas de la Andis.
Ornella renunció a su cargo cuando salió a la luz que la Justicia allanó su casa y le encontró 700.000 dólares. La mujer está en pareja con Javier Cardini, que también trabajaba en Economía como subsecretario de Gestión Productiva y tuvo que renunciar por la investigación de las coimas.
Renunció una funcionaria de Caputo después que le encontraron 700 mil dólares: “Digo que me lo prestaron”
Entre los celulares secuestrados por la Justicia se detectó un audio de Ornella en la que le habla a su padre y se supone que lo apura con el reparto de dinero.
“Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión”, dice en una obvia referencia a los dichos de Diego Spagnuolo sobre el porcentaje de las coimas que debía ir para Karina Milei.
Según consta en la causa, Ornella se refiere a su padre Miguel como “Pedro” porque él le había recomendado evitar su nombre para que no quede pegado. En otras conversaciones que ya habían surgido en la causa, Calvete hablaba del “3% para KM”.
Este jueves el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ornella para el próximo 19 de diciembre.
El magistrado también citó a declaración indagatoria a Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Calvete padre.
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