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CORRUPCION

El Estado tendrá más de 74.000 empleados en 2025: cuántos pases a planta crea el presupuesto y por qué la oposición los cuestiona

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El proyecto de ley salió de la Comisión de Hacienda con dictamen dividido. Legisladores del Frente de Todos pidieron que permanezca en ese ámbito más tiempo para introducir las modificaciones requeridas. Las fechas disponibles para su tratamiento y la posibilidad de extraordinarias en el horizonte.

 

El proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2025 estará en las bancas de los diputados chaqueños el próximo 13 de noviembre, tras cumplir la etapa de aportes y debate en la Comisión de Hacienda de la Legislatura y salir de allí con despacho dividido: aprobatorio por el oficialismo y en cartera según fue requerido por la oposición, para que se hagan efectivas las modificaciones requeridas. Uno de los puntos centrales que divide aguas es la política de empleo público. O, de otra manera, lo que el Poder Ejecutivo proyecta en materia de pases a planta y cómo serán designados quienes accedan a los nuevos cargos creados en la Administración provincial.

Según lo plasmado por el Poder Ejecutivo provincial en el proyecto de Presupuesto 2025, el 92% del personal del Estado pertenece a la planta permanente y el 8% restante a la planta temporaria.

De acuerdo con el peso relativo del gasto en personal, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se lleva la mayor proporción con el 45.6%; seguido por el Ministerio de Salud con el 12.9%; el Poder Judicial, 11.1%; la Policía Provincial, 9.6%; el Poder Legislativo, 4.7%; y otros, 16%.

Comparando el proyecto con la Ley de Presupuesto 2024 vigente (N° 3968-F) y su ampliación (N° 4035-F), existe un crecimiento en la cantidad de cargos nuevos creados en la Administración Pública Provincial: de los 69.580 cargos y 261.895 horas cátedra actuales se pasará, para 2025, a 74.141 cargos y 282.623 horas cátedra.

De ese total de cargos, 68.324 pertenecen a la planta permanente y 5.817 a la planta temporaria. En comparación con la ley vigente en este período, se crearán en planta permanente 1.584 nuevos cargos y en la planta temporaria, 2.977, totalizando así un ingreso de 4.561 agentes.

El Ejecutivo, al frente

Donde más cargos se crean es en el ámbito del Poder Ejecutivo, que pasará de tener 58.635 agentes durante el actual período a 63.068 en 2025, agregando a su planta total 4.433 nuevos cargos, de los cuales 1.392 serán de planta permanente y 3.041 temporarios.

Otras cuatro áreas también podrán el próximo año ampliar sus planteles de trabajadores: los organismos descentralizados pasarán de 3.684 trabajadores en total a 3.751, ampliando en 67 su planta total de agentes. En este caso, se agrandará la planta permanente en 113 agentes y se achicará la planta temporaria en 46 trabajadores.

Además, hay un detalle dentro de lo previsto que muestra continuidad entre lo establecido por el actual presupuesto (elaborado por la anterior gestión de gobierno) y lo proyectado por el Presupuesto 2025: la ley vigente estipulaba para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 la incorporación gradual de un total de 97 cargos en el Tribunal de Cuentas. Así, el próximo año está previsto que la planta permanente aumente en 48 cargos.

Otras áreas que ampliarán sus planteles son la Defensoría del Pueblo del Chaco, que pasará de un total de 25 agentes a 32 en 2025, con 7 cargos que se agregarán a su staff permanente (pasará de 19 a 26); y la Contaduría General, que pasará de 82 a 88 trabajadores, sobre todo por el aumento de 8 cargos en su planta permanente (de 70 a 78) y la reducción de su planta transitoria (de los actuales 12 agentes a 10).

Las restantes siete áreas, poderes o dependencias mantienen la cantidad de cargos que tienen en este período 2024. Así, el Poder Legislativo seguirá con 2.272 agentes (1.962 en planta permanente y 310 en planta transitoria, aunque aquí habrá una reducción de 3 trabajadores en condición transitoria que pasarán en igual cantidad a la planta permanente).

El Poder Judicial mantendrá 4.202 cargos (4.131 en planta permanente y 71 en planta transitoria); el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento seguirá con 22 cargos (20 permanentes y 2 transitorios); y el Tribunal Electoral con 51 cargos (48 permanentes, los que aumentarán con respecto al actual período en 10 agentes, cantidad que se reducirá de la planta transitoria).

Por último, la Fiscalía de Estado conservará 130 cargos (128 permanentes y 2 transitorios); la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 32 cargos, todos de planta permanente; y la Tesorería General, 80 cargos (con 74 permanentes, y un incremento en esa condición de tres cargos, que significará la misma proporción de reducción de la planta temporaria).

“La distinción entre temporarios y permanentes responde a la flexibilidad de las condiciones de contratación. El pase a planta permanente debiera hacerse por concurso, porque garantiza la estabilidad laboral. En cambio, el ingreso a contrato de servicio ofrece todos los derechos laborales existentes, salvo la estabilidad permanente.

Sin embargo, al año de tenerlo ya es posible acceder a planta permanente. Firmar un contrato de servicio es más flexible, no requiere muchos requisitos. Por eso también el gobierno usa ese medio para el ingreso de las personas que ellos quieran”, explicó a EsChaco el diputado Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño), quien consideró que en materia de gestión de recursos humanos “hay varios puntos para discutir la conveniencia de las medidas que está pensando el gobierno provincial”.

En ese marco, explicó como primer punto que el Presupuesto 2025 contempla la creación de 4.563 nuevos cargos, de los cuales 544 son cargos educativos, 400 son policías, 440 en el Servicio Penitenciario Provincial y el resto en el escalafón general.

Leyes judicializadas y nuevo sistema

Al respecto, el también exministro de Economía del Chaco cuestionó la suspensión del “proceso de regularización que ponderaba antigüedad y formación de los trabajadores del Estado, y que era sostenible porque congelaba la planta del Estado y solo podían usarse las vacantes para el ingreso”. “Cambiaron un proceso transparente para 9.000 porteros, enfermeros, mucamas, choferes, médicos, profesionales y administrativos que trabajan en la Administración Pública por pases a planta discrecionales”.

En concreto, se refirió así a la judicialización y suspensión de los efectos de dos leyes (N° 3946-A y N° 3947-A) sancionadas a fines del año pasado, que regulaban el proceso de ingreso al Estado a través de concursos de antecedentes y oposición, extendiéndolo entre 2023 a 2030; y fijando a la vez la prohibición de nuevas contrataciones bajo modalidad temporaria.

Como ejemplo, Pérez Pons señaló que, en Educación “no han construido ni una escuela nueva y tampoco han finalizado las que estaban en ejecución, con lo cual no se entiende para qué los nuevos cargos creados”. “Incluso no han podido llevar adelante los concursos que habían quedado pendientes desde nuestra gestión”, agregó.

Otro ejemplo se da en seguridad: “La presencia de efectivos es necesaria (luego se puede discutir el número óptimo), pero debe venir acompañada por una mayor inversión en equipamiento, vehículos, comisarías y centros penitenciarios, pero nada de lo complementario está previsto en el presupuesto”.

“En Salud tenemos 1.500 becados (entre el Programa Expertos y el Programa de Médicos para Pueblos Indígenas) que deberán caerle bien a Zdero, y el resto será a discreción y no identificados al momento”, mencionó. Asimismo, advirtió que en el escalafón general no se dispone cuál será el mecanismo de ingreso de personal.
“El proyecto de ley no contempla un proceso de ingreso transparente, solo dispone que las vacantes no se podrán cubrir sin la previa autorización de Livio Gutiérrez (secretario de Coordinación de Gabinete). Por lo que es mentira que se priorizará antigüedad y formación como declara al público el oficialismo”, sostuvo el legislador justicialista.

En este punto, su alusión es al artículo 7º del proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que indica que solamente podrá autorizar la cobertura de cargos vacantes existentes en jurisdicciones de la Administración Central, entes descentralizados, entes autárquicos y organismos constitucionales, la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a través de una “decisión fundada y con intervención de la Subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas”.

En esa línea, el diputado reveló que este año ya hubo algunos ingresos al Estado, por ejemplo y justamente, en la Secretaría de Coordinación de Gabinete –a cargo de Gutiérrez-, con 10 pases a planta y un pedido de nueve pases adicionales para el año próximo. Lo mismo en el Ministro de Hacienda y Finanzas, que se reserva casi 50 cargos.
“Pasarán militantes a planta y dejarán afuera a los porteros (casi 4.000 agentes) y a trabajadores de Desarrollo Social (2.000), gente muy trabajadora, que eran los primeros que iban a pasar en el proceso de regularización que ellos judicializaron”, marcó.

Otro punto de preocupación, según el análisis del legislador, es la pauta salarial, que resulta “insuficiente y muy por debajo de la inflación proyectada”. “Solo contemplan un 10% de aumento salarial frente a una inflación planificada de 18%. La excusa del ministro (de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam) es ‘después vemos de acuerdo a cómo viene la recaudación’, pero lo cierto es que la planificación es necesaria porque, si de base prevén una pauta que es prácticamente la mitad de la inflación proyectada, tendrán grandes dificultades para asignar más recursos a salarios. Y esto es así porque gran parte de los gastos están indexados. Entonces, a mayores recursos (porque hay más inflación o más crecimiento) todos los gastos se expanden en igual proporción básicamente”, explicó.

Plazos

A partir del 13 de noviembre, cuando el Presupuesto 2025 llegue a las bancas de los legisladores, se activará el plazo de ocho días para generar las condiciones de cara a su tratamiento en el recinto.

Según explicó a EsChaco el diputado Nicolás Slimel (Frente Chaqueño), la primera fecha disponible para el debate es el 27 de noviembre y, la siguiente, el 13 de diciembre. Si hasta ese plazo no se debate y aprueba, el Poder Ejecutivo podrá convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Luego de varias reuniones en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los legisladores del Frente de Todos terminaron por firmar un dictamen en disidencia, apoyados en los cambios que el oficialismo hizo sobre el proyecto original, sobre todo en un tema: la construcción del edificio legislativo.

“Volvieron a incluir las erogaciones de Capital para el Poder Legislativo, lo que incluso podría traer problemas legales porque este Poder tomó un crédito en 2018 para construir el edificio, monto destinado por ley que está en un fondo fiduciario que se va capitalizando año a año. Pero no incluyeron nada vinculado a las peticiones que hicimos desde la oposición”, expuso el diputado.

Empleo público versus empleo privado

El Estado chaqueño, desde hace años y a través de distintas gestiones de gobierno, fue incrementando su magnitud hasta llegar a los proyectados 74.141 agentes en 2025.

Observando ese dato, más que nunca quienes dicen que el Estado es el principal empleador en el Chaco, no se confunden ni exageran, ya que según un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco, en agosto de 2024 se contabilizaron en la provincia 72.762 trabajadores en el sector privado formal. Es decir, todas las empresas que emplean en el Chaco, y lo hacen “en blanco”, tienen menos trabajadores que toda la Administración Pública.

 

 

ESCHACO

CORRUPCION

Confirman el procesamiento de un piquetero acusado de lavar $ 231 millones de la corrupción

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales Cordeiro y sin prisión para dos familiares, en un caso de lavado de activos vinculado a desvíos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Alexis Torales Cordeiro y el procesamiento sin prisión para su hermano Marcos Gabriel Torales Cordeiro y su padre José de Jesús Torales, acusados de integrar una red que lavó $231.3 millones de pesos provenientes de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) de Chaco.

Así lo resolvió el tribunal de alzada en un fallo que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, al que tuvo acceso LITIGIO.

Las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado” para ratificar el procesamiento dictado por la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger.

En concreto, el fallo precisa que “se observa en las maniobras desplegadas un patrón básico que se reitera en causas como la discutida en autos, al prestar atención a los vínculos personales y familiares entre los  imputados, quienes formaban parte del seno de esta organización delictiva en la que fácilmente pueden detectarse las relaciones de confianza y lealtad que resultan primordiales en los delitos complejos como el analizado”.

El caso

Según la investigación impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, entre 2019 y 2023, cuatro fundaciones (Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes) vinculadas a los Torales Cordeiro recibieron $231.391.738,64 del IAFEP para proyectos de viviendas sociales, pero los fondos habrían sido desviados para comprar dólares en cuevas, criptomonedas (USDT) y bienes de lujo.

Los imputados registraron un aumento patrimonial de $147.8 millones sin justificación legal, con compras de vehículos de alta gama (Honda Civic, Ford Territory), viajes al exterior y propiedades.

Según la fiscalía, los fondos se retiraban en efectivo para “perder trazabilidad”, se triangulaban entre fundaciones controladas por la familia y finalmente se blanqueaban mediante inversiones en Paraguay y Brasil.

Los fundamentos

En su resolución, las camaristas respaldaron la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, destacando que existieron pruebas contundentes como documentación bancaria, informes de la UIF y allanamientos que demostraron que los imputados no podían justificar sus gastos con ingresos declarados. Por ejemplo, Lucas Torales, registrado como monotributista categoría B, recibió $32.7 millones en 2023 y adquirió autos a nombre de testaferros.

En el caso particular, fue señalado como cabecilla de la organización, presidente de dos fundaciones y beneficiario directo de los fondos. La Cámara destacó su “capacidad operativa para entorpecer la investigación” si permanecía libre.

“Plataforma de corrupción sistemática”

En los fundamentos de la sentencia, las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado”. En ese sentido, señalaron que “la trascendencia de los sucesos en análisis, que afectan a la sociedad toda, y el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados a los imputados, ya que la corrupción es una de las caras de la delincuencia económica”.

Así, las juezas agregaron que “el delito económico que se investiga en autos, dadas sus características, genera un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas”.

“Considerando que los sectores vulnerables son los que más necesitan de ellas y los principales perjudicados por la corrupción y delincuencia de quienes, como en este caso, habrían recibido fondos para mejoras habitacionales y, sin embargo, los utilizaron para su propio incremento patrimonial y en desmedro de la población vulnerable”, puntualizaron.

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CONSEJO MUNICIPAL

Nuevas denuncias contra Nikisch por presuntos sobreprecios en contrataciones y alquileres

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El Concejal Fabricio Bolatti, advirtió -una vez más- sobre la existencia de sobreprecios en las contrataciones y compras que ejecuta Roy Nikisch en el Municipio de Resistencia y adelantó que presentará un informe ante organismos de control, donde observa que los alquileres de maquinarias y equipos pasaron a tener principal importancia para la gestión a partir de febrero/25, mes en el que las licitaciones alcanzaron los 9.000 millones de pesos.

“Este volumen de contrataciones presenta características y sobreprecios que se adaptan especialmente a prácticas ilegales utilizadas para ‘hacerse de fondos públicos’ por parte de funcionarios a cargo”, sentenció el edil.

Bolatti mencionó que al inicio de la gestión, Nikisch optó por afectar los recursos a la adquisición de maquinaria y camiones necesarios para la prestación de servicios del municipio. “Algo que, de no ser por cómo se realizaron las operaciones, habríamos estado de acuerdo, ya que desde el segundo semestre 2024 a la fecha se adquirieron con procedimientos irregulares más de 50 equipos”, señaló.

“Sin embargo, llamativamente, en febrero de 2025 la gestión resuelve licitar el alquiler de 138 equipos por 6 meses, poniendo como presupuesto oficial de referencia una suma superior a los 9.000 millones de pesos. Una desproporción que permite ver irregularidades, ya que comprar 69 equipos nuevos para el municipio, o alquilar estos 69 equipos por un plazo de 12 meses (igual que 138 equipos por 6 meses) requieren la misma cantidad de recursos públicos. Es decir que, el Intendente podía optar por afectar esos 9 mil millones de pesos a adquirir 69 equipos cero km en forma definitiva para el Municipio, pero no lo hizo. En vez de comprar, decidió alquilar”.

“Este valor alcanza para alquilar o comprar, lo que deja ver implícitamente el elevado valor del alquiler, el que normalmente se calcula teniendo en cuenta el valor de adquisición, al que se lo divide normalmente en 36 meses para llegar a un valor mensual promedio de alquiler”, precisó el edil.

Estos precios elevados, tanto en compras como en alquileres, marcan una diferencia en detrimento del patrimonio municipal, y en favor de quienes intervienen en la operación, pero que además pueden verse reflejados en otros aspectos, y en este caso se expresan también en:

1-Tipo de contrato: Se utilizó la modalidad más desfavorable para el Municipio y la más rentable para los proveedores o prestadores.
2-Sobreprecios: La comparación con otras administraciones municipales evidencia un claro sobrecosto.
3-Presupuesto: No figura como parte de un plan de trabajo, a pesar de implicar el gasto más elevado del presupuesto en un solo mes.
4-Ejecución dudosa: No se observa en el territorio un despliegue de maquinaria que justifique semejante contratación.

1-Tipo de contrato utilizado
Podemos sintetizar en tres tipos o modelos de diseño. Uno, ‘el alquiler o compra de horas de máquina’. donde se adquiere un número determinado de horas para usar dentro de un plazo acordado. Otro, es el ‘alquiler con horario fijo’, es decir, se alquilan las máquinas por días y horarios específicos (ej. lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs), generalmente por varios meses. Y un tercer tipo, ‘full time’: las máquinas se alquilan por meses, con disponibilidad total las 24 horas del día. Este último es el tipo de contrato elegido por el Municipio para el alquiler de las 138 máquinas y equipos. Una modalidad que no requiere certificación, ya que el Municipio mantiene la posesión durante todo el período de alquiler. Para el prestador, es el contrato más rentable, ya que el equipo está alquilado todo el día, y se paga aunque no se use.

2-Sobreprecios
En el siguiente cuadro [Cuadro2] se puede observar distintos casos reales de alquileres de equipos y máquinas en otros municipios del país, con tipos de condiciones distintas (relacionado con el punto anterior), detallando para cada caso el costo mensual, diario y por hora, de cada rango, lo que permite comparar costos en forma homogénea.

Se muestran los valores mensuales, diarios y por hora, y en la última columna, el costo total que cada Municipio pagará por 6 meses, considerando igual disponibilidad del equipo.
En cualquiera de los casos, el alquiler adjudicado por Nikisch resulta ser el más costoso. Para que sea comparable con los demás, las máquinas deberían utilizarse casi 20 horas por día. Aun así, su precio duplica o triplica el de otras gestiones, para un mismo servicio.

3-No está previsto en el Presupuesto. No hay un plan de trabajo publicado
La ausencia del gasto en el Presupuesto y la falta de un plan de trabajo publicado evidencian una desconexión entre la planificación y la realidad. La sanción del Presupuesto, con solo seis votos cuando se requerían más, y su diseño general muestran una intención clara de ocultar información clave: partidas, superávit y operaciones sustanciales como el alquiler de maquinaria, que representa casi el 10% de los ingresos anuales.

El uso de la partida “Trabajo Público” y otras como “Bienes y Servicios no Personales” parece haber sido una estrategia para esconder excedentes, que luego se redistribuyen arbitrariamente gracias a los “superpoderes” que se autoasignaron, modificando y redistribuyendo y desdibujando la planificación inicial, publicada y debatida hacia la comunidad, principal objetivo que marca la Carta Orgánica al establecer el carácter participativo del Presupuesto que, no solo se incumple al no generar el mecanismo de participación ciudadana, sino que lo poco que se presenta, no constituye un plan de acción y ejecución de recursos previsto, incumpliendo con ello también el rol de autorización previa del Concejo al Ejecutivo, así como desvirtuando cualquier control que se quiera hacer.

4-Ejecución Dudosa. La inexistencia física de esas máquinas en el territorio
Durante marzo, abril y mayo – meses de ejecución de los contratos licitados – no se evidenció la presencia de los 138 equipos alquilados atendiendo las demandas de vecinas y vecinos de la ciudad. Un número que triplica la capacidad operativa municipal con equipos propios, y que es mayor si se suma de los de Vialidad y empresas que ejecutan obras. Esa magnitud haría imposible no notar su actividad, con camiones y maquinaria trabajando las 24 horas. Sin embargo, la ausencia es notoria.

Esto sugiere que el Municipio está pagando un servicio excesivamente costoso, cuya contratación no surge de una necesidad demostrada ni presupuestada. Queda clara la decisión política de avanzar en perjuicio económico del Municipio y, por lo tanto, de toda la ciudad.

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CORRUPCION

Infernal gasto en pauta: Zdero aumentó un 266% los pagos a medios antes de las elecciones

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El gobierno lleva contratados más de $6.079 millones en publicidad en lo que va del año. De febrero a marzo, aumentó un 50,3%, y de marzo a abril, otro 17,2% más, justo en el mes previo a la votación.


Mientras el gobernador Leandro Zdero se subió hace rato al tren del ajuste con recortes en salarios públicos y achique en áreas clave como salud, educación y comedores escolares, su administración gastó más de $6.000 millones en pauta oficial en apenas 135 días.

Esta suma escandalosa fue canalizada a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Lotería Chaqueña y la Presidencia del Poder Legislativo, bajo el liderazgo de Carmen Delgado Britto, estrechamente alineada con el Ejecutivo.

El área que maneja Resico es la que, por lejos, marca el pulso del gasto en blindaje mediático: ordenó pagos por $5.174.430.996,59, el 85% del total que el gobierno usa para disciplinar a la prensa.
Según datos oficiales a los que accedió Es Chaco, la “inversión” en propaganda creció un 266% en los meses previos a las legislativas del 11 de mayo.

Así, a medida que se acercaban las elecciones, Zdero incrementó de enero a febrero, un 63,9%; de febrero a marzo, otro 50,3%; de marzo a abril, un 17,2% más; y de abril a los primeros 15 días de mayo, se disparó un 26,9%.

Lejos de ser un gasto uniforme, la inversión en publicidad política creció exponencialmente a medida que se acercaban las elecciones del 11 de mayo. En enero, el gasto fue de poco más de $521 millones, pero para mayo (con solo 15 días relevados) ya superaba los $1.911 millones. La pauta se cuadruplicó en cuatro meses, con la secretaría de Resico como principal ejecutora, manejando casi el 85% del total.

Es un esquema aceitado de blindaje mediático, disciplinamiento de voces críticas y marketing disfrazado de comunicación institucional.


Este modelo reproduce una lógica de gobierno en que la prioridad no es la gestión pública, sino el control de la narrativa.

La utilización de la pauta como herramienta de censura indirecta o premio al alineamiento editorial no es nueva, pero en el Chaco ha alcanzado, todo indicaría que es así, un nivel obsceno. El uso del Poder Legislativo como caja de resonancia mediática -cuando debería ser un órgano de control o, al menos, de debate político o institucional- y la intervención de Lotería Chaqueña refuerzan la gravedad del cuadro: los recursos públicos terminan financiando campañas encubiertas.

El gasto de Zdero, en detalle
Enero: $521.292.662,82
Febrero: $855.014.845,06
Marzo: $1.285.290.158,84
Abril: $1.506.550.866,66
Mayo (hasta el 15): $1.911.106.947,39
Total acumulado: $6.079.255.480,77

Gasto total por área:
Secretaría de Asuntos Estratégicos: $5.174.430.996,59
Lotería Chaqueña: $656.241.595,64
Presidencia del Poder Legislativo: $248.582.888,54.

 

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