Connect with us

CORRUPCION

El Estado tendrá más de 74.000 empleados en 2025: cuántos pases a planta crea el presupuesto y por qué la oposición los cuestiona

Published

on

El proyecto de ley salió de la Comisión de Hacienda con dictamen dividido. Legisladores del Frente de Todos pidieron que permanezca en ese ámbito más tiempo para introducir las modificaciones requeridas. Las fechas disponibles para su tratamiento y la posibilidad de extraordinarias en el horizonte.

 

El proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2025 estará en las bancas de los diputados chaqueños el próximo 13 de noviembre, tras cumplir la etapa de aportes y debate en la Comisión de Hacienda de la Legislatura y salir de allí con despacho dividido: aprobatorio por el oficialismo y en cartera según fue requerido por la oposición, para que se hagan efectivas las modificaciones requeridas. Uno de los puntos centrales que divide aguas es la política de empleo público. O, de otra manera, lo que el Poder Ejecutivo proyecta en materia de pases a planta y cómo serán designados quienes accedan a los nuevos cargos creados en la Administración provincial.

Según lo plasmado por el Poder Ejecutivo provincial en el proyecto de Presupuesto 2025, el 92% del personal del Estado pertenece a la planta permanente y el 8% restante a la planta temporaria.

De acuerdo con el peso relativo del gasto en personal, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se lleva la mayor proporción con el 45.6%; seguido por el Ministerio de Salud con el 12.9%; el Poder Judicial, 11.1%; la Policía Provincial, 9.6%; el Poder Legislativo, 4.7%; y otros, 16%.

Comparando el proyecto con la Ley de Presupuesto 2024 vigente (N° 3968-F) y su ampliación (N° 4035-F), existe un crecimiento en la cantidad de cargos nuevos creados en la Administración Pública Provincial: de los 69.580 cargos y 261.895 horas cátedra actuales se pasará, para 2025, a 74.141 cargos y 282.623 horas cátedra.

De ese total de cargos, 68.324 pertenecen a la planta permanente y 5.817 a la planta temporaria. En comparación con la ley vigente en este período, se crearán en planta permanente 1.584 nuevos cargos y en la planta temporaria, 2.977, totalizando así un ingreso de 4.561 agentes.

El Ejecutivo, al frente

Donde más cargos se crean es en el ámbito del Poder Ejecutivo, que pasará de tener 58.635 agentes durante el actual período a 63.068 en 2025, agregando a su planta total 4.433 nuevos cargos, de los cuales 1.392 serán de planta permanente y 3.041 temporarios.

Otras cuatro áreas también podrán el próximo año ampliar sus planteles de trabajadores: los organismos descentralizados pasarán de 3.684 trabajadores en total a 3.751, ampliando en 67 su planta total de agentes. En este caso, se agrandará la planta permanente en 113 agentes y se achicará la planta temporaria en 46 trabajadores.

Además, hay un detalle dentro de lo previsto que muestra continuidad entre lo establecido por el actual presupuesto (elaborado por la anterior gestión de gobierno) y lo proyectado por el Presupuesto 2025: la ley vigente estipulaba para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 la incorporación gradual de un total de 97 cargos en el Tribunal de Cuentas. Así, el próximo año está previsto que la planta permanente aumente en 48 cargos.

Otras áreas que ampliarán sus planteles son la Defensoría del Pueblo del Chaco, que pasará de un total de 25 agentes a 32 en 2025, con 7 cargos que se agregarán a su staff permanente (pasará de 19 a 26); y la Contaduría General, que pasará de 82 a 88 trabajadores, sobre todo por el aumento de 8 cargos en su planta permanente (de 70 a 78) y la reducción de su planta transitoria (de los actuales 12 agentes a 10).

Las restantes siete áreas, poderes o dependencias mantienen la cantidad de cargos que tienen en este período 2024. Así, el Poder Legislativo seguirá con 2.272 agentes (1.962 en planta permanente y 310 en planta transitoria, aunque aquí habrá una reducción de 3 trabajadores en condición transitoria que pasarán en igual cantidad a la planta permanente).

El Poder Judicial mantendrá 4.202 cargos (4.131 en planta permanente y 71 en planta transitoria); el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento seguirá con 22 cargos (20 permanentes y 2 transitorios); y el Tribunal Electoral con 51 cargos (48 permanentes, los que aumentarán con respecto al actual período en 10 agentes, cantidad que se reducirá de la planta transitoria).

Por último, la Fiscalía de Estado conservará 130 cargos (128 permanentes y 2 transitorios); la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 32 cargos, todos de planta permanente; y la Tesorería General, 80 cargos (con 74 permanentes, y un incremento en esa condición de tres cargos, que significará la misma proporción de reducción de la planta temporaria).

“La distinción entre temporarios y permanentes responde a la flexibilidad de las condiciones de contratación. El pase a planta permanente debiera hacerse por concurso, porque garantiza la estabilidad laboral. En cambio, el ingreso a contrato de servicio ofrece todos los derechos laborales existentes, salvo la estabilidad permanente.

Sin embargo, al año de tenerlo ya es posible acceder a planta permanente. Firmar un contrato de servicio es más flexible, no requiere muchos requisitos. Por eso también el gobierno usa ese medio para el ingreso de las personas que ellos quieran”, explicó a EsChaco el diputado Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño), quien consideró que en materia de gestión de recursos humanos “hay varios puntos para discutir la conveniencia de las medidas que está pensando el gobierno provincial”.

En ese marco, explicó como primer punto que el Presupuesto 2025 contempla la creación de 4.563 nuevos cargos, de los cuales 544 son cargos educativos, 400 son policías, 440 en el Servicio Penitenciario Provincial y el resto en el escalafón general.

Leyes judicializadas y nuevo sistema

Al respecto, el también exministro de Economía del Chaco cuestionó la suspensión del “proceso de regularización que ponderaba antigüedad y formación de los trabajadores del Estado, y que era sostenible porque congelaba la planta del Estado y solo podían usarse las vacantes para el ingreso”. “Cambiaron un proceso transparente para 9.000 porteros, enfermeros, mucamas, choferes, médicos, profesionales y administrativos que trabajan en la Administración Pública por pases a planta discrecionales”.

En concreto, se refirió así a la judicialización y suspensión de los efectos de dos leyes (N° 3946-A y N° 3947-A) sancionadas a fines del año pasado, que regulaban el proceso de ingreso al Estado a través de concursos de antecedentes y oposición, extendiéndolo entre 2023 a 2030; y fijando a la vez la prohibición de nuevas contrataciones bajo modalidad temporaria.

Como ejemplo, Pérez Pons señaló que, en Educación “no han construido ni una escuela nueva y tampoco han finalizado las que estaban en ejecución, con lo cual no se entiende para qué los nuevos cargos creados”. “Incluso no han podido llevar adelante los concursos que habían quedado pendientes desde nuestra gestión”, agregó.

Otro ejemplo se da en seguridad: “La presencia de efectivos es necesaria (luego se puede discutir el número óptimo), pero debe venir acompañada por una mayor inversión en equipamiento, vehículos, comisarías y centros penitenciarios, pero nada de lo complementario está previsto en el presupuesto”.

“En Salud tenemos 1.500 becados (entre el Programa Expertos y el Programa de Médicos para Pueblos Indígenas) que deberán caerle bien a Zdero, y el resto será a discreción y no identificados al momento”, mencionó. Asimismo, advirtió que en el escalafón general no se dispone cuál será el mecanismo de ingreso de personal.
“El proyecto de ley no contempla un proceso de ingreso transparente, solo dispone que las vacantes no se podrán cubrir sin la previa autorización de Livio Gutiérrez (secretario de Coordinación de Gabinete). Por lo que es mentira que se priorizará antigüedad y formación como declara al público el oficialismo”, sostuvo el legislador justicialista.

En este punto, su alusión es al artículo 7º del proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que indica que solamente podrá autorizar la cobertura de cargos vacantes existentes en jurisdicciones de la Administración Central, entes descentralizados, entes autárquicos y organismos constitucionales, la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a través de una “decisión fundada y con intervención de la Subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas”.

En esa línea, el diputado reveló que este año ya hubo algunos ingresos al Estado, por ejemplo y justamente, en la Secretaría de Coordinación de Gabinete –a cargo de Gutiérrez-, con 10 pases a planta y un pedido de nueve pases adicionales para el año próximo. Lo mismo en el Ministro de Hacienda y Finanzas, que se reserva casi 50 cargos.
“Pasarán militantes a planta y dejarán afuera a los porteros (casi 4.000 agentes) y a trabajadores de Desarrollo Social (2.000), gente muy trabajadora, que eran los primeros que iban a pasar en el proceso de regularización que ellos judicializaron”, marcó.

Otro punto de preocupación, según el análisis del legislador, es la pauta salarial, que resulta “insuficiente y muy por debajo de la inflación proyectada”. “Solo contemplan un 10% de aumento salarial frente a una inflación planificada de 18%. La excusa del ministro (de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam) es ‘después vemos de acuerdo a cómo viene la recaudación’, pero lo cierto es que la planificación es necesaria porque, si de base prevén una pauta que es prácticamente la mitad de la inflación proyectada, tendrán grandes dificultades para asignar más recursos a salarios. Y esto es así porque gran parte de los gastos están indexados. Entonces, a mayores recursos (porque hay más inflación o más crecimiento) todos los gastos se expanden en igual proporción básicamente”, explicó.

Plazos

A partir del 13 de noviembre, cuando el Presupuesto 2025 llegue a las bancas de los legisladores, se activará el plazo de ocho días para generar las condiciones de cara a su tratamiento en el recinto.

Según explicó a EsChaco el diputado Nicolás Slimel (Frente Chaqueño), la primera fecha disponible para el debate es el 27 de noviembre y, la siguiente, el 13 de diciembre. Si hasta ese plazo no se debate y aprueba, el Poder Ejecutivo podrá convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Luego de varias reuniones en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los legisladores del Frente de Todos terminaron por firmar un dictamen en disidencia, apoyados en los cambios que el oficialismo hizo sobre el proyecto original, sobre todo en un tema: la construcción del edificio legislativo.

“Volvieron a incluir las erogaciones de Capital para el Poder Legislativo, lo que incluso podría traer problemas legales porque este Poder tomó un crédito en 2018 para construir el edificio, monto destinado por ley que está en un fondo fiduciario que se va capitalizando año a año. Pero no incluyeron nada vinculado a las peticiones que hicimos desde la oposición”, expuso el diputado.

Empleo público versus empleo privado

El Estado chaqueño, desde hace años y a través de distintas gestiones de gobierno, fue incrementando su magnitud hasta llegar a los proyectados 74.141 agentes en 2025.

Observando ese dato, más que nunca quienes dicen que el Estado es el principal empleador en el Chaco, no se confunden ni exageran, ya que según un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco, en agosto de 2024 se contabilizaron en la provincia 72.762 trabajadores en el sector privado formal. Es decir, todas las empresas que emplean en el Chaco, y lo hacen “en blanco”, tienen menos trabajadores que toda la Administración Pública.

 

 

ESCHACO

CORRUPCION

Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

Published

on

Los trabajadores del Hospital revelaron que el Consejo de Administración que responde a Lugones tiene el equivalente a un cuarto del presupuesto en un fondo común de inversión.

En medio de la crisis del Garrahan y mientras en Diputados se intenta revertir el veto de Milei a la emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital revelaron que los funcionarios que responden al ministro de Salud, Mario Lugones, guardan más de 40 mil millones de pesos de la entidad en un fondo común de inversión.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio a conocer que en el balance financiero del año 2024 figura la conformación de un FCI en el Banco Nación, que con los intereses sumaba más de 44 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado.

“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata que somos ñoquis”, denunció la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, que indicó que la suma invertida en la timba financiera equivale a un cuarto del presupuesto del hospital.

Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Lezama a Noticias Argentinas.

La información surgió de un pedido de información pública realizado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “¿Que hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”, afirmó.

Lezama contó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”.

La administración del Hospital Garrahan depende de Lugones, el ministro más cercano a Santiago Caputo. El asesor fue socio en la consultora Move de Rodrigo Lugones, hijo del jefe de la cartera sanitaria.

Continue Reading

CORRUPCION

Conmoción en la política santafesina, un ex fiscal denunció: “Traferri armó la estructura de las coimas”

Published

on

Gustavo Ponce Asahad, condenado por esta trama, hundió al histórico senador peronista en el juicio contra el ex jefe de los fiscales de Rosario.

“Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti”. La declaración la hizo el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad al salir de declarar en el juicio que se sigue contra su ex jefe, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, a quien le piden 12 años de prisión por haber sido organizador de una trama que favorecía al juego clandestino en una terminal que sostenía también campañas electorales.

 

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador justicialista Armando Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y que también fue presidente de la comisión de juicio político hasta el año pasado en la Legislatura.

 

Esa declaración la hizo este miércoles en la audiencia ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra. Antes de entrar a la audiencia Ponce Asahad le dijo a un grupo de periodistas. “Acá el gran ausente es el senador Traferri”, dijo del dirigente que fue ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro períodos miembro de la Cámara alta santafesina.

Empezó el juicio contra el ex jefe de fiscales de Rosario, un caso que sacude a la política santafesina

Peiti es un empresario de juego clandestino que intentó, a través de un grupo de senadores, obtener la concesión del juego online en Santa Fe. A partir de eso pagó contribuciones desde su actividad. El mismo declaró en una entrevista con LPO que a Traferri le dio 200 mil dólares.

Ponce Asahad es un verborrágico ex funcionario judicial que tuvo un paso polémico cuando fue secretario de Instrucción en el viejo sistema penal y que terminó, en este mismo caso, condenado por cohecho pasivo e incumplimiento de sus deberes. Como arrepentido en los inicios de este trámite aceptó que recibía dinero de Peiti hasta que este capitalista de juego en un momento quiso denunciar lo ocurrido, porque temía ir preso debido a que el entonces fiscal de Melincué Matías Merlo lo tenía cercado en una pesquisa. Peiti denunció esto a través de su abogado Luis Rossini, ya fallecido.

“Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: “«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»”.

Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti

En su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados.

 

En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.

"Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: "«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»".Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo PeitiEn su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados. En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.El ex fiscal Serjal

 

Ponce Asahad produjo una declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal. “Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales a mitad de 2020. Eso no pasó hasta que Traferri lo aceptó por voluntad propia. Recién estuvo frente a un juez cuando el Ministerio Público de la Acusación cambió a los fiscales que lo investigaron, como él solicitaba como condición. Y cuando el año pasado renunció voluntariamente a sus fueros tras ser reelecto senador en diciembre de 2023.

 

“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó Ponce Asahad en 2020.

Habla el zar del juego de Rosario involucrado en una red de corrupción y apunta a Perotti y Mirabella

 

La declaración contra Traferri fue detallada. Sostuvo que el juego en la circunscripción de Rosario tenía tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional Serjal le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, aseguró que le dijo Peiti.

 

Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le comentó que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. Ponce lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.

 

Se confirmaron esos contactos, lo que fue expuesto en audiencia, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, cuestión que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina

En abril de 2021 Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y prestó aportes sobre el funcionamiento del grupo ante los fiscales que llevaban el caso. Por eso obtuvo una rebaja de pena a tres años de prisión.

 

 

El ex fiscal Ponce estuvo detenido a partir del 31 de julio de 2020 cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras a Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales desplazados y tras las rejas. A Serjal le concedieron a los ocho meses domiciliaria por cuestiones de salud psíquica. Desde el lunes es juzgado.

En octubre pasado, por los hechos que se ventilan en este trámite, Traferri fue finalmente imputado de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.

Continue Reading

CORRUPCION

Afiliaciones truchas: Habrían borrado datos del celular de Capi Rodríguez y El fiscal declaró sentirse “un boludo”

Published

on

El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser imputado por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas y, más recientemente, por un polémico procedimiento de incautación de su teléfono celular que ha generado indignación en la esfera judicial. En el informe expuesto por Telenueve denuncia se muestran declaraciones del fiscal, admitiendo el grave riesgo procesal de la destrucción de pruebas clave para el proceso.

La denuncia inicial detalla que Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini luego de que se descubriera que las afiliaciones necesarias para conformar el partido en Chaco fueron inventadas o falsificadas. Se reporta que muchas personas fueron afiliadas sin su conocimiento, lo que llevó a que el fiscal lo imputara automáticamente.


En respuesta a esta situación, la jueza de la causa, Niremberger, ordenó el secuestro del teléfono celular de Capi Rodríguez y dispuso que la Prefectura realizara tareas de inteligencia para asegurar la requisa. Según las fuentes, este es un procedimiento correcto para una requisa con secuestro, que incluso podría haberse acompañado de un allanamiento. La orden especificaba la intercepción y secuestro del teléfono, además de requisar su vehículo.

Sin embargo, la ejecución de la orden ha desatado una fuerte controversia. El pasado 29 de agosto, efectivos de la Prefectura llevaron a cabo la vigilancia para determinar el momento en que Rodríguez regresaba a su domicilio. Al interceptar a Capi Rodríguez cuando entraba a su edificio, los prefectos le mostraron el oficio judicial para solicitar su celular. Lejos de acatar la orden de inmediato, Rodríguez tomó el oficio y se dirigió a su casa, mientras el prefecto intentaba detenerlo. Los oficiales no lograron impedir que entrara a su departamento.

Lo más grave, según la denuncia que se dio a conocer este fin de semana en Telenueve denuncia, es que Capi Rodríguez permaneció 11 minutos dentro de su departamento antes de salir y entregar su celular. Al momento de la entrega, Rodríguez alegó haber “olvidado la clave”. La situación ha llevado a la contundente afirmación de que al imputado “lo dejaron borrar 11 minutos su celular”.

Tanto el fiscal Sabadini como la jueza Niremberger expusieron su profundo malestar con el desarrollo del procedimiento. El fiscal declaró sentirse “un boludo” y que lo último que puede tolerar es que lo tomen por “pelotudo”. La jueza, basándose en el informe de Prefectura y las imágenes del hecho, comparte la sensación de que los están “tomando de boludos”.

Ante la gravedad de los hechos y la aparente negligencia en el cumplimiento de la orden judicial, se comunicará esta situación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal considera que la Dra. Bullrich “necesita que las fuerzas federales trabajen bien” y que esto afecta directamente a su gestión.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial de Chaco.

Continue Reading

TENDENCIAS

Copyright © E-GRUPOCLAN - PUERTO MADERO - ARGENTINA