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Los videos de Kueider: una pericia contradijo la versión del exsenador y complicó más su situación judicial

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El exlegislador aseguró que el dinero de las grabaciones en su oficina de la gobernación entrerriana corresponde a “fondos reservados” de esa provincia, pero un detalle dejó expuesta su coartada.

Kueider aseguró que el dinero de los videos en su oficina de la gobernación entrerriana corresponde a “fondos reservados” de esa provincia. Pero una pericia judicial sobre los billetes complica su versión.

Una pericia multimedia hecha sobre los videos que muestran a Edgardo Kueider manipulando dinero dentro de su exoficina de la gobernación de Entre Ríos confirma que se trata de moneda extranjera y no de pesos, algo que complica la versión del exsenador.

Kueider asegura que ese dinero corresponde a “fondos reservados” estatales, pero los fondos reservados que manejan las provincias son en pesos, no en dólares.

A pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el Laboratorio de Multimedia Forense de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal trabajó para establecer con certeza a qué moneda o divisa corresponde el efectivo que se ve en cajas, sobres y bolsas en aquellas secuencias captadas por las cámaras de seguridad de la oficina de Kueider.

Las filmaciones corresponden a 2018 y 2019, cuando era Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, y a su vez representante del gobernador en la distribuidora de energía Enersa.

La pericia se hizo aplicando distintas herramientas y técnicas para mejorar la nitidez, el contraste y la definición de las imágenes, y poder determinar con mayor precisión la naturaleza y características de los billetes que observan, para determinar de qué moneda o divisa se trata.

Kueider asegura que ese dinero corresponde a "fondos reservados" estatales, pero esos fondos se manejan en pesos, no en dólares. (Foto: TN.)
Kueider asegura que ese dinero corresponde a “fondos reservados” estatales, pero esos fondos se manejan en pesos, no en dólares. (Foto: TN.)

En concreto, los técnicos analizaron cinco videos, hicieron distintos “detenimientos” sobre ellos y concluyeron que se “identificaron características coincidentes entre los billetes observados en esos detenimientos y los billetes de dólares estadounidenses correspondientes a las siguientes emisiones: billete de 100 emisión 1996-2013; billete de 50 emisión 1997-2004; billete de 20 emisión 1998-2003; y billete de 10 emisión 2000-2006; billete de 5 emisión 2000-2008.

“No es plata negra, tampoco es ilícita”, aseguró Kueider en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Eso que se ve ahí son los gastos reservados (de la provincia de Entre Ríos), que por ley yo administraba. Cada 15 días, esa persona que entra con esa caja de resma de hojas con dinero, es un funcionario del área contable de la provincia, que en virtud del circuito administrativo correspondiente, retiraba los fondos y los traía. Procedimiento habitual en cualquier manejo de fondos reservados de cualquier Estado y organismo. Con la diferencia de que acá hay un video que muestra quiénes intervenían y dónde se guardaba la plata”.

La pericia multimedia que confirmó que los billetes de los videos en la oficina de Kueider eran dólares. (Foto: TN.)
La pericia multimedia que confirmó que los billetes de los videos en la oficina de Kueider eran dólares. (Foto: TN.)

“Son fondos totalmente lícitos, no existen fondos negros, son del Estado, destinados para lo que la ley indique, para gastos específicos. Se derivan a la Policía, a la Justicia, un montón de cuestiones que por su carácter reservado no me voy a explayar”, agregó Kueider.

Pero los fondos estatales, como los reservados, son en moneda nacional, no en dólares. Y para la jueza Sandra Arroyo Salgado la pericia sobre los billetes de los videos otorga “mayor fuerza convictiva” a esta investigación, donde Kueider está sospechado de ser la principal fuente de dinero de origen ilícito de una banda organizada para luego colocarlo en el circuito legal con apariencia lícita, mediante distintas fachadas, como empresas.

La pericia complica la versión del exsenador. (Foto: TN.)
La pericia complica la versión del exsenador. (Foto: TN.)

El fiscal ya había puesto el acento en la naturalidad con que Kueider y sus colaboradores disponían de grandes sumas de efectivo en oficinas estatales: “Impresionan como conductas subrepticias, por fuera del normal mecanismo de una burocracia estatal. Exceden, por lejos, lo que podría interpretarse como operaciones de caja chica o viáticos; los desembolsos no se respaldan con documentos específicos (facturas, recibos, remitos), propios de operaciones legales, rubricados por los participantes en que consten la entrega y su finalidad; y el ámbito de estas operaciones no resulta en absoluto habitual, como lo sería, por ejemplo, una tesorería”, analizó Domínguez.

Esta trama de presunto enriquecimiento ilícito está relacionada con otra, que también investiga Domínguez en San Isidro: la megacausa por las coimas que pagó en nuestro país la multinacional de seguridad Securitas. Una de las hipótesis, de hecho, es que el dinero de los videos provendría de coimas a la empresa de energía Enersa -donde Kueider era el representante del gobernador Gustavo Bordet- y no de fondos reservados. El período en que Securitas admitió haber pagado sobornos se ubica entre 2014 y 2019, y coincide con el tiempo en que Kueider fue funcionario y estuvo en Enersa.

La causa Securitas empezó con una autodenuncia. La empresa, tras una investigación interna, detectó que sus representantes habían pagado coimas para obtener o mantener contratos en Argentina y evadir impuestos. Algunos de los blancos de esas coimas fueron dependencias de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Entre Ríos, organismos como el Renaper, AYSA o el SENASA. Hay más de 60 imputados y hay procesamientos que están firmes.

Tras admitir los sobornos, Securitas firmó un acuerdo de colaboración con el fiscal Domínguez, homologado por la jueza Arroyo Salgado, y se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo con los sobornos y cancelar una deuda tributaria de $1.500 millones.

Además, tuvo que comprar 900 kilos de carne durante seis meses que fueron para dos comedores parroquiales a los que concurren chicos en riesgo social, uno de San Isidro y otro de Entre Ríos. Fue el primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal empresaria, aprobada en 2018.

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Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

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Los trabajadores del Hospital revelaron que el Consejo de Administración que responde a Lugones tiene el equivalente a un cuarto del presupuesto en un fondo común de inversión.

En medio de la crisis del Garrahan y mientras en Diputados se intenta revertir el veto de Milei a la emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital revelaron que los funcionarios que responden al ministro de Salud, Mario Lugones, guardan más de 40 mil millones de pesos de la entidad en un fondo común de inversión.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio a conocer que en el balance financiero del año 2024 figura la conformación de un FCI en el Banco Nación, que con los intereses sumaba más de 44 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado.

“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata que somos ñoquis”, denunció la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, que indicó que la suma invertida en la timba financiera equivale a un cuarto del presupuesto del hospital.

Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Lezama a Noticias Argentinas.

La información surgió de un pedido de información pública realizado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “¿Que hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”, afirmó.

Lezama contó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”.

La administración del Hospital Garrahan depende de Lugones, el ministro más cercano a Santiago Caputo. El asesor fue socio en la consultora Move de Rodrigo Lugones, hijo del jefe de la cartera sanitaria.

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Conmoción en la política santafesina, un ex fiscal denunció: “Traferri armó la estructura de las coimas”

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Gustavo Ponce Asahad, condenado por esta trama, hundió al histórico senador peronista en el juicio contra el ex jefe de los fiscales de Rosario.

“Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti”. La declaración la hizo el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad al salir de declarar en el juicio que se sigue contra su ex jefe, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, a quien le piden 12 años de prisión por haber sido organizador de una trama que favorecía al juego clandestino en una terminal que sostenía también campañas electorales.

 

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador justicialista Armando Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y que también fue presidente de la comisión de juicio político hasta el año pasado en la Legislatura.

 

Esa declaración la hizo este miércoles en la audiencia ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra. Antes de entrar a la audiencia Ponce Asahad le dijo a un grupo de periodistas. “Acá el gran ausente es el senador Traferri”, dijo del dirigente que fue ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro períodos miembro de la Cámara alta santafesina.

Empezó el juicio contra el ex jefe de fiscales de Rosario, un caso que sacude a la política santafesina

Peiti es un empresario de juego clandestino que intentó, a través de un grupo de senadores, obtener la concesión del juego online en Santa Fe. A partir de eso pagó contribuciones desde su actividad. El mismo declaró en una entrevista con LPO que a Traferri le dio 200 mil dólares.

Ponce Asahad es un verborrágico ex funcionario judicial que tuvo un paso polémico cuando fue secretario de Instrucción en el viejo sistema penal y que terminó, en este mismo caso, condenado por cohecho pasivo e incumplimiento de sus deberes. Como arrepentido en los inicios de este trámite aceptó que recibía dinero de Peiti hasta que este capitalista de juego en un momento quiso denunciar lo ocurrido, porque temía ir preso debido a que el entonces fiscal de Melincué Matías Merlo lo tenía cercado en una pesquisa. Peiti denunció esto a través de su abogado Luis Rossini, ya fallecido.

“Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: “«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»”.

Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti

En su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados.

 

En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.

"Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: "«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»".Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo PeitiEn su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados. En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.El ex fiscal Serjal

 

Ponce Asahad produjo una declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal. “Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales a mitad de 2020. Eso no pasó hasta que Traferri lo aceptó por voluntad propia. Recién estuvo frente a un juez cuando el Ministerio Público de la Acusación cambió a los fiscales que lo investigaron, como él solicitaba como condición. Y cuando el año pasado renunció voluntariamente a sus fueros tras ser reelecto senador en diciembre de 2023.

 

“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó Ponce Asahad en 2020.

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La declaración contra Traferri fue detallada. Sostuvo que el juego en la circunscripción de Rosario tenía tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional Serjal le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, aseguró que le dijo Peiti.

 

Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le comentó que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. Ponce lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.

 

Se confirmaron esos contactos, lo que fue expuesto en audiencia, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, cuestión que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina

En abril de 2021 Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y prestó aportes sobre el funcionamiento del grupo ante los fiscales que llevaban el caso. Por eso obtuvo una rebaja de pena a tres años de prisión.

 

 

El ex fiscal Ponce estuvo detenido a partir del 31 de julio de 2020 cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras a Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales desplazados y tras las rejas. A Serjal le concedieron a los ocho meses domiciliaria por cuestiones de salud psíquica. Desde el lunes es juzgado.

En octubre pasado, por los hechos que se ventilan en este trámite, Traferri fue finalmente imputado de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.

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Afiliaciones truchas: Habrían borrado datos del celular de Capi Rodríguez y El fiscal declaró sentirse “un boludo”

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El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser imputado por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas y, más recientemente, por un polémico procedimiento de incautación de su teléfono celular que ha generado indignación en la esfera judicial. En el informe expuesto por Telenueve denuncia se muestran declaraciones del fiscal, admitiendo el grave riesgo procesal de la destrucción de pruebas clave para el proceso.

La denuncia inicial detalla que Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini luego de que se descubriera que las afiliaciones necesarias para conformar el partido en Chaco fueron inventadas o falsificadas. Se reporta que muchas personas fueron afiliadas sin su conocimiento, lo que llevó a que el fiscal lo imputara automáticamente.


En respuesta a esta situación, la jueza de la causa, Niremberger, ordenó el secuestro del teléfono celular de Capi Rodríguez y dispuso que la Prefectura realizara tareas de inteligencia para asegurar la requisa. Según las fuentes, este es un procedimiento correcto para una requisa con secuestro, que incluso podría haberse acompañado de un allanamiento. La orden especificaba la intercepción y secuestro del teléfono, además de requisar su vehículo.

Sin embargo, la ejecución de la orden ha desatado una fuerte controversia. El pasado 29 de agosto, efectivos de la Prefectura llevaron a cabo la vigilancia para determinar el momento en que Rodríguez regresaba a su domicilio. Al interceptar a Capi Rodríguez cuando entraba a su edificio, los prefectos le mostraron el oficio judicial para solicitar su celular. Lejos de acatar la orden de inmediato, Rodríguez tomó el oficio y se dirigió a su casa, mientras el prefecto intentaba detenerlo. Los oficiales no lograron impedir que entrara a su departamento.

Lo más grave, según la denuncia que se dio a conocer este fin de semana en Telenueve denuncia, es que Capi Rodríguez permaneció 11 minutos dentro de su departamento antes de salir y entregar su celular. Al momento de la entrega, Rodríguez alegó haber “olvidado la clave”. La situación ha llevado a la contundente afirmación de que al imputado “lo dejaron borrar 11 minutos su celular”.

Tanto el fiscal Sabadini como la jueza Niremberger expusieron su profundo malestar con el desarrollo del procedimiento. El fiscal declaró sentirse “un boludo” y que lo último que puede tolerar es que lo tomen por “pelotudo”. La jueza, basándose en el informe de Prefectura y las imágenes del hecho, comparte la sensación de que los están “tomando de boludos”.

Ante la gravedad de los hechos y la aparente negligencia en el cumplimiento de la orden judicial, se comunicará esta situación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal considera que la Dra. Bullrich “necesita que las fuerzas federales trabajen bien” y que esto afecta directamente a su gestión.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial de Chaco.

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