Mundo
The New York Times impulsa retención indefinida de datos en OpenAI y crece la polémica
La demanda presentada por el medio estadounidense obliga a la compañía a almacenar conversaciones y registros, desatando un debate sobre los límites legales y éticos en la protección de datos personales
La reciente solicitud judicial que exige a OpenAI conservar indefinidamente los datos de usuarios de ChatGPT y de clientes de su API ha generado preocupación entre quienes valoran la privacidad digital. Esta medida, impulsada por The New York Times y otros demandantes en el marco de una demanda en curso, representa un cambio significativo respecto a las prácticas habituales de protección de datos en la industria tecnológica.
La noticia principal radica en que, según la orden judicial, OpenAI debe retener toda la información generada por usuarios de ChatGPT y de la API, incluso aquella que normalmente se eliminaría de sus sistemas en un plazo de 30 días.
De acuerdo con OpenAI, la petición de The New York Times de conservar indefinidamente los datos de los usuarios surge como parte de una demanda que la organización considera infundada. El medio detalló que los demandantes han solicitado a la corte que obligue a la empresa a mantener todo el contenido generado por los usuarios, argumentando que podrían encontrar información relevante para su caso.
OpenAI sostiene que esta exigencia “fundamentalmente entra en conflicto con los compromisos de privacidad que hemos hecho con nuestros usuarios y abandona normas de privacidad de larga data y debilita las protecciones de privacidad”.
Asimismo, Brad Lightcap, director de operaciones de la compañía, enfatizó: “Creemos firmemente que esto es un exceso por parte de The New York Times. Seguimos apelando esta orden para poder seguir priorizando su confianza y privacidad”.
La medida afecta a quienes utilizan ChatGPT en sus versiones Free, Plus, Pro y Team, así como a los usuarios de la API de OpenAI que no cuenten con un acuerdo de retención cero de datos (Zero Data Retention, ZDR). No se aplica a los clientes de ChatGPT Enterprise ni a los de ChatGPT Edu, ni tampoco a quienes utilizan los endpoints de la API bajo el acuerdo ZDR.
Según explicó la empresa al medio, “si eres un cliente empresarial que utiliza nuestra API con retención cero de datos, nunca conservamos los mensajes que envías ni las respuestas que devolvemos. Como no se almacenan, esta orden judicial no afecta esos datos”.
OpenAI ha tomado varias acciones legales para desafiar la orden. Desde el inicio, la empresa argumentó que la solicitud de los demandantes de preservar “todos los datos de salida” era excesivamente amplia y contradecía sus compromisos de privacidad. Presentaron una moción para que el juez reconsiderara la orden de preservación, subrayando que la retención indefinida de datos de usuarios viola las normas de la industria y sus propias políticas.
En ese sentido, el medio informó que, durante una audiencia celebrada el 27 de mayo, el juez aclaró que ChatGPT Enterprise quedaba excluido de la obligación de conservación. Además, OpenAI ha apelado la orden ante el juez del tribunal de distrito.
La retención de datos bajo esta orden judicial implica que incluso los chats eliminados por los usuarios de ChatGPT y el contenido de la API que normalmente se eliminaría automáticamente en un plazo de 30 días deben conservarse. OpenAI explicó que “el contenido cubierto por la orden judicial se almacena por separado en un sistema seguro”. Y agregó: “Está protegido bajo retención legal, lo que significa que no puede ser accedido ni utilizado para otros fines que no sean cumplir con obligaciones legales”.
Solo un pequeño equipo legal y de seguridad de OpenAI, sujeto a auditorías, puede acceder a estos datos cuando sea necesario para cumplir con la ley.
Respecto al acceso de terceros a la información, la empresa aseguró que “estos datos no se comparten automáticamente con The New York Times ni con nadie más. Están bloqueados bajo una retención legal separada, lo que significa que se almacenan de forma segura y solo pueden ser accedidos bajo estrictos protocolos legales”.
Además, OpenAI subrayó que, si los demandantes insisten en obtener acceso a los datos, la empresa “luchará para proteger su privacidad en cada paso”.
En cuanto a la duración de la retención, OpenAI indicó que la orden judicial les obliga a conservar el contenido de ChatGPT y la API de forma indefinida a partir de ahora. No existe una fecha de finalización o revisión establecida para la orden, aunque la empresa está “desafiando activamente la orden, y si tenemos éxito, reanudaremos nuestras prácticas estándar de retención de datos”.
El cumplimiento de la orden judicial plantea interrogantes sobre la compatibilidad con normativas internacionales de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. OpenAI afirmó que “estamos tomando medidas para cumplir en este momento porque debemos seguir la ley, pero la exigencia de The New York Times no se alinea con nuestros estándares de privacidad. Por eso la estamos impugnando”.
Las políticas habituales de retención de datos de OpenAI establecen que, para los usuarios de ChatGPT Free, Plus y Pro, cuando se elimina un chat o una cuenta, la conversación se elimina inmediatamente de la cuenta del usuario y se programa su eliminación permanente de los sistemas en un plazo de 30 días, salvo que exista una obligación legal o de seguridad que requiera su conservación.
En el caso de ChatGPT Team, cada usuario final controla si sus conversaciones se retienen, y cualquier conversación eliminada o no guardada se elimina de los sistemas en un plazo de 30 días, salvo requerimiento legal.
Para ChatGPT Enterprise y ChatGPT Edu, los administradores de los espacios de trabajo determinan el tiempo de retención del contenido, y las conversaciones eliminadas se eliminan de los sistemas en 30 días, salvo obligación legal.
En el caso de la API, los clientes empresariales que desarrollan sobre la API de OpenAI controlan el tiempo de retención del contenido de los clientes según los endpoints y configuraciones que utilicen. Después de 30 días, las entradas y salidas de la API se eliminan de los registros de OpenAI, salvo que exista una obligación legal de retención. Para quienes utilizan los endpoints de retención cero de datos, las entradas y salidas nunca se registran ni se retienen para el estado de la aplicación.
Por su parte, el CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó en X su rechazo a una solicitud del New York Times ante los tribunales, en la que el medio exigía que la empresa se abstuviera de eliminar los chats de sus usuarios.
Altman calificó esta petición como “inapropiada” y alertó sobre el peligroso precedente que podría establecer si se diera lugar a semejante exigencia judicial.
OpenAI ha decidido apelar la decisión del tribunal, reafirmando su compromiso con la privacidad de quienes utilizan sus servicios. Según Altman, ceder a este tipo de presiones pondría en riesgo uno de los principios fundamentales de la compañía: proteger los datos y las conversaciones privadas de sus usuarios ante cualquier intento externo de acceso forzado.
En ese mismo mensaje, el directivo sugirió que se está considerando la implementación de una figura similar al “privilegio de la IA”, una idea que subraya la urgencia de debatir públicamente sobre los límites legales y éticos del acceso a la información generada en plataformas de inteligencia artificial.
Altman cerró su publicación asegurando que esta situación intensifica la necesidad de sostener la conversación sobre derechos digitales en la era tecnológica.
La empresa también aclaró que la orden judicial no modifica sus políticas de entrenamiento de modelos. Para los clientes empresariales, OpenAI no utiliza los datos de negocio para entrenar sus modelos por defecto, y la orden judicial no altera esta práctica. En el caso de los consumidores, los usuarios pueden decidir si sus conversaciones se utilizan para mejorar ChatGPT desde la configuración, y la orden judicial tampoco cambia esta opción.
OpenAI reiteró su compromiso con la transparencia y la comunicación con los usuarios. “Estamos comprometidos con la transparencia y los mantendremos informados. Compartiremos actualizaciones significativas, incluidas cualquier cambio en la orden o cómo afecta a sus datos”, aseguró la empresa al medio.
La disputa legal entre The New York Times y OpenAI se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la privacidad y el uso de datos en la inteligencia artificial. La exigencia de conservar indefinidamente los datos de los usuarios representa, según la empresa, un precedente que podría afectar las normas de privacidad en el sector tecnológico.
El caso sigue en desarrollo, y la empresa mantiene su postura de defensa de la privacidad de los usuarios frente a lo que considera una solicitud desproporcionada. OpenAI ha reiterado que, en caso de que la apelación prospere, volverán a aplicar sus políticas estándar de eliminación de datos, que priorizan la protección de la información personal de los usuarios.
Mundo
Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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