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Polémica en el Consejo de la Magistratura por un reclamo millonario de jueces para cobrar suplencias

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Un camarista demandó que le paguen por trabajar cuando se ausenta un colega de sala. Ya cobró cien millones. Los que se oponen temen efecto cascada.

Un reclamo millonario de parte de jueces tiene en pie de batalla a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La aspiración de magistrados de tribunales colegiados es que les paguen un adicional cada vez que deben reemplazar a algún colega que se ausenta aún en la misma sala. Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo.

La situación produjo ya un choque manifiesto en el Consejo, más precisamente en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que preside el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y que promete terminar en zafarrancho si los jueces se salen con su pretensión. Estos perdieron en la CAF por un voto pero pidieron que el tema se vote en el plenario de veinte consejeros. Eso ocurrirá la semana entrante.

Lo que está en discusión es el concepto de subrogancia. Un magistrado reclama que le reconozcan una tercera parte adicional de sus remuneraciones cuando se ausenta un colega de su propia sala. Para la mayoría de los consejeros esto no es subrogar sino hacer el mismo trabajo que ya debe hacer y por el que se les paga. Pero los consejeros jueces de modo unánime afirman que en estas condiciones se debe cobrar más.

Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo

El conflicto, dicen consejeros enardecidos con esto, es que los magistrados buscan llevarse una montaña de plata por el trabajo que deben hacer y por el cual ya son retribuidos de manera que no tiene igual en la administración pública.

 

El planteo en debate es la punta de lanza a la que se acoplarán muchos otros. Lo hizo Alejandro Tazza que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por jubilación de su titular en esa Cámara, Tazza cubrió el trabajo como subrogante durante tres semanas de febrero de 2022. Y pidió que se le pagara por esa labor que hizo en el mismo ámbito de su desempeño con una tercera parte del sueldo, adicional, por la función cumplida.

El juez Alejandro Tazza. Foto gentileza La Capital

 

El mismo Consejo de la Magistratura en su momento lo consideró una extralimitación y se lo denegaron. Le plantearon que hacer ese trabajo por el cual reclamaba pago implicaba su labor habitual, que no resultaba tácticamente posible que el mismo sujeto ocupe simultáneamente dos vocalías dentro de un mismo tribunal.

Pero Tazza no se dio por vencido e interpuso un recurso jerárquico que llegó a la CAF en el Consejo de la Magistratura. La consejera María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco, sostuvo que al hacer las resoluciones Tazza hizo su trabajo regular y resultó remunerado con la percepción de sus haberes en el ejercicio de su actividad habitual como magistrado de esa Cámara. Eso, dijo Pilatti, no es una subrogancia, por lo que no hay que liquidar ningún suplemento.

 

“Es como si los ministros de la Corte que ahora son tres quisieran cobrar más dinero por el trabajo que tienen que hacer porque faltan designar más integrantes”, deslizó un participante de las reuniones de la CAF que rechaza que se hagan esos pagos.

Contra este dictamen hubo que le da la razón al pedido del camarista de Mar del Plata. Y que es impulsado por los cuatro jueces que son consejeros en la comisión que trata el caso. Estos son Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones.

 

La posición de ellos es que la ley vigente de subrogancias indica que en caso de licencia se dispone que las cámaras se integren por sorteo público con los miembros de las demás de la misma jurisdicción y competencia y que esa era la situación de Tazza. Por lo que corresponde que le paguen. “El magistrado ha realizado tareas adicionales semejantes a otro cargo y, como consecuencia, le corresponde percibir la remuneración que tal situación merece, a modo de excepción”, firmó la consejera jueza Provítola.

En la audiencia pública del Consejo de la Magistratura de hace diez días el consejero Lugones dijo frente a la pregunta del consejero César Grau que no tenía un reclamo similar realizado como juez. Le pidieron la aclaración porque en caso positivo no habría podido, en virtud de un interés particular, votar sobre los dictámenes contrapuestos. Grau también preguntó el impacto económico que produciría una resolución en el sentido que proponen los jueces. Solo se dijo que a valores de hoy el reclamo ya reconocido del camarista marplatense Tazza fueron cien millones de pesos y que ahora aspira a que le paguen otra demanda que supera los 50 millones. El secretario Fernando Alvarez dijo que el colega de Cámara del juez Tazza, Eduardo Jiménez, tiene reclamos similares.

 

“Estamos hablando de cubrir un cargo dentro de una misma sala en una Cámara Federal”, dijo Grau. “Esto va a tener un efecto expansivo de quienes aún no han reclamado. Van a venir casos en cascada por eso se debería prever el quantum económico que esto va a tener”, enfatizó.

 

Están en condiciones de hacer estos planteos los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

 

 

El consejero Mariano Recalde, senador por Ciudad de Buenos Aires, votó por el rechazo del reclamo. “Si hay 90 expedientes en un tribunal cada juez tiene que estudiar 90 expedientes. La falta de un juez en un tribunal no puede implicar nunca el aumento de los emolumentos. Con ese criterio eso se podría aplicar a los empleados de los tribunales”, sostuvo. “Y ni hablar de la cantidad de casos en los que el que realiza el proyecto de sentencia, trabaja y hace todo no es el magistrado sino un empleado o funcionario”, subrayó.

Fuentes del Consejo de la Magistratura precisaron además que hay escasa abnegación laboral no solo en algunos demandantes sino en el modo de trabajo real. “A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse para hacer «trabajo adicional». Es un privilegio que se agrega a otros que tienen de sobra”.

A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse

Asimismo, sin que se refiera al caso de Tazza, una fuente del Consejo de la Magistratura refiere a una avivada histórica en las instancias de Cámara en todo el país. “Se dan casos de jueces que a propósito se toman licencia para ser subrogados por su par que luego al irse de licencia devuelve el favor. Hoy cobro por ti, manaña por mí. Y lo que obtienen es cada vez que cubren una ausencia es una tercera parte más de sueldo”.

El rechazo al dictamen que pide efectuar pagos a magistrados que reclamen se definió por una pestaña. Apenas un voto. En el plenario, donde se dirimirá, votan veinte consejeros.

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La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: “no jodan con la ciudad”

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De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.

Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.

“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.

Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.

La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.

La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: "no jodan con la ciudad"

 

 

 

“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.

Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.

En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.

Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.

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Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

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Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.

La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.

En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.

Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.

Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos

En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.

Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.

Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.

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“No puede quedar impune”: piden citar como imputado a Zdero en una causa por injurias, violencia política y de género

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La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.

En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.

 

 

Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.

La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.

Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.

Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.

En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.

Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.

Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.

Derechos Humanos se apartó

Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.

Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.

El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.

 

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