Un camarista demandó que le paguen por trabajar cuando se ausenta un colega de sala. Ya cobró cien millones. Los que se oponen temen efecto cascada.
Un reclamo millonario de parte de jueces tiene en pie de batalla a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La aspiración de magistrados de tribunales colegiados es que les paguen un adicional cada vez que deben reemplazar a algún colega que se ausenta aún en la misma sala. Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo.
La situación produjo ya un choque manifiesto en el Consejo, más precisamente en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que preside el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y que promete terminar en zafarrancho si los jueces se salen con su pretensión. Estos perdieron en la CAF por un voto pero pidieron que el tema se vote en el plenario de veinte consejeros. Eso ocurrirá la semana entrante.
Lo que está en discusión es el concepto de subrogancia. Un magistrado reclama que le reconozcan una tercera parte adicional de sus remuneraciones cuando se ausenta un colega de su propia sala. Para la mayoría de los consejeros esto no es subrogar sino hacer el mismo trabajo que ya debe hacer y por el que se les paga. Pero los consejeros jueces de modo unánime afirman que en estas condiciones se debe cobrar más.
Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo
El conflicto, dicen consejeros enardecidos con esto, es que los magistrados buscan llevarse una montaña de plata por el trabajo que deben hacer y por el cual ya son retribuidos de manera que no tiene igual en la administración pública.
El planteo en debate es la punta de lanza a la que se acoplarán muchos otros. Lo hizo Alejandro Tazza que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por jubilación de su titular en esa Cámara, Tazza cubrió el trabajo como subrogante durante tres semanas de febrero de 2022. Y pidió que se le pagara por esa labor que hizo en el mismo ámbito de su desempeño con una tercera parte del sueldo, adicional, por la función cumplida.
El mismo Consejo de la Magistratura en su momento lo consideró una extralimitación y se lo denegaron. Le plantearon que hacer ese trabajo por el cual reclamaba pago implicaba su labor habitual, que no resultaba tácticamente posible que el mismo sujeto ocupe simultáneamente dos vocalías dentro de un mismo tribunal.
Pero Tazza no se dio por vencido e interpuso un recurso jerárquico que llegó a la CAF en el Consejo de la Magistratura. La consejera María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco, sostuvo que al hacer las resoluciones Tazza hizo su trabajo regular y resultó remunerado con la percepción de sus haberes en el ejercicio de su actividad habitual como magistrado de esa Cámara. Eso, dijo Pilatti, no es una subrogancia, por lo que no hay que liquidar ningún suplemento.
“Es como si los ministros de la Corte que ahora son tres quisieran cobrar más dinero por el trabajo que tienen que hacer porque faltan designar más integrantes”, deslizó un participante de las reuniones de la CAF que rechaza que se hagan esos pagos.
Contra este dictamen hubo que le da la razón al pedido del camarista de Mar del Plata. Y que es impulsado por los cuatro jueces que son consejeros en la comisión que trata el caso. Estos son Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones.
La posición de ellos es que la ley vigente de subrogancias indica que en caso de licencia se dispone que las cámaras se integren por sorteo público con los miembros de las demás de la misma jurisdicción y competencia y que esa era la situación de Tazza. Por lo que corresponde que le paguen. “El magistrado ha realizado tareas adicionales semejantes a otro cargo y, como consecuencia, le corresponde percibir la remuneración que tal situación merece, a modo de excepción”, firmó la consejera jueza Provítola.
En la audiencia pública del Consejo de la Magistratura de hace diez días el consejero Lugones dijo frente a la pregunta del consejero César Grau que no tenía un reclamo similar realizado como juez. Le pidieron la aclaración porque en caso positivo no habría podido, en virtud de un interés particular, votar sobre los dictámenes contrapuestos. Grau también preguntó el impacto económico que produciría una resolución en el sentido que proponen los jueces. Solo se dijo que a valores de hoy el reclamo ya reconocido del camarista marplatense Tazza fueron cien millones de pesos y que ahora aspira a que le paguen otra demanda que supera los 50 millones. El secretario Fernando Alvarez dijo que el colega de Cámara del juez Tazza, Eduardo Jiménez, tiene reclamos similares.
“Estamos hablando de cubrir un cargo dentro de una misma sala en una Cámara Federal”, dijo Grau. “Esto va a tener un efecto expansivo de quienes aún no han reclamado. Van a venir casos en cascada por eso se debería prever el quantum económico que esto va a tener”, enfatizó.
Están en condiciones de hacer estos planteos los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
El consejero Mariano Recalde, senador por Ciudad de Buenos Aires, votó por el rechazo del reclamo. “Si hay 90 expedientes en un tribunal cada juez tiene que estudiar 90 expedientes. La falta de un juez en un tribunal no puede implicar nunca el aumento de los emolumentos. Con ese criterio eso se podría aplicar a los empleados de los tribunales”, sostuvo. “Y ni hablar de la cantidad de casos en los que el que realiza el proyecto de sentencia, trabaja y hace todo no es el magistrado sino un empleado o funcionario”, subrayó.
Fuentes del Consejo de la Magistratura precisaron además que hay escasa abnegación laboral no solo en algunos demandantes sino en el modo de trabajo real. “A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse para hacer «trabajo adicional». Es un privilegio que se agrega a otros que tienen de sobra”.
A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse
Asimismo, sin que se refiera al caso de Tazza, una fuente del Consejo de la Magistratura refiere a una avivada histórica en las instancias de Cámara en todo el país. “Se dan casos de jueces que a propósito se toman licencia para ser subrogados por su par que luego al irse de licencia devuelve el favor. Hoy cobro por ti, manaña por mí. Y lo que obtienen es cada vez que cubren una ausencia es una tercera parte más de sueldo”.
El rechazo al dictamen que pide efectuar pagos a magistrados que reclamen se definió por una pestaña. Apenas un voto. En el plenario, donde se dirimirá, votan veinte consejeros.
En plena pelea, pese a una foto conjunta el 9 de julio pasado, eligieron llamar a movilizarse este jueves de manera distinta. Las señales sugestivas del distanciamiento de padre e hijo
La pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo se mantiene, pese a que posaron juntos para las fotos el 9 de julio pasado. La mejor demostración de que no hubo una reconciliación se dio en las últimas horas: cada uno convocó por separado a la marcha del jueves próximo contra el Gobierno por el día de San Cayetano.
Mientras Pablo publicó el 26 de julio un video en la cuenta de Infocamioneros para llamar a movilizarse el 7 de agosto, Hugo utilizó el mismo medio para difundir que había presidido una reunión informativa del Sindicato de Camioneros para participar de la marcha y allí se aclara que liderará la columna del gremio.
Hay detalles sugestivos que confirman el distanciamiento entre padre e hijo. Hugo encabezó la reunión en el sindicato del que Pablo sigue siendo secretario adjunto, aunque no aparece en el lugar y sí su hermano Jerónimo, el menor de la familia, sentado al lado de su papá, además de Octavio Argüello, el dirigente de Camioneros que reemplazó a Pablo en el triunvirato de la CGT.
Hugo Moyano, con su hijo Jerónimo y Octavio Argüello, en la reunión del Sindicato de Camioneros
Pablo, por su parte, convocó a marchar desde una filmación con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club de fútbol Camioneros, del que es presidente. Y comienza a hablar con una aclaración que es casi una confesión de que está dedicado a lo futbolístico: “Para que después no digan que yo solamente me dedico al deporte”.
Parecen apenas sutilezas, pero son datos que ratifican la enorme distancia que separa a los dos dirigentes desde hace desde hace 3 años, luego de que Pablo le reprochó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la crisis financiera de la obra social camionera como dueña de la empresa IARAI, a cargo de su gerenciamiento.
La discusión por este tema terminó a los gritos y la brecha familiar se agrandó por los gestos de Pablo en favor del kirchnerismo cuando integró el triunvirato de la CGT mientras Hugo daba señales en sentido contrario.
Pablo Moyano convoca a la marcha de San Cayetano
El conflicto derivó finalmente en la renuncia de Pablo Moyano a la CGT en noviembre pasado porque su padre no avaló su reclamo de que se hiciera un paro o una marcha contra Javier Milei. Luego, el líder de Camioneros fue apartando a dirigentes de distintas ramas que respondían a su díscolo hijo, como una forma de frenar una eventual rebelión de los “pablomoyanistas”.
Desde que renunció a la CGT, el hijo mayor de Hugo Moyano dejó de ir a sus oficinas del Sindicato de Camioneros, donde ejerce la Secretaría Adjunta secundando a su papá, y se dedicó sólo a presidir el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros.
Su aislamiento se rompió el 13 de junio, cuando Pablo Moyano visitó a Cristina Kirchner en su departamento del barrio de Constitución pocas horas después de que se confirmara su condena judicial por corrupción.
Hugo y Pablo Moyano, en las ollas populares que se hicieron el 9 de julio
En ese encuentro, el dirigente de Camioneros dijo haberle llevado a la ex presidenta el apoyo de su sindicato, aunque esa decisión no había existido e incluso el líder, Hugo Moyano, en esos días se puso al frente en la CGT de la resistencia a los sectores kirchneristas que presionaban por un paro en favor de Cristina Kirchner.
La nueva escalada de tensiones entre padre e hijo quedó graficada en un ácido comentario de Hugo Moyano ante sus colegas cegetistas en una reunión realizada en Sanidad, días después del encuentro entre Pablo y Cristina Kirchner. Tras criticar a la ex presidenta por el destrato al que sometió a los sindicalistas no K y cuestionar que nunca les dio lugares en las listas de candidatos, el jefe de Camioneros dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y a mí ni me llamó por el Día del Padre”.
Sin embargo, el 9 de julio pasado se produjo un gesto que se pareció a una reconciliación: ambos se reencontraron en Plaza Constitución durante las ollas populares “solidarias” que organizó el ala dura del sindicalismo, liderada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), como protesta contra el Gobierno.
Pablo Moyano visitó a Cristina Kirchner apenas quedó detenida en su casa
De todas formas, testigos del reencuentro familiar afirmaron que Hugo y Pablo coincidieron poco después de la 12 donde estaban otros representantes de Camioneros y se abrazaron sonrientes, pero no compartieron juntos la actividad. Tras saludarse, inmediatamente cada uno partió con sus dirigentes más cercanos. Hugo se mostró junto con los líderes de la CATT, donde el Sindicato de Camioneros está presente a través de Omar Pérez, y Pablo posó con Graciela Aleñá (viales) y la dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia (metrodelegados).
¿Habrá una nueva foto de los dos este jueves en la Plaza de Mayo? Por lo pronto, Hugo convocó a los manifestantes de su sindicato a concentrarse en avenida Belgrano y Piedras bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro. San Cayetano nos une”. Y Pablo, que, curiosamente, no llamó a movilizarse en nombre de Camioneros, podría mostrarse cuando arranque la marcha ante la Iglesia de San Cayetano, en Liniers.
La vicepresidenta denunció al dueño de un medio y a un grupo de tuiteros, entre los que se encuentra Lilia Lemoine, por publicaciones en su contra. Ambas demandas recayeron en Sebastián Casanello.
La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó el lunes dos denuncias en Comodoro Py, entre los que se incluye a tuiteros y a miembros del oficialismo, como la diputada Lilia Lemoine.
La primera demanda, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, es contra el director de La Derecha Diario, Javier Negre, por “intimidación pública”, “amenaza de rebelión” y otros delitos.
Villarruel aseguró que “Negre opera contra el Orden Republicano, de manera flagrante, al acusar sin probanza alguna, de los delitos más aberrantes que el sistema democrático pudiera tolerar”.
La vicepresidenta enumeró distintas noticias falsas difundidas a través del sitio de Negre e hizo hincapié en una que asegura que está preparando un golpe de Estado contra el presidente Javier Milei. “Es inimaginable el daño institucional y diplomático que una fake news como la referida importa al Estado de Derecho”, aseguró en la demanda.
Para Villarruel, “resulta indudable que la campaña de amenazas y hostigamiento que sufro, lo es en tanto mi rol de Presidente de uno de los poderes del Estado”.
En la segunda presentación, que también recayó en Casanello, la vicepresidenta apuntó contra tuiteros oficialistas y la diputada Lilia Lemoine por participar “de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a los lectores de la red social X en particular, contra el poder que presido, la figura de la presidencia del H. Senado de la Nación, mi persona, mi círculo de confianza personal, familiar y laboral”.
Villarruel denunció a tuiteros libertarios. (Foto: captura TN)
La denuncia apuntó contra “@El_Pubertario, @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @lilialemoine, @ElTrumpista y @Mialygosa”.
Las agresiones, hostigamientos, insultos, mentiras y amenazas veladas ”traspasaron todo tipo de límites en cuanto a libertad de expresión se trate, configurando conductas encuadrables en los tipos penales antes señalados”, aseguró la titular del Senado.
Entre los delitos endilgados a los mencionados aparecen la instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a violencia colectiva, apología del crimen, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.
Villarruel aseguró que las publicaciones de los mencionados busca “mi exclusión del Senado de la Nación, mi detención penal, mi supuesta participación en operación contra el gobierno del que soy parte y que procurarían desestabilizar al Poder Ejecutivo”.
En la demanda, Villarruel pidió también que se investigue si las publicaciones en su contra son financiadas con dinero del Estado.
Los encargados de llevar adelante la investigación, por orden de Casanello, serán los fiscales Guillermo Marijuan y Franco Picardi.
El Tribunal Oral Federal 7 convocó a las partes para una audiencia virtual. Es la instancia previa al inicio del proceso oral y público, previsto para noviembre. La expresidenta está señalada como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho.
Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 convocó a una audiencia preparatoria para avanzar con el juicio de la denominada causa Cuadernos, previsto para el 6 de noviembre, donde Cristina Kirchner está procesada como como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.
La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue fijada para el próximo 24 de septiembre, con el objetivo de delimitar la prueba del proceso que comenzará en noviembre.
Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori convocaron a las partes para “limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.
En la causa, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.
La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.
El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.
El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
Durante la investigación, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.
Uno de esos empresarios fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quien sostuvo que se trataba de aportes de campaña al kirchnerismo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral desconoció sus dichos.
Quién es Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, involucrado en la causa de las coimas K
La causa Cuadernos no es la única causa que tiene pendiente la expresidenta. En los últimos días también se registraron movimientos en el caso Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de entendimiento con Irán. Sobre esta última, la Corte Suprema confirmó la elevación a juicio de la causa; se espera que sea fijada en los próximos días.
