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Lo condenaron hace 15 años por un femicidio, pero un ADN podría demostrar que es inocente

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Adrián Svich fue encontrado culpable por el crimen de Mara Mateu en Santa Teresita. Una fundación que colabora con la defensa presentó un escrito para que la Justicia tenga en cuenta un nuevo análisis que lo podría declarar inocente. Deberá responder el Tribunal de Casación.

Mara Mateu tenía 16 años cuando fue violada y estrangulada en Santa Teresita. Su cuerpo fue hallado semienterrado entre los médanos, el 24 de marzo del 2008. Dos años después, Adrián Darío Svich y Diego Daniel Buzzo fueron condenados a perpetua como los responsables de su asesinato.

Svich siempre sostuvo su inocencia, pero una prueba de ADN de la chica encontrada en su camisa lo inculpó. Ahora, 15 años después de la sentencia, pidió la colaboración de una fundación para reclamar a la Justicia que tenga en cuenta un nuevo análisis sobre esos elementos probatorios, que demostrarían que él no estuvo en la escena del crimen.

La presentación fue realizada por Innocence Project Argentina ante el Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores, que había condenado a Svich en 2011. El eje del pedido es claro: cuestionar el peritaje genético que fue clave para encerrarlo de por vida. “Este elemento afirmaba erróneamente que existía ADN de la víctima en la camisa del acusado”, explicaron en el escrito judicial.

La fundación acompañó su presentación con una batería de informes técnicos y científicos, entre ellos uno realizado por el PRICAI-Fundación Favaloro en 2022, que sostiene que el perfil genético atribuido a la víctima no cumple con los estándares actuales de fiabilidad ni tiene el valor probatorio que se le asignó en su momento. “No hay rastros de Mara Mateu en la camisa de Svich”, señalaron.

El crimen que sacudió Santa Teresita

El 23 de marzo de 2008, Mara Sofía Mateu salió de su casa a las ocho de la noche para ir al centro comercial de Santa Teresita. Al día siguiente, su cuerpo apareció en una zona de médanos. Estaba semienterrado, con signos de abuso sexual y asfixia. La noticia conmocionó a la ciudad entera.

La autopsia determinó que la víctima fue estrangulada con el cordón de su zapatilla. (Foto: Facebook).
La autopsia determinó que la víctima fue estrangulada con el cordón de su zapatilla. (Foto: Facebook).

La noche del crimen, Svich era un turista más. Oriundo de la localidad de Los Hornos, en La Plata, había viajado para pasar Semana Santa. Se alojó en el hotel Sorrento y también en el San Remo, de la misma ciudad balnearia. Allí fue donde tuvo una fuerte discusión con la encargada. Estaba en estado de ebriedad y lanzó una frase que fue contundente. “Si llamás (a la policía) vas a quedar como la que dejé colgada en el árbol”.

La mujer llamó igual al 911 y Svich quedó detenido. Para ese entonces, el cuerpo de Mara ya había sido encontrado. Además de iniciar actuaciones contravencionales contra él, la Justicia lo consideró como un sospechoso del femicidio. Mientras tanto, cientos de vecinos marchaban para exigir justicia. La presión social era inmensa.

La investigación avanzó y todas las miradas apuntaron a un segundo sospechoso: Diego Buzzo. Testigos lo vieron caminando junto a Mara la noche de su desaparición. Además, descubrieron que había vendido el celular y el MP3 de la víctima a una maestra. Pero lo más clave fueron las pericias que confirmaron que su ADN estaba en el cuerpo de la adolescente, en su campera y en el cordón con el que la estranguló.

Adrián Svich y Diego Buzzo, los condenados por el femicidio de Mara Mateu.
Adrián Svich y Diego Buzzo, los condenados por el femicidio de Mara Mateu.

Svich, en cambio, fue liberado el 18 de abril de ese año por falta de mérito. Aunque la autopsia sostenía que el ataque habría sido cometido por al menos dos personas, no había pruebas que lo vincularan a él con la escena del crimen. Tampoco aparecía ADN de la víctima en su ropa. Eso, sin embargo, cambió meses más tarde.

En octubre, un nuevo análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (Hospital Durand) detectó supuestamente el perfil genético de Mara en una camisa de Svich. Con ese dato, lo volvieron a detener y fue enviado a juicio.

El 7 de septiembre de 2011, el Tribunal Oral N°2 de Dolores los condenó a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal, seguido de homicidio agravado. La sentencia fue confirmada en 2018 y desde entonces Svich permanece detenido en la Unidad Penal de Barker, en Benito Juárez.

La prueba clave fue el resultado de ese segundo estudio de ADN. Pero no hubo más. Ni testigos, ni cámaras, ni comunicaciones entre él y la víctima. Tampoco se estableció ningún vínculo con el otro condenado, Diego Buzzo. No se encontró su perfil genético en el cuerpo, ni en la ropa de Mara, ni en el cordón con el que fue asesinada. Ni siquiera se acreditó que se conocieran. Ahora, Svich quiere que todo eso se revise.

“Nunca estuve ahí”: el nuevo pedido de Adrián Svich

Con el patrocinio de Innocence Project Argentinapresentó una acción judicial ante el tribunal en el que cuestiona de raíz el elemento genético. “La única prueba que lo vincula al crimen es un informe que hoy está científicamente desacreditado”, insisten.

Uno de los pilares es el análisis del laboratorio del PRICAI-Fundación Favaloro. El informe que elaboró en mayo de 2022 señala que el peritaje original “no se adecuó a los estándares científicos actuales” y que sus conclusiones “carecen de sustento técnico y estadístico”.

El laboratorio fue categórico y explicó que no se utilizó la Razón de Verosimilitud (LR), un método estándar para valorar hipótesis en genética forense, que no se conoció la calidad de los perfiles genéticos por la falta de soportes electrónicos o impresos, y que incluso podría haber habido contaminación por ADN degradado.

Mara junto a su hermanito menor, que actualmente tiene 17 años. (Foto: gentileza Leonidas Mateu)
Mara junto a su hermanito menor, que actualmente tiene 17 años. (Foto: gentileza Leonidas Mateu)

Además, se identificaron problemas como la presencia de mezclas de múltiples personas (se estimó que había rastros de hasta cuatro individuos) y que el análisis original omitió perfiles incompatibles con la víctima y el imputado. Para las autoridades del laboratorio, esos resultados son “no informativos”.

A esto se suma un informe elaborado una perito experta en criminalistica, quien analizó las prendas secuestradas. La especialista indicó que no se hallaron rastros biológicos, sangre ni semen en la camisa de Svich y que las zonas donde se tomaron las muestras no coinciden con las lesiones que presentaba el acusado al momento de su detención.

Tampoco se hallaron restos de arena o vegetación en su ropa o habitación, a pesar de que el crimen ocurrió en médanos. Incluso advirtió que no se hisoparon las heridas de Svich, por lo que no se puede probar si fueron causadas por la víctima, como dice la condena, o por otros factores.

El efecto túnel

Otro de los puntos fuertes del pedido de revisión es lo que se conoce como “efecto túnel” o sesgo de confirmación, que es la idea de que una vez que se apuntó a Svich, toda la prueba se interpretó con la mira puesta en su culpabilidad, ignorando los datos que lo alejaban del crimen.

Por ejemplo, su condición de “forastero” en Santa Teresita, o la frase “tenía a una chica colgada de un árbol” dicha en estado de ebriedad. Eso que fue tomado como confesión, a pesar de que otros dichos similares fueron descartados por los propios testigos.

El tribunal también usó como prueba un testimonio que luego fue denunciado como falso por el propio fiscal: un joven dijo haberlo visto vendiendo drogas y habló de un tal “Adriano”, pero ese testimonio no se sostuvo. Sin embargo, fue incluido como un indicio más. “Todo fue armado con base en un informe genético que hoy está en duda. El resto se acomodó para justificarlo”, dijeron en la fundación.

La presentación judicial, además de pedir la revisión de la condena, solicitó que se considere la posibilidad de que Svich no siga en prisión mientras se analiza el caso. Argumentó que los avances de la ciencia en los últimos 15 años permiten una reevaluación del peritaje que lo condenó.

También señaló que el hecho de que Buzzo siga preso y esté probado su vínculo con la víctima no alcanza para sostener la hipótesis de un segundo autor si no hay evidencia firme. “No se puede condenar por completar una hipótesis”, agregó.

Por todo esto, Innocence Project Argentina pidió que se desestime la prueba genética producida por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que se tenga en cuenta el nuevo contexto científico y que se revise toda la prueba en conjunto. “Sin el ADN, no queda nada que lo vincule al hecho”, aseguró.

El abogado Manuel Garrido, que encabeza la fundación, contó a TN cuáles son los pasos a seguir. “Primero se tienen que definir los jueces que van a decidir sobre este pedido, ya que los que originalmente ya opinaron no pueden volver a hacerlo, porque están influidos con la condena”, sostuvo.

“Después, tienen que correr vista al fiscal y decidir si van a producir la nueva prueba. Entiendo que no es un recurso sencillo y la Justicia no está acostumbrada a este tipo de planteos, pero estoy seguro de que vamos a tener un fallo favorable porque lo condenaron con una prueba que está equivocada”, agregó.

“Piensa que se va a morir en la cárcel por algo que no hizo”

El caso, que estremeció a Santa Teresita en 2008, podría tener ahora un giro inesperado. Para Svich, que ahora tiene 64 años, se trata de recuperar lo que queda de su vida después de más de 15 años preso. Para la Justicia, de volver a mirar un expediente donde tal vez se impuso la presión social por encima de las pruebas.

Joaquín Areta, psicólogo de la Unidad 37 de Barker donde está alojado Svich, contó a TN que fue él quien lo acercó a la fundación. “Lo conocí en 2017, cuando él trabajaba en la unidad y yo atendía en las oficinas del penal. Lo noté muy angustiado, preocupado porque se había cumplido un aniversario de la muerte de Mara Mateu y había vuelto a aparecer el papá en los medios. Pensaba que ese iba a morir en la cárcel”, recordó.

Adrián Svich tiene 64 años y está preso en el penal de Belker. (Foto: gentileza Innocence Project)
Adrián Svich tiene 64 años y está preso en el penal de Belker. (Foto: gentileza Innocence Project)

“Hablaba del derrotero de estar preso de forma errónea. Lo escuché y empecé a entender la complejidad del caso por el que termina preso por el asesinato de una persona que nunca conoció. En todas las entrevistas que tuve, él siempre sostuvo su inocencia a rajatabla, afectado por el destino de la adolescente y la injusticia que lo arrasaba. No podía dormir”, expuso.

“Me fui adentrando en el caso y ver cómo lo afectaba todo esto, que tuvo que adaptarse para seguir viviendo de esta forma. Ahí fue cuando consulté a un defensor de la ciudad de Tandil y me sugiere hablar con la fundación”, sostuvo Areta.

“Él siempre me dijo que no conocía a Diego Buzzo, que supo de su existencia recién en el juicio. Tampoco conocía a Mara. Su relato siempre me pareció consistente, sincero y muy sentido. Para mi juicio, él estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ahora tiene que vivir encerrado por un hecho que no cometió”, cerró.

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CHACO Trabajadora de salud con esclerosis múltiple, lleva cinco meses sin su medicación vital del InSSSeP

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Ciudadanos y referentes sindicales han puesto en alerta la crítica situación de Eliana Ponce, una trabajadora precarizada del área de Salud Pública que lleva nueve años vinculada al “Programa Expertos” y que padece Esclerosis Múltiple. Se ha revelado que la paciente no ha recibido la medicación esencial para el manejo de su enfermedad desde agosto de 2025. Los afectados han expresado gran preocupación, dado que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa, y la interrupción del tratamiento puede conducir rápidamente a incapacidades severas.

La demora en la provisión de la medicación es atribuida directamente al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), que ha dejado de asistir a la trabajadora durante cinco meses. Compañeros y allegados de Eliana han manifestado que ella está experimentando serios “embates” de la enfermedad debido a la falta de tratamiento. La urgencia de la situación es crítica, y se hace un llamado desesperado para que la obra social provincial retome de manera inmediata la entrega de los fármacos.

En este contexto de crisis individual, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) Sáenz Peña ha tomado la iniciativa de plantear un debate profundo sobre la gestión sanitaria. Han reconocido que Salud Pública del Chaco enfrenta el desafío de implementar protecciones equitativas y eficientes, especialmente para las llamadas “enfermedades catastróficas”, que son de baja prevalencia pero generan un alto impacto económico y social. La CTA-A ha enfatizado la necesidad de ir más allá de la lamentación y proponer soluciones concretas.

Por lo tanto, la CTA Autónoma de Sáenz Peña ha anunciado que impulsarán una propuesta para crear un seguro provincial contra enfermedades catastróficas. Argumentan que estas patologías conllevan una curva de gastos insostenible para cualquier familia, independientemente de su nivel socioeconómico. Mientras esta política sanitaria de fondo se discute, han recalcado con firmeza que “Eliana no puede esperar más”, exigiendo una solución de emergencia al InSSSeP para asegurar su continuidad de vida digna y su salud.

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Condenaron a un jubilado de 73 años por haber abusado sexualmente de sus tres hijas menores de edad

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El Tribunal Oral N°3 lo encontró culpable de múltiples ataques cometidos entre 2014 y 2018. La denuncia de una de las víctimas permitió destapar años de violencia y manipulación.

 

Un hombre de 73 años fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de tres de sus hijas menores de edad en una vivienda del barrio porteño de Constitución. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3, señaló que los ataques ocurrieron entre 2014 y 2018, en un contexto de violencia en el ámbito familiar.

La sentencia llegó tras la intervención de la Fiscalía General N°3, a cargo de Andrés Madrea, que había solicitado una pena de 13 años. Los jueces Gustavo Valle, Julio Báez y Gustavo Rofrano declararon al acusado —identificado como T.R. para preservar la identidad de las víctimas— responsable de abuso sexual agravado en reiteradas oportunidades.

El caso salió a la luz cuando la mayor de las víctimas, nacida en 2009, se animó a contarle a su madre lo que sufría desde los nueve años. Según relató en el juicio, los abusos ocurrieron en la habitación que compartía con su padre en un hotel familiar, especialmente cuando él regresaba de trabajar como taxista.

La denuncia, presentada en septiembre de 2024, permitió reconstruir un patrón de ataques que también alcanzó a dos de sus hermanas menores, nacidas en 2013 y 2015. Estas víctimas tenían entre seis y ocho años al momento de los hechos. Los episodios ocurrían durante las visitas de las chicas a la casa paterna los fines de semana, ya que vivían con su madre tras la separación de la pareja.

Las dos víctimas menores también veían cómo el acusado maltrataba a la hermana mayor. (Foto ilustrativa: Adobe Stock.)
Las dos víctimas menores también veían cómo el acusado maltrataba a la hermana mayor. (Foto ilustrativa: Adobe Stock.)

Según se informó en el portal del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar fiscal Jorge Recalde remarcó la importancia del testimonio de la mayor de las denunciantes, quien describió con detalle los abusos y la violencia física que sufría cuando intentaba resistirse. “La declaración de la víctima es detallada, coherente, estable, contextualizada y congruente con los patrones conocidos de abuso intrafamiliar en la infancia”, sostuvo el juez en el fallo.

Durante el juicio, se escucharon también los relatos de las otras dos hermanas en Cámara Gesell, quienes contaron lo que vivieron y cómo presenciaron los ataques a su hermana mayor. La madre de las víctimas, por su parte, aseguró que nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir en la casa del padre, a pesar de una relación de pareja marcada por la conflictividad y la violencia.

La madre de las víctimas aseguró que nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir en la casa del padre. (Foto: Adobe Stock)
La madre de las víctimas aseguró que nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir en la casa del padre. (Foto: Adobe Stock)

El tribunal tuvo en cuenta que existía una prohibición de acercamiento previa contra el acusado, dictada en 2016, que alcanzaba tanto a la madre como a todas sus hijas. Los jueces destacaron que los abusos se extendieron durante años, en la intimidad del hogar, y que el hombre utilizó la convivencia y su posición de poder para manipular, amenazar y controlar a las víctimas.

Los informes psicológicos incorporados al expediente dieron cuenta del daño profundo que sufrieron las chicas: angustia, depresión, trastornos del sueño, ideas suicidas, autolesiones y dificultades alimentarias.

El fallo y las medidas complementarias

A pedido de la Fiscalía, el tribunal ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y remita el perfil genético del condenado al Banco de Datos Genéticos, tal como establece la Ley N°26.879.

El juez Valle, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Rofrano y Báez, subrayó la solidez del relato de la mayor de las hermanas y descartó cualquier tipo de animosidad en su denuncia. “La coherencia discursiva es un indicador clásico de verosimilitud en víctimas de violencia sexual sufrida durante la infancia, especialmente cuando la persona declara en condiciones de resguardo, como ocurrió aquí”, afirmó.

El fallo también hizo hincapié en el miedo y las amenazas que sufría la adolescente, quien temía por la integridad de sus hermanas y solo pudo romper el silencio tras una fuerte discusión con su padre, coincidiendo con lo que suele observarse clínicamente en víctimas de abuso intrafamiliar.

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Bienestar

Muerte súbita: una empresa argentina quiere masificar el acceso al DEA con un modelo de suscripción

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Desarrollaron un nuevo modelo para alquilar desfibriladores automáticos a un precio accesible, pensando en Pymes, oficinas y clubes.

La muerte súbita es la pérdida inesperada de la función cardíaca, respiratoria y cerebral, que ocurre repentinamente en una persona aparentemente sana. Desde que comienza el cuadro, hasta que se desencadena, transcurre alrededor de una hora y de no tratarse rápidamente puede llevar al fallecimiento del paciente. Los especialistas indican que por cada minuto que transcurre se pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir.

En Argentina se producen 40.000 muertes súbitas al año, según las organizaciones cardiológicas, lo que equivale a un caso cada mil habitantes, por lo cual, diferentes organismos internacionales recomiendan y distintas regulaciones locales obligan a los establecimientos concurridos a contar al menos con un desfibrilador automático (DEA). Sin embargo, el elevado costo de equipos, que pueden valer más de 2.000 dólares, los convierte en una inversión que no todas las organizaciones pueden llevar adelante.

Es importante saber RCP debido a que el 70% de las muertes súbitas ocurren fuera de los hospitales. (Foto: Adobe Stock)
Es importante saber RCP debido a que el 70% de las muertes súbitas ocurren fuera de los hospitales. (Foto: Adobe Stock)

Ahora, en una empresa argentina crearon un nuevo modelo de suscripción para dar respuesta a una emergencia invisible: la muerte súbita. Con el fin de brindar una solución a esta problemática, la empresa desarrolló un modelo que le permite a las organizaciones contar con un DEA sin tener que invertir y comprar el equipo, bajo un modelo de suscripción similar al de una plataforma, que incluye capacitación y mantenimiento a un bajo costo mensual.

El RCP y el DEA

El RCP es un procedimiento de emergencia vital que se realiza cuando una persona dejó de respirar o su corazón dejó de latir. Es una combinación de compresiones torácicas y respiración boca a boca para mantener la circulación de sangre oxigenada hasta que se pueda restablecer la respiración y los latidos cardíacos.

Por su parte, el DEA es un dispositivo médico que analiza el ritmo cardíaco y, si es necesario, administra una descarga eléctrica para intentar restablecer un latido normal. Los DEA son fáciles de usar y están diseñados para que cualquier persona, sin ningún tipo de formación médica, pueda aplicarlo en situaciones de emergencia.

Se puede prevenir la muerte súbita, pero no se puede evitar. (Foto: Adobe Stock).
Se puede prevenir la muerte súbita, pero no se puede evitar. (Foto: Adobe Stock).

Marcelo Filiberti, Secretario de la Red Nacional de RCP y Prevención de Muerte Súbita de la Federación Argentina de Cardiología destaca: “El 70% de las muertes súbitas son fuera del ámbito hospitalario. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree y deberíamos estar todos preparados para asistir a un paciente, tanto con maniobras de RCP como con el uso de una herramienta fundamental como es el DEA”.

Una herramienta tan esencial para salvar vidas
Una herramienta tan esencial para salvar vidas

Para los especialistas, implementar ambas medidas puede ser vital dado que la combinación de RCP inmediata y desfibrilación temprana puede elevar las tasas de recuperación hasta un 70%. En el caso del DEA, tanto entidades de salud como estatales promueven tener al menos una unidad de este dispositivo en lugares concurridos.

La obligación de que haya un DEA en ciertos lugares

Dentro del marco legal nacional, el Decreto 402/2022 del Ministerio de Salud de la Nación obliga a que en lugares de concurrencia masiva haya al menos un DEA accesible y personal capacitado en RCP. La Ley Nacional 27.159 de promoción y capacitación en RCP y DEA promueve políticas similares. A pesar de esto, los especialistas notan una falta de fiscalización en algunos lugares y confusión normativa entre provincias y municipios.

“Contar con un DEA en espacios donde se suele acumular un número grande de personas, como oficinas, Pymes, clubes, establecimientos educativos, deportivos y culturales, puede ser determinante. Al mismo tiempo, su eficacia depende de actuar en una ventana crítica de 10 minutos, por lo que los dispositivos deben estar en un lugar accesible. Con este servicio, buscamos facilitar y economizar el acceso a una herramienta tan esencial para salvar vidas”, afirma Javier Fernández Cronenbold, cofundador de Jotatec.

Asimismo, añadió: “En los últimos años aumentaron considerablemente las consultas por parte de diferentes organismos para capacitar a su personal con cursos de RCP y adquirir un DEA. Creemos que en 10 años tener un DEA en las casas particulares va a ser tan común como tener otros dispositivos de emergencia, como alarmas y matafuegos”.

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