El expresidente Alberto Fernández se presentó ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa de los Seguros. Además de negar haber participado de hechos ilícitos, pidió su sobreseimiento.
Fernández está imputado por administración fraudulenta y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.
“Alberto Fernández ha ofrecido pruebas en esta nueva audiencia. Ha pedido que citen a declarar a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y también a Miguel Pesce. No está claro en el cúmulo de pruebas que tiene el juez Casanello el número de pruebas”, afirmó la abogada del expresidente, Marina Barbita. “Hay que investigar y estamos dispuestos a acompañar esa investigación. El haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional”, aseguró.
En la misma línea, la defensora de Fernández manifestó: “Sabíamos y lo denunciamos, que Ercolini no era imparcial. Había una relación académica previa sino también una denuncia previa de Fernández al juez por Lago Escondido. Ahora, Ercolini ha sido muy respetuoso”.
Más tarde se difundió un comunicado en el que se remarcó: “El Dr. Fernández creyó necesario hablar ante el nuevo Magistrado y reafirmar con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado”.
Y agregaron: “La imputación que recae en contra del ex Presidente no es clara, precisa, ni circunstanciada, pero además, el supuesto accionar ilícito consistiría en la firma del Decreto Nro. 823/2021, que lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal”.
Además, el texto sentenció: “El Dr. Alberto Fernández no participó jamás de ninguna maniobra tendiente a perjudicar el patrimonio estatal, todo lo contrario, buscó protegerlo. Por ello, esperamos una resolución de la justicia que sea independiente de presiones externas”.
Respecto de los vínculos con otros imputados, el expresidente reconoció que conoce desde hace años al broker Héctor Martínez Sosa, pero aseguró que “nunca lo benefició desde su rol como presidente”. Aclaró que su relación era “profesional y anterior a su gestión”, y que Martínez Sosa ya trabajaba con el Estado “mucho antes de su mandato”.
Fernández también respondió a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que analiza su evolución patrimonial. Afirmó que los datos incluidos en ese documento no presentan ninguna irregularidad, y que tanto sus ingresos como sus bienes son acordes con su trayectoria pública y profesional.
La causa en la que se investiga a Alberto Fernández
La acusación se basa en un decreto firmado por Fernández, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.
Durante su presidencia, Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.
La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.
A fines de abril, Casanello dispuso levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez y le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado de su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
La hipótesis que investiga la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa.
También se investiga un posible direccionamiento de los contratos, en lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Al inicio de la causa, el juez Julián Ercolini interrogó a todos los implicados, pero hasta la fecha no hubo una decisión de Casanello, quien quedó a cargo de la causa a comienzos de año. Ahora, citó a Fernández para este viernes.
Meses atrás, la Justicia recibió un informe clave elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El documento en cuestión tiene 600 páginas y según pudo saber TN “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso. Una de las personas que incluye el informe es el mencionado Rodríguez, y a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente.
En el informe también se analiza al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada.
