La denunciaron por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Sostienen que es parte de un dispositivo de persecución política. La jueza le dio domiciliaria a Alesia
El kirchnerismo denunció a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura y buscará avanzar con un juicio político debido a las detenciones “arbitrarias” de un grupo de militantes acusados de tirar caca en la casa de José Luis Espert.
Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron este viernes una denuncia por mal desempeño contra Arroyo Salgado, que mantuvo detenida en el penal de Ezeiza más de una semana a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar. Además, desde el martes están presos los militantes Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
En la denuncia sostienen que la jueza “ha procedido a diferentes allanamientos, detenciones y decretos de incomunicación de los detenidos sin proporción ni justificación en los hechos investigados o la calificación legal dada por la misma magistrada”. Recalde y Siley denuncian la “desproporción” de Arroyo Salgado: “el hecho descripto no puede ser más que una contravención”.
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Los consejeros kirchneristas sostienen que las acciones de la jueza “constituyen un abuso de autoridad, un accionar arbitrario e ilegal que configuran una forma de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo”.
“Se denuncia el avasallamiento, mediante la función pública constitucional que detenta, de libertades individuales como la libre expresión de ideas y de protesta y el pleno ejercicio de los derechos políticos y la violación de garantías constitucionales como el derecho de defensa de las detenidas”, continúa la denuncia.
Los legisladores nacionales sostienen que las medidas de la jueza son “actos de amedrentamiento y disciplinamiento” contra opositores al gobierno de Milei. “El Poder Judicial de la Nación no puede ser el brazo armado del partido en el gobierno”, advierten.
Domiciliaria a Alesia
Tras la denuncia en el Consejo de la Magistratura, Arroyo Salgado le concedió la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, que estaba presa desde hace más de una semana en la cárcel de Ezeiza. La funcionaria bonaerense, que deberá utilizar tobillera electrónica, había justificado el pedido de domiciliaria por una enfermedad autoinmune muy grave que padece.
Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.
La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.
Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.
Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.
En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.
Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.
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Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.
En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.
Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.
Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.
Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.
LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
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Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.
En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.
El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan
Siete años después, los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.
“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.
La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri
La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.
Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.