Desde Catamarca, el diputado chaqueño por Primero Chaco, Juan Carlos Ayala, participó de un nuevo encuentro de las comisiones del Norte Grande en el Congreso y volvió a reclamar por la falta de políticas para la región.

>En radio Independencia, criticó el cierre de organismos como el INTI, INTA y Vialidad Nacional, y denunció el abandono de rutas y economías regionales. Sin embargo, destacó la visita de embajadores de Chile y la firma de convenios para usar puertos del norte chileno como una alternativa para exportar productos del norte argentino. “Es fundamental para que nuestras economías no sigan dependiendo del puerto de Buenos Aires”, señaló.

>Ayala aseguró que el Gobierno nacional busca desactivar el Norte Grande al ignorar los reclamos del bloque regional. “Pareciera que quieren invisibilizar al Norte. Pero los gobernadores se dan cuenta de que desde acá estamos planteando lo que ellos también necesitan”, afirmó. Reconoció que, aunque los avances son lentos, hubo logros puntuales como la reactivación de obras viales en Chaco. A la vez, llamó a construir propuestas concretas pensando en 2027. “Este modelo ya no da para más”, sostuvo.

>Consultado sobre su futuro político, Ayala no descartó una candidatura nacional pero aclaró que no es su prioridad. “Yo hago lo que la gente me pide. No necesito un cargo para seguir trabajando como lo vengo haciendo hace 55 años”, expresó. En ese sentido, se mostró comprometido con un proyecto de unidad del peronismo para “ponerle límites a este gobierno” y sostuvo que el actual presidente Javier Milei y su representante en Chaco, Leandro Zdero, “ya cumplieron un ciclo”.

ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco envió una carta documento a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas intimándola a que “cese de manera inmediata en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno provincial” o sus políticas ambientales y que en 48 horas presente pruebas sobre sus afirmaciones públicas.

En respuesta a la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) sobre desmontes ilegales en la provincia conocida como la causa por “La Mafia del Desmonte”, el gobierno del Chaco decidió contraatacar amenazando con una mordaza legal para los denunciantes.

Según informó el portal Agro Perfiles el ministro de Producción, Oscar Dudik, envió una carta documento a la AAdeAA exigiendo, en un plazo de 48 horas, que retiren todas las acusaciones contra el gobierno y presenten pruebas técnicas que respalden sus afirmaciones. En el texto, advierten con acciones legales —civiles, penales y administrativas— si no cumplen con el requerimiento.

“Lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas”, señala la carta documento dirigida a la AAdeAA, que preside el abogado Enrique Viale, querellante en la causa por la “Mafia del Desmonte”.

Uno de los puntos más graves de la intimación exige a los ambientalistas “ratificar y probar” sus denuncias sobre “poderosos intereses económicos-gubernamentales” que habrían presionado a la jueza federal Zunilda Niremperger para que se declare incompetente en causas ambientales. El gobierno chaqueño amenaza con demandar por “daños a la imagen institucional” si no aportan evidencias.

En la misiva, el gobierno niega toda responsabilidad y tilda las denuncias de “discursos extremistas” y “narrativas carentes de rigor técnico”, asegurando que sus políticas son “sustentables y respetuosas de la ley”. Sin embargo, organizaciones ambientales insisten en que el avance de los desmontes ilegales sigue siendo una realidad alarmante en la provincia, con complicidad estatal.

Actualmente, la causa por la “Mafia del Desmonte” se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revise la apelación de la Fiscalía Federal de Resistencia y de la querella de la AAdeAA contra la resolución de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que declaró la incompetencia del fuero federal.

Mientras el gobierno chaqueño intenta judicializar la protesta ambiental, las dudas persisten: ¿Qué busca ocultar con estas intimidaciones?

REvista Litigio

LA CARTA

Mi nombre es Daniel Vera, soy jubilado docente y trabajador de la Obra Social Para La Actividad Docente (OSPLAD), preso desde el 2 de julio de 2025, detenido con prisión domiciliaria desde el 11 de julio, por publicar en la red social Facebook, con el perfil de Elpidio Sanchez, mi repudio por el genocidio y los crímenes de guerra que está padeciendo el pueblo de Palestina en la Palestina ocupada y visibilizar a algunos de los responsables de nuestro gobierno y sus operadores y locutores mediáticos, que están llevando adelante un plan de entrega del país por medio del endeudamiento y la represión.

Escribo esto para explicar la situación que me toca vivir en el marco de la instauración de un sistema represivo, necesario para la puesta en marcha del plan de saqueo que lleva adelante el gobierno, sistema represivo que a finales del año pasado creó una brigada de ciberpatrullaje, de la Policía de la Ciudad (CABA), para realizar rastrillaje de redes sociales, infiltración en correos electrónicos, chats y otras posibilidades del universo virtual, y en febrero de este año sacó el decreto que legitima tal práctica.

En febrero de este año dicha brigada comenzó a investigar un grupo de Facebook llamado “Por Palestina”, grupo en el que yo realicé publicaciones a favor de la causa del pueblo palestino; a partir de esa investigación la brigada toma nota de mis publicaciones y enfoca su accionar en mi perfil de Facebook: Elpidio Sánchez; en el que yo realicé publicaciones de orden político, económico y social que ponen en evidencia la política de hambre y entrega que se está llevando a cabo.

La cronología de los hechos es la siguiente: El miércoles 2 de julio al mediodía comenzó el operativo de la brigada de ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad (CABA), ordenado por el Juzgado Federal a cargo del juez Lijo, con el allanamiento de mi domicilio, que duró hasta la noche, para luego ser detenido en la Comisaría 3ª de la Policía del Chaco.

El jueves 3 de julio el operativo continúa con el allanamiento de las oficinas de mi lugar de trabajo, OSPLAD; el viernes 4, al mediodía, se realiza la audiencia de indagatoria y en horas de la tarde el juez Lijo ordena la prisión preventiva y el traslado a una cárcel federal de la provincia del Chaco.

Luego de rechazar la apelación para recuperar la libertad, el viernes 18 el juez dictó mi procesamiento por coacción con el agravante de incitación al odio en contra de una minoría; para finalizar el martes 22 de julio con el rechazo de la segunda apelación, y última posibilidad, para obtener mi libertad, por lo que voy a continuar preso hasta el día del juicio.

Hago este relato al cumplirse un mes de mi detención, para poner en claro lo que está ocurriendo con mi situación y para corregir, en algo, la tergiversación que realizaron los operadores mediáticos al presentarme, y encuadrarme, como el “enemigo” que el poder está construyendo y para dar las gracias a todos los que han expresado su apoyo, solidaridad y afecto, tanto a mi como para a mi familia: Conocidos y desconocidos, organizaciones y tantos compañeros que dijeron “presente”.

Una mención muy especial al Comité contra la Tortura que desde el primer momento acompañó y presentó dos habeas corpus para reclamar por las condiciones de mi detención y evitar mi traslado a la cárcel.

Daniel Vera