El Congreso entró en receso: los recintos se cerraron hasta agosto. Solo habrá alguna reunión informativa en comisiones de Diputados controladas por la oposición, para mantener vigente cierto reclamos y proyectos. El oficialismo no quiere nuevas derrotas después de los seis iniciativas aprobadas al hilo en el Senado el 10 de julio, con el respaldo de la mayoría de Unión por la Patria. Y aun en pausa legislativa se mantienen las expectativas por los posibles vetos presidenciales.
En ese sentido, las estrategias se mantienen en ambos sectores. Los libertarios aguardan los vetos que prometió Milei a las leyes que otorgan un aumento a las jubilaciones y un incremento del bono, además de la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
La Casa Rosada, y de forma articulada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en la construcción de mayorías para conseguir blindar las determinaciones que finalmente adopte Milei. Para eso necesitan lograr el tercio del Cuerpo (unos 86 legisladores). Ya lo lograron en 2024, cuando los 87 “héroes” -tal como los calificó el Presidente en su momento- confirmaron los vetos a las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario.
Sobre la sanción de las leyes, la Constitución Nacional manifiesta, en su artículo 83: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley”.
Allí está la disputa política en el Congreso. Las miradas están instaladas en Diputados, que fue la Cámara de origen de los proyectos que, ya convertidos en ley, serían vetados. Unión por la Patria (de Germán Martínez), Democracia para Siempre (Pablo Juliano), Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), Coalición Cívica (Juan Manuel López) y el Frente de Izquierda, coordinan una postura en común contra las decisiones del Ejecutivo.
Pero además, están en consideración iniciativas que ya lograron las firmas de los dictámenes de mayoría, como los financiamientos a las universidades y al Hospital Garrahan; en agosto podrían aterrizar en el recinto de la Diputados. Lo mismo sucede con la revisión del Senado de los proyectos vinculados con los gobernadores y que buscan cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y en el reparto de los ATN.
Los mandatarios provinciales jugaron un papel importante en la sanción del Senado. No solo compartieron reuniones por Zoom con los legisladores de todas las fuerzas, sino que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se unificaron en el reclamo ante el Gobierno Nacional. Además, marcaron una distancia con la Casa Rosada. En los últimos días el ministro de Gabinete, Guillermo Francos, intentó reabrir el dialogo entre las partes.
Los legisladores están pendientes de esta negociación política. En varias ocasiones, la apertura de las sesiones o la falta de quórum para las mismas están vinculadas con las decisiones de los mandatarios provinciales. Su injerencia en el Congreso cruza a la mayoría de los bloques parlamentarios, tanto en Diputados como en el Senado. Con la sola excepción del Frente de Izquierda y de la Coalición Cívica.
La emergencia en Vialidad Nacional
Los senadores nacionales peronistas del bloque Convicción Federal buscan proteger a la Dirección Nacional de Vialidad frente a las amenazas del Gobierno sobre su eventual fusión, disolución, privatización o cambio a su estructura que perjudique a los trabajadores. Además, quieren declarar por dos años la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años. Proponen declarar a Vialidad Nacional como “ente público de carácter estratégico”.
“El objetivo es cuidar las vidas que transitan por las rutas, evitar que el transporte de nuestros productos circule en riesgo y garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la Red Vial Nacional, que quedaron canceladas desde diciembre de 2023, mitigando el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional”, señaló Carolina Moisés.
Además, la iniciativa amplía el presupuesto de Vialidad Nacional, plantea alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto de Javier Milei 70/2023 para evitar su transformación como Sociedad Anónima.
