Mundo
El gobierno de Pedro Sánchez se acerca a China y da más control tecnológico al régimen de Xi Jinping
Pese a las advertencias de potencias occidentales, España ha adjudicado contratos a empresas tecnológicas chinas, cuestionadas por su participación en la campaña de represión y control sobre la población uigur en la región de Xinjiang
Mientras crecen las advertencias internacionales por el uso de tecnología china en infraestructuras críticas, el Gobierno español ha decidido mantener su vínculo con empresas del gigante asiático señaladas por comprometer la seguridad nacional. La adjudicación de contratos a firmas como Hikvision o Huawei se interpreta en sectores diplomáticos como un gesto de acercamiento estratégico hacia el régimen chino, una dirección que ha encendido alarmas en Washington.
En el centro de la polémica se encuentra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de instalar decenas de cámaras de videovigilancia de la firma Hikvision, una compañía china vetada por EEUU, el Parlamento Europeo, el Reino Unido y Australia, entre otros países. El sistema de monitoreo opera en instalaciones clave como el complejo de La Moncloa -sede de la Presidencia- y otros organismos del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y Hacienda.
Según reveló el medio EL ESPAÑOL, más de 40 cámaras de Hikvision -empresa con sede en Hangzhou y vinculada al aparato de inteligencia de Beijing- vigilan el perímetro presidencial. Los sistemas permiten identificar digitalmente rostros en espacios públicos y cuentan con capacidad de seguimiento en tiempo real, una tecnología que, según el Parlamento británico, puede ser utilizada por China para fines de espionaje.
El Departamento de Seguridad de Presidencia formalizó en 2022 una licitación por 118.580 euros para actualizar el sistema CCTV de Moncloa con tecnología de Hikvision. La justificación del contrato fue la necesidad de reemplazar cámaras analógicas y ampliar la red IP, aunque sin mención alguna a los reparos internacionales sobre la empresa proveedora.

Desde hace años, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han advertido sobre el uso de equipos chinos en infraestructuras occidentales. En 2019, la Casa Blanca incluyó a Hikvision en su lista negra y tres años después vetó su importación por presentar “un riesgo inaceptable de seguridad nacional”.
Hikvision se ha consolidado como uno de los mayores fabricantes mundiales de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia. Su expansión internacional ha sido objeto de creciente escrutinio debido a su presunta implicación en violaciones de derechos humanos en China. Diversos gobiernos han cuestionado su participación en la campaña de represión y control sobre la población uigur en la región de Xinjiang, donde se ha denunciado el uso de tecnologías de vigilancia avanzada para facilitar detenciones masivas y el monitoreo sistemático de grupos minoritarios musulmanes.
El Parlamento Europeo ordenó en 2021 retirar las cámaras de sus edificios por este motivo. Australia también ha prohibido su uso en instalaciones gubernamentales. Dinamarca anunció el año pasado que sustituirá las cámaras de Hikvision por otros dispositivos de seguridad después de que la Dirección de Carreteras invirtiera unos cinco millones de coronas en 2022 en 170 de estos aparatos.
El gobierno de Canadá, por su parte, suspendió el 28 de junio de 2025 todas las operaciones de la filial nacional de Hikvision por representar “un riesgo inaceptable para la seguridad nacional”, según la ministra de Innovación, Ciencia e Industria, Melanie Joly, tras una revisión realizada por agencias de inteligencia canadienses.

En este contexto, la inquietud por la dependencia tecnológica de China se ha visto incrementada tras la reciente denuncia en el Senado de EEUU, donde se solicitó revisar el contrato suscrito por España con Huawei para la interceptación de escuchas policiales. Según una carta remitida por el Comité de Inteligencia estadounidense a la jefa de Inteligencia de la Casa Blanca, “la adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China”.
“En esencia, Huawei y el PCC podrían tener acceso por la puerta trasera al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN, lo que les permitiría vigilar las investigaciones españolas sobre espías del PCC e innumerables actividades de inteligencia de otro tipo”, advierte la misiva.
El Ministerio del Interior español adjudicó a Huawei un contrato por 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar las intervenciones telefónicas autorizadas por jueces y fiscales, enmarcado en los procesos centralizados de contratación pública del periodo 2021–2025. El acuerdo contempla la incorporación de sistemas OceanStor 6800 V5, servidores de alta gama de Huawei, para custodiar grabaciones judiciales del sistema SITEL (de interceptación legal).
La situación ha generado preocupación dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde fuentes consultadas expresaron a EL ESPAÑOL su “profunda desconfianza” ante el creciente uso de equipamiento chino. “Se antepone el negocio a la seguridad del Estado”, sostuvo un alto funcionario de los servicios de inteligencia, quien subrayó que “China representa un riesgo para los intereses occidentales”.
El malestar se propaga también entre los aliados transatlánticos de España. A los ojos de Washington, Madrid está “jugando con fuego” al facilitar la entrada de empresas chinas en sectores estratégicos. Las advertencias no solo apuntan a riesgos de ciberseguridad, sino a la posibilidad de que información confidencial sea compartida con los servicios de inteligencia de Beijing.
En defensa de sus acciones, tanto el Gobierno chino como las empresas involucradas han negado rotundamente cualquier intención de espionaje, calificando las acusaciones como “infundadas”.
Mundo
Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.

¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.

Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
Mundo
Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
Mundo
Santiago Peña anunció que Standard & Poor’s mejoró la calificación de Paraguay
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.

La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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