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Economia

La Justicia revirtió un fallo de sobreseimiento y los dueños de Grido irán a juicio oral por asociación ilícita fiscal

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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de un juicio oral contra los propietarios de Helacor, la empresa cordobesa que opera la cadena de heladerías Grido, considerada la red de franquicias más grande del país. La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces de la Sala IV, quienes revocaron el sobreseimiento dictado en 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba.

Con esta resolución, Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago deberán enfrentar un juicio por presunta asociación ilícita fiscal. La acusación recae sobre los empresarios de manera personal y no involucra directamente a la compañía. Según la investigación, los hechos se habrían desarrollado entre los años 2007 y 2012.

De acuerdo a la acusación, los empresarios habrían formado una organización orientada a cometer maniobras tributarias para maximizar beneficios económicos. Se apunta a un esquema que habría alcanzado distintos niveles del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados e insumos. También estarían involucradas las franquicias.

Grido forma parte de HelacorGrido forma parte de Helacor

Su modo de operar logró “evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado ”operaciones W”, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa”, según había precisado la AFIP en el momento del operativo en mayo de 2012, que incluyó más de 18 allanamientos.

“El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos“, indicaba el organismo tributario.

Y añadió: “Luego, transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban sólo el 10% del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto“.

“Para llevar a cabo esta maniobra de evasión, fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron alentados por el descuento del 10% que realizaba la empresa por las ‘compras W’“, explicaron en aquel entonces.

El Tribunal Federal Oral 2 (TFO2) de Córdoba había considerado que las conductas denunciadas quedaban comprendidas dentro del régimen de blanqueo, pero esa interpretación fue rechazada por la Cámara.

En 2013, los empresarios adhirieron al blanqueo previsto por la ley 26.860 y suscribieron Certificados de Depósito para Inversión (Cedin) por un monto de USD 2.000.000 en concepto de “estimación de ventas omitidas”. Luego intentaron que los beneficios del régimen alcanzaran también la figura de asociación ilícita fiscal.

Ante ese escenario, ofrecieron una reparación del daño calculada en $240 millones, a ser destinados a entidades de bien público. Al mismo tiempo, sus representantes legales solicitaron la aplicación retroactiva del régimen de regularización impositiva sancionado en 2024 y su decreto reglamentario (608/24), que prevé la extinción de la acción penal para imputados por delitos tributarios comunes.

Sobre Grido

Grido, la principal cadena de heladerías de Argentina, construyó en dos décadas una red de casi 2.000 locales en Sudamérica a partir de un modelo de negocios basado en franquicias de bajo costo, producción industrial en gran escala y precios populares.

Controlada por la familia Santiago a través de Helacor S.A., la compañía produce más de 75 millones de kilos de helado por año y ya supera a otras marcas globales en volumen de ventas.

La empresa nació en Córdoba en 2000 y el primer local se instaló en el barrio de Ferreyra. A partir de 2010, Grido comenzó su expansión regional. Hoy opera también en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, y en 2023 inició pruebas piloto en Brasil y China.

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Economia

La Cámara de Comercio criticó las multas en la ley de dólares bajo el colchón: “Son excesivas”

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Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.

La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.

El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.

La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.

La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA - Daniel Vides)
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)

Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.

“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto

El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

El objetivo central es simplificar los procesos impositivosbajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.

En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)

La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.

Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.

Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

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El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas

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El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.

El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.

“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.

En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.

Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados, los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).

El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.

La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

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La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.

 

 

La inflación de noviembre fue de 2,5% acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.

El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.

Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
  • Transporte: 3%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.
  • Comunicación: 2,7%.
  • Bienes y servicios varios: 2,5%.
  • Restaurantes y hoteles: 2,5%.
  • Recreación y cultura: 2,4%.
  • Salud: 2,4%.
  • Educación: 2,2%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.
  • Equipamiento del hogar: 1,1%.
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

 

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