El Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco envió una carta documento a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas intimándola a que “cese de manera inmediata en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno provincial” o sus políticas ambientales y que en 48 horas presente pruebas sobre sus afirmaciones públicas.

En respuesta a la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) sobre desmontes ilegales en la provincia conocida como la causa por “La Mafia del Desmonte”, el gobierno del Chaco decidió contraatacar amenazando con una mordaza legal para los denunciantes.

Según informó el portal Agro Perfiles el ministro de Producción, Oscar Dudik, envió una carta documento a la AAdeAA exigiendo, en un plazo de 48 horas, que retiren todas las acusaciones contra el gobierno y presenten pruebas técnicas que respalden sus afirmaciones. En el texto, advierten con acciones legales —civiles, penales y administrativas— si no cumplen con el requerimiento.

“Lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas”, señala la carta documento dirigida a la AAdeAA, que preside el abogado Enrique Viale, querellante en la causa por la “Mafia del Desmonte”.

Uno de los puntos más graves de la intimación exige a los ambientalistas “ratificar y probar” sus denuncias sobre “poderosos intereses económicos-gubernamentales” que habrían presionado a la jueza federal Zunilda Niremperger para que se declare incompetente en causas ambientales. El gobierno chaqueño amenaza con demandar por “daños a la imagen institucional” si no aportan evidencias.

En la misiva, el gobierno niega toda responsabilidad y tilda las denuncias de “discursos extremistas” y “narrativas carentes de rigor técnico”, asegurando que sus políticas son “sustentables y respetuosas de la ley”. Sin embargo, organizaciones ambientales insisten en que el avance de los desmontes ilegales sigue siendo una realidad alarmante en la provincia, con complicidad estatal.

Actualmente, la causa por la “Mafia del Desmonte” se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revise la apelación de la Fiscalía Federal de Resistencia y de la querella de la AAdeAA contra la resolución de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que declaró la incompetencia del fuero federal.

Mientras el gobierno chaqueño intenta judicializar la protesta ambiental, las dudas persisten: ¿Qué busca ocultar con estas intimidaciones?

REvista Litigio