La movilización del próximo 18 de diciembre —el “12D sindical” que la CGT prepara como la primera gran pulseada callejera contra la reforma laboral del Gobierno— acaba de sumar un actor de peso histórico: Las 62 Organizaciones Peronistas, que anunciaron que marcharán junto a la central obrera y que ese mismo día presentarán un proyecto alternativo de reforma laboral, elaborado junto a laboralistas y especialistas del mundo sindical.

📝El comunicado, firmado por su Secretario General, José Ibarra, advierte que la iniciativa oficial impulsada por el Ejecutivo “pretende retroceder un siglo de conquistas laborales”, y llama a los trabajadores a movilizarse en defensa de sus derechos. Con esta adhesión, la jornada del 18D toma aún más volumen político y gremial, reforzando la capacidad de movilización del movimiento obrero organizado.

▶ Una señal fuerte en la previa: acompañamiento pleno a la CGT

‼ La incorporación de Las 62 Organizaciones Peronistas a la marcha es leída en el mundo sindical como un gesto de contundencia. La organización, histórica columna vertebral del peronismo gremial, mantiene presencia territorial y fuerza estructural en sectores clave como transporte, industria, comercio y servicios.

🗣 En el texto oficial, Las 62 expresan su “plena adhesión a la convocatoria de la CGT” y remarcan que estarán en la calle “junto al pueblo trabajador, defendiendo la dignidad y la memoria de nuestras conquistas frente al intento de retroceso laboral”.

▶ Un proyecto alternativo propio: la respuesta sindical frente al Congreso

💬 Uno de los puntos centrales del anuncio es que Las 62 darán a conocer un proyecto alternativo propio el mismo día de la movilización. Según indicaron, se trata de un documento desarrollado por laboralistas y técnicos vinculados al sindicalismo, con el objetivo de que “la voz de los trabajadores esté presente en cada instancia legislativa”.

En el Chaco hay escenas que no deberían existir en una democracia. Y, sin embargo, se repiten —cada vez con menos pudor— como si fueran parte del paisaje. Dos abogadas del fuero provincial fueron al Servicio Penitenciario Provincial a entrevistar a sus asistidos. No iban “a ver qué pasaba”. Iban con autorización judicial expresa, con una orden vigente y debidamente notificada. Aun así, las dejaron más de una hora y media a la intemperie, bajo el sol, sin permitirles el ingreso. La entrevista no se concretó.

No es un episodio menor. No es “una demora”. No es “un malentendido”. Es un método: humillar para disciplinar.

Porque cuando el Estado frena una entrevista autorizada, lo que está haciendo no es “poner orden”: está enviando un mensaje. Y el mensaje es simple, brutal y peligrosísimo: la defensa entra cuando nosotros queremos; la orden judicial vale si nosotros queremos; los derechos valen si nosotros queremos.

La trampa del “privilegio”
Cada vez que un abogado reclama condiciones mínimas de trabajo en un contexto de privación de libertad, aparece el coro previsible: “¿Qué privilegio reclaman?”.

Hay que decirlo con claridad: no es privilegio. Es garantía. Es una garantía para el desempeño profesional, y, por esa vía, una garantía para el ciudadano, para el imputado, para la víctima y para el propio sistema de justicia.

Nuestra ley procesal provincial reconoce que en el ejercicio profesional los abogados deben ser tratados con el respeto y consideración que se guarda a los magistrados. No para elevarnos a un pedestal, sino para impedir lo que está pasando: que el operador de turno, el funcionario de guardia o la lógica del castigo social decidan cuándo la defensa puede ejercer y cuándo no.

Si el abogado defensor puede ser humillado, demorado, hostigado o “castigado” por insistir en una orden judicial, entonces el derecho de defensa se transforma en un decorado. Se mantiene la forma —para la foto—, pero se vacía el contenido.

Y cuando la defensa es decorativa, la democracia también.

La defensa penal no es un enemigo
En paralelo al destrato institucional, crece un clima social que no es espontáneo. Se alimenta. Se produce. Se reproduce. En redes sociales se denosta a la defensa penal como si fuese una actividad vergonzante. Se confunde deliberadamente al defensor con el defendido. Y algunos discursos —incluso mediáticos— deslizan o afirman que quien defiende “encubre”.

Eso no es ignorancia: es una operación cultural que debilita el Estado de Derecho.

El defensor penal no está para “caer simpático”. Está para hacer lo que muchas veces nadie quiere escuchar: que el Estado debe probar, que debe investigar con reglas, que no puede “arreglar” con atajos, que la detención no puede ser un castigo anticipado, que la dignidad humana no se suspende por una imputación.

Defender no es justificar.
Defender es exigir legalidad.
Defender es poner límites.
Defender es recordar que el poder punitivo también debe rendir cuentas.

Cuando se instala la idea de que el abogado defensor es un “encubridor”, lo que se busca es otra cosa: habilitar el hostigamiento. Volver aceptable que se lo persiga, se lo amenace, se lo escupa simbólicamente hasta que un día el escupitajo sea literal. Y en causas de alta exposición —como lo vimos en el caso Sena— ese linchamiento mediático y material ya estuvo demasiado cerca de convertirse en tragedia.

No es exageración. Es experiencia.

El espectáculo de la vulnerabilidad

A este clima se suma algo todavía más degradante: la circulación de imágenes de personas detenidas —y, en particular, de un colega abogado— exhibidas en estado de vulnerabilidad, tratadas como objeto de consumo público. Como si la humillación fuese entretenimiento. Como si el dolor ajeno fuese un contenido más.

Esa lógica de zoológico humano no es “información”. Es castigo. Es escarmiento. Es pedagogía del miedo.

Y lo más grave: el escarmiento siempre necesita un nuevo cuerpo. Hoy es uno. Mañana es otro. Pasado, cualquiera.

“Hoy van contra ellos”.

La pregunta que duele
Hoy se señala a ciertos nombres, se los usa como símbolo de la época, se los expone, se los estigmatiza: Osuna, Gabriela Tomljenovic, Olga Mongeloz, Galassi. No importa aquí qué opinión tenga cada quien sobre cada caso. El punto es otro, y es institucional: si aceptamos que se castigue a la defensa por trabajar, mañana no habrá defensa posible para nadie.

¿De verdad vamos a naturalizar la “prisión por trabajar”?
¿Vamos a tolerar que un abogado sea tratado como sospechoso por ejercer su tarea?
¿Vamos a permitir que las órdenes judiciales se cumplan según el humor de un mostrador?

La democracia no se rompe de golpe: se desgasta. Se “acostumbra”. Se vuelve indiferente. Y un día, cuando alguien necesite que la ley lo proteja, descubre que la ley ya no está: quedó convertida en trámite, en papel, en relato.

Lo que juramos

Nos formamos durante años para defender derechos. Años de facultad, de estudio, de práctica, de errores y aprendizaje. Y el día de la matrícula, juramos algo que no es una frase decorativa: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Yo no lucho por una bandera corporativa.

Lucho, todos los días, por la calidad democrática y por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos sin importar su condición. Lucho porque sé —como sabemos tantos— lo fácil que es perder el piso institucional cuando la sociedad aplaude el castigo y el Estado se acostumbra a no rendir cuentas.

Y por eso lo digo con toda la fuerza que exige este tiempo: no quiero que esto se vuelva costumbre en mi provincia.

Unidad, sí. Silencio, no.

La abogacía tiene que estar más unida que nunca. No para encubrir nada. Para defender lo elemental: que el ejercicio profesional no sea un deporte de riesgo; que el acceso a la defensa no dependa de humillaciones; que el respeto no sea un premio; que el derecho no sea un favor.

Unidad para decir basta cuando se obstaculiza una entrevista autorizada.
Unidad para repudiar el show de la vulnerabilidad humana.
Unidad para explicar —una y mil veces— que la defensa penal no es el problema: es una de las últimas barreras contra el abuso.

Porque lo que hoy se presenta como “mano dura” contra la defensa, mañana será mano dura contra cualquiera que incomode: periodistas, docentes, militantes, familias, ciudadanos comunes. La arbitrariedad no tiene ideología cuando se vuelve costumbre; solo tiene hambre.

Un límite civilizatorio

En un Estado de Derecho hay algo que no se negocia: la dignidad. La del detenido y la del defensor. La del imputado y la de la víctima. La del que cae bien y la del que cae mal. Si la dignidad se convierte en un bien selectivo, entonces ya no hablamos de justicia: hablamos de revancha.

El Chaco no necesita más escarnio. Necesita instituciones que funcionen, órdenes judiciales que se cumplan, y un sistema penal que no sea un teatro de castigo público.

Si hoy humillan para disciplinar, la respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta debe ser un límite.

Porque cuando la defensa cae, cae con ella una palabra que todavía nos sostiene: República.

Por Celeste Segovia
*La autora es Abogada –Escribana- Magister en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia-Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas -Resistencia, Chaco.

Se trata de Soledad Bonilla, quién se desempeñó durante 10 años como contratada en el Ministerio de Salud del Chaco. Además, es concejala de la localidad de Hermoso Campo por el partido Frente Grande.

El partido Frente Grande del Chaco denunció que el despido de una trabajadora del Ministerio de Salud provincial, quién a su vez se desempeñaba como concejala en la localidad de Hermoso Campo, se dio en el marco de un acto de “persecución política” iniciada a partir de la asunción del gobierno de Leandro Zdero.

El partido reveló que Bonilla es trabajadora de Salud Pública en Hermoso Campo. Se desempeñaba como enfermera en el Hospital Arsenio Zeno. Desde hace 10 años es contratada del Ministerio de Salud y se desempeña “con aplicación y compromiso con su pueblo y su zona de influencia”.

En las PASO 2023, Bonilla integró las listas del Frente Grande en Hermoso Campo compitiendo dentro del Frente Chaqueño. Ingresó por la minoría en las listas y fue electa Concejala acompañando al actual Intendente.

Tras la asunción de Zdero, Bonilla fue objeto de múltiples persecuciones, entre ellas el traslado a una zona alejada de Hermoso Campo, que la ponía en problemas para criar a sus hijos y desempeñarse como Concejala.

“Soledad no se rindió a la persecución, aunque ambos ingresos no le permiten superar una canasta básica. Se mantuvo en su trabajo, se desempeñó como Concejala y sus ideas en alto”, destacaron desde el Frente Grande.

“Sin embargo, -advirtieron-, el gobierno provincial, como su líder nacional Milei, no soporta las diferencias y cree que es dueño del Estado. Por eso la despidió. Repudiamos a Zdero y su gobierno de persecución. Nos solidarizamos con Soledad Bonilla y exigimos su reincorporación”.