Continúan los coletazos tras los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast (PR), quien el martes pasado aseguró en un seminario que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”. El republicano sostuvo que están “haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado”, asunto que no cayó nada bien en su mismo sector y el oficialismo, desde donde arreciaron las críticas.

Este miércoles, desde el Gobierno de Gabriel Boric cuestionaron al postulante que disputa palmo a palmo la carrera presidencial que finaliza en noviembre próximo junto a la carta oficialista, Jeannette Jara (PC).

En entrevista con CNN Chile, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “no nos sorprende que José Antonio Kast desprecie la labor del Congreso, porque estuvo 16 años siendo diputado sin hacer nada muy relevante para el país”.

“Si uno ve la acción concreta que ha tenido su bancada republicana en el Congreso, es que se ha opuesto sistemáticamente a reformas tan importantes como las 40 horas o el salario mínimo, el aumento de la PGU. O sea, cosas que son relevantes para la ciudadanía (…) Si fuera por la bancada republicana, no tendríamos ninguna de esas cosas siendo realidad hoy día”, dijo taxativa.

En la misma línea, Vallejos sostuvo que “una cosa es el Parlamento como institución, y otra cosa son las personas que van a hacer de la labor parlamentaria algo irrelevante para las personas“.

“16 años con dieta parlamentaria, con recursos de todos los chilenos (…) financió su presencia en el Parlamento sin muchas acciones relevantes, y hoy día, la bancada de diputados con las cuales muchas veces lo hemos llamado al diálogo, a los republicanos, para avanzar en cosas relevantes para el país, ellos se han opuesto y han rechazado estas reformas sistemáticamente”, complementó la autoridad.

“Entonces, no es sorpresivo, porque uno hace la acción parlamentaria irrelevante cuando, o no trabajas estando en el Parlamento, o rechazas todo, o tratas de obstaculizar todo“, indicó Vallejos, quien rubricó sus dichos señalando que las palabras de Kast dejan meridianamente claro “cuál es su forma de hacer política“.

Kast apareció en una foto junto al líder de una banda que robaba cobre y tuvo que salir a dar explicaciones.

No ha sido una buena semana para el líder republicano, quien este miércoles desestimó una invitación de la comisión constituida en el Congreso para investigar el ingente robo de cables en el país. Ello, luego de que Kast apareciera en una foto junto a Francisco San Martín, líder de una banda de ladrones dedicada precisamente a dichos menesteres, con tentáculos en varias regiones del país.

El lunes pasado, Kast señaló en entrevista con Radio Bío Bío que no conocía a San Martín y que “cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes, y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”, se defendió

Tocante a la invitación a la comisión, hecha por el diputado Daniel Manouchehri (PS), la carta presidencial dela “nueva derecha” chilena aclaró que una cosa es “ser citado y la otra ser invitado, y cuando corresponda, les presentaremos todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando en esa ‘comisión investigadora’ que tiene más bien, a mi juicio, un fin político”, remató.

El Ejecutivo solicitó al máximo tribunal diferir la sesión prevista para analizar la demanda de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el sector público

El Gobierno solicitó a la Corte Constitucional (CC) aplazar la audiencia telemática prevista para el 18 de agosto de 2025, en la que se analizaría la acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye reformas a la Ley de Servicio Público. La petición fue presentada por el secretario general jurídico de la Presidencia, Stalin Andino González, quien pidió diferir la sesión hasta que se cumpla el plazo de quince días para contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso 52-25-IN, notificadas a la Presidencia el pasado 8 de agosto.

El Ejecutivo argumenta que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen ese plazo para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso. En este sentido, pidió que la Corte respete la normativa y conceda el tiempo íntegro antes de la audiencia. La solicitud también fue respaldada por la Asamblea Nacional, que emitió un comunicado exhortando a la CC a cumplir la ley y denunciando que, en este caso, el término se redujo a siete días y, en otras demandas relacionadas, a solo tres, frente a los quince que marca la legislación.

El congreso advirtió que esta reducción limita la posibilidad de elaborar una respuesta técnica y jurídicamente sólida, y compromete el respeto al debido proceso. Señaló que presentará su propia solicitud de diferimiento para que la audiencia no se realice hasta que se agoten los plazos legales. Además, pidió que se amplíen los términos para contestar las causas 78-25-IN y 84-25-IN, también vinculadas a demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

El caso 52-25-IN se originó en una demanda presentada por el partido Unidad Popular, que cuestiona varios aspectos de la normativa, entre ellos, reformas que afectan la estabilidad laboral en el sector público, la conversión de cooperativas en bancos y una disposición que permitió el perdón de impuestos a la Corporación Noboa, de la familia del presidente.

La Ley Orgánica de Integridad Pública es una de las tres normas impulsadas por el presidente Daniel Noboa cuya aplicación fue parcialmente suspendida por la CC el 4 de agosto, mientras se resuelven las demandas. Entre sus disposiciones figura la evaluación semestral de más de 400.000 servidores públicos, un punto que ha generado debate sobre su implementación y efectos.

La controversia se produce en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, evidenciada en la marcha convocada por el presidente el 12 de agosto contra el tribunal. Organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han advertido que este tipo de actos y discursos pueden poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de los jueces.

El pronunciamiento de la CIDH sobre las tensiones en Ecuador.

La mañana del 14 de agosto, en entrevista con Ecuavisa, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó preocupación por la confrontación pública entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Advirtió que los jueces deben poder ejercer sus funciones sin presiones ni represalias y recordó que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos.

Romero enfatizó que las acciones y discursos que puedan interpretarse como intentos de influir o desacreditar a los magistrados afectan la confianza ciudadana en la justicia y pueden vulnerar los estándares internacionales que garantizan el funcionamiento autónomo de los órganos judiciales.

Mientras tanto, las organizaciones demandantes esperan que el proceso se tramite con celeridad y que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de las reformas. Por su parte, el Gobierno insiste en que su petición busca garantizar un proceso justo y el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, en línea con lo que establece la ley.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco (680 kms al sur de Santiago) condenó este miércoles a internación psiquiátrica a Luis Alejandro Huaracán Catrilef, por su responsabilidad en el robo con homicidio de su tía Petronila Huaracán Cayupil (76), brutal hecho ocurrido en mayo de 2023 en la comuna de Puerto Saavedra, región de la Araucanía.

De acuerdo a antecedentes de la causa, el sujeto ingresó a la casa de la adulta mayor mientras ésta se encontraba sola con la intención de robarle su pensión. Huaracán la acuchilló en el tórax, cercenó sus orejas y finalmente decapitó a la anciana con un cuchillo, huyendo con un escuálido botín de $283 mil pesos (USD 295), la pensión mínima garantizada para los ancianos chilenos más pobres.

El asesino fue detenido por vecinos de la víctima a las pocas horas, luego de que una hija de la señora Petronila divisara por una ventana abierta a Huaracán limpiando sus manos llenas de sangre.

-¿Querí’ que te mate?- le dijo, enarbolando el mismo cuchillo con el que había asesinado a la anciana.

Sin embargo, el informe psiquiátrico elaborado por el Servicio Médico Legal de Temuco reveló que el asesino padece de esquizofrenia desorganizada, declarándolo inimputable ante la ley. Debido a esto, la Fiscalía busca que en la audiencia final en la que se leerá la sentencia, Huaracán quede con la medida cautelar de internación psiquiátrica de por vida.

El asesino huyó con USD 295.

La resolución, firmada por los jueces Wilfred Ziehelmann, Jorge González y el presidente de la sala, Roberto Herrera, fue leída por éste último:

“Procede, respecto al requerido Luis Huracán Catrilef, la aplicación de una medida de seguridad de aquellas señaladas en el artículo 457 del Código Procesal Penal”, indicó.

Dicho artículo obliga a la justicia a internar a un enajenado mental en un centro psiquiátrico para su tratamiento y custodia, quien de ninguna manera podrá cumplir su sentencia en un recinto penal ordinario.

Así las cosas, el tribunal fijó para el próximo 22 de agosto a las 13:00 horas la audiencia de lectura de sentencia, día en que se conocerá si el imputado pasará el resto de su vida internado en un recinto de salud mental, tal como busca el Ministerio Público.

El juicio se llevó a cabo de manera telemática.

El informe elaborado por la psiquiatra del SML arrojó que Huaracán se veía “desorientado en tiempo y espacio”, con un “pensamiento disgregado, ideas delirantes y un juicio crítico alterado”.

He aquí el cuestionario aplicado por la especialista, según reza un reportaje de BBCL Investiga:

-¿Qué piensa de la señora que falleció?

-Murió no más…

-¿Y qué piensa del hecho de haber sido usted el causante?

-Que ya partió no más. Ta’ bien… si es muerte… murió muerta.

-¿Y cómo está el hecho de que haya fallecido ella?

-Ah… sí. Yo creo que bien… pa’ que no sufriera… digo yo… estaba enferma.

-¿Ella le dijo que estaba enferma?

-No.

-¿Y cómo supo usted que ella estaba enferma?

-Se ve en el carácter.

-¿Cómo se ve eso?

-Pasaba rabia todos los días… era rabiosa parece igual.

-¿Qué le dijo usted a la hija de la señora?

-Hazte a un lado… si no te voy a matar, le dije… jeje…

-¿Y por qué le dijo eso?

-De loco no más.