La fabricación local de biosimilares y fármacos de alta complejidad permite reducir gastos en salud y en importaciones. Un informe estima que los ahorros acumulados ya superan los USD 10.000 millones

La industria farmacéutica argentina ha logrado en los últimos años un crecimiento sostenido en la producción de medicamentos biosimilares y de alta complejidad. Estos fármacos, que antes estaban dominados por un único proveedor internacional, hoy cuentan con alternativas nacionales que favorecen la competencia y permiten reducir los precios. Según un estudio elaborado por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), este proceso genera un ahorro anual de USD 1.700 millones para el sistema de salud argentino.

El informe detalla que “la producción nacional de biosimilares ha introducido competencia en mercados que históricamente fueron monopólicos”. Esto, aseguran, derivó en una baja significativa de precios y, como consecuencia, en una mayor accesibilidad para pacientes y prestadores de salud. “La industria farmacéutica argentina ha ampliado de manera sostenida su oferta de medicamentos biosimilares y de alta complejidad, lo que ha favorecido una mayor competencia y una reducción de precios en mercados que anteriormente estaban dominados por un único proveedor” señala el documento.

Los principales medicamentos que marcaron esta transformación son rituximab, bevacizumab, semaglutida, pembrolizumab, enzalutamida, la denominada triple terapia y nusinersen. Todos ellos corresponden a tratamientos de alto impacto presupuestario, ya sea por su costo elevado o por su incidencia en patologías críticas como cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2 o atrofia muscular espinal.

El trabajo de Cilfa estima que los ahorros acumulados por la fabricación local de estos medicamentos ascienden a USD 10.287 millones hasta la fecha. Además, si se proyecta la evolución del mercado en los próximos cinco años, esa cifra podría incrementarse en otros USD 10.444 millones.

De este modo, los ahorros totales superarán los USD 20.000 millones en poco más de una década, considerando los montos ya alcanzados y los que se esperan en el futuro. En el mismo sentido, el estudio calcula que los ahorros anuales podrían pasar de USD 1.700 millones actuales a USD 2.089 millones por año en el próximo lustro.

Además del alivio para los presupuestos de obras sociales, prepagas y hospitales, la producción local de medicamentos complejos genera un impacto directo en la balanza comercial. Al sustituir importaciones, se evita la salida de divisas.

Los informes calculan que la fabricación nacional de biosimilares reduce la necesidad de importar medicamentos por un equivalente a USD 615 millones anuales. Esa cifra, según las proyecciones, podría escalar hasta USD 863 millones por año en los próximos cinco años. “En términos acumulados, el ahorro de divisas ya suma USD 3.245 millones y podría alcanzar USD 5.180 millones adicionales en el mediano plazo”, indica el informe.

De acuerdo con Cilfa, el desarrollo de esta capacidad industrial coloca a la Argentina en un grupo reducido de países con know-how científico e infraestructura suficiente para producir medicamentos biológicos. “Gracias a la producción nacional de biosimilares y medicamentos de alta complejidad, hoy hay más competencia, más opciones terapéuticas y precios más accesibles para obras sociales, prepagas, hospitales y pacientes”, resalta el informe.

Actualmente, la industria farmacéutica local cuenta con 354 laboratorios y 234 plantas industriales —186 de capitales nacionales y 48 de origen extranjero— que generan más de 43.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Además, los medicamentos producidos en el país llegan a 116 destinos internacionales, lo que en 2024 representó exportaciones por USD 1.100 millones, de los cuales USD 139 millones correspondieron a biosimilares.

Entre los casos más significativos destacados por Cilfa, se encuentra el rituximab, que según los cálculos de la entidad, generó un ahorro acumulado de USD 2.169 millones en nueve años y podría aportar otros USD 1.398 millones en los próximos cinco. Algo similar ocurre con el bevacizumab, que en una década significó ahorros por USD 6.086 millones y se proyecta que alcance otros USD 3.531 millones a futuro.

Un ejemplo reciente es el de la semaglutida, utilizada en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que en apenas once meses ya aportó un ahorro de USD 193 millones y podría representar hasta USD 1.218 millones adicionales en el próximo lustro. Por su parte, el pembrolizumab, empleado en terapias contra distintos tipos de cáncer, generó USD 195 millones de ahorro en tan solo ocho meses y se estima que llegará a los USD 1.699 millones en cinco años.

Estos datos reflejan cómo la producción local de medicamentos de alta complejidad tiene un impacto inmediato y creciente, tanto en el financiamiento del sistema de salud como en la posibilidad de ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos que de otro modo serían inaccesibles.

Luego de varias jornadas de protesta, los gremialistas y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos, quienes suspendieron el paro escalonado que afectaba a miles de pasajeros y generaba incertidumbre sobre los vuelos de los próximos días.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, sellaron un entendimiento paritario en la noche del miércoles. Como consecuencia, las medidas de fuerza, que incluían una huelga anunciada para el próximo sábado, quedaron suspendidas.

Según un comunicado de EANA, “tras las negociaciones, se alcanzó un acuerdo salarial dentro de la pauta oficial. De este modo, queda asegurada la normalidad de todas las operaciones aéreas y la plena continuidad de la prestación de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos de todo el país”.

El incremento salarial, que se distribuirá en tramos sobre las remuneraciones habituales, normales y permanentes vigentes al 31 de mayo de 2025, se implementará de la siguiente manera:

• 1,3% a partir del 1 de junio
• 1,3% a partir del 1 de julio
• 1,3% a partir del 1 de agosto
• 1,2% más el 4% a partir del 1 de septiembre de 2025 (sobre remuneraciones al 31 de agosto de 2025)
• 1,1% más 3% a partir del 1 de octubre de 2025 (sobre remuneraciones al 30 de septiembre de 2025)
• 1,1% a partir del 1 de noviembre de 2025 (sobre remuneraciones al 31 de octubre de 2025)

Desde la administración de Javier Milei afirmaron: “El gremio aceptó la oferta original del Gobierno. No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”.

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó el acuerdo. La cartera encabezada por Sandra Pettovello subrayó que “las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando así la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”. Además, destacaron la voluntad de diálogo y la responsabilidad para alcanzar una solución que preserve la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico.

El martes, cerca de 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas resultaron afectados, con un costo estimado por la compañía de bandera entre 1,5 y 2 millones de dólares. Las complicaciones ocurrieron entre las 7 y las 10 y volvieron entre las 14 y las 17. Aerolíneas Argentinas precisó, en un comunicado difundido por Aviación en Argentina, que de 295 vuelos programados se vieron afectados 178: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 reprogramados.

El domingo, la cifra de viajeros afectados aumentó a 19.000 en las principales aerolíneas del país, con un fuerte impacto en vuelos de cabotaje.

Desde Aerolíneas Argentinas lamentaron los inconvenientes y ratificaron el compromiso de la compañía con un servicio seguro, puntual y de calidad.

Este jueves, el gremio de controladores aéreos suspendió la protesta que había anunciado, tras la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una nueva reunión de conciliación con EANA. La decisión se tomó luego de tres jornadas de interrupciones en el servicio aéreo, que obligaron a cancelar y reprogramar decenas de vuelos.

Atepsa comunicó el “amplio apoyo” de los trabajadores en los 54 aeropuertos del país y remarcó la importancia estratégica de los servicios de navegación aérea para la conectividad nacional.

Fuentes oficiales detallaron que la empresa había ofrecido previamente una actualización salarial del 15%, rechazada por el gremio, que sostuvo que tal cifra no se formalizó en acta ni prosperó ninguna propuesta sin condiciones.

Las medidas de fuerza restringieron únicamente despegues de aeronaves y autorizaciones en tierra, sin recepción ni transmisión de planes de vuelo durante los horarios afectados.

El cronograma de paro incluía:

• Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22
• Domingo 24 de agosto: mismos horarios
• Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17
• Jueves 28 de agosto: de 13 a 16
• Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Tras las tres primeras jornadas de protesta, que provocaron los principales trastornos y suspensiones, las dos últimas fechas quedaron sin efecto tras el acuerdo alcanzado.

La provincia entró en cesación de pagos en febrero de 2024 e inició un proceso de reestructuración de los pasivos con sus acreedores, pero la negociación aún no se resolvió

La Rioja, la única provincia que tiene su deuda bajo estado de cesación de pagos, anunció que tampoco pagará un vencimiento de sus bonos este lunes y así extenderá su default. La provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela inició negociaciones con sus acreedores hace un año y medio para reestructurar esos pasivos pero aún no llegó a una resolución.

En una nota enviada al mercado, el gobierno riojano anticipó que no pagará el vencimiento de deuda que tiene fecha para este lunes. Se trata del Bono Verde emitido en 2017. Este bono tiene como destino la financiación de la Parque Eólico Arauco y su vencimiento está fijado para 2028.

La emisión de estos bonos, que originalmente tenía un vencimiento en 2027, fue reestructurada en 2021 tras la situación de cesación de pagos en la que cayó la provincia en 2020. El Bono Verde tiene un rendimiento anual del 8,5% y un valor total de 318,4 millones de dólares. Este incumplimiento marca un nuevo capítulo dentro de la prolongada crisis financiera de La Rioja.

La situación económica de la provincia de La Rioja ha sido descrita por sus autoridades como parte de un escenario de “desafíos económicos sin precedentes”, lo que ha sido utilizado para justificar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de deuda. La inflación elevada, la devaluación del peso y el ajuste fiscal que comenzó a finales de 2023 bajo la administración de Javier Milei han tenido un impacto directo en las finanzas provinciales.

A raíz de estos problemas económicos, La Rioja se convirtió en la única provincia del país en entrar en default de sus obligaciones financieras con acreedores internacionales. A pesar de las especulaciones de que otras provincias podrían enfrentar situaciones similares debido a los recortes en las transferencias de fondos por parte de la Nación, La Rioja se mantiene como la única en mora.

A pesar de que las conversaciones con los tenedores de bonos nunca se cortaron, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades provinciales han reiterado su intención de lograr una reestructuración favorable, que contemple una baja en los intereses y una reprogramación de los plazos de pago. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo complejas y no se vislumbra un acuerdo cercano.

En 2024, la provincia fue demandada en los tribunales de Nueva York por los tenedores de bonos, quienes reclamaron el cumplimiento de los pagos de intereses y capital. En agosto de 2024, los acreedores demandaron un juicio sumario en el Distrito Sur de Nueva York.

El caso de La Rioja fue particularmente polémico, dado que la provincia utilizó la mayoría de los ingresos provenientes de los bonos verdes para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco, a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A. Posteriormente, La Rioja vendió el 100% de una de sus subsidiarias, Vientos de Arauco Renovables, a Pampa Energía S.A. por 171 millones de dólares. A pesar de este ingreso, la provincia no cumplió con el pago de sus obligaciones, lo que generó el rechazo de los bonistas. A raíz de estos incumplimientos, en septiembre de 2024, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que obligó a La Rioja a pagar a los bonistas casi 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Un grupo de provincias exigirá a las reservas del Banco Central hasta USD 1.000 millones en lo que resta del año, la mayor parte antes de las elecciones legislativas, para afrontar pagos de deuda. Se trata de compras que las provincias realizan en el mercado único cambios, por lo que tendrían impacto eventual en el precio del tipo de cambio. Aunque a lo largo del año no se acumulan grandes vencimientos, marzo y septiembre son los momentos con exigencia más alta.

Hasta fin de año restan pagar por parte de las provincias USD 1.020 millones. La provincia de Buenos Aires necesitará pagar un tercio de ese total el 1° de septiembre próximo, por casi USD 380 millones. Hasta las elecciones legislativas de octubre serán cerca de USD 670 millones de presión a las reservas y al valor del tipo de cambio flotante.