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Cuba registra un incremento sin precedentes del crimen mientras el régimen concentra sus recursos en la represión de la disidencia
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana también alerta sobre la expansión del tráfico de drogas en la isla y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos
La filtración reciente de cuentas millonarias pertenecientes a GAESA en paraísos fiscales ha arrojado luz sobre cómo la élite gobernante en Cuba resguarda sus privilegios mientras descuida demandas sociales fundamentales y utiliza a los cuerpos policiales y de seguridad como instrumento principal de control represivo. En ese contexto, la ciudadanía experimenta una sensación de inseguridad agravada, atrapada no solo entre el crecimiento de la delincuencia común, sino también frente a la presión constante de un Estado represor.
Un aumento sin precedentes de la criminalidad en Cuba ha sido documentado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que reportó 1.319 delitos entre enero y junio de 2025. Esta cifra, la más alta desde que existen registros independientes, representa un crecimiento del 378% en solo dos años y contradice las declaraciones oficiales que insisten en una supuesta reducción del crimen. Mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmaba a finales de julio que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados”, los datos recopilados por el OCAC muestran una realidad mucho más alarmante.
El informe del OCAC, publicado en agosto de 2025, se basa en la recopilación, verificación y sistematización de denuncias y reportes de crímenes difundidos en redes sociales y medios de comunicación estatales e independientes. La metodología empleada recurre a la triangulación de fuentes para minimizar errores y descartar casos no confirmados. Sin embargo, el propio observatorio advierte que la opacidad de las estadísticas oficiales y la falta de acceso a información completa generan un subregistro: las cifras presentadas solo reflejan la parte visible de un fenómeno mucho más amplio.
El análisis estadístico revela que, durante el primer semestre de este año se reportaron en promedio más de siete delitos diarios en Cuba. El desglose mensual muestra picos en marzo (276 incidentes) y abril (254), con una distribución que supera ampliamente los registros de años anteriores: de 276 delitos reportados en el primer semestre de 2023, se pasó a 432 en 2024 y a 1.319 en 2025. Este salto histórico, atribuido por el OCAC a una combinación de factores sociales y económicos, marca un récord absoluto en la serie monitoreada.
En cuanto a la tipología de los delitos, el informe detalla una diversificación significativa. El robo se mantiene como el delito más frecuente, con 721 casos en el semestre, seguido por 63 asesinatos, 61 asaltos, 38 agresiones, 198 incidentes vinculados al tráfico o consumo de drogas —categoría que se incorpora por primera vez debido a su creciente incidencia— y 238 hechos clasificados como “otros delitos”, entre los que figuran vandalismo, portación ilegal de armas y ventas ilícitas. El OCAC subraya que la emergencia del tráfico de drogas como fenómeno en expansión y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos constituyen señales de alerta sobre la evolución del panorama criminal en la isla.
Diversificación delictiva: tráfico de drogas y violencia armada
El análisis por tipologías arroja datos preocupantes. Los asesinatos, con un promedio de más de diez por mes, afectaron principalmente a La Habana (14 casos), Santiago de Cuba (8), Camagüey y Ciego de Ávila (7 cada una). Entre las víctimas se cuentan 36 hombres, 24 mujeres, 3 menores y 6 ancianos, lo que evidencia el impacto transversal de la violencia. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) denunció que 16 de las 24 mujeres asesinadas en el semestre fueron víctimas de feminicidio. En seis asesinatos se emplearon armas de fuego, lo que confirma la disponibilidad de armamento letal en la comisión de delitos graves.
El robo, con 721 reportes, se concentra en provincias como Matanzas (143 casos), Las Tunas (101) y Santiago de Cuba (94). De estos, 193 estuvieron relacionados con el hurto y sacrificio de ganado, 266 afectaron a propiedad privada y 140 a propiedad estatal. El OCAC destaca que la crisis alimentaria y la escasez de productos básicos han convertido el robo de ganado en un motor directo de la actividad delictiva. En la comisión de robos participaron 886 personas, en su mayoría hombres, y en tres casos se utilizaron armas de fuego.
Los asaltos y agresiones sumaron 61 y 38 casos respectivamente, con una incidencia notable en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Las víctimas de estos delitos incluyen a menores y ancianos, lo que, según el OCAC, refleja la ausencia de barreras éticas entre los agresores. En cuatro asaltos y varias agresiones se emplearon armas de fuego, lo que eleva el potencial de daño y la gravedad de estos hechos.
Por primera vez, el tráfico de drogas aparece como una categoría independiente, con 198 reportes en el semestre. La Habana concentra más de la mitad de los casos (109), seguida de Las Tunas (18) y Camagüey (15). El OCAC advierte que este fenómeno, antes marginal, se consolida como un problema en expansión, especialmente en zonas urbanas, y podría dar lugar a redes criminales más complejas.
La categoría de “otros delitos”, con 238 incidentes, agrupa hechos como vandalismo, tenencia ilegal de armas y ventas ilícitas. Un dato relevante es que 22 de estos delitos implicaron el uso o la presencia de armas de fuego, en un país donde la adquisición legal de este tipo de armamento por parte de civiles está prohibida. Si se suman los casos de otras tipologías, el total de delitos con armas de fuego asciende a 35 en el semestre, lo que, según el OCAC, confirma la expansión de la circulación de armamento letal en la sociedad cubana.
Perfil de víctimas, perpetradores y factores socioeconómicos
El perfil de los involucrados en la criminalidad cubana durante el primer semestre de 2025 muestra que 1.588 personas participaron en la comisión de delitos, de las cuales 1.435 eran hombres y 57 mujeres. Predominaron los delitos cometidos de manera individual (821 casos), aunque en 402 participaron dos o más personas, lo que apunta tanto a acciones impulsivas como a la existencia de redes delictivas. Las víctimas sumaron 146 hombres, 106 mujeres, 24 menores y 26 ancianos, lo que confirma el impacto transversal de la criminalidad. En cuanto a los bienes afectados, 266 delitos se dirigieron contra propiedad privada, 140 contra propiedad estatal y 193 contra ganado, reforzando la idea de que la crisis económica y la escasez de alimentos son factores determinantes en la dinámica delictiva.
El OCAC atribuye el deterioro de la seguridad pública en Cuba a una combinación de factores socioeconómicos y a la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior (MININT) y la realidad criminal del país. Según el informe, lejos de priorizar el enfrentamiento al delito común, el MININT concentra sus recursos en la represión de la disidencia política y la vigilancia de la ciudadanía crítica, relegando la seguridad pública a un segundo plano. El OCAC sostiene que esta orientación explica el crecimiento y la diversificación de la criminalidad, a pesar de la propaganda oficial sobre supuestas “ofensivas contra el delito”.
El informe también señala que la subordinación del aparato de seguridad al control político y a los intereses económicos de la élite gobernante, en particular del conglomerado empresarial GAESA, convierte al MININT en un instrumento de poder más que en garante de la tranquilidad pública. La reciente filtración de cuentas millonarias de GAESA en paraísos fiscales, mencionada en el documento, ilustra cómo la élite preserva sus privilegios mientras desatiende las necesidades básicas de la población y utiliza a las fuerzas de seguridad como brazo represivo.
En sus conclusiones, el OCAC subraya que el deterioro de la seguridad pública es consecuencia directa de esta lógica: mientras se destinan recursos a controlar protestas y sofocar la disidencia, la delincuencia común se expande sin freno. Los datos del observatorio desmienten las declaraciones oficiales sobre una supuesta reducción del crimen y dibujan un panorama de creciente inseguridad ciudadana, marcado por la diversificación de tipologías, el aumento de la violencia armada y la profundización de factores socioeconómicos que alimentan la actividad delictiva.
En este escenario, la población cubana enfrenta una doble amenaza: la inseguridad generada por la delincuencia y la que proviene del propio aparato represivo del Estado, quedando atrapada entre dos frentes que condicionan su vida cotidiana y su libertad.
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Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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