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Economia

Deuda: La Rioja anunció que no pagará otro vencimiento de sus bonos y extiende el default de su deuda

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La provincia entró en cesación de pagos en febrero de 2024 e inició un proceso de reestructuración de los pasivos con sus acreedores, pero la negociación aún no se resolvió

La Rioja, la única provincia que tiene su deuda bajo estado de cesación de pagos, anunció que tampoco pagará un vencimiento de sus bonos este lunes y así extenderá su default. La provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela inició negociaciones con sus acreedores hace un año y medio para reestructurar esos pasivos pero aún no llegó a una resolución.

En una nota enviada al mercado, el gobierno riojano anticipó que no pagará el vencimiento de deuda que tiene fecha para este lunes. Se trata del Bono Verde emitido en 2017. Este bono tiene como destino la financiación de la Parque Eólico Arauco y su vencimiento está fijado para 2028.

La emisión de estos bonos, que originalmente tenía un vencimiento en 2027, fue reestructurada en 2021 tras la situación de cesación de pagos en la que cayó la provincia en 2020. El Bono Verde tiene un rendimiento anual del 8,5% y un valor total de 318,4 millones de dólares. Este incumplimiento marca un nuevo capítulo dentro de la prolongada crisis financiera de La Rioja.

Única provincia en default

La situación económica de la provincia de La Rioja ha sido descrita por sus autoridades como parte de un escenario de “desafíos económicos sin precedentes”, lo que ha sido utilizado para justificar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de deuda. La inflación elevada, la devaluación del peso y el ajuste fiscal que comenzó a finales de 2023 bajo la administración de Javier Milei han tenido un impacto directo en las finanzas provinciales.

A raíz de estos problemas económicos, La Rioja se convirtió en la única provincia del país en entrar en default de sus obligaciones financieras con acreedores internacionales. A pesar de las especulaciones de que otras provincias podrían enfrentar situaciones similares debido a los recortes en las transferencias de fondos por parte de la Nación, La Rioja se mantiene como la única en mora.

La Rioja Aviso Impago de Deuda by Mariano Boettner

A pesar de que las conversaciones con los tenedores de bonos nunca se cortaron, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades provinciales han reiterado su intención de lograr una reestructuración favorable, que contemple una baja en los intereses y una reprogramación de los plazos de pago. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo complejas y no se vislumbra un acuerdo cercano.

En 2024, la provincia fue demandada en los tribunales de Nueva York por los tenedores de bonos, quienes reclamaron el cumplimiento de los pagos de intereses y capital. En agosto de 2024, los acreedores demandaron un juicio sumario en el Distrito Sur de Nueva York.

Lo que el viento se llevó

El caso de La Rioja fue particularmente polémico, dado que la provincia utilizó la mayoría de los ingresos provenientes de los bonos verdes para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco, a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A. Posteriormente, La Rioja vendió el 100% de una de sus subsidiarias, Vientos de Arauco Renovables, a Pampa Energía S.A. por 171 millones de dólares. A pesar de este ingreso, la provincia no cumplió con el pago de sus obligaciones, lo que generó el rechazo de los bonistas. A raíz de estos incumplimientos, en septiembre de 2024, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que obligó a La Rioja a pagar a los bonistas casi 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Un grupo de provincias exigirá a las reservas del Banco Central hasta USD 1.000 millones en lo que resta del año, la mayor parte antes de las elecciones legislativas, para afrontar pagos de deuda. Se trata de compras que las provincias realizan en el mercado único cambios, por lo que tendrían impacto eventual en el precio del tipo de cambio. Aunque a lo largo del año no se acumulan grandes vencimientos, marzo y septiembre son los momentos con exigencia más alta.

Hasta fin de año restan pagar por parte de las provincias USD 1.020 millones. La provincia de Buenos Aires necesitará pagar un tercio de ese total el 1° de septiembre próximo, por casi USD 380 millones. Hasta las elecciones legislativas de octubre serán cerca de USD 670 millones de presión a las reservas y al valor del tipo de cambio flotante.

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La Cámara de Comercio criticó las multas en la ley de dólares bajo el colchón: “Son excesivas”

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Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.

La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.

El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.

La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.

La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA - Daniel Vides)
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)

Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.

“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto

El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

El objetivo central es simplificar los procesos impositivosbajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.

En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)

La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.

Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.

Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

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El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas

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El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.

El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.

“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.

En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.

Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados, los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).

El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.

La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

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La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.

 

 

La inflación de noviembre fue de 2,5% acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.

El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.

Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
  • Transporte: 3%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.
  • Comunicación: 2,7%.
  • Bienes y servicios varios: 2,5%.
  • Restaurantes y hoteles: 2,5%.
  • Recreación y cultura: 2,4%.
  • Salud: 2,4%.
  • Educación: 2,2%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.
  • Equipamiento del hogar: 1,1%.
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

 

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