Mundo
Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara
Los arrestos se produjeron después de que vecinos salieran a las calles gritando consignas contra el dictador Díaz-Canel mientras los cortes alcanzan las 20 horas diarias
Cuba enfrenta un nuevo ciclo de descontento social, esta vez en la ciudad oriental de Gibara, donde las fuerzas de seguridad del régimen castrista detuvieron al menos a siete personas tras una protesta espontánea contra los prolongados apagones que azotan a la isla.
Los arrestos, denunciados por vecinos y documentados por el portal independiente 14ymedio, reflejan el creciente hartazgo ciudadano frente a la crisis energética y la respuesta represiva de la dictadura cubana.
Los detenidos habrían sido trasladados a la estación local, aunque sus paraderos exactos siguen sin aclararse.
Las manifestaciones se produjeron el sábado por la noche. Decenas de habitantes salieron a la calle con gritos como “Pongan la corriente, pinga” y “Díaz-Canel, singao”. Otros coreaban “El pueblo unido jamás será vencido”, consignas que evocan las masivas protestas del 11 de julio de 2021, reprimidas con cientos de encarcelamientos.
Protestas en Gibara, Cuba, por los apagones
Un residente en Holguín, que pidió anonimato por temor a represalias, dijo al medio independiente: “La gente de Gibara solo salió a reclamar sus derechos, pero la Policía los está deteniendo”. Otro testigo agregó que “esto está plagado de policías y agentes de la Seguridad”, pese a rumores de la presencia de fuerzas especiales conocidas como boinas negras.
La reacción oficial contrastó con los reportes ciudadanos. El medio local Gibaravisión aseguró que un “grupo de pobladores… salieron de las viviendas para expresar sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”. El medio afirmó que “todo transcurrió sobre la base de la empatía y el respeto” y que los vecinos “volvieron a sus casas y el ambiente del poblado era tranquilo”.
En Facebook, la secretaria municipal del Partido Comunista, Nayla Marieta Leyva Rodríguez, intentó reforzar ese discurso: “Confiemos en la tremenda Revolución que tenemos, que jamás abandona a sus hijos y guapea en la búsqueda de sus soluciones”. El contraste entre el relato oficial y los testimonios ciudadanos marca un patrón habitual en la gestión del régimen frente a protestas.
Las tensiones se intensificaron después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado 10 de septiembre, que dejó a gran parte del país sin servicio. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del occidente cubano, salió de operaciones de forma “inesperada”, según la dictadura, y aún se investigan las causas.
EFE confirmó que la Unión Eléctrica (UNE) prevé este domingo cortes que afectarán a la mitad del país en el horario de mayor consumo. El déficit estimado supera los 1.700 megavatios frente a una demanda de 3.500. Siete de las 20 unidades térmicas están fuera de servicio y 42 centrales distribuidas permanecen paralizadas por falta de combustible.
Los apagones, que en varias provincias alcanzan hasta 20 horas diarias, golpean la vida cotidiana, la actividad productiva y el frágil tejido social. La Habana llega a registrar cortes de 16 horas, según datos oficiales. La crisis se agrava por la falta de divisas para importar combustible y el deterioro crónico de las plantas termoeléctricas, muchas con más de 40 años de explotación sin inversiones de envergadura.
La dictadura cubana atribuye parte del problema al embargo estadounidense y denuncia una “asfixia energética”. Sin embargo, expertos apuntan a la infrafinanciación estructural del sistema eléctrico, controlado por el Estado desde 1959. Estudios estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su infraestructura, una cifra inalcanzable para una economía que se contrajo 1,1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años, según la CEPAL.
El malestar social por los apagones ha sido catalizador de protestas recurrentes en el último año. En agosto, otro estallido se registró en Cajimaya, también en Holguín, cuando vecinos exigieron agua y alimentos. En aquel episodio la policía detuvo a varios manifestantes, lo que refuerza el patrón represivo.
Analistas advierten que la combinación de apagones masivos, inflación y escasez de bienes básicos está creando un cóctel de inestabilidad política en la isla. Las imágenes de ciudadanos gritando insultos contra el dictador Miguel Díaz-Canel en plena calle muestran un nivel de desafío inusual en un país donde la represión y el miedo han sido por décadas los principales frenos a la protesta pública.
Mundo
Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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