Mundo
La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU
La comunidad internacional repudió las violaciones de derechos humanos documentadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos tras las elecciones de 2024. Argentina, Perú y España denunciaron la detención arbitraria de sus ciudadanos, mientras la OEA recordó que aún no se publiquen las actas electorales
La comunidad internacional expresó este lunes su condena por la situación de derechos humanos en Venezuela y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, en respuesta a un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que documenta represión sistemática tras las elecciones presidenciales de 2024.
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, múltiples países denunciaron las violaciones documentadas en el informe y demandaron acciones concretas del régimen chavista para cesar la persecución política.
Las declaraciones exigen el fin de la represión
La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por los actos de represión mencionados en el informe, especialmente contra quienes disienten. La UE instó a investigar los hechos y a que los responsables rindan cuentas, además de exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos extranjeros, y el cese de las detenciones arbitrarias. También pidió que se retiren las acusaciones contra las organizaciones no gubernamentales.
España se sumó a la evaluación de la UE, señalando que el informe demuestra que la represión se intensificó después de las elecciones de 2024. El país exigió la inmediata e incondicional liberación de todos los detenidos arbitrariamente y reveló que cuenta con 4 detenidos y 16 doble nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela.
Argentina condenó especialmente la práctica de detener arbitrariamente a extranjeros y mantenerlos en aislamiento, situación que calificó como desaparición forzada. El país exigió la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el cese del hostigamiento a ONGs y la cooperación con la misión del Alto Comisionado. En una intervención emotiva, el embajador Carlos Mario Foradori hizo referencia al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido, expresando esperanza de que Venezuela “se contagie de un virus maravilloso, el del respeto a la vida, la democracia y la libertad”.
Chile describió el informe como evidencia de “la reactivación de la represión en Venezuela”, calificando las conclusiones como alarmantes por documentar la represión a la disidencia y oposición. El país instó al Estado venezolano a cesar estas prácticas.
Brasil manifestó que sigue atento a la situación en Venezuela e instó a las autoridades a mejorar la situación de derechos humanos. Expresó preocupaciones por las detenciones de carácter político, aunque también mostró inquietud por las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela “que tienen impacto en los derechos humanos”. Brasil también expresó preocupación por ataques de EEUU a supuestos barcos de narcotraficantes procedentes de Venezuela, que calificó de “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales que, si se confirman, constituirían una grave violación del derecho internacional”.
Paraguay señaló que la situación de derechos humanos en Venezuela se agravó tras las elecciones en 2024. El país reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano.
Perú expresó una vez más su preocupación por el nivel de acoso, encarcelamiento de disidentes, desaparición forzada y hostigamiento de periodistas y disidentes. El país rechazó la detención arbitraria de dos ciudadanos peruanos y exigió a las autoridades respetar sus derechos y brindar información sobre ellos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó que el Consejo Electoral venezolano aún no ha publicado las actas de recuento un año después de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. La OEA señaló que nadie ha rendido cuentas por las 25 ejecuciones reconocidas por el propio Estado relacionadas con las protestas por el resultado electoral, y denunció que las instituciones del Estado están diseñadas como instrumentos para perpetuar al gobierno en el poder.
Los únicos países que intervinieron en defensa de Venezuela fueron aliados geopolíticos del régimen chavista como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue. Cuestionaron la legitimidad de la Misión de Naciones Unidas y condenaron las sanciones internacionales impuestas a la dictadura de Maduro.
La misión de la ONU: “Todas las muertes permanecen en la impunidad”
Las condenas internacionales se basaron en el informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El documento documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, así como represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes.
La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año confirman que sigue ocurriendo “el crimen de persecución por razones políticas”.
Destacó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en definitiva en la comunidad internacional.
En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta “nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024” y establece que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”.
Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
“En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia”, expuso Valiñas.
La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía “no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado”, aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición.
“Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, denunció.
Mundo
Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
Mundo
Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
Detuvieron a un hombre que decía ser vidente y usaba tarántulas, yacarés y serpientes para hacer rituales
Volvimos Cero: Fernando Romero jefe policial admite pérdida de confianza de la justicia federal
Confirmaron tres casos de influenza A (H3N2) en Argentina
CORRUPCION Direccionar una contratación con pago de sobreprecios, la acusación contra Aída Ayala
TERRIBLE DENUNCIA Ricardo Osuna: “Zdero me armó la causa por abigeato y me metió preso”
El gobierno del Chaco solicitó al STJ que rechace los planteos judiciales contra la ley de OTBN
-
NOTICIAS4 días agoOtro femicidio sacude a Chaco: mataron a Érica Cecilia Fernández en Villa Río Negro
-
Politica4 días ago“Somos más de 70 familias que nos quedamos sin trabajo” bronca por clausura municipal de Roy Nikisch
-
Politica3 días agoSÁENZ PEÑA – Grave situación: denuncian falta de personal en el hospital 4 de junio
-
CORRUPCION3 días agoPIMP!!! LA JUEZA QUE CERRO LA VERDULERIA es ucr-libertaria? Y FUE FUNCIONARIA DE AIDA junto al Gobernador Leandro Zdero
-
Politica2 días agoChaco: cinco policías detenidos por robar droga durante un operativo oficial de quema.
-
NOTICIAS2 días agoUn productor murió en la ruta llevando cajas navideñas a empleados
-
Politica2 días agoSe les soltó el patín
-
Politica2 días agoMultitudinaria marcha de la CGT Chaco: “El Gobernador debe elegir si está con los trabajadores o con el ajuste”