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El aumento de activos militares estadounidenses en el Caribe apunta directamente al dictador Nicolás Maduro
El gobierno de Trump afirma que la misión tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas. Pero funcionarios militares y analistas dicen que el verdadero objetivo podría ser expulsar del poder al régimen chavista
Los ataques militares estadounidenses de este mes contra tres embarcaciones que, según funcionarios del gobierno de Donald Trump, traficaban drogas en el mar Caribe, han puesto de relieve la considerable armada naval y la flota aérea de aviones espía que el Pentágono ha enviado a la región en lo que dice ser una misión antinarcóticos y antiterrorismo.
Funcionarios militares, diplomáticos y analistas dicen que uno de los principales objetivos de la fuerza es aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que altos cargos del gobierno de Trump lo califican de líder ilegítimo y lo acusan de dirigir las acciones de bandas criminales y cárteles de la droga.
“No vamos a tener a un cártel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, operando en nuestro propio hemisferio”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Fox News esta semana, y añadió que Maduro había sido imputado en Estados Unidos y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”.
“Hay una recompensa por su captura”, dijo.
El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales
La fuerte presencia militar en el Caribe, que incluye cazas F-35 en Puerto Rico, sugiere que Estados Unidos planea hacer algo más que volar pequeñas embarcaciones, dijeron los analistas. Pero el alcance de la operación sigue sin estar claro.
La fuerza de 4500 miembros que actualmente se encuentra a bordo de ocho buques de guerra es demasiado pequeña para invadir Venezuela o cualquier país que albergue traficantes. Y no está operando en la principal masa de agua para llevar a cabo una gran campaña de interceptación de drogas. Esa sería el océano Pacífico oriental, según los expertos regionales. El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de la propia Venezuela, señalan los expertos.
Los funcionarios del gobierno se niegan a decir cuál podría ser la próxima acción militar estadounidense. Cuando se le preguntó el jueves en el Air Force One, de camino a Washington desde el Reino Unido, si había hablado de un cambio de régimen en Venezuela con Rubio o con alguno de sus líderes militares, el presidente Trump dijo que no.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo recientemente que el gobierno estaba “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.
En una conferencia de prensa celebrada esta semana, Maduro condenó el primer ataque, llevado a cabo contra un barco venezolano el 2 de septiembre, como un “crimen alevoso” y “un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país”.
Dijo que si Estados Unidos creía que los pasajeros del barco eran narcotraficantes, deberían haber sido detenidos. Acusó al gobierno de intentar iniciar una guerra. Poco después de la conferencia de prensa, el ejército estadounidense atacó una segunda embarcación.
Varios militares, diplomáticos y oficiales de inteligencia actuales y anteriores dicen que, aunque la lucha contra las drogas es el pretexto de los recientes ataques estadounidenses, el objetivo real es expulsar a Maduro del poder, de una forma u otra.
Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe
“La enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con una interdicción real de las drogas, representan un exceso operativo”, dijo el almirante James G. Stavridis, ex jefe del Mando Sur del Pentágono.
“Más bien, son una clara señal a Nicolás Maduro de que este gobierno se toma cada vez más en serio la posibilidad de lograr un cambio de régimen o de comportamiento por parte de Caracas”, dijo Stavridis. “Ha vuelto la diplomacia de las cañoneras, y puede que funcione”.
Tanto Rubio como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dicho que el ejército llevaría a cabo más ataques en las próximas semanas como parte de lo que describen como una campaña antinarcóticos y antiterrorismo. El ejército atacó una tercera embarcación el viernes, y causó la muerte de tres personas, dijo Trump.
“Los narcoterroristas son enemigos de Estados Unidos, que traen activamente la muerte a nuestras costas”, dijo Hegseth esta semana en redes sociales tras el segundo ataque, y añadió: “Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y el lugar que elijamos”.
Ese es el tipo de lenguaje que los dirigentes del Pentágono han utilizado durante años en su batalla contra grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico en Medio Oriente, el suroeste de Asia y África.
“Dado el gran número de medios militares estadounidenses que se han desplegado en el Caribe, está claro que el gobierno tiene la intención de continuar dichas operaciones”, dijo el jueves en una audiencia en el Senado el senador Jack Reed de Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados.
El refuerzo militar estadounidense en el Caribe tiene en vilo a la región.
“Hasta ahora, los ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes se están interpretando en la región como disparos de advertencia que presagian la posibilidad de una nueva escalada”, dijo Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group en Bogotá.
A principios de este mes, ese punto álgido parecía inminente, después de que dos cazas venezolanos F-16, armados pero antiguos, sobrevolaron un destructor de misiles guiados de la Armada en la región, en una demostración de fuerza que aumentó las tensiones entre Washington y el gobierno de Maduro.
En respuesta, el Pentágono envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para disuadir más sobrevuelos venezolanos y para estar preparados en caso de que Trump ordene ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.
Trump afirmó el lunes que el barco que el ejército estadounidense destruyó el 15 de septiembre se dirigía a Estados Unidos y lo vinculó a “cárteles del narcotráfico” que, según dijo, suponían una amenaza para el país. El presidente dijo que las personas muertas habían sido “identificadas positivamente”, pero no mencionó ninguna organización concreta con la que pudieran estar relacionadas.
En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump dijo que se había basado en información de inteligencia concluyente para determinar que el barco atacado estaba cargado de drogas. “Somos muy cuidadosos: los militares han estado increíbles”, dijo, y añadió: “Hemos registrado pruebas y evidencias. Sabemos a qué hora salían, cuándo salían, qué llevaban y todas las demás cosas que te gustaría tener”.
“Tenemos pruebas”, dijo. “Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que había, salpicada por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.
Pero la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado no han ofrecido ninguna prueba que respalde las afirmaciones de Trump.
Especialistas jurídicos y congresistas demócratas han tachado de ilegales los ataques estadounidenses.
“La decisión del presidente de utilizar la fuerza militar letal contra civiles basándose en afirmaciones no probadas de que son narcotraficantes es moralmente reprobable y estratégicamente insensata, y acabará dificultando la prevención de la entrada de drogas peligrosas en nuestras comunidades”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
En la Casa Blanca y en el Capitolio está circulando un proyecto de ley que otorgaría a Trump amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que considere “terroristas”, así como contra cualquier país que, según él, los haya albergado o ayudado, como informó anteriormente The New York Times.
Funcionarios del Departamento de Defensa informaron el miércoles a los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre los dos ataques. El representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo que los funcionarios del Pentágono no habían ofrecido pruebas de justificación legal, aparte de la afirmación de Trump de “defensa propia” para los dos ataques, y no habían proporcionado ninguna información sobre la ubicación de los ataques o quién y qué había en los barcos.
Smith también dijo que los funcionarios no habían ofrecido detalles sobre lo que los militares pensaban hacer a continuación. “Si tienen planes, no los comparten”, dijo en una entrevista telefónica.
En julio, Trump firmó una orden aún secreta que ordenaba al Pentágono que empezara a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas criminales y cárteles de la droga latinoamericanos. En agosto, la Marina estadounidense envió una gran cantidad de potencia de fuego al sur del mar Caribe.
Hasta ahora, el ejército ha desplegado en la región ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia P-8 de la Marina y un submarino de ataque. El Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre los objetivos y la ubicación de la fuerza, aparte de la lucha contra los narcotraficantes.
El grupo anfibio conocido como Iwo Jima Amphibious Ready Group —que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4500 marineros— ha estado navegando cerca de Puerto Rico. También lo ha hecho la Unidad Expedicionaria de Marines 22, con 2200 infantes de marina.
El Iwo Jima está equipado con aviones de ataque AV-8B Harrier. Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitaron Puerto Rico la semana pasada para reunirse con los mandos.
Dos destructores de misiles guiados de la Marina —el USS Jason Dunham y el USS Gravely— operan en el sur del Caribe. Ambos buques de guerra se unieron recientemente a la campaña contra las milicias hutíes en el Mar Rojo. Un tercer destructor, el USS Sampson, ahora en el Pacífico oriental, podría unirse pronto, dijo un funcionario de la Armada.
Estos buques de guerra son de la clase Arleigh Burke, equipados con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar guerra antiaérea y antisubmarina, y derribar misiles balísticos.
Además, el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el buque de combate litoral Mineápolis-St. Paul también operan en el Caribe.
Los historiadores militares señalan otras condiciones provocadoras que precedieron a importantes episodios militares estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX.
En diciembre de 1989, el gobierno del presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados estadounidenses para invadir Panamá y detener a su caudillo, Manuel Noriega, quien había sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Noriega fue condenado en 1992 y murió en Ciudad de Panamá en 2017.
© The New York Times 2025.
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Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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