Mundo
Un secuestro, balazos y traiciones: la pesadilla de la joven camarera que ganó 10 millones de dólares en la lotería
Tonda Dickerson recibió un boleto con el número 50 como propina en el bar de Alabama. Esa misma noche, ganó una fortuna. Todo lo que sucedió fue un calvario para la chica
Dentro del Waffle House de Grand Bay, un bar de ruta en Alabama, al sur de Estados Unidos, las luces de neón parpadeaban en un amarillo pálido sobre el mostrador. Era todavía temprano aquel marzo de 1999 cuando Tonda Dickerson —veintisiete años, uniforme gastado, ojeras de mujer que durmió mal— sintió que el timbre sobre la puerta golpeaba de nuevo, anunciando la llegada de otro cliente. Nadie en aquella sala podía adivinar que la rutina de las propinas de billetes gastados de un dólar y los turnos partidos estaba a punto de estallar en una secuencia de fortuna, codicia y violencia.
No había fanfarrias ni atmósfera de revelación. Solo una visita de Edward Seward Patton, cliente habitual del restaurante, que dejó algo más que monedas sobre la mesa: un boleto de la lotería estatal, especie de talismán grotesco que, en unas horas, se convertiría en el objeto más deseado, y después, en la bomba de tiempo que pulverizó una existencia corriente.
El boleto de la discordia
En los pequeños pueblos del sur de Estados Unidos, la familiaridad del Waffle House tiene algo de refugio y de celda. Cada camarera conoce el menú, el precio de las magdalenas y los gestos de sus compañeros. Aquella mañana, Patton decidió que la propina de Dickerson no sería en efectivo ni con palabras amables.
—Toma, te regalo esto. A ver si así hoy tienes un golpe de suerte —dijo, apoyando con desgana el boleto sobre el plato vacío.
Tonda Dickerson no era supersticiosa. Según contaría después, “jamás había jugado a la lotería”, y el gesto le pareció más una broma que una premonición. Pero nadie devuelve un regalo de quien nunca se muestra generoso. Entonces, la camarera metió el boleto —número 50 en el bolsillo de su delantal junto a las anotaciones de los pedidos.
Durante todo ese día, Tonda palpó el billete a medida que pasaba su jornada. Cada tanto volvía a tocarlo y a asegurarse que seguía en su bolsillo.
Horas más tarde, en el negro y estruendoso silencio del cierre, escuchó en la radio el desenlace: el número ganador era el suyo. Desde ese momento era poseedora de 10 millones de dólares. No hubo gritos. No hubo saltos. Solo el vértigo glacial de quien sabe que el azar ha arrojado su vida por un despeñadero. Aunque, la mujer aún no lo sabía lo que le esperaba.
“Me quedé helada. No podía creerlo. Pensé que me estaban jugando una mala broma”, recordaría más adelante en medio del interminable litigio que convertiría su victoria en desdicha. Las noticias volaron con la misma rapidez con la que se esparcen los rumores en los salones de los restaurantes de paso. Al día siguiente, ya no era solo una camarera. Era la ganadora y la nueva millonaria.
Las ruinas de la fortuna
Las otras cuatro camareras, testigos ocasionales y nunca beneficiarias del giro de la fortuna ajena, recordaron un pacto verbal: si alguna recibía un boleto ganador, el premio se repartiría entre todas.
—Nos miramos. Sabíamos que habíamos dicho esas palabras, que era un juramento entre nosotras, aunque nunca lo pusimos por escrito —diría Sheila Small, una de las involucradas, en su declaración ante las cámaras.
Pero Tonda Dickerson negó el acuerdo. Aquella frase, para ella, fue casi un chiste privado, algo del folclore del cansancio y la desesperanza. Rechazó el plan de compartir el dinero, postura que abrió la caja de Pandora de resentimientos, amenazas de demandas y finalmente, la demanda real.
Las compañeras la llevaron a la corte para exigir el reparto del premio, apelando al concepto de confianza y promesas verbales. La defensa de Dickerson sostuvo que nunca existió un contrato válido, ni un documento que sancionara el milagro improbable. La justicia se inclinó a su favor: “el acuerdo no tenía validez legal”. Los millones serían únicamente para Tonda.
“Fue un divorcio entre amigas. Sentí mucho dolor”, admitió años después. Podía comprar un auto de lujo, pero el precio fue la absoluta soledad.
El acecho y la venganza
La noticia del premio no tardó en propagarse. Donde hay dinero, brota la codicia. Stuart “Butch” Dickerson, exesposo de Tonda, olió en el aire la oportunidad. Hubo desencuentros previos, agresiones y la amarga evidencia de una relación terminada.
Nadie imaginó que él prepararía el episodio más brutal de esta crónica. Ocurrió en 2002, años después del sorteo. Butch Dickerson citó a su exesposa y a parte de la familia en un coche y los obligó a punta de pistola a subir con él. “Esto aún no ha terminado”, anunció con voz sombría.
La secuencia, relatada en los documentos policiales, revela el descenso de la historia al terreno de la tragedia. Durante el trayecto, Butch extrajo un arma, exigió entregar el dinero del premio y amenazó con hacerles daño si no accedían. La tensión se hizo insoportable.
Dickerson, mostrando una sangre fría inesperada, forcejeó con él, logró arrebatarle el arma y le disparó en el pecho. Su exesposo sobrevivió el ataque, pero la familia quedó marcada para siempre.
Tribunales, condenas y la ley del infortunio
La secuencia desencadenó una serie de investigaciones y cuestionamientos legales. ¿Era legítima la defensa? ¿El disparo había sido justificado? Las autoridades federales intervinieron, y durante semanas la comunidad de Grand Bay presenció el desfile de policías, fiscales y peritos por el Waffle House. Los periódicos hablaban de “la camarera que se enfrentó a la muerte dos veces”, y la frase corría de boca en boca. “Me vi obligada a defenderme. No tenía salida”, declaró Tonda ante la corte.
Finalmente, la fiscalía concluyó que había actuado en legítima defensa. No hubo cargos por tentativa de asesinato.
El laberinto de los impuestos
Cuando la calma parecía posible —la fortuna asegurada, los juicios criminales zanjados, la familia protegida— comenzó la embestida más inesperada: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) acusó a Tonda Dickerson de evasión. Habían pasado varios años desde el premio, y después de las disputas legales, ella y su familia crearon una sociedad para gestionar el dinero, repartiéndose dividendos y buscando, de paso, evitar el pago de ciertos impuestos federales sobre donaciones.
La ley —siempre exacta, nunca indulgente— descubrió el ardid y ordenó el pago de más de 1 millón de dólares en impuestos adicionales. Ella intentó apelar la decisión, pero el tribunal falló en su contra. La fortuna menguaba, los problemas fiscales se volvían un pozo sin fondo.
Un resumen judicial lo puso en una frase lapidaria: “La lotería es una bendición envenenada para los desprevenidos”.
Más de 20 años después de los hechos, Tonda evita hablar con periodistas. La única confesión que repite, como si conjurara un fantasma, es simple: “A veces pienso que habría sido mejor que no me tocara nada. Porque nunca tienes control sobre lo que viene después”.
Hoy, la sucursal de Waffle House en Grand Bay sigue en pie. El café sigue tibio, las conversaciones vuelven a girar sobre la misma rueda de las cuentas atrasadas, las propinas insuficientes y los turnos eternos. Pero el nombre de Tonda Dickerson permanece prohibido, como si evocarlo fuera tentar de nuevo a la desgracia.
Una noche, una de las camareras nuevas —ojos adolescentes, voz tímida— preguntó en voz baja por la historia del famoso boleto. La gerente, secando una taza, solo respondió mientras ponía la radio:
—Aquí la suerte no deja propina. Solo te cobra lo que no puedes pagar.
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Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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