Desde marzo, rige una medida cautelar que ordena al gobierno de Leandro Zdero garantizar la provisión de agua potable y alimentos a la comunidad Wichí en El Impenetrable. Sin embargo, la situación es cada día peor. Los testimonios de los pobladores pintan un panorama de precariedad, hambre y falta de medicamentos, contradiciendo la versión oficial. La Defensora General Adjunta insistió al juez de la causa que ordene al gobierno acatar la sentencia. Caso contrario, pidió que se imponga multas a los funcionarios responsables.

Todo está peor. Precariedad, hambre y falta de medicamentos. Este es el panorama que atraviesa por estas horas a las comunidades Wichí de El Impenetrable chaqueño, a cuatro meses de que se dictara una medida cautelar que obligó al gobierno provincial proveerles de alimentos y agua potable, en medio de un agravamiento de sus condiciones de vida producto de las persistentes políticas de ajuste.

En este contexto, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, denunció ante el titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, el persistente incumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 18 de marzo en favor de las comunidades indígenas asentadas en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías; Fortín Belgrano y todas aquellas ubicadas en el Departamento General Güemes.

La resolución del juez Sinkovich amplía al pueblo Wichí los alcances de una medida cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema, que originalmente beneficiaba solo al pueblo Qom. Aquella medida fue impulsada por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien denunció en ese momento un “genocidio silencioso” durante la gestión del exgobernador Roy Nikisch, actual intendente de Resistencia. En esta causa, además de la Defensoría General Adjunta, que promueve el cumplimiento de la medida, intervienen como “amigos del tribunal” el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación, a través de su programa Diversidad Cultural.

Según pudo saber LITIGIO, la reciente presentación de Gauna Wirz incluye testimonios orales en lengua Wichí, recabados durante reuniones mantenidas en Misión Nueva Pompeya y Sauzalito el 28 y 29 de junio. La funcionaria informó al magistrado sobre la decisión de los caciques, referentes y representantes de las comunidades indígenas de prestar sus testimonios en su propio idioma, con el objetivo de detallar, no sólo el incumplimiento, sino también la “angustiante situación” y el “empeoramiento” de las condiciones que motivaron la acción judicial original.

Ante la “gravedad de esta omisión”, que constituye una “afectación directa a la vida y dignidad del pueblo Wichí”, solicitó al Juez, con “carácter de máxima urgencia”, que intime al Gobierno del Chaco a cumplir “de forma inmediata” con la medida cautelar. Además, se pidió que, en caso de persistir el incumplimiento, se proceda a la aplicación de “astreintes” (multas) a los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables.

Los testimonios

Magdalena “Lena” Martínez, una mujer con diabetes de la comunidad, desmintió categóricamente las afirmaciones sobre la recepción cada 30 días de las “cajas Ñachec”, módulo alimentario que entrega el gobierno provincial y contiene tan sólo ocho productos: 400 gramos de lentejas secas, un kilo de azúcar común tipo A, un kilo de harina de maíz tipo polenta, un kilo de harina de trigo tipo “000”, un kilo de arroz largo fino tipo “00000”, una botella de 900 centímetros cúbicos de aceite de girasol, un kilo de yerba mate y 800 gramos de leche entera en polvo.

“Estamos viviendo una situación muy mala. A veces tenemos algo, a veces no. Sobre la comida de la que ellos hablan, como si comiéramos a cualquier hora, no es cierto. A veces comemos recién a las cinco de la tarde, y después ya no comemos más hasta el día siguiente. Hay días en que pasamos hambre”, relató.

Magdalena detalló de manera desgarradora como atraviesan el hambre en las comunidades. “A veces comemos un pedacito de torta y tomamos un poco de mate, y después dormimos hasta el otro día. Al día siguiente salimos a buscar algo para comer. Algunos tienen ocho hijos, otros nueve, y sufren con ellos”, relató.

También denunció la escasez de medicamentos, vital para su condición de diabética: “A veces tengo los medicamentos, a veces no. Cuando los tengo me siento mejor, pero muchas veces no los tengo”.

La situación habitacional también es crítica, con viviendas de nylon que no ofrecen protección contra el frío, mientras que las viviendas dignas se otorgan con favoritismo a los criollos. En su testimonio, Magdalena apeló al Sinkovich: “Se lo aviso al señor Juez, porque dicen que estamos bien aquí en El Sauzalito, que estamos bien en los lotes, pero no es verdad. Hay días en que sufrimos junto a nuestros hijos, y hay días en que tenemos que ir al pueblo a pedir”. Además, destacó la inequidad en la distribución de las cajas Ñachec: “Nos dan solo una caja y nada más. A los no indígenas les dan hasta tres cajas”.

“No hay nada”

Marcela Martínez, otra integrante de la comunidad, reforzó las denuncias de escasez de alimentos y la falsedad de las declaraciones oficiales. Con una familia de veintidós personas, incluyendo nietos, lamentó: “No tenemos alimentos. Y si podemos, vendemos algo para conseguir un kilo de arroz, un kilo de azúcar, o un poco de harina. Vendemos nuestras cosas, lo que tenemos, incluso nuestras plantas”.

“Muchos de nosotros somos muy pobres. Necesitamos alimentos. Dicen que tenemos comida todos los días, pero es mentira. Es mentira”, sostuvo.

También se refirió a la ineficacia de las gestiones en la Municipalidad: “A veces vamos a la Municipalidad. Nos quedamos hasta las dos de la tarde, esperando conseguir algo de lo que ellos tienen. Pero cuando llegamos, nos dicen: ‘No hay nada’. No hay nada. Es verdad. Estamos mal”.

Los módulos alimentarios, cuando los reciben, son insuficientes. “Si me dan, es una sola caja para toda la familia, y no alcanza ni para un mes”, sostuvo y añadió: “No tenemos para comer, pero nos apoyamos en El Hombre que está arriba”, en alusión a Dios.

Luisa Bramajo, residente del Lote 9, también compartió su experiencia de abandono y promesas incumplidas. “Hace mucho tiempo que vivimos en el Lote 9. Nosotros vivimos ahí, pero tampoco recibimos ayuda”, expresó. Denunció que la asistencia solo aparece en épocas electorales: “Solo cada vez que hay elecciones, los no indígenas se acercan a nosotros y quieren que los apoyemos, porque quieren ser autoridades. Pero no ayudan a mis hijos”.

Bramajo, quien es jubilada, afirmó que a veces no recibe el monto completo de su pensión y que el dinero no le alcanza debido a los altos precios. Relató cómo los políticos prometen bienes como motos o freezers, pero “todo es mentira. Volvemos a quedar como antes, sin nada. Seguimos siendo pobres”.

“Hace mucho que estoy con mis hijos. Tengo muchos nietos y nietas, pero ninguno tiene nada. Algunos son muy pobrecitos, y tienen que ir a pedir lo que sea. A veces ni siquiera nos dan lo que pedimos. Dicen que no hay”, contó.

Asimismo, manifestó su preocupación por sus tres hijos con diabetes y la falta de preocupación por parte de las autoridades. La situación de las viviendas es igualmente precaria: “Dicen que iban a dar viviendas. Incluso limpiaron un terreno en el monte, prepararon todo… Pero al final, no apareció nada. Ni siquiera una casita”. Los únicos materiales que a veces se entregan, como el nylon, son insuficientes y no resisten las inclemencias del tiempo.

“Polenta sin carne”

Cirilo Mansilla, cacique del paraje El Vizcacheral, expresó la grave situación que atraviesa su comunidad, destacando la interrupción en la entrega de las cajas Ñachec. “A los que vivimos acá ya no nos (las) dan más. No sabemos por qué”, afirmó. Mansilla también señaló la alarmante falta de medicamentos en el hospital y la precaria alimentación de los niños en las escuelas, donde “solo les daban polenta. Eso no está bien. Sin carne, sin nada más. Solo polenta”.

El cacique denunció el abandono generalizado por parte del gobierno y el intendente, y exigió ayuda en salud, educación y la reanudación de la entrega de los módulos alimentarios. Además, puso de manifiesto un trato discriminatorio, al observar la entrega de colchones, frazadas y viviendas a personas no indígenas, mientras los Wichí continúan viviendo “bajo plásticos”.

Desde El Sauzalito, Augusto Peñaloza, referente de una organización local, manifestó las múltiples dificultades que enfrentan en su localidad, incluyendo problemas en educación, salud y producción. Hizo un llamado urgente a los gobiernos provincial y nacional para que escuchen sus reclamos y concreten una audiencia donde puedan exponer la cruda realidad que viven.

“Estamos necesitando mucha ayuda, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Por eso estamos aquí reunidos: queremos que el Gobierno, tanto de la provincia como de la Nación, nos escuche”, sostuvo.

“No alcanza”

Arturo Martínez, de Tres Pozos, se sumó a las denuncias, enfatizando la insuficiencia de los alimentos entregados a las familias Wichí. Detalló que una caja contiene solo “entre siete y ocho productos comestibles nada más”, y que a menudo una sola caja debe ser compartida por dos o tres familias, lo que “no está bien, no alcanza”.

Respecto al agua, Martínez señaló que, si bien hay disponibilidad, “muchas veces le ponen demasiado cloro, tanto que no es apta para el consumo”. También lamentó la falta de medicamentos en la salud pública y la ausencia de enseñanza adecuada por parte de maestros que “vienen desde muy lejos”. Concluyó con una invitación directa al Juez para que visite y conozca de primera mano la situación en cada localidad.

Finalmente, Casimiro Fernández, Presidente de la comunidad de El Vizcacheral y de la Federación Nacional Campesina, alertó sobre la suspensión de un comedor comunitario en su pueblo. Anteriormente, este comedor brindaba asistencia a 120 personas, entre niños y adultos, pero actualmente “ya no está en funcionamiento”.

Los testimonios unánimes subrayan una profunda crisis humanitaria y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental, algo que en los hechos colisiona con la postura del gobierno de Leandro Zdero desde donde consideran que las comunidades están siendo asistidas.

De hecho, cuando se hizo lugar a la cautelar, la Fiscalía de Estado del Chaco la apeló afirmando que la presentación de la Defensora General Adjunta se basaba en planteos “abstractos” y que no acreditaba “ni someramente o mediante una presentación seria que respalde o justifique tal petición”. En el recurso presentado, el gobierno consideró que la medida judicial que busca garantizar condiciones mínimas de vida para estas poblaciones solamente tiene “un claro fin publicitario”.

REVISTA LITIGIO

Es por 4 mil millones. Tech Security crece fuerte en contratos con el Estado. El riojano alega haberse desprendido de sus acciones antes de asumir como diputado.

Mientras se siguen rastreando más casos, la Fiscalía Federal de Resistencia confirmó más de una veintena de afiliaciones falsas a La Libertad Avanza en el Chaco, en una causa que salpica directamente a su presidente y delegado de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez. Las víctimas son en su mayoría adultos mayores, con escasa instrucción o problemas de salud. Se investiga el uso de datos de ANSES y PAMI para montar la maniobra.

La Justicia Federal ya constató al menos 21 casos de afiliaciones fraudulentas en el partido La Libertad Avanza del Chaco, en una investigación que complica cada vez más la situación de su presidente, Alfredo “Capi” Rodríguez, también delegado regional de ANSES.

La causa, impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, avanza con nuevos testimonios que fortalecen la hipótesis de una maniobra coordinada desde la cúpula partidaria para fraguar firmas y sumar afiliados de manera irregular.

Según pudo reconstruirse, existe un patrón común en las víctimas: personas adultas mayores, con escasa instrucción o con serios problemas de salud, lo que refuerza las sospechas sobre el uso indebido de bases de datos de ANSES y PAMI para llevar adelante el ardid.

En las últimas semanas se confirmaron nuevos casos que elevaron el número de afiliaciones truchas detectadas, aunque no se descarta que la cifra continúe creciendo. Esta situación representa un hecho inédito en la política chaqueña, donde nunca antes se había denunciado un nivel de irregularidades de esta magnitud en un partido local.

LITIGIO accedió a dos de los testimonios recientemente incorporados al expediente judicial. Uno de los casos es el de R.R.B., de 65 años, artesano jubilado, con secundario incompleto. Vive en la Isla del Cerrito y negó rotundamente haberse afiliado a La Libertad Avanza. “No, no me afilié. Yo soy peronista y hace muchos años me afilié al peronismo”, declaró. También negó que la firma y los datos que figuran en la ficha del partido sean suyos.

Otro caso es el de C.A.R., jubilado de 72 años y mecánico electricista de Puerto Tirol. Su escolaridad supera apenas el nivel primario. “No, no me afilié. De casualidad consulté en internet si estaba afiliado a algún partido y allí me enteré de que figuraba como afiliado a La Libertad Avanza”, relató. También negó la autenticidad de la firma que aparece en la ficha correspondiente.

Firmas

Estos testimonios se suman a los relevados por el periodista Franco Mizrahi en El Destape, donde se documentaron otros casos similares: una persona de 75 años con Parkinson, un hombre de 71 años sin instrucción que no sabe leer ni escribir, y una jubilada de 78 años, también analfabeta, todos ellos negaron haberse afiliado y no reconocieron las firmas que figuran en las planillas de LLA.

El hallazgo de estas afiliaciones irregulares surgió en el marco de otra investigación, vinculada a presuntas extorsiones a empleados de ANSES y PAMI para que aportaran un porcentaje de sus sueldos al partido. Sin embargo, quienes declararon por este hecho aseguraron que los aportes fueron voluntarios y negaron haber sido presionados.

Según pudo saber este medio, la causa, inicialmente caratulada como “posible delito de acción pública”, derivará en una imputación más grave: “falsedad de instrumento público agravada por la condición de funcionario público”, delito que contempla penas de entre 1 y 6 años de prisión.

Mientras esta investigación avanza, “Capi” Rodríguez continúa negando su delicada situación judicial. Asegura que se trata de “chismes” y que todo forma parte de una operación político-mediática en su contra, supuestamente pergeñada desde el peronismo local. “Escucharon que puedo ser candidato y están cagados en las patas”, sintetizó.

Revista Litigio