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CORRUPCION

“Las casas de la corrupción”: el Gobierno venderá los inmuebles que la Justicia les confiscó al exsecretario y al contador de los Kirchner

Comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. Hay 20 viviendas decomisadas por el exjuez Bonadio sobre las que el Estado todavía no tomó posesión.

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El Gobierno de Javier Milei -a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)– venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner y a otros involucrados en el caso de corrupción en el que se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.

TN pudo saber que la AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertencían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total la AABE estima que podrá recaudar con estas ventas casi U$S2 millones.

  • Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se estima tiene un precio de USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo.
  • Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metors cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Según fuentes del mercado podría tener un precio de USD974.416.
  • Departamento con cochera. El inmueble que está ubicado en Villa Urquiza pertenecía a Muñoz y Manzanares. Su valor oscila en los USD140.000.

El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner

El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner

TN pudo saber que entre 2019 (gestión Macri) y 2023 (gestión Alberto Fernández) quedaron pendientes de pago varias facturas de agua y ABL de dos de estas propiedades. La deuda total en este concepto para la propiedad de Pedro Riveri asciende a los $10.893.061 y la de Andonaegui asciende a $1.972.570.

En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos AiresSanta CruzTierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.

El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.

El Estado todavía no tomó posesión de más de 20 bienes de la corrupción

De los 30 inmuebles que Bonadio decomisó, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto de los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.

De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 en $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.

Luego hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenabar 1934. A estos se le suman los tres inmuebles que TN informó se subastarán y hay otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule FUNDACAP. La custodia provisoria está vencida.

El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.

El Estado procederá a la disposición de los inmuebles una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo (Foto: Videolab TN).
El Estado procederá a la disposición de los inmuebles una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo (Foto: Videolab TN).

Además se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del que se hicieron buena parte de las maniobras de lavado.

Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares sobre los que aún resta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecendentes y documentación registral. No está claro el motivo por el que durante la gestión de Alberto Fernández no se terminó de incorporar estos bienes a la AABE. “Los tiempos de la Justicia no siempre ayudan pero no sé si había una real intención de vender estos inmuebles”, dijo una fuente a TN.

Es que los inmuebles en cuestión estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, que entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la sindica en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.

Entre los inmuebles sobre los que aún no se tomó posesión, está la estancia “La Lucía”, en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40 y una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6 mil hectáreas. Las autoridades buscarán recuperar varios locales que -según pudo saber este medio- están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa de un complejo de seis viviendas y otras casas más.

La AABE también subastará bienes de causas de trata y narcotráfico

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco” en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore que traficaba cocaína a Europa, cargamento que salía oculto en bolsas de carbón vegetal.

Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, pileta y garage para seis autos. El precio a pagar es unos 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera el que se tasó en 118 mil dólares.

Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privasión de su libertad en galpones textiles.

Se venderán dos casas y tres departamentos ubicados en Villa Luro y Flores.

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PIMP!!! LA JUEZA QUE CERRO LA VERDULERIA es ucr-libertaria? Y FUE FUNCIONARIA DE AIDA junto al Gobernador Leandro Zdero

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Esta es la Jueza Municipal de Resistencia Matilde Campias que dejo en la calle a mas de 100 familias que hoy NO tienen para comer en estas fiestas … es una verguenza lo que hace a traves del municipio que deja mucho de desear la Gestion de Roy Nikisch

Como se ve en la foto que aparece Aida Ayala y Leandro Zdero junto a la Jueza Matilde Campias

“Somos más de 70 familias que nos quedamos sin trabajo” bronca por clausura municipal de Roy Nikisch

Sin embargo, la respuesta oficial es el silencio, algo que resulta incomprensible para un comercio que ya pasó por más de 100 inspecciones en lo que va del año sin haber tenido este tipo de inconvenientes.

El nudo del conflicto parece estar en la constancia catastral del terreno, un predio que pertenecía al antiguo Tiro Federal y que la familia ocupa hace más de dos décadas bajo la figura de prescripción. Priscila denunció una maniobra llamativa: mientras que en el Registro de la Propiedad Inmueble y en Catastro Provincial los papeles figuran a nombre de su familia, el municipio se niega a entregar el certificado local. Según sus palabras, los empleados municipales le habrían confesado que “tienen orden de arriba de no darme la constancia”, lo que alimenta las sospechas de una persecución dirigida.

Es imposible no ver el componente político y la falta de “tacto” en las fechas que transitamos. Cerrar una fuente de trabajo de esta magnitud en diciembre, con los índices de desocupación que golpean al Chaco, parece una medida tomada desde un escritorio sin mirar la realidad de la calle. “Los tiempos que ellos manejan no son los nuestros; nosotros tenemos mercadería y gente que vive el día a día”, reclamó la comerciante, remarcando que el negocio paga impuestos y tiene a gran parte de su personal debidamente registrado.

Por ahora, la última esperanza de las 70 familias reside en la Justicia. Se ha presentado un recurso de amparo que busca habilitar días y horas inhábiles debido a la urgencia y al receso judicial que se avecina. Mientras tanto, la mercadería sigue perdiéndose y el malestar crece en una zona de la ciudad que depende de este pulmón comercial para abastecerse a precios accesibles. Resta esperar si algún funcionario municipal decide “dar la cara” y ofrecer una salida racional que priorice el trabajo genuino.

No sera un vuelto politico para perjudicar a Alejandro Aradas en el 2027 … porque fue el presento su candidatura a Intendente el mismo juego que lo hacian con Gustavo Martinez los empleados de los politicos que trabajan en el Municipio

Pronto seguiremos con mas informacion… por que son muchas familias que pasaran una triste navidad por una interna politica partidaria y toman a la gente de reen de sus conflictos

 

CHACO PRENSA

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HUMILLAR PARA DISCIPLINAR

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En el Chaco hay escenas que no deberían existir en una democracia. Y, sin embargo, se repiten —cada vez con menos pudor— como si fueran parte del paisaje. Dos abogadas del fuero provincial fueron al Servicio Penitenciario Provincial a entrevistar a sus asistidos. No iban “a ver qué pasaba”. Iban con autorización judicial expresa, con una orden vigente y debidamente notificada. Aun así, las dejaron más de una hora y media a la intemperie, bajo el sol, sin permitirles el ingreso. La entrevista no se concretó.

No es un episodio menor. No es “una demora”. No es “un malentendido”. Es un método: humillar para disciplinar.

Porque cuando el Estado frena una entrevista autorizada, lo que está haciendo no es “poner orden”: está enviando un mensaje. Y el mensaje es simple, brutal y peligrosísimo: la defensa entra cuando nosotros queremos; la orden judicial vale si nosotros queremos; los derechos valen si nosotros queremos.

La trampa del “privilegio”
Cada vez que un abogado reclama condiciones mínimas de trabajo en un contexto de privación de libertad, aparece el coro previsible: “¿Qué privilegio reclaman?”.

Hay que decirlo con claridad: no es privilegio. Es garantía. Es una garantía para el desempeño profesional, y, por esa vía, una garantía para el ciudadano, para el imputado, para la víctima y para el propio sistema de justicia.

Nuestra ley procesal provincial reconoce que en el ejercicio profesional los abogados deben ser tratados con el respeto y consideración que se guarda a los magistrados. No para elevarnos a un pedestal, sino para impedir lo que está pasando: que el operador de turno, el funcionario de guardia o la lógica del castigo social decidan cuándo la defensa puede ejercer y cuándo no.

Si el abogado defensor puede ser humillado, demorado, hostigado o “castigado” por insistir en una orden judicial, entonces el derecho de defensa se transforma en un decorado. Se mantiene la forma —para la foto—, pero se vacía el contenido.

Y cuando la defensa es decorativa, la democracia también.

La defensa penal no es un enemigo
En paralelo al destrato institucional, crece un clima social que no es espontáneo. Se alimenta. Se produce. Se reproduce. En redes sociales se denosta a la defensa penal como si fuese una actividad vergonzante. Se confunde deliberadamente al defensor con el defendido. Y algunos discursos —incluso mediáticos— deslizan o afirman que quien defiende “encubre”.

Eso no es ignorancia: es una operación cultural que debilita el Estado de Derecho.

El defensor penal no está para “caer simpático”. Está para hacer lo que muchas veces nadie quiere escuchar: que el Estado debe probar, que debe investigar con reglas, que no puede “arreglar” con atajos, que la detención no puede ser un castigo anticipado, que la dignidad humana no se suspende por una imputación.

Defender no es justificar.
Defender es exigir legalidad.
Defender es poner límites.
Defender es recordar que el poder punitivo también debe rendir cuentas.

Cuando se instala la idea de que el abogado defensor es un “encubridor”, lo que se busca es otra cosa: habilitar el hostigamiento. Volver aceptable que se lo persiga, se lo amenace, se lo escupa simbólicamente hasta que un día el escupitajo sea literal. Y en causas de alta exposición —como lo vimos en el caso Sena— ese linchamiento mediático y material ya estuvo demasiado cerca de convertirse en tragedia.

No es exageración. Es experiencia.

El espectáculo de la vulnerabilidad

A este clima se suma algo todavía más degradante: la circulación de imágenes de personas detenidas —y, en particular, de un colega abogado— exhibidas en estado de vulnerabilidad, tratadas como objeto de consumo público. Como si la humillación fuese entretenimiento. Como si el dolor ajeno fuese un contenido más.

Esa lógica de zoológico humano no es “información”. Es castigo. Es escarmiento. Es pedagogía del miedo.

Y lo más grave: el escarmiento siempre necesita un nuevo cuerpo. Hoy es uno. Mañana es otro. Pasado, cualquiera.

“Hoy van contra ellos”.

La pregunta que duele
Hoy se señala a ciertos nombres, se los usa como símbolo de la época, se los expone, se los estigmatiza: Osuna, Gabriela Tomljenovic, Olga Mongeloz, Galassi. No importa aquí qué opinión tenga cada quien sobre cada caso. El punto es otro, y es institucional: si aceptamos que se castigue a la defensa por trabajar, mañana no habrá defensa posible para nadie.

¿De verdad vamos a naturalizar la “prisión por trabajar”?
¿Vamos a tolerar que un abogado sea tratado como sospechoso por ejercer su tarea?
¿Vamos a permitir que las órdenes judiciales se cumplan según el humor de un mostrador?

La democracia no se rompe de golpe: se desgasta. Se “acostumbra”. Se vuelve indiferente. Y un día, cuando alguien necesite que la ley lo proteja, descubre que la ley ya no está: quedó convertida en trámite, en papel, en relato.

Lo que juramos

Nos formamos durante años para defender derechos. Años de facultad, de estudio, de práctica, de errores y aprendizaje. Y el día de la matrícula, juramos algo que no es una frase decorativa: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Yo no lucho por una bandera corporativa.

Lucho, todos los días, por la calidad democrática y por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos sin importar su condición. Lucho porque sé —como sabemos tantos— lo fácil que es perder el piso institucional cuando la sociedad aplaude el castigo y el Estado se acostumbra a no rendir cuentas.

Y por eso lo digo con toda la fuerza que exige este tiempo: no quiero que esto se vuelva costumbre en mi provincia.

Unidad, sí. Silencio, no.

La abogacía tiene que estar más unida que nunca. No para encubrir nada. Para defender lo elemental: que el ejercicio profesional no sea un deporte de riesgo; que el acceso a la defensa no dependa de humillaciones; que el respeto no sea un premio; que el derecho no sea un favor.

Unidad para decir basta cuando se obstaculiza una entrevista autorizada.
Unidad para repudiar el show de la vulnerabilidad humana.
Unidad para explicar —una y mil veces— que la defensa penal no es el problema: es una de las últimas barreras contra el abuso.

Porque lo que hoy se presenta como “mano dura” contra la defensa, mañana será mano dura contra cualquiera que incomode: periodistas, docentes, militantes, familias, ciudadanos comunes. La arbitrariedad no tiene ideología cuando se vuelve costumbre; solo tiene hambre.

Un límite civilizatorio

En un Estado de Derecho hay algo que no se negocia: la dignidad. La del detenido y la del defensor. La del imputado y la de la víctima. La del que cae bien y la del que cae mal. Si la dignidad se convierte en un bien selectivo, entonces ya no hablamos de justicia: hablamos de revancha.

El Chaco no necesita más escarnio. Necesita instituciones que funcionen, órdenes judiciales que se cumplan, y un sistema penal que no sea un teatro de castigo público.

Si hoy humillan para disciplinar, la respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta debe ser un límite.

Porque cuando la defensa cae, cae con ella una palabra que todavía nos sostiene: República.

Por Celeste Segovia
*La autora es Abogada –Escribana- Magister en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia-Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas -Resistencia, Chaco.

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CORRUPCION

Más purgas del gobierno de Zdero: echan a una trabajadora de Salud por ser concejala

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Se trata de Soledad Bonilla, quién se desempeñó durante 10 años como contratada en el Ministerio de Salud del Chaco. Además, es concejala de la localidad de Hermoso Campo por el partido Frente Grande.

El partido Frente Grande del Chaco denunció que el despido de una trabajadora del Ministerio de Salud provincial, quién a su vez se desempeñaba como concejala en la localidad de Hermoso Campo, se dio en el marco de un acto de “persecución política” iniciada a partir de la asunción del gobierno de Leandro Zdero.

El partido reveló que Bonilla es trabajadora de Salud Pública en Hermoso Campo. Se desempeñaba como enfermera en el Hospital Arsenio Zeno. Desde hace 10 años es contratada del Ministerio de Salud y se desempeña “con aplicación y compromiso con su pueblo y su zona de influencia”.

En las PASO 2023, Bonilla integró las listas del Frente Grande en Hermoso Campo compitiendo dentro del Frente Chaqueño. Ingresó por la minoría en las listas y fue electa Concejala acompañando al actual Intendente.

Tras la asunción de Zdero, Bonilla fue objeto de múltiples persecuciones, entre ellas el traslado a una zona alejada de Hermoso Campo, que la ponía en problemas para criar a sus hijos y desempeñarse como Concejala.

“Soledad no se rindió a la persecución, aunque ambos ingresos no le permiten superar una canasta básica. Se mantuvo en su trabajo, se desempeñó como Concejala y sus ideas en alto”, destacaron desde el Frente Grande.

“Sin embargo, -advirtieron-, el gobierno provincial, como su líder nacional Milei, no soporta las diferencias y cree que es dueño del Estado. Por eso la despidió. Repudiamos a Zdero y su gobierno de persecución. Nos solidarizamos con Soledad Bonilla y exigimos su reincorporación”.

 

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