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Economia

El Banco Central les pagará hoy una deuda de US$1000 millones a importadores: el impacto en la meta con el FMI

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Los analistas creen que la cancelación del Bopreal 2026 debilita las tenencias netas de la autoridad monetaria. Vuelve la preocupación sobre la acumulación de divisas para el cierre del año.

El Banco Central (BCRA) desembolsará este lunes unos US$1012 millones para cancelar la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026), un compromiso que se cubrirá con reservas y que vuelve a poner en primer plano el estado de las tenencias netas del organismo.

Aunque parte del pago quedará compensado por la participación de acreedores locales, el impacto final recae sobre las reservas netas, el indicador que el Gobierno deberá volver a discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un contexto en el que ya se encuentra muy por debajo del objetivo establecido en el acuerdo firmado en abril.

Los Bopreal fueron emitidos para que empresas y personas con deudas comerciales en el exterior pudieran regularizar esos compromisos en medio de la falta de divisas y las restricciones cambiarias. El objetivo central del instrumento fue ordenar la demanda de dólares, facilitar la cancelación de pagos externos y aliviar la presión sobre las reservas internacionales.

Ese mecanismo permitió postergar desembolsos privados, pero también generó un cronograma de vencimientos que ahora presiona las cuentas del Central.

En las últimas semanas, el Banco Central activó US$2500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese refuerzo fue utilizado, en parte, para afrontar intereses con el FMI y para recomponer parte de la posición en dólares del sistema financiero estadounidense.

Las reservas netas del BCRA se redujeron y quedaron en niveles cercanos a cero. (Foto: Reuters)
Las reservas netas del BCRA se redujeron y quedaron en niveles cercanos a cero. (Foto: Reuters)

Según estimaciones del mercado, la autoridad monetaria llegó a noviembre necesitando casi US$10.000 millones para alcanzar la meta de acumulación de reservas que regía para fin de año. Tras el uso de una porción del swap estadounidense —que implicó restar más de US$2500 millones del cómputo—, el objetivo inmediato se volvió aún más exigente y hoy ronda los US$12.000 millones.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la importancia de esa meta, en un escenario de compras oficiales muy acotadas en las últimas semanas, crece la posibilidad de que el Gobierno tenga que pedir una nueva dispensa al Fondo.

El cuadro de pasivos del Banco Central incluye los US$18.291 millones del swap con China, US$15.897 millones de encajes bancarios en dólares, US$2500 millones del swap con Estados Unidos, repos con Sedesa y otros compromisos a un año por más de US$3000 millones, además de préstamos menores con organismos internacionales. Es decir, una estructura que condiciona la dinámica diaria de reservas y que limita la capacidad de compra del organismo en el mercado.

En la última revisión con el FMI, la meta había sido recalibrada y el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a cerrar el año con reservas netas en torno a US$2600 millones. Pero la asistencia adicional brindada por Estados Unidos —a través de un swap de hasta US$20.000 millones— alteró ese esquema y abrió la puerta a un manejo más flexible de los vencimientos.

Caputo lo planteó públicamente durante la Conferencia Industrial de la UIA: “No subestimamos la importancia de acumular reservas; es una prioridad para nosotros. Pero hoy existe una diferencia entre la acumulación de reservas y el cumplimiento de nuestras obligaciones. El escenario cambió: tenemos nuevas alternativas financieras. Está el swap chino, el respaldo estadounidense y otras vías, incluidas conversaciones con bancos”, afirmó.

La discusión de fondo pasa también por la capacidad del Banco Central para recomprar dólares sin necesidad de esterilizar, algo que desde el Gobierno se mencionó como posible ante lo que describen como una demanda de dinero muy baja. Sin embargo, especialistas del mercado advierten que, con los cambios de comportamiento que dejó la alta inflación, es difícil que la base monetaria vuelva a representar niveles cercanos al 9% del PBI, como ocurría en otros períodos.

Sobre esa base, incluso en un escenario de actividad en crecimiento de 2,5% en 2026, las compras de divisas serían acotadas: rondarían los US$600 millones. Y en un escenario de expansión “máxima”, equivalente al peso de la base monetaria en 2022 (5,5% del PBI), la capacidad potencial de compra se ubicaría en torno a US$9000 millones.

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La Cámara de Comercio criticó las multas en la ley de dólares bajo el colchón: “Son excesivas”

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Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.

La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.

El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.

La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.

La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA - Daniel Vides)
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)

Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.

“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto

El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

El objetivo central es simplificar los procesos impositivosbajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.

En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)

La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.

Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.

Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

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El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas

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El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.

El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.

“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.

En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.

Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados, los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).

El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.

La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

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La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.

 

 

La inflación de noviembre fue de 2,5% acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.

El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.

Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
  • Transporte: 3%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.
  • Comunicación: 2,7%.
  • Bienes y servicios varios: 2,5%.
  • Restaurantes y hoteles: 2,5%.
  • Recreación y cultura: 2,4%.
  • Salud: 2,4%.
  • Educación: 2,2%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.
  • Equipamiento del hogar: 1,1%.
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

 

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