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CORRUPCION

A cinco años de su decomiso, el Estado aún no tomó posesión de 23 casas de imputados en la causa Cuadernos

Pertenecían a Muñoz y Manzanares, acusados de ser testaferros de la familia Kirchner. Se debieron subastar en la gestión de Alberto Fernández pero nunca se pidieron los informes de dominio. La gestión de Milei las quiere vender.

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A más de cinco años de la decisión del exjuez federal Claudio Bonadio de decomisar 30 inmuebles que pertenecían a imputados en la causa Cuadernos de las Coimas, el Estado Nacional aún no tomó posesión de 23 de esas propiedades que pertenecían a personas acusadas de ser testaferros de la familia Kirchner.

En el listado de los bienes que a la fecha no se recuperaron hay dos chacras en Santa Cruz que pertenecían a Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner; un departamento en Miami de un extestaferro de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner y varios inmuebles más repartidos en el sur del país.

El gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, busca tomar posesión de estos inmuebles. Por eso, el organismo que ahora conduce Nicolás Pakgojz le pidió a los registros provinciales donde se encuentran ubicadas las propiedades los informes de dominio de cada uno de los inmuebles para constatar cuál es el estado de situación de estos.

Según explicaron a TN fuentes oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández no se pidió ningún tipo de documentación sobre estas propiedades que quedaron en un limbo en los últimos cinco años. Esto podría responder a que justamente estas propiedades estaban ligadas a personas acusadas de ser testaferros de la por entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. La recuperación y eventual subasta de estos 23 inmuebles podría representar ingresos millonarios para la administración pública.

A cinco años de su decomiso, el Estado aún no tomó posesión de 23 casas de la corrupción del caso Cuadernos

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Entre las propiedades decomisados que aún no están en posesión del Estado se destacan dos estancias en Santa Cruz propiedad de Víctor Manzanares. La primera se llama “La Lucía” y se trata de un campo de 20 mil hectáreas a 215 kilómetros de El Calafate, mientras que la segunda se denomina “El Rincón”, posee 6712 hectáreas y está a 170 kilómetros de esa ciudad.

Manzanares fue el histórico contador de los Kirchner y creador de la firma Madaco S.A., que luego compraría Daniel Muñoz. Buena parte de las propiedades de la corrupción en el sur pertenecen a esta compañía.

A modo de ejemplo, el Estado todavía no tomó posesión de un local comercial en Río Gallegos de 431 m2 ubicado sobre la calle Monseñor Fagnano 36 o de un complejo de cinco viviendas ubicado en la avenida San Martín 269, también en esa ciudad. El Estado solo tiene llaves de los primeros dos departamentos pero no cuenta, aún, con documentos sobre la titularidad de la propiedad.

A la vera de la ruta 40, en Santa Cruz, se encuentra la Estancia La Lucía, que pertenecía a Víctor Manzanares. Foto: Google Maps.
A la vera de la ruta 40, en Santa Cruz, se encuentra la Estancia La Lucía, que pertenecía a Víctor Manzanares. Foto: Google Maps.

Manzanares y Muñoz también eran dueños de una casa que estaría ocupada en la calle Chile 235 en Río Gallegos y de un complejo de otras seis viviendas en la calle Teniente Beccar 797 de esa ciudad. Algunas de estas estarían alquiladas, según un informe oficial al que accedió este medio.

Otra de las empresas que estos dos involucrados en el Caso Cuadernos usaron para esconder las propiedades fue MM Servicios S.A., que posee entre otros bienes un complejo de 11 viviendas con una superficie en total de 1250 m2 que está ubicada en Gobernador Moyano 587 y unos cinco locales en Santa Cruz alquilados a una cadena de farmacias denominada Grupo Llaneza. En total, los locales bajo la órbita de MM Servicios alcanzan los 1852m2.

La firma Madaco S.A. también posee otro local comercial, alquilado a la misma cadena de farmacias, en Tierra del Fuego. Posee una superficie de 335 m2 y está ubicado en la calle San Martín entre Patagonia y Sarmiento.

El complejo en la calle Beccar que pertenecía a Manzanares y Muñoz. Foto: Google Maps.
El complejo en la calle Beccar que pertenecía a Manzanares y Muñoz. Foto: Google Maps.

Entre las propiedades que aún no están bajo la órbita del Estado hay un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE lo visitaron el pasado 16 de abril y constataron que el lugar está desocupado pero no tuvo ningún tipo de mantenimiento en estos años. Según el informe de la AABE “no posee delimitación encontrándose abierto y de libre acceso, siendo esto un riesgo para su seguridad”. Está ubicado sobre la calle Luro, entre Virazon y Alferez Sobral.

Tampoco se logró tomar posesión, hasta ahora, de un departamento en el edificio Ocean Fort, en Miami, Florida, que pertenecía a Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. En 2020 desde la AABE se enviaron notas a la Cancillería y al Ministerio de Justicia -jurisdicción autoridad del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos- pero a la fecha no se logró tomar posesión del inmueble en cuestión. Una fuente deslizó que podría llegar a ser más caro el trámite para obtener la titularidad del bien que el rédito que se obtendría con su potencial venta.

El terreno decomisado en Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: AABE.
El terreno decomisado en Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: AABE.

A Manzanares también se le decomisaron otras cinco propiedades más ubicadas en Santa Cruz, entre las que se encuentra el que fue su estudio contable, en la calle 9 de julio 251, en Río Gallegos. Todas estas aún no lograron pasar formalmente bajo el ala del Estado, que hasta el momento posee siete inmuebles de la corrupción bajo su tutela.

De hecho, TN adelantó que la gestión de Javier Milei subastará tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

A cinco años de su decomiso, el Estado aún no tomó posesión de 23 casas de imputados en la causa Cuadernos

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total, la AABE estima que podrá recaudar con estas ventas casi U$S2 millones.

  • Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se estima tiene un precio de USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo.
  • Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metors cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Según fuentes del mercado podría tener un precio de USD974.416.
  • Departamento con cochera. El inmueble que está ubicado en Villa Urquiza pertenecía a Muñoz y Manzanares. Su valor oscila en los USD140.000.

CORRUPCION

Confirman el procesamiento de un piquetero acusado de lavar $ 231 millones de la corrupción

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales Cordeiro y sin prisión para dos familiares, en un caso de lavado de activos vinculado a desvíos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Alexis Torales Cordeiro y el procesamiento sin prisión para su hermano Marcos Gabriel Torales Cordeiro y su padre José de Jesús Torales, acusados de integrar una red que lavó $231.3 millones de pesos provenientes de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) de Chaco.

Así lo resolvió el tribunal de alzada en un fallo que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, al que tuvo acceso LITIGIO.

Las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado” para ratificar el procesamiento dictado por la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger.

En concreto, el fallo precisa que “se observa en las maniobras desplegadas un patrón básico que se reitera en causas como la discutida en autos, al prestar atención a los vínculos personales y familiares entre los  imputados, quienes formaban parte del seno de esta organización delictiva en la que fácilmente pueden detectarse las relaciones de confianza y lealtad que resultan primordiales en los delitos complejos como el analizado”.

El caso

Según la investigación impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, entre 2019 y 2023, cuatro fundaciones (Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes) vinculadas a los Torales Cordeiro recibieron $231.391.738,64 del IAFEP para proyectos de viviendas sociales, pero los fondos habrían sido desviados para comprar dólares en cuevas, criptomonedas (USDT) y bienes de lujo.

Los imputados registraron un aumento patrimonial de $147.8 millones sin justificación legal, con compras de vehículos de alta gama (Honda Civic, Ford Territory), viajes al exterior y propiedades.

Según la fiscalía, los fondos se retiraban en efectivo para “perder trazabilidad”, se triangulaban entre fundaciones controladas por la familia y finalmente se blanqueaban mediante inversiones en Paraguay y Brasil.

Los fundamentos

En su resolución, las camaristas respaldaron la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, destacando que existieron pruebas contundentes como documentación bancaria, informes de la UIF y allanamientos que demostraron que los imputados no podían justificar sus gastos con ingresos declarados. Por ejemplo, Lucas Torales, registrado como monotributista categoría B, recibió $32.7 millones en 2023 y adquirió autos a nombre de testaferros.

En el caso particular, fue señalado como cabecilla de la organización, presidente de dos fundaciones y beneficiario directo de los fondos. La Cámara destacó su “capacidad operativa para entorpecer la investigación” si permanecía libre.

“Plataforma de corrupción sistemática”

En los fundamentos de la sentencia, las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado”. En ese sentido, señalaron que “la trascendencia de los sucesos en análisis, que afectan a la sociedad toda, y el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados a los imputados, ya que la corrupción es una de las caras de la delincuencia económica”.

Así, las juezas agregaron que “el delito económico que se investiga en autos, dadas sus características, genera un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas”.

“Considerando que los sectores vulnerables son los que más necesitan de ellas y los principales perjudicados por la corrupción y delincuencia de quienes, como en este caso, habrían recibido fondos para mejoras habitacionales y, sin embargo, los utilizaron para su propio incremento patrimonial y en desmedro de la población vulnerable”, puntualizaron.

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CONSEJO MUNICIPAL

Nuevas denuncias contra Nikisch por presuntos sobreprecios en contrataciones y alquileres

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El Concejal Fabricio Bolatti, advirtió -una vez más- sobre la existencia de sobreprecios en las contrataciones y compras que ejecuta Roy Nikisch en el Municipio de Resistencia y adelantó que presentará un informe ante organismos de control, donde observa que los alquileres de maquinarias y equipos pasaron a tener principal importancia para la gestión a partir de febrero/25, mes en el que las licitaciones alcanzaron los 9.000 millones de pesos.

“Este volumen de contrataciones presenta características y sobreprecios que se adaptan especialmente a prácticas ilegales utilizadas para ‘hacerse de fondos públicos’ por parte de funcionarios a cargo”, sentenció el edil.

Bolatti mencionó que al inicio de la gestión, Nikisch optó por afectar los recursos a la adquisición de maquinaria y camiones necesarios para la prestación de servicios del municipio. “Algo que, de no ser por cómo se realizaron las operaciones, habríamos estado de acuerdo, ya que desde el segundo semestre 2024 a la fecha se adquirieron con procedimientos irregulares más de 50 equipos”, señaló.

“Sin embargo, llamativamente, en febrero de 2025 la gestión resuelve licitar el alquiler de 138 equipos por 6 meses, poniendo como presupuesto oficial de referencia una suma superior a los 9.000 millones de pesos. Una desproporción que permite ver irregularidades, ya que comprar 69 equipos nuevos para el municipio, o alquilar estos 69 equipos por un plazo de 12 meses (igual que 138 equipos por 6 meses) requieren la misma cantidad de recursos públicos. Es decir que, el Intendente podía optar por afectar esos 9 mil millones de pesos a adquirir 69 equipos cero km en forma definitiva para el Municipio, pero no lo hizo. En vez de comprar, decidió alquilar”.

“Este valor alcanza para alquilar o comprar, lo que deja ver implícitamente el elevado valor del alquiler, el que normalmente se calcula teniendo en cuenta el valor de adquisición, al que se lo divide normalmente en 36 meses para llegar a un valor mensual promedio de alquiler”, precisó el edil.

Estos precios elevados, tanto en compras como en alquileres, marcan una diferencia en detrimento del patrimonio municipal, y en favor de quienes intervienen en la operación, pero que además pueden verse reflejados en otros aspectos, y en este caso se expresan también en:

1-Tipo de contrato: Se utilizó la modalidad más desfavorable para el Municipio y la más rentable para los proveedores o prestadores.
2-Sobreprecios: La comparación con otras administraciones municipales evidencia un claro sobrecosto.
3-Presupuesto: No figura como parte de un plan de trabajo, a pesar de implicar el gasto más elevado del presupuesto en un solo mes.
4-Ejecución dudosa: No se observa en el territorio un despliegue de maquinaria que justifique semejante contratación.

1-Tipo de contrato utilizado
Podemos sintetizar en tres tipos o modelos de diseño. Uno, ‘el alquiler o compra de horas de máquina’. donde se adquiere un número determinado de horas para usar dentro de un plazo acordado. Otro, es el ‘alquiler con horario fijo’, es decir, se alquilan las máquinas por días y horarios específicos (ej. lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs), generalmente por varios meses. Y un tercer tipo, ‘full time’: las máquinas se alquilan por meses, con disponibilidad total las 24 horas del día. Este último es el tipo de contrato elegido por el Municipio para el alquiler de las 138 máquinas y equipos. Una modalidad que no requiere certificación, ya que el Municipio mantiene la posesión durante todo el período de alquiler. Para el prestador, es el contrato más rentable, ya que el equipo está alquilado todo el día, y se paga aunque no se use.

2-Sobreprecios
En el siguiente cuadro [Cuadro2] se puede observar distintos casos reales de alquileres de equipos y máquinas en otros municipios del país, con tipos de condiciones distintas (relacionado con el punto anterior), detallando para cada caso el costo mensual, diario y por hora, de cada rango, lo que permite comparar costos en forma homogénea.

Se muestran los valores mensuales, diarios y por hora, y en la última columna, el costo total que cada Municipio pagará por 6 meses, considerando igual disponibilidad del equipo.
En cualquiera de los casos, el alquiler adjudicado por Nikisch resulta ser el más costoso. Para que sea comparable con los demás, las máquinas deberían utilizarse casi 20 horas por día. Aun así, su precio duplica o triplica el de otras gestiones, para un mismo servicio.

3-No está previsto en el Presupuesto. No hay un plan de trabajo publicado
La ausencia del gasto en el Presupuesto y la falta de un plan de trabajo publicado evidencian una desconexión entre la planificación y la realidad. La sanción del Presupuesto, con solo seis votos cuando se requerían más, y su diseño general muestran una intención clara de ocultar información clave: partidas, superávit y operaciones sustanciales como el alquiler de maquinaria, que representa casi el 10% de los ingresos anuales.

El uso de la partida “Trabajo Público” y otras como “Bienes y Servicios no Personales” parece haber sido una estrategia para esconder excedentes, que luego se redistribuyen arbitrariamente gracias a los “superpoderes” que se autoasignaron, modificando y redistribuyendo y desdibujando la planificación inicial, publicada y debatida hacia la comunidad, principal objetivo que marca la Carta Orgánica al establecer el carácter participativo del Presupuesto que, no solo se incumple al no generar el mecanismo de participación ciudadana, sino que lo poco que se presenta, no constituye un plan de acción y ejecución de recursos previsto, incumpliendo con ello también el rol de autorización previa del Concejo al Ejecutivo, así como desvirtuando cualquier control que se quiera hacer.

4-Ejecución Dudosa. La inexistencia física de esas máquinas en el territorio
Durante marzo, abril y mayo – meses de ejecución de los contratos licitados – no se evidenció la presencia de los 138 equipos alquilados atendiendo las demandas de vecinas y vecinos de la ciudad. Un número que triplica la capacidad operativa municipal con equipos propios, y que es mayor si se suma de los de Vialidad y empresas que ejecutan obras. Esa magnitud haría imposible no notar su actividad, con camiones y maquinaria trabajando las 24 horas. Sin embargo, la ausencia es notoria.

Esto sugiere que el Municipio está pagando un servicio excesivamente costoso, cuya contratación no surge de una necesidad demostrada ni presupuestada. Queda clara la decisión política de avanzar en perjuicio económico del Municipio y, por lo tanto, de toda la ciudad.

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CORRUPCION

Infernal gasto en pauta: Zdero aumentó un 266% los pagos a medios antes de las elecciones

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El gobierno lleva contratados más de $6.079 millones en publicidad en lo que va del año. De febrero a marzo, aumentó un 50,3%, y de marzo a abril, otro 17,2% más, justo en el mes previo a la votación.


Mientras el gobernador Leandro Zdero se subió hace rato al tren del ajuste con recortes en salarios públicos y achique en áreas clave como salud, educación y comedores escolares, su administración gastó más de $6.000 millones en pauta oficial en apenas 135 días.

Esta suma escandalosa fue canalizada a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Lotería Chaqueña y la Presidencia del Poder Legislativo, bajo el liderazgo de Carmen Delgado Britto, estrechamente alineada con el Ejecutivo.

El área que maneja Resico es la que, por lejos, marca el pulso del gasto en blindaje mediático: ordenó pagos por $5.174.430.996,59, el 85% del total que el gobierno usa para disciplinar a la prensa.
Según datos oficiales a los que accedió Es Chaco, la “inversión” en propaganda creció un 266% en los meses previos a las legislativas del 11 de mayo.

Así, a medida que se acercaban las elecciones, Zdero incrementó de enero a febrero, un 63,9%; de febrero a marzo, otro 50,3%; de marzo a abril, un 17,2% más; y de abril a los primeros 15 días de mayo, se disparó un 26,9%.

Lejos de ser un gasto uniforme, la inversión en publicidad política creció exponencialmente a medida que se acercaban las elecciones del 11 de mayo. En enero, el gasto fue de poco más de $521 millones, pero para mayo (con solo 15 días relevados) ya superaba los $1.911 millones. La pauta se cuadruplicó en cuatro meses, con la secretaría de Resico como principal ejecutora, manejando casi el 85% del total.

Es un esquema aceitado de blindaje mediático, disciplinamiento de voces críticas y marketing disfrazado de comunicación institucional.


Este modelo reproduce una lógica de gobierno en que la prioridad no es la gestión pública, sino el control de la narrativa.

La utilización de la pauta como herramienta de censura indirecta o premio al alineamiento editorial no es nueva, pero en el Chaco ha alcanzado, todo indicaría que es así, un nivel obsceno. El uso del Poder Legislativo como caja de resonancia mediática -cuando debería ser un órgano de control o, al menos, de debate político o institucional- y la intervención de Lotería Chaqueña refuerzan la gravedad del cuadro: los recursos públicos terminan financiando campañas encubiertas.

El gasto de Zdero, en detalle
Enero: $521.292.662,82
Febrero: $855.014.845,06
Marzo: $1.285.290.158,84
Abril: $1.506.550.866,66
Mayo (hasta el 15): $1.911.106.947,39
Total acumulado: $6.079.255.480,77

Gasto total por área:
Secretaría de Asuntos Estratégicos: $5.174.430.996,59
Lotería Chaqueña: $656.241.595,64
Presidencia del Poder Legislativo: $248.582.888,54.

 

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