Este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini presentó ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia el requerimiento formal de imputación hacía un ministro, exfuncionarios y legisladores, basada en una denuncia realizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas semanas atrás.

Los imputados por el fiscal son el actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia Hernán Javier Halavacs; el ex Director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal, Miguel Ángel López; el ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción, Luciano Olivares; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; el ex director de Bosques Hernán Brumswig y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia

En la presentación realizada ante Niremperger se solicita la investigación a las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401. Las firmas mencionadas por el fiscal son: “Vicentin”; “Las Guindas S.A”; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca Del Salado S.A”; “Grupo Buratovich Hermanos“; “MSU S.A”; “Triad S.A”; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie S.A”; “Cigra S.A”; y “La Nueva Pirámide”.

Además, detalla que la denuncia que dio inicio a la investigación, está basada en “diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras”. Menciona también que estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en la recientemente sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.

Sabadini insiste en investigar un posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
Además de los funcionarios y legisladores imputados finalmente, el fiscal solicitó que se investigue a toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor o encubridor de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.