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Economia

Reducción de personal y ajustes: ¿cuántos empleados tendrá el Congreso el año que viene?

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El proyecto de gastos presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara baja prevé la menos personal y baja en la distribución de fondos entre senadores, diputados y áreas administrativas, en línea con la política impulsada por Javier Milei

El Poder Ejecutivo presentó las bases del Presupuesto para el Congreso Nacional correspondiente a 2026, con un enfoque en la contención del gasto político y la austeridad. El equipo económico aguarda que la política de ahorro promovida por la administración de Javier Milei continúe y se refleje en el ámbito legislativo el próximo año, en respuesta al reclamo social por una reducción de los costos estatales.

El análisis de las planillas oficiales de los presupuestos por jurisdicciones, considerando el período de 2022 a 2026, muestra que el Poder Legislativo Nacional prevé un gasto total para el próximo año de $674.013 millones entre partidas corrientes y de capital.

Este monto contempla los sueldos y necesidades operativas de los empleados directos de cada senador y diputado, los colaboradores de los distintos bloques, el personal de las comisiones, direcciones, secretarías y áreas administrativas. El presupuesto significa un aumento nominal del 9,8%, pero, si se deduce la inflación proyectada del 14,1%, se traduce en una contracción real del 3,8 por ciento.

El Congreso de la Nación emplea a 14.402 personas, que brindan servicios a 72 senadores y 257 diputados

Actualmente, el Congreso de la Nación emplea a 14.402 personas, que brindan servicios a 72 senadores -tres por cada provincia: dos por la mayoría y uno por la minoría- y 257 diputados, elegidos en representación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 2026, se proyecta un recorte de 948 empleados, lo que representa una disminución del 6,6% en la cantidad de agentes legislativos.

En cuanto a los gastos corrientes, la partida asignada es de $589.498 millones, con un incremento nominal del 12,3%. Sin embargo, si se descuenta la inflación proyectada, la reducción real sería del 1,6%. Este ajuste, junto con la reducción de la planta, permitiría que la masa salarial tenga un incremento promedio en el poder adquisitivo de 10,9 por ciento.

Senado sin cambios y Diputados con ajuste

La Cámara alta, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, cuenta con 5.018 empleados distribuidos en cargos permanentes, transitorios y contratados, y se mantendría sin variaciones respecto a la dotación del año previo.

El presupuesto asignado al Senado será de $180.475 millones, lo que implica un aumento nominal del 11%. El promedio mensual, contemplando aguinaldo, se ubica en $2.827.896 por agente. A valores ajustados por inflación, esto representa una caída real de 2,7% en la asignación individual. En comparación con la gestión previa de Alberto Fernández, la estructura de personal permanece estable, aunque se registra un ajuste real de 2,9% en los fondos destinados a la administración.

La partida por empleado a cargo del Senado se prevé baje 2,7% en términos reales y la asignada a Diputados aumente en 10,5 por ciento

Por su parte, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, recibirá una asignación de $218.103 millones. Este monto refleja un incremento nominal del 10,9%, pero un descenso de 2,8% en términos reales.

La reducción de la planta será más notoria: el personal para 2026 se prevé en 4.557 empleados, 627 menos que en el presente año. Esto deriva en un aumento del 10,5% en el poder adquisitivo del salario promedio, que alcanzaría los $3.681.623 mensuales por puesto.

Áreas administrativas y organismos auxiliares

El resto del presupuesto corresponde a las dependencias técnicas y de servicios del Congreso, como Asistencia Bibliográfica (1.244 empleados), Imprenta (509), Dirección de Ayuda Social (788), Procuración Penitenciaria (280), Defensa de los Derechos del Ciudadano (544), Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (60), Oficina de Presupuesto de la Nación (25) y Defensoría de los Niños y Adolescentes (359 cargos).

En conjunto, estas áreas recibirán $186.920 millones en 2026, lo que significa una suba nominal de 15,3% y un avance real de 1%. El recorte en las dotaciones administrativas será de 321 personas, pero la asignación por empleado crecerá 9,4% en términos de poder adquisitivo.

Evolución y comparativa con gestiones anteriores

Según los datos oficiales, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei y hasta el presupuesto proyectado para 2026, el monto total de las partidas asignadas al Congreso se mantuvo prácticamente estable en términos reales, con un alza marginal del 0,2%. Sin embargo, el gasto por empleado, debido a la reducción en la planta, tuvo un aumento del 9,2 por ciento.

Esta política presupuestaria refleja la voluntad del Ejecutivo de mantener una administración racional en el ámbito legislativo, evitando el crecimiento real de las asignaciones globales y otorgando mejoras puntuales en el ingreso de los agentes activos como resultado de la reducción de la planta.

El ajuste en el Congreso forma parte del compromiso gubernamental de racionalizar los recursos públicos y de responder a la demanda social de menor gasto político

Según consignó Infobae: “El ajuste en el Congreso forma parte del compromiso gubernamental de racionalizar los recursos públicos y de responder a la demanda social de menor gasto político”.

Así, el foco del ajuste se observa no solo en los números generales, sino en la composición del empleo legislativo y en la distribución interna de los recursos, que tendrán como eje el sostenimiento de las funciones esenciales, el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la prioridad en el uso eficiente de los fondos públicos.

Javier Milei viene enfatizando su intención de continuar la política de reducción del gasto estatal, alineando todas las áreas del Gobierno, incluidas las legislativas, al reclamo ciudadano de austeridad y eficiencia administrativa, medida que impactará en la estructura y dinámica interna del Congreso Nacional durante el próximo año.

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La Cámara de Comercio criticó las multas en la ley de dólares bajo el colchón: “Son excesivas”

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Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.

La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.

El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.

La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.

La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA - Daniel Vides)
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)

Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.

“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto

El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

El objetivo central es simplificar los procesos impositivosbajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.

En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)

La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.

Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.

Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

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El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas

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El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.

El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.

“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.

En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.

Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados, los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).

El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.

El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.

La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

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La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.

 

 

La inflación de noviembre fue de 2,5% acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.

El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.

Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
  • Transporte: 3%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.
  • Comunicación: 2,7%.
  • Bienes y servicios varios: 2,5%.
  • Restaurantes y hoteles: 2,5%.
  • Recreación y cultura: 2,4%.
  • Salud: 2,4%.
  • Educación: 2,2%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.
  • Equipamiento del hogar: 1,1%.
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

 

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