La propuesta, presentada por Romina Diez, introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral
Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley que prepara el Gobierno para discutir en el Congreso
Con el fuerte apoyo que recibió en las urnas, el Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral, que ya se venía discutiendo en el Consejo de Mayo. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y acompañada por un grupo de legisladores de distintos bloques, propone un ambicioso proyecto de ley: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios, indemnizaciones en cuotas y más.
El texto, que sigue los lineamientos de la denominada Ley Bases, apunta a “institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado”.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modernización laboral. El proyecto introduce cambios en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, y la actualización de los beneficios sociales no remunerativos.
En cuanto a la movilidad y disciplina laboral, el empleador podrá introducir cambios en la prestación del trabajo siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato, y se mantiene la opción para el trabajador de considerarse despedido sin causa si se vulneran estos límites. Además, se precisan los plazos y mecanismos para impugnar sanciones disciplinarias, estableciendo que “dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma”.
Los principales cambios que propone el proyecto están relacionados con las horas extras, las licencias por enfermedad y las indemnizaciones
El proyecto también redefine el concepto de beneficios sociales, detallando una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen desde la provisión de almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia. Se aclara que estos beneficios no integran la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.
En materia de remuneraciones y recibos de sueldo, se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada sobre el empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.
Respecto a las vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se permite la fragmentación en períodos no menores a una semana, garantizando que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario. Además, se establece que los trabajadores unidos en matrimonio o unión familiar que trabajen para el mismo empleador podrán solicitar el goce conjunto de las vacaciones.
El texto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
En el capítulo de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad —inferior o superior a 5 años—. En el caso de quienes tengan carga de familia y por lo tanto se encuentren impedidos de concurrir al trabajo, tendrán derecho a percibir remuneración durante seis o 12 meses. Esto último también variará de la antigüedad.
Además, se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos, que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, con la posibilidad de convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes.
En cuanto a la conservación del empleo tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.
Los diputados Romina Diez y “Bertie” Benegas Lynch (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
El proyecto también modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total que se obtenga en ningún caso podrá exceder a la suma que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del tres por ciento (3%) anual”. Además, se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al veinte por ciento (20%) y se permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias en hasta doce cuotas mensuales.
Por su parte, el proyecto propone que también las Micro, Pequeñas y Medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
En el ámbito del trabajo agrario, el borrador busca redefinir el alcance del régimen legal, excluyendo a trabajadores de actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios, así como a quienes realicen tareas ajenas a la actividad agraria o estén encuadrados en el régimen de casas particulares. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.
Uno de los capítulos más relevantes es el de incentivos al empleo. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto, todos aplicables durante doce meses. El beneficio se otorgaría solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.
El texto está acompañado por los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.
Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.
La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.
El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.
La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)
Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.
“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto
El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El objetivo central es simplificar los procesos impositivos, bajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.
En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.
Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.
Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.
También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.
Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.
El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.
El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.
“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.
En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.
Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados,los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.
La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.
Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.
La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.
El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.
En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%).El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).
Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.
Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
