En medio del debate por la reforma laboral y las altas tasas de informalidad, un dato despertó preocupación: la Argentina tiene uno de los índices más altos de litigiosidad laboral del mundo.
Así lo advirtió la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en un informe, en donde alertó sobre el “colapso del sistema de ART” por la intervención sin control de los peritos judiciales.
“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país”, aseguró Mara Bettiol, la presidente de la entidad.
Según señaló, el problema central tiene que ver con el rol de los peritos judiciales, que son aquellos que determinan los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales: “Actúan sin control y sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio”.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, nueve de cada 10 casos que llegan a la Justicia son sin incapacidad o directamente inculpables, es decir, no tienen relación con el trabajo.
“Estos desvíos en las pericias judiciales son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas“, indicó el informe.
Uno de los datos más interesantes del relevamiento está vinculado con la grave situación en Argentina, donde se registra una tasa de judicialidad 15 veces mayor que la de España y 21 veces más alta que la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar.
Mientras las muertes en el trabajo bajaron un 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad no para de crecer: se proyectan más de 130 mil juicios para 2025.
“Si Argentina tuviera el índice judicial de España, tendría algo más de 8000 juicios por año y si tuviera el índice de Chile no alcanzaría a 6000 juicios por año”, planteó la UART.
Un informe de IERAL de Fundación Mediterránea reveló que la lumbalgia es una de las afecciones más diagnosticadas en la Justicia y suele ser valorada sin incapacidad en las Comisiones Médicas. Sin embargo, los peritos judiciales la califican con un 14% de incapacidad definitiva en promedio. Asimismo, hay una enorme variabilidad entre provincias y hasta dentro de cada jurisdicción.
“Es imperativo resolver los desvíos judiciales y la actividad pericial para brindar un real servicio de justicia a empleadores y trabajadores. La conformación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF), tal como prevé la Ley 27.348, es una necesidad urgente. La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados, y que realizan pericias que nadie controla”, insistió Bettiol.
El gobierno nacional ya anticipó que impulsará en los próximos meses “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, según el texto firmado en el Pacto de Mayo. Para Bettiol, el sistema de ART “ofrece un antecedente valioso al momento de avanzar en el debate laboral: no basta con cambios legislativos, es necesario garantizar su implementación sin distorsiones”.
En 2017, el Congreso sancionó la Ley 27.348 para reducir la cantidad de juicios por riesgos del trabajo. Se buscó fortalecer las soluciones administrativas a través de las Comisiones Médicas y dar asistencia letrada gratuita al trabajador. Al principio, los litigios bajaron, pero rápidamente volvieron a multiplicarse las demandas y los montos indemnizatorios.
“Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo. A la vez, todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema”, concluyó el relevamiento.
