Una por una, las droguerías involucradas en la distribución de los lotes contaminados, y los mensajes sobre la venta de la droga por fuera del sistema legal. Son 122 las historias clínicas investigadas por la muerte de pacientes
Ariel García Furfaro detenido
“Nunca tuve nada que ver con drogas ni con narcotráfico”, sostuvo Ariel García Furfaro en la declaración indagatoria del viernes pasado frente al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta. También lo hizo ante las cámaras de TV y en la entrevista que concedió a Infobae. “No soy narco”, repitió. En todos los casos culpa de falsas denuncias por ese presunto hecho a un ex empleado de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA. En el dictamen de 155 fojas a través del cual el Ministerio Público Fiscal solicitó al magistrado la detención de 10 de los 17 imputados en la causa por la elaboración, distribución y venta de fentanilo contaminado vinculado al fallecimiento de pacientes en clínicas y hospitales, se hace mención directa a ampollas del potente opioide de uso medicinal de HLB Pharma derivadas al comercio ilegal, una hecho investigado desde 2023 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); la falta de trazabilidad de lotes del medicamento y la duda sobre la destrucción de 5 kilos de citrato de fentanilo en polvo importado por los laboratorios de Ariel García. Esos hechos son investigados y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
En la lectura de cargos contra los imputados figuran 122 historias clínicas relacionadas a pacientes fallecidos después de haber sido tratados con el medicamento de HLB Pharma. De ese total, hasta ahora el Instituto Mlabrán, confirmó 87, es decir que el genotipo de las bacterias con las que están adulteradas las ampollas es idéntico a las que fueron halladas en los hemocultivos de las víctimas; a esto se le suman 9 casos “sospechosos”, lo que daba un total de 96 casos. A estos historiales médicos se sumaron 26 más, lo que eleva a 122 los nombres de pacientes fallecitos investigados. Según una fuente del juzgado federal de La Plata aun restan los estudios para “chequear bien si se trata de la misma bacteria. Estamos indagando (por los imputados) los peritos del Cuerpo Médico Forense aún no terminaron de analizar esa nueva documentación”, precisaron las fuentes judiciales.
En la página 22 del extenso dictamen fiscal también se elaboró un cuadro detallado de la ruta que siguieron los lotes de fentanilo contaminado con bacterias, sobre todo el 31.202, que fueron usados en las unidades de cuidados intensivos y se lo vincula a la muerte o la infección de más de un centenar de pacientes.
Cadena de comercialización
En el expediente, y basado en la documentación que recabó el juzgado de Kreplak en menos de tres meses de investigación, se revela la “cadena de comercialización de los Lotes 31.202 y 31.244 del fentanilo HLB”. Allí se describe que los lotes del “fentanilo contaminado se produjeron en el Laboratorio Ramallo S.A., y HLB Pharma los sacó a la venta el 4/1/25 (lote 31.202) y el 6/1/25 (lote 31.244)”.
También se precisa que del “LOTE 31202 se produjeron 154.530 ampollas, que equivalen a 1.545 cajas de 100 ampollas cada una (por 5ml, concentración 0,05mg/ml). Según la documentación secuestrada y aquella remitida por ANMAT, de lo que se pudo reconstruir hasta el momento (estos datos son parciales y podrían variar con el devenir de la investigación), los remitos de HLB Pharma y los correos electrónicos enviados por el director técnico de HLB dan cuenta de que estas ampollas se vendieron a cuatro droguerías: Droguería Alfarma S.R.L., habría adquirido 15.000 ampollas”.
La fiscalía describe que a su vez Alfarma (propiedad de Ariel García), “habría vendido a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales, dependiente de la Unidad Central de Contrataciones del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa (UCPIM) la cantidad de 15.000 ampollas “. De ese total, “2.000 habrían sido vendidas al Hospital Interdistrital Evita”.
Los documentos incorporados a la causa muestran que la Droguería Nueva Era S.R.L. habría adquirido 50.000 ampollas y habría vendido un total de 48.300 ampollas a hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También a la Municipalidad de Chivilcoy, a las ciudades de Rosario y Santa Fe.
La fiscalía también resalta que “en el allanamiento realizado en la sede de la droguería (26/05/2025) se recuperaron las 1.700 ampollas que no se vendieron”.
La Droguería Glamamed -se estima- compró 30.000 ampollas y del cruce de las facturas emitidas “se pudo saber que habría vendido 25.507 ampollas” a establecimientos de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, CABA.
La cuarta sociedad involucrada en la venta de las partidas contaminadas de fentanilo es la Droguería Federal Pharma que habría adquirido 10.000 ampollas “según facturas de HLB 00036-00003412 y 00036-00003418 del 03/01/2025 por 5.000 ampollas cada una”. El Ministerio Público Fiscal remarcó que “en las facturas no se consignó el número de lote vendido”.
Los 17 imputados en la causa
Y agrega: “De la revisión de los remitos emitidos por la firma Regional Med se pudo verificar que habría vendido al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe la cantidad de 4.800 ampollas en dos compras, y al Hospital J B Iturraspe la cantidad de 1.000 ampollas”.
La fiscalía también destacó: “Es importante aclarar que el lote 31.244 también resultó contaminado. Sin embargo, al menos a la fecha, no se han detectado muertes por su suministro. Por otra parte, no se descarta que existan otros lotes contaminados, será el devenir de esta investigación el que determine tal circunstancia”.
La actuación de la PROCUNAR
En los documentos a los que accedió este medio también se destaca “la actuación interjurisdiccional de la Procuraduría de Narcocriminalidad, que colabora en esta investigación con la fiscalía en el tramo denominado “desvío de cantidad”, develó pruebas que trajeron a escena un hecho de desvío del comercio lícito y controlado de un lote de fentanilo inyectable de la empresa HLB Pharma”.
Se trata de un caso ya revelado por Infobae: la causa 3534/2023 del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, en el cual colabora la PROCUNAR y se “investiga una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos contra la salud pública, entre ellos, el desvío de la cadena de comercialización lícita de fentanilo de la firma HLB Pharma”.
En el dictamen fiscal figura la conversación por el desvio de fentanilo de HLB Pharma al circuito ilegal
Sobre este punto dice la fiscalía: “En lo que aquí nos ocupa, se observó un diálogo de fecha 9 de marzo de 2023 -extraído de un equipo de telefonía celular secuestrado-, en el que participó el allí imputado, Martín Hernán Alarcón y el usuario agendado como ‘Fede’. Durante la interacción el último le ofreció cien dosis de Fentanilo HLB, refiriendo que luego tendría cien dosis más, y acompañó imágenes tanto de una de las ampollas, como de una caja que rezó: “Lote 30366 VTO: JUL-23”.
“El ofrecimiento por fuera de los canales legales del lote 30366 de Fentanilo del laboratorio HLB fue el puntapié para que la PROCUNAR profundice en su trazabilidad, a fin de determinar la existencia de responsabilidad penal por parte de la empresa involucrada en el desvío evidenciado”, recordó la fiscalía.
La fiscalía agregó ese expediente a las actuaciones iniciadas por la contaminación del fentanilo con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia Picketti, que de manera prolija ya investigaba la PROCUNAR en 2023 y que, de manera lógica, muy bien podría seguir con esa investigación .
Las empresas sobre las que el juez Ernesto Kreplak trabó un embargo general de bienes
Según quedó expuesto en un escrito firmado por el juez Kreplak, el magistrado entendió que la suma de ese expediente por parte del Ministerio Público Fiscal “se trató de un hecho nuevo, “novedoso, aunque conexo con la hipótesis de desvío de cantidad del presente legajo, toda vez que se trataba de desvío de ampollas de fentanilo inyectable mas no de citrato de fentanilo”, y “se trataba de un lote respecto del cual no se había tomado a la fecha medida probatoria alguna”. Por esa razón, el juez dispuso que el desvio de esas ampollas de fentanilo en Misiones, se incorpore “a la causa FLP 34256/2025″ en la cual se investiga una hipótesis derivada y paralela a la causa central de los lotes contaminados de fentanilo HLB: el posible desvío casi 5 kilos de Citrato de Fentanilo.
Entre la documentación secuestrada, quedó acreditada la elaboración del lote de fentanilo 30366 (del cual se desviaron las ampollas a Posadas)“ fue rubricado por el director general Javier Tchukran y el jefe de producción Eduardo Darchuk que dio cuenta que ese lote fue fabricado por HLB Pharma el día 12/07/21 y contempló 170.433 unidades aptas”. Ambos están imputados en la causa que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak. El primero de ellos está detenido. El segundo está citado a declaración indagatoria.
Para el Ministerio Público Fiscal, “la forma de registración de la cadena de distribución/comercialización de las sustancias controladas de HLB no pasó inadvertida a la hora de analizarlas conjuntamente al comercio por fuera de los canales de distribución visto en el caso de la justicia federal de Posadas”.
De hecho, “la Técnica profesional de ANMAT, Eliana Marta Ise, reportó inconsistencias entre la documentación registrada, la disponible y el stock físico de los productos, cuyas deficiencias fueron clasificadas como “muy graves y graves” y derivaron en la suspensión preventiva de la habilitación de Alfarma, droguería conectada al mismo grupo empresario”, en referencia a Ariel García.
En la causa se investiga el supuesto desvío de fentanilo de HLB Pharma
Por otra parte, el director de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cándido Velázquez “evidenció la desprolijidad en la ubicación de documentación solicitada por ese organismo durante la inspección de 2025 en HLB y en particular, solicitó los certificados de disposición final del producto, pero su entrega fue parcial”.
Por otro lado, destaca el dictamen fiscal “el mismo funcionario del Registro Nacional de Precursores Químicos(RENPRE) advirtió sobre una eventual diferencia entre las proporciones de drogas establecidas en la certificación de especialidad medicinal emitida por ANMAT, la cantidad de kilos de citrato de fentanilo utilizado y/o las ampollas elaboradas, que yacían en el Laboratorio Ramallo -parte del mismo grupo empresario-. Todo ello se encuentra aún bajo investigación”.
El juez federal Ernesto Kreplak investiga la causa por el fentanilo contaminado
Entre la documentación recabada se destaca que “mediante nota NO-2025-91527257-APN-DFPQ#MSG de fecha 20/8/25, la Dirección de Fiscalización de Precursores Químicos expuso que, de las inspecciones practicadas en fecha 11/3/25 y 14/3/25 tanto en la firma HLB Pharma Group SA como en Laboratorios Ramallo SA, si bien se observó al Lote 30366 del producto “FENTANILO HLB” ampollas por 5ml dentro del Registro de Producción de fecha 12/7/21, de las 172 facturas de venta obtenidas ‘no se detalla el número de lote del producto en cuestión’”.
Por esa razón, la fiscal María Laura Roteta destacó que: “Esa forma de operar por parte de los imputados imposibilita el debido control de trazabilidad de las sustancias fabricadas por HLB, lo cual no solo incumple las Buenas Prácticas incorporadas mediante Disposición ANMAT 2069/2018, sino también alza la sospecha del desarrollo de actividades en infracción a la ley 23.737”, en mención a la ley sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.
Los investigadores ponen en duda la destrucciòn de casi 5 kilos de citrato de fentanilo
Dudas sobre la quema del fentanilo
La fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la supuesta destrucción por parte de las empresas de Ariel García de 4.850,08 kilos de citrato de fentanilo “y su eventual desvío”. Se trata de la causa 142269/24 agregada a la investigación del fentanilo contaminado.
Dice la fiscalía sobre el hecho: “En definitiva, por un lado, existe motivo de sospecha para sostener que los responsables de HLB desviaron ampollas al mercado ilícito, mientras que se encuentra en vías de ser determinada la destrucción del citrato de fentanilo alegada por Nilda Furfaro”.
Se trata de la madre de Ariel García imputada en la causa por formar parte de la dirección de HLB Pharma y ser accionista. Fue ella quien firmó por parte de la sociedad la supuesta destrucción del Citrato de Fentanilo en polvo. La fiscal recuerda: “La destrucción de precursores o drogas controladas debe llevarse a cabo bajo supervisión oficial, con documentación precisa y verificación de las autoridades pertinentes, para evitar su desvío al mercado ilícito”. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal señaló los siguientes hallazgos:
Falta de actas y registros oficiales: “No se hallaron documentos que acrediten con detalle el procedimiento completo, tales como actas de destrucción con la presencia de funcionarios de autoridad de aplicación (Ministerio de Seguridad o ANMAT), ni certificados de quema o eliminación firmados por responsables oficiales y testigos imparciales”.
Entrega parcial/incompleta de documentación: “Durante las inspecciones y allanamientos, los laboratorios presentaron papeles de disposición final incompletos o reportes parciales, que no permiten individualizar ni el total destruido ni las condiciones bajo las cuales se habría realizado la quema”.
Deficiencia en la trazabilidad: “Los registros de laboratorio sobre ingresos, egresos y salidas de materia prima presentan inconsistencias cronológicas y numéricas. La diferencia entre lo adquirido, lo utilizado en producción y lo alegadamente destruido no se puede explicar sólo con la documentación ofrecida por los imputados”.
Observaciones de la Dirección de Precursores Químicos: “El organismo de control advirtió que no fue posible localizar todos los certificados ni verificar físicamente la destrucción de la totalidad del citrato denunciado”.
Falencias operativas y antecedentes de desvío:” La investigación ya había hallado antecedentes de desvío de ampollas de fentanilo hacia el circuito ilícito, por fuera del canal farmacéutico legal, lo que genera un marco de sospecha sobre el destino que pudo tener la materia prima supuestamente destruida”.
Sospecha de encubrimiento: “La falta de transparencia y los vacíos de control oficial refuerzan la sospecha de que la destrucción pudo haber sido simulada o sólo parcial, encubriendo un desvío real del citrato de fentanilo hacia usos prohibidos o venta clandestina”.
El Senado avanza con un proyecto que obliga a la aprobación de ambas cámaras, impone un plazo máximo de 90 días y restringe los “mega decretos” como el 70/23. El oficialismo denuncia un intento de condicionar la gobernabilidad, mientras los bloques opositores buscan recuperar protagonismo en el Congreso
La oposición en el Senado se prepara para dar un nuevo golpe legislativo al Gobierno. En medio de la crisis política generada por el escándalo de los audios de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tras varias derrotas parlamentarias, los bloques no alineados con La Libertad Avanza avanzan con un proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen de comisión, propone que un decreto solo pueda tratar un único tema para evitar la acumulación de medidas heterogéneas, como ocurrió con el DNU 70/23 —con 366 artículos— que el Senado rechazó y Diputados mantiene sin tratamiento. Además, establece que todo DNU deberá ser aprobado tanto por la Cámara baja como por el Senado y fija un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial para ser tratado. Cumplido ese tiempo, quedará automáticamente derogado.
Otro punto clave del proyecto es que, si un decreto es rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario. La medida busca cerrar el margen de maniobra que hoy tiene Javier Milei para mantener vigentes sus disposiciones con el respaldo parcial de una sola cámara.
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Una pulseada política en el Congreso
El debate legislativo se inscribe en un escenario político adverso para el oficialismo. La oposición consiguió articular mayorías en distintas sesiones, frenó decretos delegados sobre organismos estatales como Vialidad y avanzó con proyectos como la ley de financiamiento universitario o la emergencia pediátrica, que ahora esperan definición frente a posibles vetos presidenciales.
La hora de Victoria Villarruel: aseguró que se vive un momento “difícil y confuso” por el escándalo de los audios
El dictamen de mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales fue firmado por referentes de la UCR, el PRO, Unidad Federal y el kirchnerismo. El único bloque que no acompañó fue La Libertad Avanza, que acusa a la oposición de querer condicionar la gobernabilidad de Milei en plena campaña electoral.
El as bajo la manga de Milei: el veto presidencial
En paralelo, la atención también estará puesta en los plazos de los vetos presidenciales. El Presidente dispone de diez días hábiles para definir si veta las leyes ya sancionadas, como la de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), la de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Cualquiera de ellas podría sumarse al temario opositor en la sesión prevista para la primera semana de septiembre.
“La ha superado la ambición por el dinero”: Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei
Con este escenario, la estrategia de la oposición apunta a fijar límites concretos a los DNU y a consolidar un bloque de poder capaz de condicionar la agenda parlamentaria. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un nuevo frente de conflicto que amenaza con debilitar aún más su capacidad de maniobra en el Congreso.
El dinero estaba destinado a obras de seguridad vial que nunca se realizaron. Julián Ercolini y Gerardo Pollicita mantienen paralizada la causa desde hace 4 años.
Desaparecieron 1300 millones de pesos de Vialidad Nacional entre 2017 y 2019, equivalentes a más de 50 mil millones de pesos actuales, según surge de una auditoría realizada durante el gobierno anterior. En la provincia de Buenos Aires se sospecha que el dinero se utilizó para pagar la campaña a intendente de Javier Iguacel en Capitán Sarmiento.
El juez Julián Ercolini y el fical Gerardo Pollicita no han concretado ningún avance importante en la investigación de la causa que debería indagar en que se utilizaron esos 1314 millones -entonces equivalentes a USD 50 millones- que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le giró a Vialidad para la realización de obras de seguridad en las rutas.
Entre 2017 Seguridad Vial y Vialidad firmaron un convenio. Se trata de dos organismos diferentes: uno trabaja para bajar la cantidad de accidentes viales y el otro construye y mejora las rutas nacionales. A partir del acuerdo, Vialidad recibió el equivalente a más de 50 mil millones para mejorar la seguridad en cinco rutas nacionales, la 5, 7, 8, 22 y 34.
Esas rutas nacionales estaban siendo renovadas y, en el marco de esas obras, los privados debían instalar líneas vibrosonoras para evitar despistes, tachas reflectivas y señalización con luces led; agregar cartelería inteligente o carteles electrónicos dinámicos entre otras cuestiones.
Iguacel monta un carry trade de deuda en dólares sobre los pozos que le dio YPF
A pesar de que el dinero pasó de Seguridad Vial a Vialidad, las obras nunca se realizaron. En algunos casos se encontraron carteles de “deficiente e incorrecta colocación” metidos adentro de tambores de combustible o demarcación vibrosonora mal colocada. Incluso flechas de giro mal dibujadas.
El juez Julián Ercolini y el fical Gerardo Pollicita no han concretado ningún avance importante en cuatro años en la causa que debería indagar en que se utilizaron esos 1314 millones -entonces equivalentes a USD 50 millones- que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le giró a Vialidad para la realización de obras de seguridad en las rutas.
Seguridad Vial le encargó un informe a la Asociación Argentina de Carreteras que fue demoledor. Sus inspectores verificaron que ninguna de las obras pautadas había sido realizada.
Luis Goldín trabajó como director de jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y elaboró un informe que documenta la inexistencia de las obras encargadas a Vialidad. El informe también incluye las respuestas de las empresas que debían realizar las obras: en todos los casos las compañías respondieron que no las habían realizado. “La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”, dijo a LPO Goldín, que fue abogado de Cristina Kirchner.
La sospecha de quienes siguen el tema es que el dinero se utilizó para solventar la campaña de Javier Iguacel como intendente de Capitán Sarmiento. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció a Iguacel y a Guillermo Dietrich, que autorizó los giros a Vialidad por malversación de fondos.
El kirchnerismo cuestiona que Ercolini y el fiscal Pollicita, los mismos que instruyeron la causa contra Cristina Kirchner que inició el propio Iguacel, no avanzaron en esta investigación a pesar de que la denuncia tiene ya cuatro años.
Mientras que Dietrich se alejó de la política y pasa sus días entre Punta del Este y el exclusivo country Arelauquen de Bariloche, Iguacel se convirtió en empresario petrolero.
Como reveló LPO, el exministro de Energía y exdirector de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri montó una estructura para quedarse con activos de YPF por cifras millonarias, con un capital inicial ínfimo, y prepara un carry trade financiero que le dará ganancias de 100 millones de dólares anuales casi sin haber puesto un peso.