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Ivonne Baki, la mujer detrás de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos
La diplomática, con trayectoria en varios gobiernos, promueve una visión de política exterior centrada en la construcción de confianza interpersonal, más allá de los cambios de administración
En el restaurante del Hotel Georgetown Inn, en Washington D.C., los empleados saludan con familiaridad a Ivonne Baki, exembajadora de Ecuador en Estados Unidos. Su presencia en ese espacio, habitual desde hace años, refleja su prolongada trayectoria diplomática. Baki ha ocupado distintos cargos públicos y diplomáticos y ha participado en momentos clave de la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos.
El 11 de junio de 2025, recibió a Infobae tras concluir una reunión de alto nivel. En la conversación repasó parte de su carrera. “Me dicen: ‘Ah, has estado con todos los presidentes’. No es que he estado con todos los presidentes”, dice. “He estado con el Ecuador”.
Baki ha trabajado con mandatarios de diferentes orientaciones políticas tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Durante su paso por la embajada en Washington mantuvo interlocución con figuras como Donald Trump y Joe Biden, quienes son sus amigos personales, así como con la ex comandante del Comando Sur, Laura Richardson o miembros del Congreso como Chris Dodd. Ella define su estilo como “diplomacia humana” y sostiene que “para negociar, hay que confiar; y para confiar, hay que mirar al otro a los ojos”.
En la entrevista también señaló que incluso entre figuras aparentemente opuestas existen similitudes:“Me llevo bien con Donald Trump y con Bill Clinton, que son tan diferentes… pero se parecen mucho. Todos piensan que son distintos, pero tienen cosas en común”, reflexiona.
Lo mismo aplica, dice, a los presidentes ecuatorianos con los que ha trabajado: de Rafael Correa a Guillermo Lasso, de Jamil Mahuad a Lucio Gutiérrez. “Todos tienen cosas buenas y cosas malas”, afirma.
La primera negociación de Ivonne Baki fue a los 18 años cuando un grupo armado intentó secuestrar a su esposo.
Nacida en Ecuador y criada en parte en el Líbano, vivió allí durante la guerra civil. A los 18 años, cuando un grupo armado ingresó a su casa para llevarse a su esposo Sami Abd-El Baki, intervino para evitarlo. Según relata, pidió hablar con el líder del grupo, quien accedió a entrar desarmado. Tras conversar, el joven —dice— le explicó que su situación de pobreza lo había llevado a tomar esas decisiones. Para Baki, ese hecho fue un punto de inflexión personal sobre los vínculos entre violencia y exclusión: “Me enseñó que todos cargamos algo. Que cuando no tienes nada que perder, te vuelves una bomba humana, un narcotraficante, lo que sea. Por eso hay que darle dignidad a la gente”.
Pero antes de la diplomacia, el arte fue su primera forma de lenguaje. En el Líbano, durante la guerra civil, cuando su esposo era una figura política perseguida, Baki encontró en la pintura el modo de decir lo que no podía gritar. “Las mujeres en ese momento en el Medio Oriente y en el Líbano no podían hablar… Me di cuenta de que cuando podía pintar los mejores cuadros, es cuando se tenía la confianza con la persona para que se abra y se exprese”, cuenta.
En 1998 integró el equipo que negoció el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Colaboró con académicos de la Universidad de Harvard especializados en resolución de conflictos, como Roger Fisher y Herbert Kelman. Afirmó haber utilizado métodos informales para facilitar el diálogo entre los mandatarios de ambos países. “Yo hacía que se sienten a comer sin mapas, sin papeles… Solo a hablar de ellos, de por qué querían la paz”, comentó. Según su versión, el entonces presidente Mahuad cuestionó inicialmente ese enfoque, pero luego desarrolló un vínculo cercano con Alberto Fujimori: “Me decía, ‘tú con tus ideas libanesas’… gracias a eso, (Mahuad y Fujimori) se hicieron íntimos amigos”, asegura.
La “diplomacia de la gastronomía” fue clave en la firma de la paz entre Ecuador y Perú.
Luego vendría su designación como embajadora de Ecuador en Washington, primero con Mahuad en 1998, y luego con Lenín Moreno, Lasso, hasta 2024, cuando el presidente Daniel Noboa le pidió que sirviera como embajadora en Francia, cargo que dejó en noviembre de ese año.
Baki comenta como su gestión fue clave en la consolidación de la base militar de Manta como parte de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, además relata que logró el respaldo externo al proceso de dolarización y tuvo un rol fundamental en la negociación del ATPDA, el régimen de preferencias arancelarias que abrió el mercado estadounidense a productos ecuatorianos: “Negociábamos todos juntos: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia”, recuerda. “Si uno no conseguía el apoyo para su café, el otro lo ayudaba con las rosas o el espárrago. Éramos un equipo”.
Cuando regresó a la embajada en Washington, en 2020, tras 18 años fuera –después del periodo de Alfredo Palacios y de Rafael Correa–, encontró una relación debilitada: la base militar cerrada, embajadores declarados personas non grata, las relaciones diplomáticas estancadas. Su gestión con Trump primero y luego con Biden, recuerda, reactivó las vías políticas, comerciales y sanitarias. Coordinó la entrega de vacunas Pfizer, ventiladores durante la pandemia del coronavirus, y apoyó en la gestión de recursos financieros récord con el FMI, del BID, BM y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC). “Éramos el segundo país del mundo con más recursos del DFC después de India”.
En 2002 se presentó como candidata presidencial, por invitación de su hijo y un grupo de jóvenes. Según su testimonio, sabía que no ganaría, pero recorrió el país y asegura que esa experiencia marcó su comprensión de los problemas estructurales de Ecuador: “Yo sabía que no iba a ganar, pero ese recorrido me hizo conocer al Ecuador real, el del estómago hinchado por la desnutrición. Vi cosas que me cambiaron”.
Además de su papel como embajadora, Ivonne Baki ha ocupado cargos clave en el tablero político y diplomático del país: fue ministra de Comercio Exterior, parlamentaria andina, embajadora en Catar y principal negociadora de la iniciativa Yasuní-ITT, un ambicioso proyecto ambiental que —a pesar de su fracaso— ella sigue defendiendo como una oportunidad histórica perdida.
Además de embajadora, Baki fue ministra de Comercio Exterior, parlamentaria andina, embajadora en Catar y negociadora principal del proyecto Yasuní-ITT. Aún defiende esa iniciativa, que proponía dejar petróleo bajo tierra a cambio de compensación económica internacional. Según su testimonio, el proyecto se detuvo por decisión del entonces vicepresidente Jorge Glas, quien priorizó un financiamiento con China: “Fue un error gravísimo, pero yo me retiré y no lo acepté”.
La salida de Ivonne Baki de la embajada de Ecuador en Washington, en febrero de 2024, sorprendió tanto a la comunidad diplomática internacional como a la opinión pública ecuatoriana. En una recepción cargada de simbolismo, sus aliados más influyentes en la capital estadounidense —entre ellos la general Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur— le rindieron un homenaje que dejó claro el peso de su figura. “Juntas movimos montañas”, dijo Richardson ante una audiencia compuesta por figuras clave del poder en Estados Unidos: senadores, altos funcionarios, estrategas y tomadores de decisiones.
Desde su partida, la sede diplomática en Washington es ocupada por una encargada de negocios.
Ivonne Baki dice que los políticos tienen más en común de lo que creen, sugiere que la confianza le han permitido entablar relaciones con figuras del poder de ideologías contrarias.
Actualmente, Baki es asesora y copresidenta del fondo de inversión LARA, encabezado por Mauricio Claver-Carone, exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde ese rol, afirma seguir vinculada a proyectos que involucran a América Latina.
A pesar de haber vivido en ciudades como Doha, París y Washington, asegura que su vínculo con Ecuador se mantiene vigente. Su evaluación sobre los obstáculos al desarrollo económico del país es crítica: “No hay inversión porque no hay confianza. Y no hay confianza porque no hay reglas claras, porque hay burocracia, porque hay corrupción. No echemos la culpa afuera. El problema es nuestro”.
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Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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