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César Siles, el séptimo ministro de Luis Arce bajo sospecha de corrupción en Bolivia
El ex ministro de Justicia fue enviado a prisión acusado de tráfico de influencias tras la filtración de un audio. Otros seis miembros del gabinete protagonizaron escándalos anteriormente
El ex ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, fue enviado a prisión por cinco meses mientras se desarrolla una investigación que lo implica en un presunto consorcio judicial para manipular fallos e intervenir en el poder Judicial. Se trata del séptimo ministro de Luis Arce que se aleja del gabinete en medio de acusaciones de uso indebido de las funciones públicas.
Siles renunció al gabinete poco antes del escándalo: el 14 de junio presentó su carta de dimisión en la que alegaba que habían rumores carentes de fundamento que podían afectar la gestión del Gobierno. “A fin de evitar cualquier nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder y pretenden desestabilizar el país, afectar la gestión gubernamental o evitar las elecciones generales, presento a usted como máxima autoridad del país mi renuncia”, señalaba la carta entregada al presidente Luis Arce.
Al día siguiente, el portal de noticias Brújula Digital publicó la filtración de un audio atribuido a Siles en el que se le escucha ofrecer protección a juez provincial para emitir un fallo con el cesarían a una magistrada de la Suprema. Siles no negó la autenticidad de la grabación pero dijo que ésta fue manipulada y obtenida sin su consentimiento.
El caso provocó su detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, en el altiplano boliviano, y la de otros jueces implicados en lo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia calificó como un “intento de golpe” al Órgano Judicial.
Antes de Siles otros miembros del gabinete de Arce salieron envueltos en casos de corrupción o indicios de actos ilícitos. El primero fue a las pocas semanas de haber llegado al Gobierno, cuando el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue destituido luego de que se revelara que contrató a su pareja como jefa de gabinete. Al posesionar a su sucesor, Arce hizo referencia a los “los valores y principios” que deben guiar la función público.
El reemplazo de Cáceres fue posesionado Edwin Characayo, quien pocos meses después fue detenido al ser encontrado recibiendo 20.000 dólares que presuntamente eran el adelanto de un soborno para una titulación de tierras en Santa Cruz. Characayo fue sentenciado a ocho años de cárcel por este caso.
En noviembre de 2021, el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca, dejó el gabinete luego de que el Ministerio Público pidiera su detención domiciliaria tras una denuncia por supuesta corrupción en la designación de cargos. La denuncia contra Quelca fue hecha por una viceministra y sostenía que favoreció designaciones en cargos directivos institucionalizados en el sistema educativo superior.
Más tarde, en mayo de 2023, surgieron denuncias de corrupción en el Ministerio de Medioambiente y Agua. El entonces ministro Juan Santos Cruz, un dirigente campesino del norte del país, fue acusado de recibir 2,7 millones de dólares en sobornos de empresas que se beneficiaban con contratos de cartera de Estado.
Según las investigaciones, con las ganancias ilícitas el ex ministro habría comprado 27 inmuebles, dos haciendas y varios vehículos a través de testaferros en los departamentos de Pando (norte) y Tarija (sur).
Un año después, en marzo de 2024, Édgar Pary dejó el cargo de ministro de Educación tras acusaciones de haber favorecido a su empresa familiar con contratos estatales. Pary fue denunciado por la Junta Nacional de Padres de Familia por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. El ex ministro negó estas acusaciones y aunque admitió que la empresa cuestionada era de su familia, manifestó que se encontraba inactiva.
Finalmente en enero de 2025, las denuncias de corrupción volvieron a salpicar el Ministerio de Medioambiente. El entonces ministro Alan Lisperguer fue acusado de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada de bienes.
Según las investigaciones, Lisperguer obtuvo nueve inmuebles y se encontraron 43 depósitos “inusuales” en sus cuentas bancarias personales por parte de funcionarios e instituciones públicas. Tras destaparse el caso, el ex ministro negó las acusaciones y en una entrevista con radio Erbol afirmó: “no he robado un centavo de nadie, todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo”.
La publicación de un reciente informe de World Justice Project (WJP), Bolivia es el país más corrupto de América Latina y el segundo del mundo, solo después del Congo. El Gobierno restó importancia al estudio al manifestar que se desconocían la metodología aplicada y que el país avanzó mucho en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años.
Mundo
Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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