Mundo
Trump celebró la acusación de la Justicia contra el ex director del FBI James Comey
Los cargos se refieren a presuntas declaraciones falsas sobre el manejo de información confidencial durante la investigación rusa en 2020, mientras el mandatario presiona para que se persigan a antiguos rivales políticos
James Comey, ex director del FBI, fue acusado este jueves de mentir al Congreso de EEUU y de obstrucción a un procedimiento legislativo, en un caso penal presentado días después de que el presidente Donald Trump instara públicamente a la fiscal general Pam Bondi a iniciar acciones legales no solo contra Comey sino también contra otros rivales políticos.
El Departamento de Justicia aseguró en un comunicado que “un gran jurado federal inculpó al ex director del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”.
Trump celebró la acusación a través de su red Truth Social, donde elogió la decisión con la frase “¡Justicia en Estados Unidos!” y volvió a calificar a Comey como “uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto”, reafirmando su crítica histórica contra el ex director del FBI y la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
Bondi, alineada con el mandatario, manifestó en la red X: “Nadie está por encima de la ley”, postura compartida por el nuevo director del FBI, Kash Patel, un conocido crítico de la investigación sobre la injerencia rusa.
La presentación del caso contra Comey lo convierte en el primer ex funcionario de alto rango implicado en una de las principales obsesiones de Trump —la investigación sobre la injerencia rusa— en enfrentarse a un proceso penal. Desde el inicio de la administración Trump, el propio presidente tachó el caso de “farsa” y “caza de brujas”. Diversas revisiones oficiales confirmaron que Moscú intervino a favor de la campaña republicana, pero el mandatario mantuvo su deseo de una represalia pública contra sus adversarios, incluidos altos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI.
El caso presentado en el Distrito Este de Virginia, una de las dependencias más prestigiosas del Departamento de Justicia, se aceleró en los días previos a la expiración del plazo de prescripción de cinco años para los hechos atribuidos a Comey. El miércoles anterior, Trump había utilizado su cuenta en Truth Social para presionar explícitamente a la fiscal Bondi, señalando el costo para la reputación del país por la demora en presentar cargos contra Comey y otros enemigos políticos.
La situación en la fiscalía se volvió tensa tras la renuncia de Erik Siebert, entonces jefe de fiscales, quien había resistido la presión para procesar no solo a Comey, sino también a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un caso de presunto fraude hipotecario. El vacío fue cubierto con la nominación de Lindsey Halligan, antigua asesora de la Casa Blanca y abogada personal de Trump, pese a su escasa experiencia en procesos federales de gran envergadura. Fue Halligan quien presentó el caso ante el gran jurado, dando curso a la acusación contra reloj y a pesar de las reservas expresadas internamente en la oficina sobre la viabilidad jurídica del caso.
La acusación formal, de dos cargos, señala que Comey habría faltado a la verdad en su testimonio ante el Congreso el 30 de septiembre de 2020, cuando respondió sobre asuntos relacionados a la supervisión y manejo de información confidencial durante la investigación rusa. El abogado de Comey no realizó comentarios inmediatos tras conocerse la noticia.
El trasfondo de la acusación refleja años de enfrentamientos abiertos entre Trump y Comey. Tras la llegada del gobierno republicano, la relación se deterioró todavía más cuando el presidente solicitó en una cena privada la “lealtad personal” del director del FBI, una petición documentada por el propio Comey en un memorando. Trump cesó a Comey en mayo de 2017, acción que posteriormente fue incluida en el informe del fiscal especial Robert Mueller como posible obstrucción a la justicia.
Después de su destitución, Comey autorizó a un allegado a compartir con la prensa detalles de un memorando en el que documentaba una solicitud de Trump para cerrar una investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Aquella acción llevó a que Trump lo tildara de “filtrador” y, en reiteradas ocasiones, de traidor.
Si bien el Departamento de Justicia originalmente decidió no perseguir penalmente a Comey por el manejo de los memorandos, el inspector general emitió en 2019 un duro informe señalando que Comey incumplió políticas internas al conservar y divulgar esos documentos sin autorización.
En el contexto más reciente, el Departamento de Justicia decidió también despedir a la hija de Comey, Maurene Comey, de su puesto como fiscal, y ella ha demandado alegando que su destitución respondió a motivaciones políticas.
El caso presentado no está directamente vinculado con el fondo de la investigación sobre la injerencia electoral rusa, sino que focaliza en presuntas declaraciones falsas hechas por Comey ante el Congreso. La medida llega mientras la administración Trump intensifica sus esfuerzos por reinterpretar la investigación original sobre Rusia como parte de un complot iniciado bajo la presidencia de Barack Obama para desacreditar la victoria electoral republicana. Bajo la supervisión de funcionarios como John Ratcliffe y Tulsi Gabbard, también se han desclasificado documentos con el objetivo de restar credibilidad a la evaluación de inteligencia publicada en enero de 2017, la cual sostenía que Moscú intervino activamente en los comicios estadounidenses.
(Con información de AFP y AP)
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Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó
Los titulares de República Ganadera señalaron en la Fiscalía dijeron perdieron el 60% del ganado y echaron la culpa a un contador por tener un manejo desprolijo
Los fondos ganaderos en Uruguay fueron cayendo como en un efecto cascada. Estas empresas se dedicaban a captar el ahorro privado para comprar ganado y a cambio pagaban una renta fija. La primera en decirle a sus clientes que no tenía dinero para pagarles fue el Grupo Larrarte y la noticia generó una especie de corrida sobre el resto del sector. Con el paso de las semanas, fueron anunciando la insolvencia República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
El avance judicial de la causa de Conexión Ganadera es el que ha concentrado la mayor atención mediática porque se trata de la empresa que más clientes tenía (unos 4.300) y por las características de película que tiene la causa. Pero la Justicia uruguaya también ha ido avanzando sobre las otras empresas.
Días atrás, los responsables de República Ganadera debieron dar explicaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la estafa a sus clientes. Según informó El Observador, los dueños del fondo atribuyeron la crisis a la sequía que afectó a Uruguay entre 2022 y 2023 y a la debacle del Grupo Larrate, que generó una pérdida de confianza en las inversiones ganaderas.
¿A qué se dedicaba la empresa? En 2018, en una entrevista con el canal A+V, el director de la firma, Nicolás Jasidakis, contó que destinaban el dinero de los inversores a comprar vacas preñadas y con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. “Sencillamente lo que hacemos es captar ahorro público para después pagar una renta fija sobre eso”, comentó esa vez. La empresa ofrecía una renta fija de entre el 8% y el 10%. En República Ganadera confiaron 1.450 inversionistas.
El núcleo de la audiencia en la que declararon giró en torno a la desaparición del 60% del stock de ganado en los últimos meses de la empresa, que pasó a declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, consignó El Observador. Además de Jasidakis, también declaró ante la Justicia Mauro Musio.
Los dueños de la empresa adjudicaron la desaparición del ganado a los escritorios rurales que trabajaban para República Ganadera y eran consignatarios. Explicaron que otro porcentaje de los animales fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. En otro momento mencionaron que las cifras de ganado no solo incluían vacas sino también ovejas y caballos.
Parte de la responsabilidad también fue adjudicada a uno de los contadores, a quien acusaron de tener un manejo desprolijo de los números.
También dijeron que la sequía que atravesó Uruguay los hizo replantearse el modelo de negocios. Habían –de acuerdo a su versión– trazado un plan y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas en los campos estaban mejorando al tiempo que el precio del ganado subía. En diciembre de 2023 decidieron recuperar el stock y aseguraron que los nuevos inversores siempre tuvieron animales.
Pero entonces sucedió la caída del Grupo Larrarte y los retiros comenzaron a darse “en forma frenética”. Los clientes no solo dejaron de renovar sus contratos sino que empezaron a pedir que les devolvieron el dinero. La empresa empezó a perder, según esta versión, entre USD 700.000 y USD 800.000 cada mes.
En noviembre de 2024 los dueños Jasidakis y Mussio hicieron un click y decidieron que la empresa vaya a concurso. La empresa reconoció que en ese momento tenía un pasivo de USD 90 millones.
Ahora queda para febrero una nueva audiencia ya que vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen los dos empresarios. Si la Fiscalía reúne pruebas, en ese momento podrían ser imputados.
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Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”
Las autoridades de Estados Unidos han pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) de honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar los resultados oficiales a medida que la crisis se ahonda en el país centroamericano, donde aún no hay un claro ganador de los comicios celebrados hace ya más de dos semanas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que el CNE de Honduras debe “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para zanjar las acusaciones de fraude.
“Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.
No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que que se cuenten, “voto por voto”, todas las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado para poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.
Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto.
Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.
“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.
El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.
En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.
El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.
El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.
“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.
Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.
(Con información de Europa Press)
El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que la agencia Standard & Poor’s concedió a su país el grado de inversión, al elevar la calificación soberana a BBB-, con perspectiva estable.
“Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, una de las más importantes del mundo”, expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.
El mandatario paraguayo destacó que “alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para sus ciudadanos.
En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otras, las reformas realizadas por el Gobierno, “la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país”, proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6% para 2025.
En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
La calificadora subrayó “la disciplina fiscal” y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.
La agencia destaca, añadió el ministro, la “credibilidad de la política monetaria” que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10% en años anteriores hasta el 3,5%.
Igualmente, afirmó que Standard & Poor’s “durante diez años” no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.
La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor’s destacó “el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo”.
La calificadora valoró, entre otros, “el crecimiento robusto de la economía paraguaya”, la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y “niveles adecuados” de las reservas internacionales, señaló la nota.
Standard & Poor’s considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.
(Con información de EFE)
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