Mundo
Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela
Ocho buques de guerra, cazas F-35 y más de 6.000 efectivos transformaron el Caribe en escenario de poder. Washington habla de lucha contra el narcoterrorismo y Caracas sostiene que es una amenaza a su soberanía
Una fuerza militar estadounidense sin precedentes se ha desplegado en el mar Caribe y frente a la costa de Venezuela, como parte de una ofensiva contra el narcoterrorismo que ha intensificado las tensiones entre Washington y Caracas. El gobierno presidido por Donald Trump ordenó el traslado de buques de guerra, aviones de combate y tropas a la región, bajo el argumento de contrarrestar amenazas emanadas del territorio venezolano y atribuidas al dictador bolivariano Nicolás Maduro.
La Marina de Estados Unidos tiene actualmente ocho buques de guerra en la zona, entre ellos tres destructores, tres barcos de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral adaptado para operaciones en aguas costeras. Estos barcos de asalto anfibio conforman un grupo de preparación expedicionaria, transportando una fuerza significativa de Marines junto con helicópteros de la Marina, aviones Osprey de rotor basculante y jets Harrier capaces de realizar despliegues rápidos y ataques a objetivos tanto terrestres como marítimos.
A pesar de la falta de cifras oficiales por parte de las autoridades estadounidenses, se sabe que los destructores y cruceros navegan con misiles de crucero Tomahawk, proyectiles con alcance de varios cientos de kilómetros.
Un submarino de la Marina estadounidense, el USS Newport News, también patrulla la región, preparado para operaciones similares.
Junto a la presencia naval, la aviación militar aporta un contingente de avanzada: un escuadrón de jets F-35B Lightning II fue avistado en Puerto Rico a mediados de septiembre, y drones MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea —capaces de transportar hasta ocho misiles guiados por láser y operar a largas distancias— han sido detectados por satélites y observadores militares en la zona.
Además, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon operan desde la región caribeña, reforzando la vigilancia aérea. El ejército estadounidense publicó este mes imágenes de un AC-130J Ghostrider estacionado en Puerto Rico, una aeronave diseñada para ataques de precisión con artillería pesada. En paralelo, la Fuerza Aérea estadounidense desplegó bombarderos B-52 Stratofortress sobre el Caribe, en lo que el Pentágono calificó como una “demostración de ataque de bombarderos”.
El número total de marineros y Marines desplegados supera los 6.000, de acuerdo a estimaciones oficiales. Sin embargo, no hay información precisa sobre la cantidad de drones, aviones o personal terrestre que complementa la operación, lo que deja en incógnita el alcance real del contingente militar.

Este aumento de presencia militar coincide con recientes declaraciones del presidente Trump, quien aseguró durante una rueda de prensa que el dictador venezolano Nicolás Maduro “no quiere joder con Estados Unidos”. El comentario tuvo lugar tras un ataque en el Caribe contra un presunto submarino de narcotraficantes, que dejó dos muertos y motivó el rescate y retención de dos supervivientes en un barco de la Armada estadounidense.
Trump calificó la campaña como una respuesta a una supuesta amenaza narcoterrorista vinculada a Maduro, afirmando ante la prensa internacional que el líder venezolano habría ofrecido “todo”, incluyendo los recursos naturales del país, para asegurar un acuerdo con Washington. La Casa Blanca no brindó detalles adicionales sobre posibles negociaciones, y el Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a las consultas de los medios.
Además, la tensión se agravó tras la revelación, por parte de Trump, de que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Maduro rechazó tajantemente las acusaciones, denunciando los recientes ataques a embarcaciones como un pretexto para violar la soberanía venezolana y el derecho internacional.
Por otra parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre los riesgos de una “intervención extranjera” en América Latina, sin mencionar explícitamente a Estados Unidos y Venezuela. Durante la entrega de cartas credenciales a embajadores extranjeros en Brasilia, Lula subrayó la prioridad de mantener la región como zona de paz y expresó preocupación por la “creciente polarización e inestabilidad”.
Desde hace meses, la administración Trump sostiene que el despliegue militar es parte de la lucha contra el tráfico de drogas. Según cifras difundidas, Estados Unidos ha destruido varias “narcolanchas” cerca de las costas venezolanas, resultando en al menos 27 muertos. Al mismo tiempo, el régimen de Maduro lanzó ejercicios militares por diversas regiones del país como respuesta al potencial riesgo de una intervención militar extranjera.
(Con información de AP, EP y Reuters)
Mundo
Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno a la financiación del régimen de Irán a Hezbollah
Un funcionario estadounidense insta a las autoridades libanesas a acabar con “la nefasta influencia de Irán” y anuncia medidas contra el lavado de dinero a través de casas de cambio
Un funcionario estadounidense de visita en el Líbano instó el lunes a las autoridades libanesas a poner fin a la influencia de Irán a través de Hezbollah, y añadió que su país estaba decidido a cortar la financiación que Teherán proporciona al grupo terrorista.
Washington está presionando para cortar las fuentes de financiación de Hezbollah, al tiempo que exige al gobierno libanés que desarme al grupo. Hezbollah se vio debilitado en su última guerra con Israel, que finalizó con un alto el fuego en noviembre de 2024.
“Creemos que la clave para que el pueblo libanés recupere su país reside en acabar con la nefasta influencia de Irán a través de Hezbollah en el Líbano”, declaró el subdirector de lucha antiterrorista, John Hurley.
El gobierno estadounidense se toma muy en serio el corte de la financiación iraní a Hezbollah, declaró a periodistas en la embajada de Estados Unidos.
“Si pudiéramos eliminar la nefasta influencia de Irán en el Líbano y asegurar a Israel que el Líbano no representa una amenaza, creo que la región estaría mejor”, afirmó.
Hurley forma parte de una delegación encabezada por Sebastian Gorka, director de la lucha antiterrorista en Washington, que se ha reunido con funcionarios libaneses desde el domingo.
“Fuimos muy francos con el presidente, el primer ministro y otros altos funcionarios: existe una oportunidad ahora mismo, especialmente entre ahora y las elecciones” previstas para mayo de 2026, señaló Hurley.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el régimen de Irán ha transferido más de mil millones de dólares al grupo terrorista libanés desde enero.
Efectivo, oro y criptomonedas

Una vía común ha sido el lavado de dinero a través de casas de cambio.
Refiriéndose a la financiación, Hurley afirmó: “Gran parte proviene de efectivo, mucha de oro y algo de criptomonedas”.
Añadió que había visitado los Emiratos Árabes Unidos y Turquía para discutir “estrategias conjuntas para intentar frenar este flujo”.
“Históricamente, hemos visto importantes flujos de dinero procedentes de esos dos países, enviados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y destinados finalmente a Hezbollah”, agregó.
El jueves, Estados Unidos impuso sanciones a tres miembros de Hezbollah, acusados de facilitar la transferencia de fondos desde Irán, a través de casas de cambio, que el grupo utilizaba para reconstruir su capacidad militar.
Hurley reconoció que las autoridades libanesas habían logrado cierto éxito interceptando efectivo y oro en el aeropuerto de Beirut. “Nos encantaría que se extendiera a los puertos. Nos encantaría que se extendiera a todas las fronteras”, añadió.
Un funcionario libanés, que solicitó el anonimato para hablar con libertad, declaró a la AFP que la delegación estadounidense transmitió un mensaje “claro y firme” sobre la necesidad de combatir activamente las fuentes de financiación de Hezbollah.
“Quieren medidas concretas antes de fin de año”, afirmó el funcionario.
“Quieren que las autoridades libanesas combatan el blanqueo de capitales, la economía informal y cierren Al-Qard al-Hassan”, agregó, refiriéndose a una empresa financiera vinculada a Hezbollah y sancionada por Washington.
Al preguntársele si Estados Unidos había solicitado al Líbano el cierre de la empresa, Hurley respondió: “La hemos identificado como una organización que nos preocupa”. “Debería haber enjuiciamientos contra las personas… que están violando las sanciones utilizando esa entidad para financiar a Hezbollah. Por eso los estamos alentando (a las autoridades libanesas) a que tomen medidas”, agregó.
(Con información de AFP)
Mundo
El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución de Marine Le Pen por malversación de fondos
La dirigente ultraderechista enfrenta además una inhabilitación de cinco años y permanece a la espera del juicio de apelación que podría condicionar su futuro político
El Consejo de Estado de Francia confirmó este lunes la destitución inmediata de Marine Le Pen como consejera del departamento de Pas-de-Calais, después de que la dirigente ultraderechista apelara una sentencia que la inhabilita durante cinco años para ejercer cargos públicos por un caso de malversación de fondos europeos.
La decisión implica que la figura más prominente de Agrupación Nacional (RN), ya apartada de su cargo municipal desde abril pasado, pierde la capacidad de desempeñar funciones en la administración local, aunque conserva su escaño como diputada nacional.
La resolución del Consejo de Estado pone fin a una serie de recursos impulsados por Le Pen contra la ejecución automática de la pena, vigente desde que el prefecto del departamento aplicara la orden de inhabilitación, tras la condena penal dictada en marzo.
El máximo órgano administrativo francés determinó que “las disposiciones del código electoral que establecen la destitución automática de los consejeros condenados por un tribunal penal e inhabilitados con efecto inmediato son compatibles con el derecho europeo e internacional”.
La condena original, dictada por el Tribunal Penal en París, incluyó cinco años de inhabilitación, cuatro años de prisión —de los cuales dos serían cumplidos bajo vigilancia electrónica— y una multa de 100.000 euros.
Le Pen fue considerada la principal responsable de una trama que, entre 2004 y 2016, desvió cerca de cuatro millones de euros provenientes del Parlamento Europeo. Según la acusación, los fondos asignados para el pago de asistentes parlamentarios fueron utilizados para financiar su partido y remunerar a empleados de Agrupación Nacional.
Marine Le Pen, que aspiraba a disputar las elecciones presidenciales francesas en 2027, había alegado que la ley electoral establece diferencias injustificadas entre los cargos electos municipales o departamentales y los de índole nacional, ya que la pérdida inmediata del cargo solo se activa para los primeros. El Consejo de Estado, sin embargo, consideró que la destitución automática en casos de condena por delitos graves está plenamente justificada para garantizar el cumplimiento de la ley y la integridad de la función pública.
Tras la notificación de la decisión, Le Pen sigue pendiente de la apelación de su condena, cuyo juicio comenzará en enero de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones de París. El proceso, que está previsto entre el 13 de enero y el 12 de febrero, podría extenderse varios meses hasta que se publique una sentencia definitiva.
La propia Le Pen reconoció la semana pasada que, si la Justicia ratifica la inhabilitación, “obviamente” no podrá presentarse a los próximos comicios presidenciales.

La inhabilitación representa un golpe para la líder de la extrema derecha, cuya agrupación se consolidó en la última década como alternativa principal al oficialismo francés. En sus recursos, la dirigente de RN había solicitado que la cuestión sobre la constitucionalidad de la norma se elevara al Consejo Constitucional, alegando discriminación, pero el Consejo de Estado respondió que no era necesario plantear esa cuestión en el caso concreto.
La trama de contratos irregulares, según las investigaciones, consistió en la utilización de empleados contratados formalmente como asistentes parlamentarios, pero que en la práctica desempeñaron tareas partidarias para Agrupación Nacional.
La suma desviada durante más de una década puso a la formación bajo investigaciones judiciales a nivel nacional y europeo. Los fondos europeos implicados en el caso representaban dietas asignadas a los eurodiputados franceses, que debían destinarse estrictamente a labores de apoyo en el Parlamento.
Pese a su destitución departamental, Le Pen mantiene su posición como diputada en la Asamblea Nacional de Francia, debido a que la inhabilitación sólo afecta cargos locales en tanto la condena no es firme en segunda instancia para su puesto parlamentario.
El caso constituye uno de los escándalos más notables de financiamiento político y uso indebido de fondos públicos en el panorama político francés reciente y podría tener implicaciones duraderas sobre el futuro de la extrema derecha en el país.
(Con información de Europa Press y EFE)
Mundo
Qué es la geoingeniería solar y por qué su implementación para ‘enfriar’ el planeta genera controversias
La falta de consenso científico sobre esta técnica preocupa a los expertos. Cuáles son los límites éticos, ambientales y de gestión, según expertos del MIT Technology Review

La geoingeniería solar, una línea de investigación destinada a reflejar parte de la radiación solar y frenar el calentamiento global, está en el centro de un creciente interés científico, pero también financiero y social.
El reciente anuncio de que Stardust, una empresa estadounidense-israelí dedicada a la geoingeniería solar, recaudó unos USD 60 millones en una ronda de financiación y reavivó el debate sobre el papel de las startups privadas en el desarrollo de tecnologías para modificar el clima.
De acuerdo con el MIT Technology Review, la cifra comentada representa la mayor inversión de capital de riesgo conocida hasta la fecha en este sector y generó inquietud entre la comunidad científica sobre los riesgos de dejar en manos de intereses comerciales la investigación y el despliegue de estas herramientas para combatir el cambio climático.

Crecimiento de geoingeniería solar con fines de lucro
La geoingeniería solar, también conocida como métodos de reflexión de la luz solar (SRM, por sus siglas en inglés), busca reducir el calentamiento global aumentando la reflectividad de la Tierra.
En los últimos años, varias empresas emergentes comenzaron a desarrollar y comercializar tecnologías de SRM. Stardust afirmó que el financiamiento permitirá desarrollar un sistema que podría estar listo para su despliegue a principios de la próxima década.
Otras compañías, como Make Sunsets, ya venden “créditos de enfriamiento” por liberar dióxido de azufre en la estratósfera, mientras que Sunscreen, aún no anunciada oficialmente, planea utilizar aerosoles en la atmósfera baja para enfriar áreas específicas y ayudar a agricultores o ciudades a enfrentar olas de calor.
De acuerdo con MIT Technology Review, el interés de estas startups responde a la urgencia de encontrar soluciones innovadoras frente al cambio climático. Sin embargo, la creciente presencia de inversores de capital de riesgo y la presión por obtener beneficios económicos suscitaron dudas sobre los objetivos del sector.

Riesgos para la ciencia y la confianza pública
Expertos en geoingeniería solar advierten que la entrada de empresas privadas con fines de lucro puede socavar la confianza pública y la integridad de la investigación científica.
Para los especialistas, la única manera de garantizar que los estudios sobre SRM sean útiles es que cuenten con la confianza de la sociedad, lo que solo se logra mediante la transparencia. De este modo, sostienen que la investigación debe estar guiada por el interés público, evaluando tanto los riesgos como los beneficios, y no quedar restringida como propiedad intelectual de las empresas.
Principalmente, el temor es que la necesidad de obtener ingresos lleve a las compañías a exagerar la seguridad o la eficacia de sus tecnologías para atraer nuevos clientes. Esta dinámica, según el medio, puede distorsionar el debate y dificultar que las decisiones sobre el uso de la geoingeniería solar se basen en análisis objetivos de riesgos y beneficios.
Además, existe la preocupación de que las presiones financieras incentiven a las empresas a ejercer lobby sobre gobiernos u otras entidades para promover la adopción de sus soluciones, desplazando el criterio científico por intereses económicos y políticos.

Críticas a las afirmaciones técnicas de las empresas
Las promesas técnicas de algunas startups fueron objeto de escepticismo entre la comunidad científica. Stardust sostiene en su sitio web que desarrolló partículas novedosas que pueden inyectarse en la atmósfera para reflejar más luz solar, asegurando que son “químicamente inertes en la estratósfera y seguras para humanos y ecosistemas”.
En relación con su técnica, la empresa afirmó que estas partículas regresan de forma natural a la superficie terrestre y se reincorporan sin riesgos a la biosfera.
Investigadores consultados por MIT Technology Review consideran infundada la afirmación de que es posible fabricar partículas completamente inertes en la estratósfera. Incluso materiales tan estables como el diamante pueden alterar la química estratosférica, ya que las reacciones con radicales altamente reactivos y la posible cobertura de ácido sulfúrico pueden acelerar la pérdida de la capa de ozono.

Sumado a esto, Stardust no ha divulgado información técnica detallada sobre sus partículas ni sobre su proceso de investigación, lo que dificulta una evaluación independiente de sus propuestas.
En documentos presentados a potenciales inversores, la empresa asegura que sus partículas “mejoran” el desempeño del ácido sulfúrico, el material más estudiado para SRM. No obstante, el uso de sulfato se justificó precisamente porque sus efectos climáticos y ambientales están ampliamente documentados.
Lecciones del pasado e importancia de la precaución
La historia de la ciencia ambiental en el siglo XX ofrece ejemplos claros de los riesgos asociados a la introducción de nuevas sustancias en el entorno sin un conocimiento exhaustivo de su destino final.
Los clorofluorocarbonos (CFC) y el pesticida DDT, en su momento considerados avances seguros, terminaron causando daños ambientales imprevistos al acumularse en lugares inesperados. En contraste, el impacto de los aerosoles de sulfato fue objeto de miles de estudios científicos, lo cual reduce la probabilidad de efectos desconocidos.

MIT Technology Review subrayó que, ante la falta de información pública sobre las partículas de Stardust y su proceso de investigación, resulta difícil tomar decisiones informadas y responsables sobre la conveniencia de emplear estos materiales en lugar del sulfato, siendo este mejor comprendido.
Alternativas y propuestas para una investigación responsable
Frente a los desafíos actuales, los científicos abogan por que la investigación, evaluación y desarrollo de la geoingeniería solar se realicen principalmente a través de esfuerzos públicos coordinados y con financiación transparente.
Sostienen que cualquier decisión sobre su uso debe surgir de discusiones multilaterales entre gobiernos, basadas en la mejor evidencia científica disponible y no en los intereses de lucro de empresas o inversores privados. Solo así, argumentaron, se podrá avanzar hacia una gobernanza responsable y legítima de estas tecnologías.
En última instancia, la confianza social será el factor decisivo para determinar el futuro de la geoingeniería solar, un valor que difícilmente puede surgir de la lógica del beneficio privado.
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