Mundo
Amnistía Internacional denunció que Venezuela alcanzó “la última frontera de la represión” contra la sociedad civil
Para la directora regional de la ONG, Valentina Ballesta, la reciente detención de Manuel Finol, activista de derechos humanos, evidencia el aumento de acciones arbitrarias contra organizaciones civiles y la criminalización de quienes denuncian los abusos del régimen
La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, calificó la reciente detención y posterior liberación del activista venezolano Manuel Finol como una señal de “la última frontera de la represión” en el país. En conversación con Infobae, Ballesta advirtió que el régimen de Nicolás Maduro “ya no solo persigue a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo”.
Finol, artista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Permaneció varias horas bajo custodia antes de ser liberado sin cargos ni explicación oficial.
“La pertenencia de Manuel al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza”, afirmó Ballesta. “Aunque su retención fue momentánea, constituye una privación arbitraria de libertad”.
La DGCIM ha sido objeto de sanciones internacionales por su participación en abusos de derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional ha denunciado la criminalización sistemática de activistas, periodistas y organizaciones civiles en Venezuela.
Menos de 24 horas antes de la retención de Finol, la organización publicó en X un mensaje exigiendo la liberación de cinco presos políticos —Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda—, todos detenidos por su labor en defensa de los derechos humanos.
A continuación, los fragmentos más relevantes de la entrevista con Valentina Ballesta:
—¿Qué información tienen sobre la retención y liberación de Manuel Finol?
—Esta mañana nos despertamos con la noticia de su retención por parte de los agentes migratorios bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Luego fue retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto de Maiquetía. Estuvo privado de libertad durante algunas horas. Recientemente supimos que fue liberado, pero desconocemos los motivos o las alegaciones en su contra. Aunque fue momentánea, sigue siendo una privación de libertad. Amnistía Internacional condena este tipo de arbitrariedades contra defensores de derechos humanos.
—¿Consideran que esto fue un acto de intimidación hacia Amnistía Internacional o hacia el movimiento de derechos humanos?
—El patrón de represión en Venezuela hace difícil determinar qué motivó esta actuación, pero la pertenencia de Manuel a Amnistía y al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza o una forma de disidencia. Esto encaja en un patrón represivo más amplio. No es la primera vez que un defensor es detenido por motivos políticos.
—Ayer publicaron en X un mensaje pidiendo la liberación de varios presos políticos. ¿Podría haber relación entre esa publicación y la detención de Finol?
—Desde julio hemos lanzado una campaña por la liberación y localización de personas detenidas o desaparecidas por motivos políticos. Publicamos con frecuencia sobre estos casos, incluida la publicación de ayer. Podría estar relacionado, pero también puede deberse a nuestra labor constante de denuncia y solidaridad con las víctimas.
—¿Qué medidas toma Amnistía Internacional para proteger a su personal y a otras organizaciones?
—Trabajamos con decenas de personas en Venezuela y cientos a nivel global. Contamos con medidas de seguridad y mitigación de riesgos, pero enfrentamos un entorno donde las autoridades actúan con altos niveles de arbitrariedad. Nuestro trabajo también se enfoca en la protección de defensores fuera de Amnistía, a través de redes y acompañamiento mutuo.
—¿Cómo se enfrenta el activismo a un contexto tan restrictivo como el venezolano?
—Nuestra principal herramienta es la solidaridad y la resiliencia. En Venezuela se ha construido un andamiaje represivo, no solo con detenciones arbitrarias, sino con leyes que buscan restringir el trabajo de las organizaciones, como la llamada ley contra las ONG. A pesar de ello, seguimos acompañando a las víctimas y defendiendo el derecho a existir del movimiento de derechos humanos.
—¿Esperan algún tipo de respuesta del gobierno venezolano o de la comunidad internacional?
—Dudamos que haya un reconocimiento de arbitrariedad por parte de las autoridades, pero seguiremos documentando y denunciando para que eventualmente se rindan cuentas. La movilización colectiva y solidaria demostró hoy que el eco de las exigencias de liberación tiene impacto.
—¿Qué lectura hacen de este caso en el contexto general de Venezuela?
—El caso de Manuel Finol muestra una escalada represiva. Ya no se trata solo de perseguir a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una forma de oposición. En Venezuela se ha cruzado la última frontera: cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario y voraz puede ser considerado una amenaza.
Mundo
Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno a la financiación del régimen de Irán a Hezbollah
Un funcionario estadounidense insta a las autoridades libanesas a acabar con “la nefasta influencia de Irán” y anuncia medidas contra el lavado de dinero a través de casas de cambio
Un funcionario estadounidense de visita en el Líbano instó el lunes a las autoridades libanesas a poner fin a la influencia de Irán a través de Hezbollah, y añadió que su país estaba decidido a cortar la financiación que Teherán proporciona al grupo terrorista.
Washington está presionando para cortar las fuentes de financiación de Hezbollah, al tiempo que exige al gobierno libanés que desarme al grupo. Hezbollah se vio debilitado en su última guerra con Israel, que finalizó con un alto el fuego en noviembre de 2024.
“Creemos que la clave para que el pueblo libanés recupere su país reside en acabar con la nefasta influencia de Irán a través de Hezbollah en el Líbano”, declaró el subdirector de lucha antiterrorista, John Hurley.
El gobierno estadounidense se toma muy en serio el corte de la financiación iraní a Hezbollah, declaró a periodistas en la embajada de Estados Unidos.
“Si pudiéramos eliminar la nefasta influencia de Irán en el Líbano y asegurar a Israel que el Líbano no representa una amenaza, creo que la región estaría mejor”, afirmó.
Hurley forma parte de una delegación encabezada por Sebastian Gorka, director de la lucha antiterrorista en Washington, que se ha reunido con funcionarios libaneses desde el domingo.
“Fuimos muy francos con el presidente, el primer ministro y otros altos funcionarios: existe una oportunidad ahora mismo, especialmente entre ahora y las elecciones” previstas para mayo de 2026, señaló Hurley.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el régimen de Irán ha transferido más de mil millones de dólares al grupo terrorista libanés desde enero.
Efectivo, oro y criptomonedas
Una vía común ha sido el lavado de dinero a través de casas de cambio.
Refiriéndose a la financiación, Hurley afirmó: “Gran parte proviene de efectivo, mucha de oro y algo de criptomonedas”.
Añadió que había visitado los Emiratos Árabes Unidos y Turquía para discutir “estrategias conjuntas para intentar frenar este flujo”.
“Históricamente, hemos visto importantes flujos de dinero procedentes de esos dos países, enviados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y destinados finalmente a Hezbollah”, agregó.
El jueves, Estados Unidos impuso sanciones a tres miembros de Hezbollah, acusados de facilitar la transferencia de fondos desde Irán, a través de casas de cambio, que el grupo utilizaba para reconstruir su capacidad militar.
Hurley reconoció que las autoridades libanesas habían logrado cierto éxito interceptando efectivo y oro en el aeropuerto de Beirut. “Nos encantaría que se extendiera a los puertos. Nos encantaría que se extendiera a todas las fronteras”, añadió.
Un funcionario libanés, que solicitó el anonimato para hablar con libertad, declaró a la AFP que la delegación estadounidense transmitió un mensaje “claro y firme” sobre la necesidad de combatir activamente las fuentes de financiación de Hezbollah.
“Quieren medidas concretas antes de fin de año”, afirmó el funcionario.
“Quieren que las autoridades libanesas combatan el blanqueo de capitales, la economía informal y cierren Al-Qard al-Hassan”, agregó, refiriéndose a una empresa financiera vinculada a Hezbollah y sancionada por Washington.
Al preguntársele si Estados Unidos había solicitado al Líbano el cierre de la empresa, Hurley respondió: “La hemos identificado como una organización que nos preocupa”. “Debería haber enjuiciamientos contra las personas… que están violando las sanciones utilizando esa entidad para financiar a Hezbollah. Por eso los estamos alentando (a las autoridades libanesas) a que tomen medidas”, agregó.
(Con información de AFP)
Mundo
El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución de Marine Le Pen por malversación de fondos
La dirigente ultraderechista enfrenta además una inhabilitación de cinco años y permanece a la espera del juicio de apelación que podría condicionar su futuro político
El Consejo de Estado de Francia confirmó este lunes la destitución inmediata de Marine Le Pen como consejera del departamento de Pas-de-Calais, después de que la dirigente ultraderechista apelara una sentencia que la inhabilita durante cinco años para ejercer cargos públicos por un caso de malversación de fondos europeos.
La decisión implica que la figura más prominente de Agrupación Nacional (RN), ya apartada de su cargo municipal desde abril pasado, pierde la capacidad de desempeñar funciones en la administración local, aunque conserva su escaño como diputada nacional.
La resolución del Consejo de Estado pone fin a una serie de recursos impulsados por Le Pen contra la ejecución automática de la pena, vigente desde que el prefecto del departamento aplicara la orden de inhabilitación, tras la condena penal dictada en marzo.
El máximo órgano administrativo francés determinó que “las disposiciones del código electoral que establecen la destitución automática de los consejeros condenados por un tribunal penal e inhabilitados con efecto inmediato son compatibles con el derecho europeo e internacional”.
La condena original, dictada por el Tribunal Penal en París, incluyó cinco años de inhabilitación, cuatro años de prisión —de los cuales dos serían cumplidos bajo vigilancia electrónica— y una multa de 100.000 euros.
Le Pen fue considerada la principal responsable de una trama que, entre 2004 y 2016, desvió cerca de cuatro millones de euros provenientes del Parlamento Europeo. Según la acusación, los fondos asignados para el pago de asistentes parlamentarios fueron utilizados para financiar su partido y remunerar a empleados de Agrupación Nacional.
Marine Le Pen, que aspiraba a disputar las elecciones presidenciales francesas en 2027, había alegado que la ley electoral establece diferencias injustificadas entre los cargos electos municipales o departamentales y los de índole nacional, ya que la pérdida inmediata del cargo solo se activa para los primeros. El Consejo de Estado, sin embargo, consideró que la destitución automática en casos de condena por delitos graves está plenamente justificada para garantizar el cumplimiento de la ley y la integridad de la función pública.
Tras la notificación de la decisión, Le Pen sigue pendiente de la apelación de su condena, cuyo juicio comenzará en enero de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones de París. El proceso, que está previsto entre el 13 de enero y el 12 de febrero, podría extenderse varios meses hasta que se publique una sentencia definitiva.
La propia Le Pen reconoció la semana pasada que, si la Justicia ratifica la inhabilitación, “obviamente” no podrá presentarse a los próximos comicios presidenciales.
La inhabilitación representa un golpe para la líder de la extrema derecha, cuya agrupación se consolidó en la última década como alternativa principal al oficialismo francés. En sus recursos, la dirigente de RN había solicitado que la cuestión sobre la constitucionalidad de la norma se elevara al Consejo Constitucional, alegando discriminación, pero el Consejo de Estado respondió que no era necesario plantear esa cuestión en el caso concreto.
La trama de contratos irregulares, según las investigaciones, consistió en la utilización de empleados contratados formalmente como asistentes parlamentarios, pero que en la práctica desempeñaron tareas partidarias para Agrupación Nacional.
La suma desviada durante más de una década puso a la formación bajo investigaciones judiciales a nivel nacional y europeo. Los fondos europeos implicados en el caso representaban dietas asignadas a los eurodiputados franceses, que debían destinarse estrictamente a labores de apoyo en el Parlamento.
Pese a su destitución departamental, Le Pen mantiene su posición como diputada en la Asamblea Nacional de Francia, debido a que la inhabilitación sólo afecta cargos locales en tanto la condena no es firme en segunda instancia para su puesto parlamentario.
El caso constituye uno de los escándalos más notables de financiamiento político y uso indebido de fondos públicos en el panorama político francés reciente y podría tener implicaciones duraderas sobre el futuro de la extrema derecha en el país.
(Con información de Europa Press y EFE)
Mundo
Qué es la geoingeniería solar y por qué su implementación para ‘enfriar’ el planeta genera controversias
La falta de consenso científico sobre esta técnica preocupa a los expertos. Cuáles son los límites éticos, ambientales y de gestión, según expertos del MIT Technology Review
La geoingeniería solar, una línea de investigación destinada a reflejar parte de la radiación solar y frenar el calentamiento global, está en el centro de un creciente interés científico, pero también financiero y social.
El reciente anuncio de que Stardust, una empresa estadounidense-israelí dedicada a la geoingeniería solar, recaudó unos USD 60 millones en una ronda de financiación y reavivó el debate sobre el papel de las startups privadas en el desarrollo de tecnologías para modificar el clima.
De acuerdo con el MIT Technology Review, la cifra comentada representa la mayor inversión de capital de riesgo conocida hasta la fecha en este sector y generó inquietud entre la comunidad científica sobre los riesgos de dejar en manos de intereses comerciales la investigación y el despliegue de estas herramientas para combatir el cambio climático.
Crecimiento de geoingeniería solar con fines de lucro
La geoingeniería solar, también conocida como métodos de reflexión de la luz solar (SRM, por sus siglas en inglés), busca reducir el calentamiento global aumentando la reflectividad de la Tierra.
En los últimos años, varias empresas emergentes comenzaron a desarrollar y comercializar tecnologías de SRM. Stardust afirmó que el financiamiento permitirá desarrollar un sistema que podría estar listo para su despliegue a principios de la próxima década.
Otras compañías, como Make Sunsets, ya venden “créditos de enfriamiento” por liberar dióxido de azufre en la estratósfera, mientras que Sunscreen, aún no anunciada oficialmente, planea utilizar aerosoles en la atmósfera baja para enfriar áreas específicas y ayudar a agricultores o ciudades a enfrentar olas de calor.
De acuerdo con MIT Technology Review, el interés de estas startups responde a la urgencia de encontrar soluciones innovadoras frente al cambio climático. Sin embargo, la creciente presencia de inversores de capital de riesgo y la presión por obtener beneficios económicos suscitaron dudas sobre los objetivos del sector.
Riesgos para la ciencia y la confianza pública
Expertos en geoingeniería solar advierten que la entrada de empresas privadas con fines de lucro puede socavar la confianza pública y la integridad de la investigación científica.
Para los especialistas, la única manera de garantizar que los estudios sobre SRM sean útiles es que cuenten con la confianza de la sociedad, lo que solo se logra mediante la transparencia. De este modo, sostienen que la investigación debe estar guiada por el interés público, evaluando tanto los riesgos como los beneficios, y no quedar restringida como propiedad intelectual de las empresas.
Principalmente, el temor es que la necesidad de obtener ingresos lleve a las compañías a exagerar la seguridad o la eficacia de sus tecnologías para atraer nuevos clientes. Esta dinámica, según el medio, puede distorsionar el debate y dificultar que las decisiones sobre el uso de la geoingeniería solar se basen en análisis objetivos de riesgos y beneficios.
Además, existe la preocupación de que las presiones financieras incentiven a las empresas a ejercer lobby sobre gobiernos u otras entidades para promover la adopción de sus soluciones, desplazando el criterio científico por intereses económicos y políticos.
Críticas a las afirmaciones técnicas de las empresas
Las promesas técnicas de algunas startups fueron objeto de escepticismo entre la comunidad científica. Stardust sostiene en su sitio web que desarrolló partículas novedosas que pueden inyectarse en la atmósfera para reflejar más luz solar, asegurando que son “químicamente inertes en la estratósfera y seguras para humanos y ecosistemas”.
En relación con su técnica, la empresa afirmó que estas partículas regresan de forma natural a la superficie terrestre y se reincorporan sin riesgos a la biosfera.
Investigadores consultados por MIT Technology Review consideran infundada la afirmación de que es posible fabricar partículas completamente inertes en la estratósfera. Incluso materiales tan estables como el diamante pueden alterar la química estratosférica, ya que las reacciones con radicales altamente reactivos y la posible cobertura de ácido sulfúrico pueden acelerar la pérdida de la capa de ozono.
Sumado a esto, Stardust no ha divulgado información técnica detallada sobre sus partículas ni sobre su proceso de investigación, lo que dificulta una evaluación independiente de sus propuestas.
En documentos presentados a potenciales inversores, la empresa asegura que sus partículas “mejoran” el desempeño del ácido sulfúrico, el material más estudiado para SRM. No obstante, el uso de sulfato se justificó precisamente porque sus efectos climáticos y ambientales están ampliamente documentados.
Lecciones del pasado e importancia de la precaución
La historia de la ciencia ambiental en el siglo XX ofrece ejemplos claros de los riesgos asociados a la introducción de nuevas sustancias en el entorno sin un conocimiento exhaustivo de su destino final.
Los clorofluorocarbonos (CFC) y el pesticida DDT, en su momento considerados avances seguros, terminaron causando daños ambientales imprevistos al acumularse en lugares inesperados. En contraste, el impacto de los aerosoles de sulfato fue objeto de miles de estudios científicos, lo cual reduce la probabilidad de efectos desconocidos.
MIT Technology Review subrayó que, ante la falta de información pública sobre las partículas de Stardust y su proceso de investigación, resulta difícil tomar decisiones informadas y responsables sobre la conveniencia de emplear estos materiales en lugar del sulfato, siendo este mejor comprendido.
Alternativas y propuestas para una investigación responsable
Frente a los desafíos actuales, los científicos abogan por que la investigación, evaluación y desarrollo de la geoingeniería solar se realicen principalmente a través de esfuerzos públicos coordinados y con financiación transparente.
Sostienen que cualquier decisión sobre su uso debe surgir de discusiones multilaterales entre gobiernos, basadas en la mejor evidencia científica disponible y no en los intereses de lucro de empresas o inversores privados. Solo así, argumentaron, se podrá avanzar hacia una gobernanza responsable y legítima de estas tecnologías.
En última instancia, la confianza social será el factor decisivo para determinar el futuro de la geoingeniería solar, un valor que difícilmente puede surgir de la lógica del beneficio privado.
“Vayan a dar la cara”: filtran el pedido de Marcelo Gallardo a los jugadores de River tras la derrota en el Superclásico
Crece la crisis en Camioneros: dos facciones del sindicato protagonizaron una batalla campal en un partido
Un informe explicó la sorpresiva mejora de Alpine en el GP de Brasil y el particular rol que tuvo Franco Colapinto
CORRUPCION Direccionar una contratación con pago de sobreprecios, la acusación contra Aída Ayala
TERRIBLE DENUNCIA Ricardo Osuna: “Zdero me armó la causa por abigeato y me metió preso”
El gobierno del Chaco solicitó al STJ que rechace los planteos judiciales contra la ley de OTBN
