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Sin un colchón, abogado defensor, ni acceso a un baño: así está el jubilado chaqueño acusado de amenazar a Milei

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo en favor de Daniel Vera, un docente jubilado de 63 años, que se encuentra detenido desde el miércoles acusado de amenazar al presidente de la Nación por redes sociales. Vera está alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin una cama, colchón o enseres básicos. No tuvo acceso a un abogado, no sabe de qué se lo acusa, y lo único que obtuvo de autoridades policiales es una amenaza de traslado a Ciudad de Buenos Aires, lejos de su familia.

Daniel Vera fue detenido el miércoles en Resistencia por una insólita razón: lo acusan de amenazar por redes sociales al presidente, Javier Milei; al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a periodistas mileistas. Vera es docente jubilado, tiene 63 años, y carece de capacidad logística, material y operativa para llevar a cabo lo que supuestamente habría dicho que haría.

Desde ese momento, se encuentra alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a instalaciones sanitarias. Tampoco tiene abogado defensor, desconoce de qué se lo acusa, y lo único que obtuvo de autoridades policiales que lo tienen en custodia es una amenaza de traslado a Ciudad de Buenos Aires, lejos de su familia.

Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Federal Zunilda Niremperger. Desde el organismo de control de Derechos Humanos, se solicitó cesar el agravamiento en sus condiciones de detención. A su vez, se solicitó que comparezca de manera urgente ante el juez de la causa, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, para saber exactamente de qué se lo acusa.

El día de su detención, la presidenta del Comité, Bashé Charole; el comisionado, Darío Gómez; el coordinador de Asuntos Jurídicos, Roberto Sotelo y el médico legisla del organismo, Basilio Ramírez, visitaron a Vera en su lugar de detención.

La comitiva constató que el jubilado se encontraba en una oficina administrativa, sin acceso a instalaciones sanitarias, cama, colchón o enseres básicos que garanticen condiciones dignas para una persona aprehendida, más aun considerando su edad.

Consultado por su situación, Vera contó que fue abordado en su casa por un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires quienes llegaron para allanar. Resaltó que no opuso resistencia al allanamiento. Afirmó desconocer los pormenores de la causa por la cual lo tienen detenido, que no tuvo contacto con el juez ni tampoco acceso a una defensa técnica.

Al momento de realizarle un chequeo general, el médico del Comité constató que tenía la tensión arterial elevada (186/96), un indicador peligroso teniendo en cuenta que es hipertenso y requiere medicación periódica.

“Esta situación de incertidumbre respecto de los motivos de su aprehensión, sumado a la posibilidad de ser trasladado fuera de la provincia y ser alojado en una unidad carcelaria, generan impacto emocional que repercute de forma directa en su salud, siendo una persona en especial situación de vulnerabilidad por ubicarse dentro del colectivo de personas adultas mayores y por padecer una patología de base en donde el factor anímico es de vital trascendencia”, indicó el Comité.

Se remarcó que Vera no tiene antecedentes penales y se encuentra detenido por “averiguación de delito”, una medida arbitraria,  irracional y desproporcionada que configura un apartamiento de los derechos y garantías a lo establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

“En esta situación se está aplicando la medida más grave que prevé el sistema penal para responder a un hecho simbólico (la supuesta amenaza), de nula lesividad, sin riesgo procesal objetivo”, indicó el Comité, y agregó que este tipo de medidas busca criminalizar a quienes pretenden ejercer la libertad de expresión mediante la creación de la figura “monstruo/enemigo”.

Detención de Vera

La detención de Vera se realizó a través de agentes de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaron tareas de “ciberprevención”. En una de ellas detectaron las publicaciones de un usuario denominado “Elpidio Sánchez”, que difundía los supuestos amedrentamientos.

Ante esto, el juez Lijo ordenó la apertura de una investigación formal que posibilitó, a través del análisis técnico y relevamiento digital, identificar al autor de los mensajes, en los que, por ejemplo, posteaba imágenes de los damnificados un puntero láser que les apuntaba a la frente.

En este sentido, según informó Noticias Argentinas, se llevaron a cabo dos operativos en la provincia de Chaco, mediante los que se localizó la vivienda y el lugar de trabajo del presunto dueño de la cuenta.

La Policía porteña llevó adelante los procedimientos, junto a las autoridades locales, y aprehendió al implicado, en el marco de una causa caratulada como ‘averiguación de delito’. Durante el procedimiento, se incautaron una carabina calibre 22, cuatro armas de aire comprimido, diez cuchillos tipo caza y diversos dispositivos de “interés para la investigación”.

 

 

Fuente: Chaco Día por Día 

 

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Informe reservado: el Gobierno alerta por la presencia en la Argentina de 28 presuntos miembros de una organización narco brasileña

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Un documento oficial al que accedió TN, detalla que hay 14 personas detenidas en cárceles federales y 14 en libertad que tendrían participación directa en bandas narcos que buscan propagarse por la región.

Tras el megaoperativo antinarcotráfico que culminó con más de 120 muertos en dos favelas de Río de Janeiro, TN accedió a un informe reservado que alerta por la presencia en la Argentina de 14 alojadas en cárceles federales de la Argentina y otras 14 en libertad que podrían tener vínculos con una organización criminal de Brasil.

El documento oficial remarcó que el crimen organizado brasileño intenta propagarse o expandirse hacia otros países en busca de ampliar su dominio territorial, así como diversificar y multiplicar sus actividades delictivas.

En ese marco, organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) habrían demostrado un elevado nivel de estructura, recursos logísticos y capacidad de expansión transnacional, que habría llegado a la Argentina.

Vinculado al PCC, aparece Adriano Giménez Morales, de nacionalidad paraguaya, alojado en la Colonia Penal de Candelaria Unidad N°17. Detenido por tráfico de estupefacientes, el hombre habría reconocido haber residido en los países de Brasil, Perú, Bolivia y Argentina, territorios en los cuales operaría la mencionada organización criminal. También admitió haber hecho “trabajos de sicariato para una banda narco peruana”.

Otro de los mencionados es Jonathan Renato Goncalves, de nacionalidad brasileña, ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal tras un operativo de Gendarmería Nacional Argentina y se encuentra alojado en el mismo lugar que Giménez Morales.

A través de un ritual conocido como “bautismo”, el cual consiste en registrar sus datos en un “libro blanco”, inicialmente en formato físico y luego digitalizado para ser compartido por correo, mensajería y plataformas virtuales, estas bandas suman nuevos miembros a su organización.

Según pudo confirmar este medio en base a fuentes, desde 2014 se habría detectado una fuerte expansión del PCC desde Brasil hacia países productores de drogas como Paraguay y Bolivia, y posteriormente a otras regiones de América Latina, América del Norte y Europa, incluyendo tanto miembros en libertad como detenidos en cárceles.

En un operativo, se detectó una hoja de cálculo con información de 28 miembros activos en la Argentina (14 aparentemente en condición de detenidos y 14 en condición de libertad), de los cuales se identificaron 26 con registros y datos adicionales; situación que podría confirmar la expansión del PCC en territorio argentino, detallando que la radicalización se habría dado en establecimientos carcelarios de las provincias de Santa Fe y Chaco.

Alguno de los involucrados son Ariel José Rojas, mencionado como uno de los autores de la denominada “masacre Coronda”, ocurrida durante su alojamiento en el penal de Santa Fe.

El informe menciona también a Néstor Horacio Barczuk, alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa, quien habría sido parte de un bautismo en Resistencia, Chaco, y se lo habría identificado gracias a una hoja de cálculo denominada “hermanos activos en argentina”.

En esa misma hoja de ruta aparecen mencionados Víctor Hugo Pedraz Cristofoletti Roberto Silvera Mafra. También Gusmao Leonardo Monte Alto, vinculado a un Grupo Delictivo Organizado denominado ‘Callau Barriga’, cuya principal actividad estaría vinculada a los delitos de tráfico de estupefacientes, con asiento en la provincia de Entre Ríos, precisamente en la localidad de Ibicuy.

Todos los mencionados, además de los delitos cometidos, tienen elementos distintivos como tatuajes que son característicos o que se asemejan a organizaciones criminales, dedicados al tráfico de estupefacientes, sicariatos, entre otros.

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Una organización narcocriminal se abastecía de droga desde Rosario y las distribuía en Río Negro

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Durante 15 meses, los gendarmes efectuaron tareas investigativas sobre la banda delictiva.

El análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea con Drone, permitieron localizar al principal investigado y las maniobras de narcotráfico y lavado de activos.

Se detuvo a 10 integrantes de la organización de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya.

Por órdenes del Magistrado interviniente, los funcionarios de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” avanzaron sobre una organización narcocriminal con estructura de clan familiar y territorialidad en Rosario (Santa Fe), la cual distribuía sustancias ilícitas en localidades del Alto Valle rionegrino.

Durante 15 meses, los gendarmes realizaron una ardua tarea de investigación, que consistió en el análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea, los mismos permitieron identificar al líder de la banda delictiva, las maniobras de distribución de narcóticos que eran realizadas mediante la utilización de rodados de mediana y alta gama, quienes junto a testaferros familiares y allegados tenían en su círculo, cinco chacras. Esto motivó con autorización judicial geolocalizar con el uso de drones los espacios de tierra donde hallaron un invernadero y una plantación con cultivo activo de plantas de marihuana en diferentes etapa de crecimiento.

 

 

Asimismo, los efectivos obtuvieron información que vinculaba a la banda delictiva con operaciones de lavado de activos. Tras esos resultados, el Juzgado interviniente, con conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), libró 13 órdenes de allanamientos simultáneos sobre inmuebles ubicados en la ciudad de Villa Regina y en las localidades de Ingeniero Huergo y Valle Azul.

 

 

En el transcurso del día de ayer, los uniformados pertenecientes de las diferentes Unidades de la Fuerza llevaron adelante las medidas judiciales y se dirigieron hacia los objetivos, en los domicilios encontraron: 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos cannabis sativa, 693 plantas (en diferentes etapas de crecimiento) y 60 semillas de marihuana, tres armas de aire comprimido y siete armas de fuego, 279 municiones de distintos calibres, 3.933.580 pesos y 51.933 dólares, 13 vehículos y demás elementos de interés para la causa.

 

 

 

 

Por último, los funcionarios detuvieron a 10 hombres (entre ellos al principal investigado) de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la justicia.

En este hecho, intervino la Unidad Fiscal de la ciudad de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR).

 

 

 

 

 

 

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Santiago del Estero: Acondicionó más de 5 kilos de cocaína dentro de dos gatos hidráulicos

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Los gendarmes recepcionaron un oficio judicial para realizar la apertura de los crickets hidráulicos tipo “botella”.

Tras la apertura de las herramientas, los funcionarios constataron la existencia de la sustancia compactada.

El conductor del rodado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Es el resultado del intercambio de información, con los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, el Escuadrón 59 y el personal de ARCA de la provincia, el cual permitió desplegar un operativo el pasado 14 de octubre y controlar un camón de cargas generales de bandera boliviana, donde se trasladaba dos crickets hidráulicos tipo “botella” (los mismos son utilizados para levantar vehículos).

 

 

En la tarde de ayer, los uniformados fueron autorizados por el Juzgado Federal Nº 2 para inspeccionar minuciosamente las herramientas y corroboraron la existencia de una sustancia blancuzca compactada.

 

 

 

 

Ante el hallazgo de 5 kilos 815 gramos de cocaína, el Magistrado interviniente dispuso el decomiso de la droga y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, ordenó la detención del conductor del rodado.

 

 

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