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Encontraron restos humanos en el predio del campo de concentración de La Perla

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El hallazgo fue anunciado por el juez Hugo Vaca Narvaja. Generó grandes expectativas en los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que promovieron la búsqueda.

Por Luciana Bertoia 

La justicia federal de Córdoba informó que se encontraron restos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla entre 1976 y finales de 1978. El hallazgo se produjo en la primera semana de trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona y generó grandes expectativas entre los familiares de los detenidos-desaparecidos que desde hacía tiempo impulsaban la búsqueda.

En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, el juez federal Hugo Vaca Narvaja informó que se habían encontrado huesos, los cuales serán analizados por el EAAF para determinar si es posible extraer ADN y, de esa manera, establecer si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado. El proceso recién comienza y podría demorar meses.

La Perla se activó el 24 de marzo de 1976 en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército, ubicados a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. Según el Archivo Provincial de la Memoria, por allí pasaron entre 2000 y 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.

En distintos procesos, la justicia federal estableció que La Perla operaba bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Algunos secuestrados eran asesinados bajo tortura y otros sacados con vida del centro para ser fusilados. Como eufemismo, ese camino hacia la muerte era denominado “traslado”. Quienes estaban adentro escuchaban que se acercaba un camión, que luego se retiraba y volvía aproximadamente a los 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, señala la sentencia dictada en la megacausa.

Cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1979, los militares intentaron ocultar la evidencia de sus crímenes. Según declaró el represor Guillermo Bruno Laborda, en los primeros meses de 1979 se habría producido un operativo de “limpieza” para retirar los cuerpos de las víctimas.

Los investigadores obtuvieron recientemente una imagen aérea de julio de 1979, que permitió confirmar movimientos de tierra en ese momento. Ese hallazgo representó un avance en una investigación que llevaba casi 20 años, según señalaron desde el juzgado.

El predio donde funcionó La Perla tiene 14 mil hectáreas, lo que lo convierte en una zona de difícil abordaje. Gracias a los testimonios recabados a lo largo de décadas, las declaraciones de represores y la imagen aérea, los investigadores lograron acotar el área de búsqueda.

Los trabajos del EAAF comenzaron el martes de la semana pasada. Esta etapa de investigación incluye tareas de prospección y excavación en diez hectáreas y se extendería hasta finales de noviembre.

Los hallazgos se produjeron en el quinto día de búsqueda. En la conferencia, las expertas explicaron que se encontraron restos óseos dispersos en un terreno alterado y señalaron que el contexto del hallazgo es compatible con que pertenezcan a personas desaparecidas durante la dictadura, aunque aclararon que, por el momento, no se puede hablar de fosas comunes.

Si bien remarcaron que el proceso está en sus primeros momentos, el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, destacó el optimismo respecto de que estaban en el lugar correcto de la búsqueda.

En 2014, en las cercanías de La Perla, en los hornos de la estancia La Ochoa, los antropólogos forenses hallaron restos óseos de cuatro estudiantes universitarios que habían sido secuestrados en diciembre de 1975. Para entonces, La Perla no funcionaba como campo de concentración. El hallazgo fue posible gracias al testimonio de un baqueano.

El juez Vaca Narvaja también intervino en ese proceso. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es la que hay que resaltar”, remarcó el magistrado.

El fiscal Facundo Trotta pidió que quienes cuenten con información que pueda facilitar la búsqueda la aporten.

“La desaparición forzada es un delito continuado que termina cuando aparecen los restos”, puntualizó, por su parte, el abogado Ramiro Fresneda, quien representa a una veintena de querellantes que promueven la búsqueda.

Entre ellos está Sara “Coca” Luján, de 99 años, quien quiere saber qué hizo la dictadura con su hijo Raúl Mateo Molina, asesinado en La Perla el mismo día de su secuestro. Fresneda recordó que otra de las querellantes, Graciela Geuna –sobreviviente del campo de concentración y esposa de un desaparecido–, afirma que no es posible construir una democracia con cuerpos insepultos.

 

Publicado en Página/12

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Nación actualiza subsidios, empresas no pagan salarios y UTA amenaza con paro en Corrientes

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La UTA #Corrientes advirtió que, si las empresas no depositan los salarios en la tarde de este jueves, el servicio urbano se paralizaría desde el primer turno del viernes.

El secretario general de la seccional, José Luis Sabao, adelantó la posible medida de fuerza ante el incumplimiento en el pago de salarios por parte de algunas empresas del transporte público de pasajeros.

En diálogo con Canal 5TV, Sabao explicó que el gremio se encuentra en estado de alerta por la falta de depósitos que debían realizarse este jueves.

Señaló que “las empresas tienen la obligación de depositar el mismo cuarto día hábil de cada mes. Lo que la UTA dice es que a aquellas empresas que no cumplen con el salario como corresponde se tomarán medidas de acción”.

En un principio se especuló que el conflicto estaría vinculado al fraccionamiento de pagos, incluido el aguinaldo, situación que, según afirmó Sabao, depende exclusivamente de las empresas: “Hasta el momento no hablaron de cuotas, pero tampoco aseguran poder cumplir. Nosotros les respondemos que, en caso de no poder cumplir, se va a estar parando a partir del primer servicio del día de mañana”.

Respecto a la Resolución 86/2025 publicada este jueves por el Gobierno Nacional, que actualiza los subsidios para el transporte urbano y suburbano del AMBA y del interior del país, Sabao aclaró que el gremio no fue convocado para dialogar sobre el tema.

“Nosotros no participamos de ningún tipo de diálogo con el Gobierno ni con el municipio. Reclamamos lo que consideramos que le corresponde al trabajador. No es una cuestión que tenemos que solucionar nosotros”, dijo Sabao.

El dirigente remarcó que la decisión de llevar adelante la medida dependerá de que las empresas efectúen los depósitos durante la tarde, ya que habitualmente “los pagos suelen realizarse a partir de las 17”. En caso contrario, el paro se anunciaría cerca de la medianoche.

Si bien el conflicto afecta principalmente al servicio urbano, Sabao adelantó que también evaluarán la situación de los servicios de larga distancia que operan dentro de la provincia.

“Las empresas tienen que cumplir con el salario como corresponde en el día de hoy. Si no cumplen, mañana lamentablemente vamos a tomar una medida de acción”, concluyó. Ver menos

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“El pueblo es chico”: fijan fecha para el juicio contra policías acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai

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La Cámara Segunda en lo Criminal fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio contra cuatro policías acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai. La resolución habilita finalmente el debate oral en una causa emblemática de violencia institucional ocurrida en el interior provincial. El proceso incluye cargos agravados contra el comisario Daniel Báez y otros tres agentes.

La Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio oral por los graves hechos de violencia policial ocurridos en 2022 contra una familia de comerciantes madereros de Machagai. Así lo resolvió la jueza Fanny Zamateo.

La resolución se dictó tras el pedido del abogado querellante, Ramiro Cabaña, y representa un paso clave para avanzar hacia un juzgamiento en un plazo razonable en una de las causas más sensibles por apremios ilegales en el interior provincial.

El proceso involucra a cuatro policías del Departamento de Seguridad Rural de Machagai, acusados del delito de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas en perjuicio de la familia Vergara y sus colaboradores, en un hecho ocurrido en mayo de 2022.

Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, la familia Vergara —dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera— envió un cargamento de muebles desde la localidad de Machagai alrededor de las once y media de la noche. El vehículo, que tenía como destino la provincia de Santa Fe, era conducido por Brian Vergara, de 20 años, quien iba acompañado por dos ayudantes.

Mientras atravesaban la Ruta Nacional 16, camino a Colonia Aborigen, fueron adelantados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Unos kilómetros más adelante, se encontraron nuevamente con la misma camioneta, esta vez realizando un control. Los agentes detuvieron el vehículo y pidieron la documentación correspondiente.

Brian presentó la guía de transporte, pero al ser consultado por el tique de balanza, explicó que no contaban con uno porque en la localidad de Presidencia de la Plaza —de donde provenía la guía— no había balanza. Aclaró además que la guía tenía plena validez legal, ya que había sido emitida de forma regular.

Los policías, en un tono prepotente según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai. Durante el trayecto, el vehículo —que días antes había sufrido un accidente— comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio. Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que “arreglar” la situación directamente con el comisario.

A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho. Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al llegar, uno de ellos preguntó en tono de amenaza: “¡¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?!”.

Gas y golpiza

Intentaron esposarlos de manera arbitraria. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.

En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.

La golpiza posterior fue brutal. Incluyó golpes con la culata de la escopeta en la cabeza, puñetazos en la cara y patadas en las costillas. La agresión le causó a Daniel una fractura en la muñeca de la mano izquierda, por la cual debió ser operado, quedando con una incapacidad permanente. Permanecieron aproximadamente media hora en el suelo, recibiendo golpes e insultos por parte de los efectivos.

Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Daniel pidió que le quitaran las esposas debido a la inflamación y el dolor insoportable en la mano. Recién cerca de las cinco de la mañana, el comisario Báez comenzó a llamarlos uno por uno y, según el relato de las víctimas, aseguró que los iban a dejar en libertad a cambio de que no denuncien el accionar policial. El pedido fue más una amenaza que una invitación: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.

La fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, elevó la causa a juicio al considerar acreditados los apremios ilegales. “No hay dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a los imputados en la producción del evento criminoso (…) por lo que cabe concluir que deberán responder en juicio por su accionar delictivo”, añadió la fiscal.

Las imputaciones contra los policías son graves. Para el comisario Báez y el subcomisario Luis Fernández la imputación es de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor, según el caso. Mientras que el sargento ayudante Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo también están imputados por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.

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Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay tres personas heridas

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Ocurrió en Salguero al 3400. Iban tres pasajeros a bordo. El piloto, un hombre de 46 años que resultó lesionado, fue imputado por lesiones culposas.

 

Un helicóptero con dos pasajeros y su piloto cayó este jueves por la noche en pleno barrio de Palermo, y generó momentos de tensión y un gran despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo pasadas las 20 en las canchas de tenis ubicadas sobre Jerónimo Salguero al 3400, al costado de la Autopista Arturo Illia. La aeronave quedó completamente destrozada tras el impacto y hay tres heridos.

Según informaron fuentes policiales a TN, los tres ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “Se encuentran fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, detallaron.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)

También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer -de 32 años- no presentaría heridas. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández.

El accidente provocó un importante operativo de seguridad. Unos 12 móviles llegaron en la zona para coordinar el procedimiento y asegurar el perímetro. Además, se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes.

Imputaron al piloto

Luego de la medianoche, TN pudo saber que la Unidad de Fragancia Norte pidió imputar al piloto del helicóptero por lesiones culposas, un hombre de 46 años.

Como parte de la investigación, también se le hará un test de alcoholemia. Luego del accidente, el piloto fue trasladado al Hospital Fernández, al igual que los otros dos acompañantes.

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