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CORRUPCION

El fiscal Marijuan pidió la baja de 3.000 pensiones de beneficiarios que no viven en el país: le cuestan al Estado $5.842.000.000

Mantener la residencia en Argentina es uno de los requisitos básicos para recibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya informó sobre la irregularidad a la ministra Sandra Pettovello

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El fiscal Guillermo Marijuán le solicitó a través de un oficial a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), porque incumplen con la normativa de mantener residencia en el país. Es decir, se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años “vulnerables” y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones. A valores actuales, el perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $449.341.802 millones, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.

El oficio enviado por Marijuan a la ministra de Javier Milei, al que accedió Infobae detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”. Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello que: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.

El escrito del fiscal Guillermo Marijuan a la ministra de Capital Humano Sandra PettovelloEl escrito del fiscal Guillermo Marijuan a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello

A diferencia de las autoridades del gobierno de Alberto Fernández, como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, cada vez que Pettovello recibió una solicitud de esa envergadura por parte de la Justicia, como las bajas en el Potenciar Trabajo por distintos incumplimientos, accedió de manera inmediata.

¿Qué dice la ley?

La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su reglamentación establecía -y sigue vigente- que el monto mensual sea “equivalente al 80% del haber mínimo garantizado”. Actualmente, $152.113,28 mensuales.

Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”. Esa exigencia está descripta en el artículo 13 inciso 1° de la ley; como así también la de mantener la residencia en el país (artículo 13 del inciso 5°).

Según el fiscal Guillermo Marijuán 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor“incumplen con la normativa de mantener residencia en el paísSegún el fiscal Guillermo Marijuán 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor“incumplen con la normativa de mantener residencia en el país

Al respecto, el Decreto Reglamentario 894/2016 estipula que la PUAM es otorgada por la ANSES e instruye a los demás organismos de la Administración Pública Nacional a remitirle la información disponible en sus bases de datos que sea útil para el control de los requisitos establecidos.

Asimismo, se establece como requisitos de acceso a la pensión:

No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.

-No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo.

-En el caso que el titular perciba una única prestación podrá optar por percibir el beneficio que se establece en la presente.

Según la investigación de Marijuan, entre los 2.954 titulares de la PUAM que se fue del país y no volvieron hay una amplia variedad de casos que deberán ser investigados de forma particular, por esa razón no serán investigados en un único expediente, sino en casi tres mil. Es decir, uno por cada beneficiario.

Por ejemplo, de ese total de personas, unas 1300 se fueron del país hace más de 3 meses, periodo que estipula ANSES y a partir del cual corresponde la suspensión del beneficio. Otras lo hicieron antes.

La Justicia ahora deberá determinar quiénes iban a los cajeros a cobrar los $ 5.842.000.000 anuales de personas que no residen en el país y qué funcionarios públicos permitieron que esto suceda.

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Cabalgata de la Fe millonaria mientras miles de chaqueños no tienen para comer

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El gobierno de Zdero sigue de fiesta mientras el pueblo chaqueño sufre.

Al igual que el año pasado la Cabalgata de la Fe que promociona el gobierno de Zdero le costará muchos millones al pueblo chaqueño.

La provincia con mayores déficits y la más pobre del país deberá afrontar gastos millonarios por decisión del gobernador Leandro Zdero.

Como se sabe, una nueva edición de la denominada Cabalgata de la Fe dio inicio el sábado teniendo como punto de partida la sociedad rural de Quitilipi. El encuentro religioso se celebra hace muchos años en la provincia de Chaco, en cada una de sus ediciones recibe aportes millonarios por parte del estado para su realización.

Las órdenes de compra a las que pudo acceder Chaco Ahora dan cuenta de que aproximadamente son 129 millones de pesos lo que se gastará para esta edición y de ese monto 30 millones de pesos se los quedará el Chaqueño Palavecino por su actuación.

Mientras tanto todo el sector estatal: policías, médicos y enfermeros siguen luchando por dejar de percibir sueldos miserables que no le permiten llegar a fin de mes y deben “comerse el verso de que no “hay plata”, misma mentira que promociona el gobierno de Milei mientras deja a miles de argentinos sin trabajo en el marco de un plan de desguace del Estado. Esta situación es replicada por Zdero en la administración pública provincial que también sufre los embates de achicamiento.

DETALLE

En detalle algunos de los gastos son:

$4.800.00 en servicio de lunch para 500 personas, bebidas, morfi, etc. (ver orden de compra).

$4.200.00 en servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)

$30.250.0000 Por el servicio de honorarios de asesoramiento por presentación del Chaqueño Palavecino

$7.500.000 por el servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)

$16.940.000 por servicios de alquiler de equipos, 200 baños químicos, etc (ver orden de compra)

$40.000.000 por servicio de sonidos, iluminación, pantallas y proyectores.

$13.500.000 por alquiler de servicio de carpas, catering, gazebos, etc.

$1.500.000 por servicio de alojamiento a los artistas, etc.

$9.560.000 por servicio de alquiler de muebles para eventos, servicio de logística para instalación.

CHACOAHORA//ROBERTOESPINOZA//RADIOCLANFM

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CHACO Educacion Naidenoff no paga a los docentes pero gasta 96 millones en alquiler

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En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.

Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.

Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.

ASI TE MENTIAN

 

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Ordenan levantar el secreto fiscal y financiero del pastor Jorge Ledesma que recibió a Javier Milei en Chaco

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El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.

El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.

La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.

Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.

Fuente: tn.com.ar

 

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