CORRUPCION
El escándalo Pettovello llega a los diputados libertarios Romo, Sotelo y Santurio
Todos cercanos al Opus Dei y de San Miguel, son tres legisladores puros que incidían fuerte en las contrataciones del Ministerio de Capital Humano.
El esquema libertario que sirvió de matriz a Sandra Pettovello para firmar los escandalosos convenios con la opaca Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) recién empieza a salir a la luz.
Detrás del arribo de los hermanos De la Torre al mundo de Milei aparece un grupo político conocido entre los libertarios como “La banda del Opus Dei”. Como Pablo y Joaquín de la Torre, su territorio es el municipio bonaerense de San Miguel.
Una fuente al tanto de los pormenores del escándalo de sobresueldos y contrataciones irregulares que tiene a la ministra Petovello contra las cuerdas, confirmó a LPO que integran este grupo el diputado nacional Santiago Santurio y los diputados provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo.
“El lunes va a empezar a trascender todo”, afirmó misterioso una fuente libertaria.
A diferencia de los hermanos De la Torre, Santurio, Romo y Sotelo son parte del germen inicial de La Libertad Avanza, como la ministra Pettovello. “Ellos tenían una injerencia importante en las contrataciones de Capital Humano”, agregó la fuente consultada.
Santurio es presidente de la agrupación política Ciudadanos. Desde allí milita activamente por los derechos del niño por nacer y contra la interrupción voluntaria del embarazo. “Primero la familia”, es uno de sus lemas, una bandera que Milei adoptó como propia, como dejó en claro en su discurso en Vistalegra, en el congreso de ultraderecha de Vox.
En el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza el escándalo golpeó fuerte. Allí se comenta que Santurio podría estar involucrado en la polémica firma de contratos con la OEI. “Santurio estaba armando una estructura política porque quiere quedarse con la cartera de Educación y desde ahí ser el reemplazante de Pettovello, con el apoyo de Martín Menem”, afirmó a LPO un integrante de esa bancada.
Santurio llegó al corazón libertario a través del diputado bonaerense Nahuel Sotelo, que suele presentarse como “representante” del Opus Dei, la organización de derecha de la Iglesia Católica, enemiga del Papa Francisco.
Romo fue, junto a Fernando Cerimedo, director de Comunicación Digital durante la campaña que llevó a Milei a la Presidencia. Cerimedo está incriminado en un expediente de la Justicia brasileña vinculado al intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en enero de 2023.
En La Libertad Avanza comentan que Romo también está tratando de armar una estructura política sólida en el Conurbano, porque su proyecto es en tres años ser el sucesor de Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel, con el apoyo de Joaquín de la Torre.
“Atrás de este escándalo está la pelea por el las cajas del Ministerio de Capital Humano y el control de la estructura en la provincia, donde los Menem todavía no hicieron pie”, agregó el diputado libertario.
Sotelo, llegó a la Legislatura bonaerense en 2021 como parte de las listas de José Luis Espert, pero al poco tiempo se acercó a Javier Milei y desde entonces es un incondicional dentro de La Libertad Avanza. Al punto de que preside el bloque de diputados libertarios en Diputados.
El escándalo crecerá en los próximos días. Es que a diferencia de lo que dijo el vocero Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano sí compró alimentos, que fueron entregados en Villa Martelli y Tucumán, como reveló este sábado La Nación. Incluso ahora se sabe que la mercadería fue comprada a empresas denunciadas por esta misma gestión.
Según detalla La Nación, el total desembolsado fue de casi $3.652 millones para la adquisición de alimentos, que en gran parte no se repartieron y muchos están vencidos o cerca de vencer. De hecho, dos jueces federales este sábado allanaron los galpones de Capital Humano, en un procedimiento que dejó muy expuesta a la ministra. Encontraron arrumbándose más de 300 mil kilos de leche en polvo que vence a fin de mes.
Las fuentes consultadas hablan de decenas de convenios firmados por la ministra Pettovello, como el que suscribió con la opaca OEI y que se utilizó para instrumentar un sistema de pago de sobresueldos a funcionarios libertarios, mediante la incorporación de empleados ñoquis, cuyos sueldos se presume luego se repartían.
LPO tuvo acceso a uno de los convenios firmados por la ministra con OEI por el que se le transfiere 6.772 millones de pesos de fondos públicos como parte de un “convenio marco de colaboración” con la secretaría de Niñez. El convenio, fue firmado el pasado 6 de marzo de manera digital por “Sandra Viviana Pettovello”.
Esta viernes la OEI intentó despegarse del escándalo y dijo que la sección de personal para trabajar en Capital Humano era responsabilidad de la ministra Pettovello y sus funcionarios.
CORRUPCION
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
CORRUPCION
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
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