CORRUPCION
Denuncian a un excomisario por cobrar “peaje” a contratados del InSSSeP para hacer caja para la UCR
El comisario retirado, Raúl Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero en la vocalía que representa a los jubilados en el directorio del InSSSeP, fue denunciado por su propio sobrino. Ante la Justicia, el joven lo acusó de obligarlo a entregar más de la mitad de su sueldo a cambio de mantener su contrato de gabinete. El denunciado habría justificado este “aporte” al señalar que era para repartirlo entre los militantes del radicalismo de Fontana. Tras rogarle por su sueldo completo, fue dado de baja y en su lugar Cantero contrató a su propio hijo. El descargo del acusado.
El InSSSeP, obra social de los empleados estatales del Chaco, quedó envuelto en un grave caso de nepotismo y corrupción que tiene como protagonista al comisario retirado de la Policía del Chaco y actual integrante del organismo, Raúl Cantero.
Su sobrino lo denunció por obligarlo a entregarle más del 60 por ciento del sueldo que se le pagaba en calidad de contratado y por echarlo tras rogar que se lo deje de descontar. Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, le habría reconocido que dicho “aporte” era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Tras echarlo, el excomisario le otorgó el contrato a su propio hijo. La denuncia quedó a cargo del Equipo Fiscal 1 de Resistencia.
El expediente judicial comenzó el 28 de mayo pasado, cuando el joven R.V., de 26 años, denunció ante la Unidad de Atención a la Víctima y la Ciudadanía del Poder Judicial del Chaco a su tío por la retención indebida de sus haberes.
Recordó que el 9 de diciembre de 2023, por intermedio de Cantero, comenzó a prestar servicios como contratado en digitalización de expedientes del InSSSeP. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese mes, el contrato no fue renovado.
Días más tarde, el 5 de enero de 2024, tras asumir la vocalía pasiva en reemplazo del jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, Cantero se comunicó con R.V. para comunicarle una buena noticia: iba a conseguirle un contrato de gabinete en la vocalía pasiva. El sueldo total era de 550 mil pesos, aproximadamente. Sin embargo, había una mala: ese sueldo no quedaría totalmente en sus manos ya que solamente se llevaría 200 mil pesos, más un ticket de alimentos.
Para edulcorar aún más el ilegal pedido, su tío le argumentó que además de los beneficios ya mencionados, debía tener en cuenta que tendría jubilación, obra social y la posibilidad de, a futuro, pasar a planta permanente. Respecto de la retención del resto de su salario (casi el 64%), le explicó que esto iba a ser utilizado para otorgárselos a “los contratados que habían quedado afuera”.
A pesar del cobro del “peaje” que le exigía dejar su tío, el joven decidió aceptar la oferta debido al contexto económico, la necesidad de colaborar con la economía familiar y cubrir parte de los gastos de sus estudios universitarios.
El 10 de enero pasado, comenzó a trabajar en la oficina de Vocalía Pasiva, más precisamente en el área de Jubilaciones / Novedades. La retención compulsiva de sueldo por parte de su tío se mantuvo hasta el 3 de abril, cuando le avisó que su contrato fue dado de baja. El joven pidió la resolución correspondiente y fue ahí que se enteró que lo había reemplazado su primo, el hijo de Cantero. Al realizar la denuncia judicial, el joven pidió que la Justicia vele por su seguridad, la de su familia, sus amigos y su novia, teniendo en cuenta el alto cargo jerárquico policial con que cuenta Cantero. También pidió que se le restituya el dinero retenido indebidamente.
Chats
Además de realizar su declaración ante la oficina judicial, el joven entregó un pendrive con capturas de los diálogos que mantuvo con su tío vía WhatsApp. También aportó los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas hacia él, montos que corresponden al dinero retenido de su sueldo que debía aportar “a la causa” si es que no quería perder su contrato.
R.V. contó que una de esas charlas se produjo al día siguiente del primer pago de su sueldo. El 30 de enero, su tío se comunicó recordándole el trato que tenían y que no se olvide de pasarle los 300 mil pesos a su cuenta bancaria.
Tras realizarle la transferencia, el joven le marcó a su tío que le parecía injusto el reclamo de más de la mitad de su sueldo cuando había otros contratados que no sufrían ningún tipo de descuento de estas características.
Cantero le respondió en malos términos. Le aseguró que el dinero que le sacaba a él era para financiar la actividad política de militantes radicales de Fontana, que se quedaron afuera de la lista de contratados. Es decir: el dinero que le pedía en calidad de “aporte voluntario” era para hacer caja partidaria.
“Mirá, Rodrigo”, le respondió Cantero. “Me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”, le recordó.
“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.
Posteriormente, el 4 de marzo de ese año, tras pagarle el “peaje” a su tío, el joven se reunió con él. En ese encuentro, le imploró que no le obligue a entregarle el dinero que habían acordado porque necesitaba su salario completo para realizarse unos arreglos dentales. Cantero le dijo que no había problema. Que el mes siguiente le transfiera sólo 200 mil pesos y que a partir de mayo ya podía quedarse con la totalidad de su salario. El 3 de abril se enteró que su contrato fue dado de baja.
En diálogo con LITIGIO, Cantero dijo que es inocente y que todo es una maniobra en su contra. “El día viernes fui sorprendido por la noticia. Ya instruí a mi abogado para que pida los audios de la radio porque hasta ahora sólo se por lo que salió en las redes. No fui notificado formalmente de nada por la justicia y ya me puse a derecho. Es una burda maniobra orquestada por el gremio. Esos audios que circulan no son míos y va a quedar demostrado. Es todo lo que tengo para decir por consejo del patrocinante. Oportunamente voy a llamar a una conferencia de prensa y querellaré a todos los que me difamaron”, afirmó.
Tras confirmar su pertenencia partidaria (“soy militante de la UCR desde que tenia 17 años”), insistió en que todo se trata de un armado para perjudicarlo. “Yo denuncié a la anterior gestión porque el Tribunal de Cuentas les hizo cargo por 19 mil millones de pesos en el año 2020 y por 6 mil millones en el 2021. Esa causa está en la fiscalía especial anticorrupción. Todo esto es un pase de facturas porque la secretaria general del gremio formaba parte del directorio anterior como sindica representante del gobierno”, añadió, en referencia a Zulema Verón de Coria .
Su sobrino también dialogó con este medio. Ratificó su denuncia y señaló que era obvio que su tío iba a negar todo. “Es lógico que por cuestiones de su defensa salga a decir que no son sus audios, pero sí, es él. Inclusive tengo los registros tanto de WhatsApp como los audios enviados por él y su hijo donde ambos admiten haberme pedido dinero para cuestiones ‘políticas’”, afirmó.
Exacciones ilegales
El Código Penal tipifica a las acciones por las que Cantero está siendo acusado como “exacciones ilegales”. El artículo 266, establece que será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.
El artículo 267 añade que, si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.
Por otra parte, el artículo 268 reprime con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.
LAS CAPTURAS DE LOS CHATS Y LOS COMPROBANTES APORTADOS A LA JUSTICIA
CORRUPCION
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
CORRUPCION
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
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