Denuncian a un excomisario por cobrar “peaje” a contratados del InSSSeP para hacer caja para la UCR
El comisario retirado, Raúl Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero en la vocalía que representa a los jubilados en el directorio del InSSSeP, fue denunciado por su propio sobrino. Ante la Justicia, el joven lo acusó de obligarlo a entregar más de la mitad de su sueldo a cambio de mantener su contrato de gabinete. El denunciado habría justificado este “aporte” al señalar que era para repartirlo entre los militantes del radicalismo de Fontana. Tras rogarle por su sueldo completo, fue dado de baja y en su lugar Cantero contrató a su propio hijo. El descargo del acusado.
El InSSSeP, obra social de los empleados estatales del Chaco, quedó envuelto en un grave caso de nepotismo y corrupción que tiene como protagonista al comisario retirado de la Policía del Chaco y actual integrante del organismo, Raúl Cantero.
Su sobrino lo denunció por obligarlo a entregarle más del 60 por ciento del sueldo que se le pagaba en calidad de contratado y por echarlo tras rogar que se lo deje de descontar. Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, le habría reconocido que dicho “aporte” era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Tras echarlo, el excomisario le otorgó el contrato a su propio hijo. La denuncia quedó a cargo del Equipo Fiscal 1 de Resistencia.
El expediente judicial comenzó el 28 de mayo pasado, cuando el joven R.V., de 26 años, denunció ante la Unidad de Atención a la Víctima y la Ciudadanía del Poder Judicial del Chaco a su tío por la retención indebida de sus haberes.
Recordó que el 9 de diciembre de 2023, por intermedio de Cantero, comenzó a prestar servicios como contratado en digitalización de expedientes del InSSSeP. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese mes, el contrato no fue renovado.
Días más tarde, el 5 de enero de 2024, tras asumir la vocalía pasiva en reemplazo del jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, Cantero se comunicó con R.V. para comunicarle una buena noticia: iba a conseguirle un contrato de gabinete en la vocalía pasiva. El sueldo total era de 550 mil pesos, aproximadamente. Sin embargo, había una mala: ese sueldo no quedaría totalmente en sus manos ya que solamente se llevaría 200 mil pesos, más un ticket de alimentos.
Para edulcorar aún más el ilegal pedido, su tío le argumentó que además de los beneficios ya mencionados, debía tener en cuenta que tendría jubilación, obra social y la posibilidad de, a futuro, pasar a planta permanente. Respecto de la retención del resto de su salario (casi el 64%), le explicó que esto iba a ser utilizado para otorgárselos a “los contratados que habían quedado afuera”.
Raúl Cantero junto a la presidenta del InSSSeP, Irene Dumrauf.
A pesar del cobro del “peaje” que le exigía dejar su tío, el joven decidió aceptar la oferta debido al contexto económico, la necesidad de colaborar con la economía familiar y cubrir parte de los gastos de sus estudios universitarios.
El 10 de enero pasado, comenzó a trabajar en la oficina de Vocalía Pasiva, más precisamente en el área de Jubilaciones / Novedades. La retención compulsiva de sueldo por parte de su tío se mantuvo hasta el 3 de abril, cuando le avisó que su contrato fue dado de baja. El joven pidió la resolución correspondiente y fue ahí que se enteró que lo había reemplazado su primo, el hijo de Cantero. Al realizar la denuncia judicial, el joven pidió que la Justicia vele por su seguridad, la de su familia, sus amigos y su novia, teniendo en cuenta el alto cargo jerárquico policial con que cuenta Cantero. También pidió que se le restituya el dinero retenido indebidamente.
Chats
Además de realizar su declaración ante la oficina judicial, el joven entregó un pendrive con capturas de los diálogos que mantuvo con su tío vía WhatsApp. También aportó los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas hacia él, montos que corresponden al dinero retenido de su sueldo que debía aportar “a la causa” si es que no quería perder su contrato.
R.V. contó que una de esas charlas se produjo al día siguiente del primer pago de su sueldo. El 30 de enero, su tío se comunicó recordándole el trato que tenían y que no se olvide de pasarle los 300 mil pesos a su cuenta bancaria.
Tras realizarle la transferencia, el joven le marcó a su tío que le parecía injusto el reclamo de más de la mitad de su sueldo cuando había otros contratados que no sufrían ningún tipo de descuento de estas características.
Cantero le respondió en malos términos. Le aseguró que el dinero que le sacaba a él era para financiar la actividad política de militantes radicales de Fontana, que se quedaron afuera de la lista de contratados. Es decir: el dinero que le pedía en calidad de “aporte voluntario” era para hacer caja partidaria.
“Mirá, Rodrigo”, le respondió Cantero. “Me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”, le recordó.
“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.
Posteriormente, el 4 de marzo de ese año, tras pagarle el “peaje” a su tío, el joven se reunió con él. En ese encuentro, le imploró que no le obligue a entregarle el dinero que habían acordado porque necesitaba su salario completo para realizarse unos arreglos dentales. Cantero le dijo que no había problema. Que el mes siguiente le transfiera sólo 200 mil pesos y que a partir de mayo ya podía quedarse con la totalidad de su salario. El 3 de abril se enteró que su contrato fue dado de baja.
En diálogo con LITIGIO, Cantero dijo que es inocente y que todo es una maniobra en su contra. “El día viernes fui sorprendido por la noticia. Ya instruí a mi abogado para que pida los audios de la radio porque hasta ahora sólo se por lo que salió en las redes. No fui notificado formalmente de nada por la justicia y ya me puse a derecho. Es una burda maniobra orquestada por el gremio. Esos audios que circulan no son míos y va a quedar demostrado. Es todo lo que tengo para decir por consejo del patrocinante. Oportunamente voy a llamar a una conferencia de prensa y querellaré a todos los que me difamaron”, afirmó.
Tras confirmar su pertenencia partidaria (“soy militante de la UCR desde que tenia 17 años”), insistió en que todo se trata de un armado para perjudicarlo. “Yo denuncié a la anterior gestión porque el Tribunal de Cuentas les hizo cargo por 19 mil millones de pesos en el año 2020 y por 6 mil millones en el 2021. Esa causa está en la fiscalía especial anticorrupción. Todo esto es un pase de facturas porque la secretaria general del gremio formaba parte del directorio anterior como sindica representante del gobierno”, añadió, en referencia a Zulema Verón de Coria .
Su sobrino también dialogó con este medio. Ratificó su denuncia y señaló que era obvio que su tío iba a negar todo. “Es lógico que por cuestiones de su defensa salga a decir que no son sus audios, pero sí, es él. Inclusive tengo los registros tanto de WhatsApp como los audios enviados por él y su hijo donde ambos admiten haberme pedido dinero para cuestiones ‘políticas’”, afirmó.
Exacciones ilegales
El Código Penal tipifica a las acciones por las que Cantero está siendo acusado como “exacciones ilegales”. El artículo 266, establece que será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.
El artículo 267 añade que, si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.
Por otra parte, el artículo 268 reprime con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.
LAS CAPTURAS DE LOS CHATS Y LOS COMPROBANTES APORTADOS A LA JUSTICIA
El gobierno de Zdero sigue de fiesta mientras el pueblo chaqueño sufre.
Al igual que el año pasado la Cabalgata de la Fe que promociona el gobierno de Zdero le costará muchos millones al pueblo chaqueño.
La provincia con mayores déficits y la más pobre del país deberá afrontar gastos millonarios por decisión del gobernador Leandro Zdero.
Como se sabe, una nueva edición de la denominada Cabalgata de la Fe dio inicio el sábado teniendo como punto de partida la sociedad rural de Quitilipi. El encuentro religioso se celebra hace muchos años en la provincia de Chaco, en cada una de sus ediciones recibe aportes millonarios por parte del estado para su realización.
Las órdenes de compra a las que pudo acceder Chaco Ahora dan cuenta de que aproximadamente son 129 millones de pesos lo que se gastará para esta edición y de ese monto 30 millones de pesos se los quedará el Chaqueño Palavecino por su actuación.
Mientras tanto todo el sector estatal: policías, médicos y enfermeros siguen luchando por dejar de percibir sueldos miserables que no le permiten llegar a fin de mes y deben “comerse el verso de que no “hay plata”, misma mentira que promociona el gobierno de Milei mientras deja a miles de argentinos sin trabajo en el marco de un plan de desguace del Estado. Esta situación es replicada por Zdero en la administración pública provincial que también sufre los embates de achicamiento.
DETALLE
En detalle algunos de los gastos son:
$4.800.00 en servicio de lunch para 500 personas, bebidas, morfi, etc. (ver orden de compra).
$4.200.00 en servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$30.250.0000 Por el servicio de honorarios de asesoramiento por presentación del Chaqueño Palavecino
$7.500.000 por el servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$16.940.000 por servicios de alquiler de equipos, 200 baños químicos, etc (ver orden de compra)
$40.000.000 por servicio de sonidos, iluminación, pantallas y proyectores.
$13.500.000 por alquiler de servicio de carpas, catering, gazebos, etc.
$1.500.000 por servicio de alojamiento a los artistas, etc.
$9.560.000 por servicio de alquiler de muebles para eventos, servicio de logística para instalación.
En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.
Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.
Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.
El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.
El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.
La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.
Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.