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CORRUPCION

La delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció que extorsionaba a beneficiarios del Potenciar Trabajo

Elizabeth Mamani aceptó ante la Justicia que todos los meses exigía el pago de un porcentaje del plan. La mujer formaba parte del comedor Rivadavia 1. Las otras tres se negaron a responder preguntas.

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La Justicia comenzó el martes con la ronda de indagatorias a integrantes y dirigentes del Polo Obrero acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se trata de la misma causa en la que se investiga una posible defraudación al Estado por parte de la organización que conduce Eduardo Belliboni, al desviar parte de los millones que les bajaba el exMinisterio de Desarrollo Social a dos empresas acusadas de hacer facturas truchas.

De las cuatro dirigentes del Polo Obrero que debían declarar, solo una aceptó responder preguntas: se trata de Elizabeth Galindo Mamani, que cumplía el rol de “delegada” en uno de los comedores que manejaba la organización. Según pudo saber TN, la mujer reconoció que le exigía a los beneficiarios un porcentaje de lo que cobraban del Potenciar Trabajo.

Mamani cumplía tareas en el comedor “Rivadavia 1″y tenía una misión asignada: cobrar las cápitas. Así lo muestra una de las capturas de mensajes expuestas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita: “Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las capitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día”. En otras palabras, su función era cobrar una suma de dinero que se usaba para “sostener” al comedor. Lo cierto es que el destino final de esa plata es por ahora un misterio.

Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Foto: TN.
Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Foto: TN.

Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció que extorsionaba a beneficiarios del Potenciar Trabajo

Ante los integrantes de la fiscalía de Gerardo Pollicita y del juzgado de Sebastián Casanello, Mamani reconoció haber llevado adelante esas maniobras extorsivas a través de la que -en algunos casos- se les sacaba entre $2000 y $3000 a cada uno de los beneficiarios del programa social.

El comedor Rivadavia I, para el que trabajaba Mamani, está ubicado en Camilo Torres 2066, en la Ciudad de Buenos Aires. Su referente es Iván Ezequiel Candotti, que también debe declarar en el marco de la causa.

La Justicia lo que busca confirmar es si el cobro de un porcentaje del plan Potenciar Trabajo fue una acción aislada o coordinada en todo el país. Para uno de los investigadores hay datos de sobra que prueban que el Polo Obrero llevó adelante una acción sistemática de cobro ilegal de cápitas. Las indagatorias que comenzarán a partir del 18 de junio serán claves en este sentido.

Eduardo Belliboni deberá presentarse ante la Justicia el 25 de junio. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Eduardo Belliboni deberá presentarse ante la Justicia el 25 de junio. (AP Foto/Natacha Pisarenko)Por: AP

Además de Mamani, el martes se presentaron ante la Justicia otras tres mujeres ligadas al Polo Obrero: Brisa Noelia ChoqueElizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Las tres se negaron a responder preguntas. Las primeras dos solo atinaron a exponer cuáles fueron los motivos por las que se acercaron a estos comedores: hablaron de su situación de vulnerabilidad y problemas familiares. Nada vinculado a la causa. “Hasta ahora solo confirmaron lo que ya se sabía, no hubo datos reveladores”, aclaró una fuente.

Este miércoles 12 de junio se presentará otro grupo más de dirigentes del Polo Obrero acusados de llevar adelante más acciones extorsivas. Pero lo cierto es que en la semana del 18 de junio las indagatorias adquirirán una relevancia mucho mayor, ya que comenzarán a desfilar por los tribunales dirigentes acusados de administración fraudulenta de los millones que el Estado les envió a través de los convenios firmados con el exMinisterio de Desarrollo Social. Ese día se presentará a declarar Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, entre otros.

El 19 lo harán Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.

El 25 de junio será un día clave en el caso: tendrá que declarar Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.

Supuestas facturas truchas, millones desviados y gastos sin rendir: la Justicia investiga posible defraudación al Estado

La Justicia investiga si el Polo Obrero desvío al menos $25 millones a dos empresas que hacían facturas truchas para justificar gastos inexistentes de lo que recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo y de esa manera ocultar el destino final del dinero. Las dos firmas son Rumbos y Coxtex. Sobre esta última, el pasado viernes la Justicia decretó la inhibición de sus bienes, cuentas y cajas de seguridad.

Coxtex fue identificada como una empresa falsa, creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino final del dinero. La AFIP confirmará en los próximos días que Rumbos también es una compañía falsa. Esta compañía está complicada también por otra cuestión: parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos. La Cámara Nacional Electoral confirmó que $18 millones fueron devueltos bajo este concepto.

Además, la Justicia también está investigando a los dueños de Coxtex y a otras tres empresas supuestamente fantasmas fundadas por estas personas para rastrear el destino final del dinero. La semana pasada, la investigación comprometió a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de cuatro empresas que son investigadas por la creación de facturas truchas. Además, se pudo conocer que Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular.

CORRUPCION

Confirman el procesamiento de un piquetero acusado de lavar $ 231 millones de la corrupción

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales Cordeiro y sin prisión para dos familiares, en un caso de lavado de activos vinculado a desvíos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Alexis Torales Cordeiro y el procesamiento sin prisión para su hermano Marcos Gabriel Torales Cordeiro y su padre José de Jesús Torales, acusados de integrar una red que lavó $231.3 millones de pesos provenientes de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) de Chaco.

Así lo resolvió el tribunal de alzada en un fallo que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, al que tuvo acceso LITIGIO.

Las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado” para ratificar el procesamiento dictado por la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger.

En concreto, el fallo precisa que “se observa en las maniobras desplegadas un patrón básico que se reitera en causas como la discutida en autos, al prestar atención a los vínculos personales y familiares entre los  imputados, quienes formaban parte del seno de esta organización delictiva en la que fácilmente pueden detectarse las relaciones de confianza y lealtad que resultan primordiales en los delitos complejos como el analizado”.

El caso

Según la investigación impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, entre 2019 y 2023, cuatro fundaciones (Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes) vinculadas a los Torales Cordeiro recibieron $231.391.738,64 del IAFEP para proyectos de viviendas sociales, pero los fondos habrían sido desviados para comprar dólares en cuevas, criptomonedas (USDT) y bienes de lujo.

Los imputados registraron un aumento patrimonial de $147.8 millones sin justificación legal, con compras de vehículos de alta gama (Honda Civic, Ford Territory), viajes al exterior y propiedades.

Según la fiscalía, los fondos se retiraban en efectivo para “perder trazabilidad”, se triangulaban entre fundaciones controladas por la familia y finalmente se blanqueaban mediante inversiones en Paraguay y Brasil.

Los fundamentos

En su resolución, las camaristas respaldaron la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, destacando que existieron pruebas contundentes como documentación bancaria, informes de la UIF y allanamientos que demostraron que los imputados no podían justificar sus gastos con ingresos declarados. Por ejemplo, Lucas Torales, registrado como monotributista categoría B, recibió $32.7 millones en 2023 y adquirió autos a nombre de testaferros.

En el caso particular, fue señalado como cabecilla de la organización, presidente de dos fundaciones y beneficiario directo de los fondos. La Cámara destacó su “capacidad operativa para entorpecer la investigación” si permanecía libre.

“Plataforma de corrupción sistemática”

En los fundamentos de la sentencia, las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado”. En ese sentido, señalaron que “la trascendencia de los sucesos en análisis, que afectan a la sociedad toda, y el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados a los imputados, ya que la corrupción es una de las caras de la delincuencia económica”.

Así, las juezas agregaron que “el delito económico que se investiga en autos, dadas sus características, genera un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas”.

“Considerando que los sectores vulnerables son los que más necesitan de ellas y los principales perjudicados por la corrupción y delincuencia de quienes, como en este caso, habrían recibido fondos para mejoras habitacionales y, sin embargo, los utilizaron para su propio incremento patrimonial y en desmedro de la población vulnerable”, puntualizaron.

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CONSEJO MUNICIPAL

Nuevas denuncias contra Nikisch por presuntos sobreprecios en contrataciones y alquileres

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El Concejal Fabricio Bolatti, advirtió -una vez más- sobre la existencia de sobreprecios en las contrataciones y compras que ejecuta Roy Nikisch en el Municipio de Resistencia y adelantó que presentará un informe ante organismos de control, donde observa que los alquileres de maquinarias y equipos pasaron a tener principal importancia para la gestión a partir de febrero/25, mes en el que las licitaciones alcanzaron los 9.000 millones de pesos.

“Este volumen de contrataciones presenta características y sobreprecios que se adaptan especialmente a prácticas ilegales utilizadas para ‘hacerse de fondos públicos’ por parte de funcionarios a cargo”, sentenció el edil.

Bolatti mencionó que al inicio de la gestión, Nikisch optó por afectar los recursos a la adquisición de maquinaria y camiones necesarios para la prestación de servicios del municipio. “Algo que, de no ser por cómo se realizaron las operaciones, habríamos estado de acuerdo, ya que desde el segundo semestre 2024 a la fecha se adquirieron con procedimientos irregulares más de 50 equipos”, señaló.

“Sin embargo, llamativamente, en febrero de 2025 la gestión resuelve licitar el alquiler de 138 equipos por 6 meses, poniendo como presupuesto oficial de referencia una suma superior a los 9.000 millones de pesos. Una desproporción que permite ver irregularidades, ya que comprar 69 equipos nuevos para el municipio, o alquilar estos 69 equipos por un plazo de 12 meses (igual que 138 equipos por 6 meses) requieren la misma cantidad de recursos públicos. Es decir que, el Intendente podía optar por afectar esos 9 mil millones de pesos a adquirir 69 equipos cero km en forma definitiva para el Municipio, pero no lo hizo. En vez de comprar, decidió alquilar”.

“Este valor alcanza para alquilar o comprar, lo que deja ver implícitamente el elevado valor del alquiler, el que normalmente se calcula teniendo en cuenta el valor de adquisición, al que se lo divide normalmente en 36 meses para llegar a un valor mensual promedio de alquiler”, precisó el edil.

Estos precios elevados, tanto en compras como en alquileres, marcan una diferencia en detrimento del patrimonio municipal, y en favor de quienes intervienen en la operación, pero que además pueden verse reflejados en otros aspectos, y en este caso se expresan también en:

1-Tipo de contrato: Se utilizó la modalidad más desfavorable para el Municipio y la más rentable para los proveedores o prestadores.
2-Sobreprecios: La comparación con otras administraciones municipales evidencia un claro sobrecosto.
3-Presupuesto: No figura como parte de un plan de trabajo, a pesar de implicar el gasto más elevado del presupuesto en un solo mes.
4-Ejecución dudosa: No se observa en el territorio un despliegue de maquinaria que justifique semejante contratación.

1-Tipo de contrato utilizado
Podemos sintetizar en tres tipos o modelos de diseño. Uno, ‘el alquiler o compra de horas de máquina’. donde se adquiere un número determinado de horas para usar dentro de un plazo acordado. Otro, es el ‘alquiler con horario fijo’, es decir, se alquilan las máquinas por días y horarios específicos (ej. lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs), generalmente por varios meses. Y un tercer tipo, ‘full time’: las máquinas se alquilan por meses, con disponibilidad total las 24 horas del día. Este último es el tipo de contrato elegido por el Municipio para el alquiler de las 138 máquinas y equipos. Una modalidad que no requiere certificación, ya que el Municipio mantiene la posesión durante todo el período de alquiler. Para el prestador, es el contrato más rentable, ya que el equipo está alquilado todo el día, y se paga aunque no se use.

2-Sobreprecios
En el siguiente cuadro [Cuadro2] se puede observar distintos casos reales de alquileres de equipos y máquinas en otros municipios del país, con tipos de condiciones distintas (relacionado con el punto anterior), detallando para cada caso el costo mensual, diario y por hora, de cada rango, lo que permite comparar costos en forma homogénea.

Se muestran los valores mensuales, diarios y por hora, y en la última columna, el costo total que cada Municipio pagará por 6 meses, considerando igual disponibilidad del equipo.
En cualquiera de los casos, el alquiler adjudicado por Nikisch resulta ser el más costoso. Para que sea comparable con los demás, las máquinas deberían utilizarse casi 20 horas por día. Aun así, su precio duplica o triplica el de otras gestiones, para un mismo servicio.

3-No está previsto en el Presupuesto. No hay un plan de trabajo publicado
La ausencia del gasto en el Presupuesto y la falta de un plan de trabajo publicado evidencian una desconexión entre la planificación y la realidad. La sanción del Presupuesto, con solo seis votos cuando se requerían más, y su diseño general muestran una intención clara de ocultar información clave: partidas, superávit y operaciones sustanciales como el alquiler de maquinaria, que representa casi el 10% de los ingresos anuales.

El uso de la partida “Trabajo Público” y otras como “Bienes y Servicios no Personales” parece haber sido una estrategia para esconder excedentes, que luego se redistribuyen arbitrariamente gracias a los “superpoderes” que se autoasignaron, modificando y redistribuyendo y desdibujando la planificación inicial, publicada y debatida hacia la comunidad, principal objetivo que marca la Carta Orgánica al establecer el carácter participativo del Presupuesto que, no solo se incumple al no generar el mecanismo de participación ciudadana, sino que lo poco que se presenta, no constituye un plan de acción y ejecución de recursos previsto, incumpliendo con ello también el rol de autorización previa del Concejo al Ejecutivo, así como desvirtuando cualquier control que se quiera hacer.

4-Ejecución Dudosa. La inexistencia física de esas máquinas en el territorio
Durante marzo, abril y mayo – meses de ejecución de los contratos licitados – no se evidenció la presencia de los 138 equipos alquilados atendiendo las demandas de vecinas y vecinos de la ciudad. Un número que triplica la capacidad operativa municipal con equipos propios, y que es mayor si se suma de los de Vialidad y empresas que ejecutan obras. Esa magnitud haría imposible no notar su actividad, con camiones y maquinaria trabajando las 24 horas. Sin embargo, la ausencia es notoria.

Esto sugiere que el Municipio está pagando un servicio excesivamente costoso, cuya contratación no surge de una necesidad demostrada ni presupuestada. Queda clara la decisión política de avanzar en perjuicio económico del Municipio y, por lo tanto, de toda la ciudad.

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CORRUPCION

Infernal gasto en pauta: Zdero aumentó un 266% los pagos a medios antes de las elecciones

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El gobierno lleva contratados más de $6.079 millones en publicidad en lo que va del año. De febrero a marzo, aumentó un 50,3%, y de marzo a abril, otro 17,2% más, justo en el mes previo a la votación.


Mientras el gobernador Leandro Zdero se subió hace rato al tren del ajuste con recortes en salarios públicos y achique en áreas clave como salud, educación y comedores escolares, su administración gastó más de $6.000 millones en pauta oficial en apenas 135 días.

Esta suma escandalosa fue canalizada a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Lotería Chaqueña y la Presidencia del Poder Legislativo, bajo el liderazgo de Carmen Delgado Britto, estrechamente alineada con el Ejecutivo.

El área que maneja Resico es la que, por lejos, marca el pulso del gasto en blindaje mediático: ordenó pagos por $5.174.430.996,59, el 85% del total que el gobierno usa para disciplinar a la prensa.
Según datos oficiales a los que accedió Es Chaco, la “inversión” en propaganda creció un 266% en los meses previos a las legislativas del 11 de mayo.

Así, a medida que se acercaban las elecciones, Zdero incrementó de enero a febrero, un 63,9%; de febrero a marzo, otro 50,3%; de marzo a abril, un 17,2% más; y de abril a los primeros 15 días de mayo, se disparó un 26,9%.

Lejos de ser un gasto uniforme, la inversión en publicidad política creció exponencialmente a medida que se acercaban las elecciones del 11 de mayo. En enero, el gasto fue de poco más de $521 millones, pero para mayo (con solo 15 días relevados) ya superaba los $1.911 millones. La pauta se cuadruplicó en cuatro meses, con la secretaría de Resico como principal ejecutora, manejando casi el 85% del total.

Es un esquema aceitado de blindaje mediático, disciplinamiento de voces críticas y marketing disfrazado de comunicación institucional.


Este modelo reproduce una lógica de gobierno en que la prioridad no es la gestión pública, sino el control de la narrativa.

La utilización de la pauta como herramienta de censura indirecta o premio al alineamiento editorial no es nueva, pero en el Chaco ha alcanzado, todo indicaría que es así, un nivel obsceno. El uso del Poder Legislativo como caja de resonancia mediática -cuando debería ser un órgano de control o, al menos, de debate político o institucional- y la intervención de Lotería Chaqueña refuerzan la gravedad del cuadro: los recursos públicos terminan financiando campañas encubiertas.

El gasto de Zdero, en detalle
Enero: $521.292.662,82
Febrero: $855.014.845,06
Marzo: $1.285.290.158,84
Abril: $1.506.550.866,66
Mayo (hasta el 15): $1.911.106.947,39
Total acumulado: $6.079.255.480,77

Gasto total por área:
Secretaría de Asuntos Estratégicos: $5.174.430.996,59
Lotería Chaqueña: $656.241.595,64
Presidencia del Poder Legislativo: $248.582.888,54.

 

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