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CORRUPCION

La delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció que extorsionaba a beneficiarios del Potenciar Trabajo

Elizabeth Mamani aceptó ante la Justicia que todos los meses exigía el pago de un porcentaje del plan. La mujer formaba parte del comedor Rivadavia 1. Las otras tres se negaron a responder preguntas.

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2 años ago

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La Justicia comenzó el martes con la ronda de indagatorias a integrantes y dirigentes del Polo Obrero acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se trata de la misma causa en la que se investiga una posible defraudación al Estado por parte de la organización que conduce Eduardo Belliboni, al desviar parte de los millones que les bajaba el exMinisterio de Desarrollo Social a dos empresas acusadas de hacer facturas truchas.

De las cuatro dirigentes del Polo Obrero que debían declarar, solo una aceptó responder preguntas: se trata de Elizabeth Galindo Mamani, que cumplía el rol de “delegada” en uno de los comedores que manejaba la organización. Según pudo saber TN, la mujer reconoció que le exigía a los beneficiarios un porcentaje de lo que cobraban del Potenciar Trabajo.

Mamani cumplía tareas en el comedor “Rivadavia 1″y tenía una misión asignada: cobrar las cápitas. Así lo muestra una de las capturas de mensajes expuestas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita: “Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las capitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día”. En otras palabras, su función era cobrar una suma de dinero que se usaba para “sostener” al comedor. Lo cierto es que el destino final de esa plata es por ahora un misterio.

Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Foto: TN.
Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Foto: TN.

Una delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció que extorsionaba a beneficiarios del Potenciar Trabajo

Ante los integrantes de la fiscalía de Gerardo Pollicita y del juzgado de Sebastián Casanello, Mamani reconoció haber llevado adelante esas maniobras extorsivas a través de la que -en algunos casos- se les sacaba entre $2000 y $3000 a cada uno de los beneficiarios del programa social.

El comedor Rivadavia I, para el que trabajaba Mamani, está ubicado en Camilo Torres 2066, en la Ciudad de Buenos Aires. Su referente es Iván Ezequiel Candotti, que también debe declarar en el marco de la causa.

La Justicia lo que busca confirmar es si el cobro de un porcentaje del plan Potenciar Trabajo fue una acción aislada o coordinada en todo el país. Para uno de los investigadores hay datos de sobra que prueban que el Polo Obrero llevó adelante una acción sistemática de cobro ilegal de cápitas. Las indagatorias que comenzarán a partir del 18 de junio serán claves en este sentido.

Eduardo Belliboni deberá presentarse ante la Justicia el 25 de junio. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Eduardo Belliboni deberá presentarse ante la Justicia el 25 de junio. (AP Foto/Natacha Pisarenko)Por: AP

Además de Mamani, el martes se presentaron ante la Justicia otras tres mujeres ligadas al Polo Obrero: Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Las tres se negaron a responder preguntas. Las primeras dos solo atinaron a exponer cuáles fueron los motivos por las que se acercaron a estos comedores: hablaron de su situación de vulnerabilidad y problemas familiares. Nada vinculado a la causa. “Hasta ahora solo confirmaron lo que ya se sabía, no hubo datos reveladores”, aclaró una fuente.

Este miércoles 12 de junio se presentará otro grupo más de dirigentes del Polo Obrero acusados de llevar adelante más acciones extorsivas. Pero lo cierto es que en la semana del 18 de junio las indagatorias adquirirán una relevancia mucho mayor, ya que comenzarán a desfilar por los tribunales dirigentes acusados de administración fraudulenta de los millones que el Estado les envió a través de los convenios firmados con el exMinisterio de Desarrollo Social. Ese día se presentará a declarar Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, entre otros.

El 19 lo harán Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.

El 25 de junio será un día clave en el caso: tendrá que declarar Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.

Supuestas facturas truchas, millones desviados y gastos sin rendir: la Justicia investiga posible defraudación al Estado

La Justicia investiga si el Polo Obrero desvío al menos $25 millones a dos empresas que hacían facturas truchas para justificar gastos inexistentes de lo que recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo y de esa manera ocultar el destino final del dinero. Las dos firmas son Rumbos y Coxtex. Sobre esta última, el pasado viernes la Justicia decretó la inhibición de sus bienes, cuentas y cajas de seguridad.

Coxtex fue identificada como una empresa falsa, creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino final del dinero. La AFIP confirmará en los próximos días que Rumbos también es una compañía falsa. Esta compañía está complicada también por otra cuestión: parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos. La Cámara Nacional Electoral confirmó que $18 millones fueron devueltos bajo este concepto.

Además, la Justicia también está investigando a los dueños de Coxtex y a otras tres empresas supuestamente fantasmas fundadas por estas personas para rastrear el destino final del dinero. La semana pasada, la investigación comprometió a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de cuatro empresas que son investigadas por la creación de facturas truchas. Además, se pudo conocer que Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular.

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HUMILLAR PARA DISCIPLINAR

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2 días ago

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2025-12-13

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En el Chaco hay escenas que no deberían existir en una democracia. Y, sin embargo, se repiten —cada vez con menos pudor— como si fueran parte del paisaje. Dos abogadas del fuero provincial fueron al Servicio Penitenciario Provincial a entrevistar a sus asistidos. No iban “a ver qué pasaba”. Iban con autorización judicial expresa, con una orden vigente y debidamente notificada. Aun así, las dejaron más de una hora y media a la intemperie, bajo el sol, sin permitirles el ingreso. La entrevista no se concretó.

No es un episodio menor. No es “una demora”. No es “un malentendido”. Es un método: humillar para disciplinar.

Porque cuando el Estado frena una entrevista autorizada, lo que está haciendo no es “poner orden”: está enviando un mensaje. Y el mensaje es simple, brutal y peligrosísimo: la defensa entra cuando nosotros queremos; la orden judicial vale si nosotros queremos; los derechos valen si nosotros queremos.

La trampa del “privilegio”
Cada vez que un abogado reclama condiciones mínimas de trabajo en un contexto de privación de libertad, aparece el coro previsible: “¿Qué privilegio reclaman?”.

Hay que decirlo con claridad: no es privilegio. Es garantía. Es una garantía para el desempeño profesional, y, por esa vía, una garantía para el ciudadano, para el imputado, para la víctima y para el propio sistema de justicia.

Nuestra ley procesal provincial reconoce que en el ejercicio profesional los abogados deben ser tratados con el respeto y consideración que se guarda a los magistrados. No para elevarnos a un pedestal, sino para impedir lo que está pasando: que el operador de turno, el funcionario de guardia o la lógica del castigo social decidan cuándo la defensa puede ejercer y cuándo no.

Si el abogado defensor puede ser humillado, demorado, hostigado o “castigado” por insistir en una orden judicial, entonces el derecho de defensa se transforma en un decorado. Se mantiene la forma —para la foto—, pero se vacía el contenido.

Y cuando la defensa es decorativa, la democracia también.

La defensa penal no es un enemigo
En paralelo al destrato institucional, crece un clima social que no es espontáneo. Se alimenta. Se produce. Se reproduce. En redes sociales se denosta a la defensa penal como si fuese una actividad vergonzante. Se confunde deliberadamente al defensor con el defendido. Y algunos discursos —incluso mediáticos— deslizan o afirman que quien defiende “encubre”.

Eso no es ignorancia: es una operación cultural que debilita el Estado de Derecho.

El defensor penal no está para “caer simpático”. Está para hacer lo que muchas veces nadie quiere escuchar: que el Estado debe probar, que debe investigar con reglas, que no puede “arreglar” con atajos, que la detención no puede ser un castigo anticipado, que la dignidad humana no se suspende por una imputación.

Defender no es justificar.
Defender es exigir legalidad.
Defender es poner límites.
Defender es recordar que el poder punitivo también debe rendir cuentas.

Cuando se instala la idea de que el abogado defensor es un “encubridor”, lo que se busca es otra cosa: habilitar el hostigamiento. Volver aceptable que se lo persiga, se lo amenace, se lo escupa simbólicamente hasta que un día el escupitajo sea literal. Y en causas de alta exposición —como lo vimos en el caso Sena— ese linchamiento mediático y material ya estuvo demasiado cerca de convertirse en tragedia.

No es exageración. Es experiencia.

El espectáculo de la vulnerabilidad

A este clima se suma algo todavía más degradante: la circulación de imágenes de personas detenidas —y, en particular, de un colega abogado— exhibidas en estado de vulnerabilidad, tratadas como objeto de consumo público. Como si la humillación fuese entretenimiento. Como si el dolor ajeno fuese un contenido más.

Esa lógica de zoológico humano no es “información”. Es castigo. Es escarmiento. Es pedagogía del miedo.

Y lo más grave: el escarmiento siempre necesita un nuevo cuerpo. Hoy es uno. Mañana es otro. Pasado, cualquiera.

“Hoy van contra ellos”.

La pregunta que duele
Hoy se señala a ciertos nombres, se los usa como símbolo de la época, se los expone, se los estigmatiza: Osuna, Gabriela Tomljenovic, Olga Mongeloz, Galassi. No importa aquí qué opinión tenga cada quien sobre cada caso. El punto es otro, y es institucional: si aceptamos que se castigue a la defensa por trabajar, mañana no habrá defensa posible para nadie.

¿De verdad vamos a naturalizar la “prisión por trabajar”?
¿Vamos a tolerar que un abogado sea tratado como sospechoso por ejercer su tarea?
¿Vamos a permitir que las órdenes judiciales se cumplan según el humor de un mostrador?

La democracia no se rompe de golpe: se desgasta. Se “acostumbra”. Se vuelve indiferente. Y un día, cuando alguien necesite que la ley lo proteja, descubre que la ley ya no está: quedó convertida en trámite, en papel, en relato.

Lo que juramos

Nos formamos durante años para defender derechos. Años de facultad, de estudio, de práctica, de errores y aprendizaje. Y el día de la matrícula, juramos algo que no es una frase decorativa: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Yo no lucho por una bandera corporativa.

Lucho, todos los días, por la calidad democrática y por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos sin importar su condición. Lucho porque sé —como sabemos tantos— lo fácil que es perder el piso institucional cuando la sociedad aplaude el castigo y el Estado se acostumbra a no rendir cuentas.

Y por eso lo digo con toda la fuerza que exige este tiempo: no quiero que esto se vuelva costumbre en mi provincia.

Unidad, sí. Silencio, no.

La abogacía tiene que estar más unida que nunca. No para encubrir nada. Para defender lo elemental: que el ejercicio profesional no sea un deporte de riesgo; que el acceso a la defensa no dependa de humillaciones; que el respeto no sea un premio; que el derecho no sea un favor.

Unidad para decir basta cuando se obstaculiza una entrevista autorizada.
Unidad para repudiar el show de la vulnerabilidad humana.
Unidad para explicar —una y mil veces— que la defensa penal no es el problema: es una de las últimas barreras contra el abuso.

Porque lo que hoy se presenta como “mano dura” contra la defensa, mañana será mano dura contra cualquiera que incomode: periodistas, docentes, militantes, familias, ciudadanos comunes. La arbitrariedad no tiene ideología cuando se vuelve costumbre; solo tiene hambre.

Un límite civilizatorio

En un Estado de Derecho hay algo que no se negocia: la dignidad. La del detenido y la del defensor. La del imputado y la de la víctima. La del que cae bien y la del que cae mal. Si la dignidad se convierte en un bien selectivo, entonces ya no hablamos de justicia: hablamos de revancha.

El Chaco no necesita más escarnio. Necesita instituciones que funcionen, órdenes judiciales que se cumplan, y un sistema penal que no sea un teatro de castigo público.

Si hoy humillan para disciplinar, la respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta debe ser un límite.

Porque cuando la defensa cae, cae con ella una palabra que todavía nos sostiene: República.

Por Celeste Segovia
*La autora es Abogada –Escribana- Magister en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia-Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas -Resistencia, Chaco.

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Más purgas del gobierno de Zdero: echan a una trabajadora de Salud por ser concejala

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2 días ago

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2025-12-13

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Se trata de Soledad Bonilla, quién se desempeñó durante 10 años como contratada en el Ministerio de Salud del Chaco. Además, es concejala de la localidad de Hermoso Campo por el partido Frente Grande.

El partido Frente Grande del Chaco denunció que el despido de una trabajadora del Ministerio de Salud provincial, quién a su vez se desempeñaba como concejala en la localidad de Hermoso Campo, se dio en el marco de un acto de “persecución política” iniciada a partir de la asunción del gobierno de Leandro Zdero.

El partido reveló que Bonilla es trabajadora de Salud Pública en Hermoso Campo. Se desempeñaba como enfermera en el Hospital Arsenio Zeno. Desde hace 10 años es contratada del Ministerio de Salud y se desempeña “con aplicación y compromiso con su pueblo y su zona de influencia”.

En las PASO 2023, Bonilla integró las listas del Frente Grande en Hermoso Campo compitiendo dentro del Frente Chaqueño. Ingresó por la minoría en las listas y fue electa Concejala acompañando al actual Intendente.

Tras la asunción de Zdero, Bonilla fue objeto de múltiples persecuciones, entre ellas el traslado a una zona alejada de Hermoso Campo, que la ponía en problemas para criar a sus hijos y desempeñarse como Concejala.

“Soledad no se rindió a la persecución, aunque ambos ingresos no le permiten superar una canasta básica. Se mantuvo en su trabajo, se desempeñó como Concejala y sus ideas en alto”, destacaron desde el Frente Grande.

“Sin embargo, -advirtieron-, el gobierno provincial, como su líder nacional Milei, no soporta las diferencias y cree que es dueño del Estado. Por eso la despidió. Repudiamos a Zdero y su gobierno de persecución. Nos solidarizamos con Soledad Bonilla y exigimos su reincorporación”.

 

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CORRUPCION

Coimas en Andis: una exfuncionaria hablaba de “karinear” el 3 por ciento

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4 días ago

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2025-12-12

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Ornella Calvete, hija del presunto recaudador de las coimas, fue citada a indagatoria.

Una exfuncionaria del Ministerio de Economía implicada en el escándalo de corrupción en la Andis bromeaba con “karinear” las comisiones que presuntamente obtenían con las coimas.

Se trata de Ornella Calvete, ex directora de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía e hija de Miguel Calvete, señalado por la justicia federal como el recaudador de las coimas de la Andis.

Ornella renunció a su cargo cuando salió a la luz que la Justicia allanó su casa y le encontró 700.000 dólares. La mujer está en pareja con Javier Cardini, que también trabajaba en Economía como subsecretario de Gestión Productiva y tuvo que renunciar por la investigación de las coimas.

Renunció una funcionaria de Caputo después que le encontraron 700 mil dólares: “Digo que me lo prestaron”

Entre los celulares secuestrados por la Justicia se detectó un audio de Ornella en la que le habla a su padre y se supone que lo apura con el reparto de dinero.

Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión

“Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión”, dice en una obvia referencia a los dichos de Diego Spagnuolo sobre el porcentaje de las coimas que debía ir para Karina Milei.

El juez federal, Sebastián Casanello.

El juez federal, Sebastián Casanello.
LPOJuanca Casas

Según consta en la causa, Ornella se refiere a su padre Miguel como “Pedro” porque él le había recomendado evitar su nombre para que no quede pegado. En otras conversaciones que ya habían surgido en la causa, Calvete hablaba del “3% para KM”.

Este jueves el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ornella para el próximo 19 de diciembre.

El magistrado también citó a declaración indagatoria a Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Calvete padre.

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