A un año del último incremento al sueldo básico del personal municipal, y frente a una inflación anualizada superior al 34%, las y los concejales Fabricio Bolatti, Lucila Masin, Ángel Sánchez, Soledad Villagra y Guillermo Monzón – de los bloques Frente Chaqueño y CER – presentaron un proyecto para aplicar un aumento del 25% al básico a partir del 1° de octubre. El objetivo es compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo que afecta a trabajadores activos y pasivos.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte deterioro salarial. Además del congelamiento del básico, la gestión de Roy Nikisch redujo bonificaciones y horas extras, herramientas habituales para reforzar servicios municipales. Esta decisión impactó negativamente tanto en los ingresos del personal como en la calidad de los servicios prestados.

Durante este período, los pedidos de recomposición salarial fueron sistemáticamente desoídos, mientras la inflación siguió avanzando. Entre enero y agosto de 2025, la inflación acumulada supera el 19%, y la anualizada al mismo mes alcanza el 34%, sobre una base salarial ya deteriorada.

El aumento de 2024 no compensó la inflación

Según cifras oficiales, el aumento al básico en 2024 fue del 149%, frente a una inflación del 120%. Sin embargo, ese cálculo no contempló la bonificación por Permanencia en la Estructura, que en algunos casos representaba hasta el 50% del salario de bolsillo y no fue actualizada. Considerando una participación promedio del 30%, el incremento real fue del 104%, es decir, 16 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

En lo que va de la actual gestión, la pérdida acumulada del poder adquisitivo alcanza el 38%, sin considerar el efecto desigual del traslado de la bonificación al básico. El impacto varía según las bonificaciones personales de cada agente, lo que genera diferencias entre categorías y complica el cálculo del verdadero retroceso salarial.

Ingresos municipales en alza, salarios congelados

La falta de actualización salarial no se corresponde con la evolución de los ingresos municipales, que muestran incrementos interanuales sostenidos. En el primer trimestre de 2025, los ingresos crecieron un 114% respecto al mismo período de 2024, mientras que la masa salarial aumentó solo un 75%. La participación del gasto en Personal sobre los ingresos corrientes cayó del 54% al 49%, y si se considera lo efectivamente pagado, apenas alcanza el 39%.

Entre marzo y agosto de 2025, los ingresos por Participación Municipal crecieron un 39%, mientras que el gasto salarial se mantuvo estancado. Esta tendencia confirma una política de ajuste sobre el personal, que se profundiza a pesar de la mejora en la recaudación.

Superávit y subejecución presupuestaria

Mientras tanto, el Ejecutivo acumula superávit. Al inicio del ejercicio 2024, se registró un excedente cercano a los $17.000 millones, equivalente a más de tres meses de masa salarial. El crecimiento interanual de los ingresos supera el 30%, mientras que el gasto en Personal permanece congelado, generando una ventaja presupuestaria del 25% desde el 1° de enero de 2025.

La subejecución del Presupuesto supera el 20%, con partidas que crecieron hasta un 1.000% respecto al año anterior, pero cuya ejecución no supera el 30%. Esta situación demuestra que la falta de actualización salarial no responde a una restricción económica, sino a una decisión política que debe ser revisada.

Ante este escenario, las y los ediles proponen otorgar un incremento salarial del 25% como piso, dejando abierta la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe superar dicho porcentaje en función de la disponibilidad real de recursos.

“La corrupción se perfecciona en la Municipalidad. Ya no solo afecta la administración pública, sino que distorsiona la actividad comercial y los precios de mercado. Funcionarios que deciden contrataciones imponen a los proveedores ganadores de licitaciones dónde deben comprar los insumos y a qué precios, que en algunos casos duplican los valores ofrecidos por otros comercios locales”, señaló el edil

Bolatti remarcó que esta práctica se ha naturalizado y expandido dentro de la estructura estatal. “En un contexto de impunidad, la corrupción se profundiza y se vuelve parte del funcionamiento cotidiano. Lo que debería ser eficiencia en los servicios públicos, se convierte en capacidad para desviar fondos. La gestión actual ha perfeccionado estos mecanismos, incluso desde sus primeros días”, aseveró.

En ese marco, enumeró una serie de irregularidades que configuran un patrón preocupante:

-Ordenanzas aprobadas con menos votos de los requeridos.

-Interpretaciones arbitrarias de normas para beneficiar a empresas amigas.

-Licitaciones sin publicación oficial.

-Resoluciones sin difusión, lo que las vuelve inválidas.

-Compras y alquileres con sobreprecios, incluso sin uso real del bien.

-Falta de respuesta a pedidos de informe.

-Ocultamiento de adendas firmadas con Vialidad por obras de ripio y bacheo.

-Y ahora, la obligación impuesta a empresas para comprar en comercios específicos, a precios inflados, que en algunos casos pertenecen a los mismos funcionarios que autorizan los pagos.

Una gestión a oscuras

Bolatti también advirtió sobre el incumplimiento sistemático de la obligación de publicar las normas que rigen el uso de recursos públicos. “¿Cómo harán los organismos de control para actuar si las decisiones del Intendente no están formalizadas ni publicadas? La Constitución y la Carta Orgánica son claras: sin publicación oficial, las normas no tienen vigencia ni pueden afectar a terceros”, remarcó.

El edil marcó que la gestión de Roy Nikisch ignoró esta obligación durante toda su administración. “Las resoluciones del 2024 recién se publicaron en mayo de 2025. Las del 2025, directamente no están disponibles. Esto no es un detalle técnico: sin acceso a las normas, no se puede saber cómo se usan los recursos públicos, ni a quién se contrató, ni cuánto se pagó. Y eso, en democracia, es inadmisible”.

Bolatti concluyó que estas prácticas no solo vulneran la legalidad, sino que consolidan un modelo de gestión opaco, excluyente y funcional a intereses privados.

Por último, el concejal invitó a la ciudadanía a exigir que se publiquen todas las resoluciones. “Lo público debe ser público. Si vos también querés una gestión transparente, tenemos que hacerlo y lograrlo juntos”, cerró.

En doce sentencias dictadas este lunes, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa hizo lugar a las acciones de lesividad impulsadas por el actual intendente de Resistencia, Roy Nikisch, contra los nombramientos de personas en jefaturas y direcciones municipales durante el último tramo de la gestión de Gustavo Martínez.

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulas las titularizaciones en cargos jerárquicos de doce empleados de la Municipalidad de Resistencia avalando así las acciones de lesividad impulsadas por el intendente radical Roy Nikisch al considerar que existieron vicios en más de 650 designaciones realizadas en los últimos meses de la gestión municipal anterior.

Los fallos, que llevan las firmas de las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas, exponen la falta de subrogancias previas, ausencia de partidas presupuestarias y violaciones al Estatuto Municipal.

“No es posible pasar por alto actos que afectan derechos de otros agentes y la capacidad administrativa del Municipio”, señalan las sentencias, a las que tuvo acceso LITIGIO, que respaldan un informe de la Comisión Revisora -creada por Nikisch- que calificó las designaciones como “contrarias al orden público”.

Los casos

Al asumir su gestión, el intendente radical Roy Nikisch impulsó una batería de acciones de lesividad contra distintas medidas tomadas durante el último tramo de gobierno de su antecesor Gustavo Martínez vinculadas a nombramientos en cargos jerárquicos y pases a planta permanente a personal del Municipio.

En estos doce expedientes, la Cámara Contenciosa declaró la nulidad de la Resolución N° 3347/23, que en noviembre de 2023 había designado masivamente a 303 empleados en cargos jerárquicos sin cumplir con los requisitos legales. En la mayoría de los casos, los nombrados no habían subrogado previamente los cargos, tal como argumentaba la resolución que los promovió.

Los fundamentos 

Las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas determinaron que las designaciones se basaron en hechos falsos, por ejemplo, subrogancias inexistentes, lo que configura nulidad absoluta según el art. 126 de la Ley 179-A. Además, advirtieron que las ordenanzas municipales que intentaron convalidar las designaciones no sanearon los vicios de origen. La Cámara citó precedentes que invalidan “leyes ratificatorias” de actos inconstitucionales.

En ese contexto, las magistradas consideraron que las irregularidades afectaron el interés público y violaron el principio de igualdad entre empleados, ya que beneficiaron a agentes sin mérito.

En todos los casos, los agentes promovidos deberán dejar sus jefaturas y direcciones y mantendrán sus puestos de trabajo correspondientes. A su vez, el Municipio deberá revisar las demás designaciones anuladas y reasignar los cargos conforme a la ley.

LITIGIO