El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, confirmó que el proyecto para regular el funcionamiento de Uber y Didi será tratado en la sesión de este martes. Señaló que la iniciativa apunta a establecer controles básicos sin intervenir en las tarifas. “Eso es un acuerdo privado entre quien baja la aplicación y comienza a trabajar. Nosotros vamos a intervenir en materia de seguridad”, afirmó en La Mañana de Natagalá.

Aradas explicó que la ordenanza busca replicar esquemas aplicados en otras ciudades, con registro de conductores, oficina administrativa y verificación de antecedentes. “Queremos saber quién te está transportando y exigir requisitos técnicos como no más de diez años de antigüedad del vehículo”, indicó.

Agregó que la discusión se aceleró tras episodios públicos que expusieron vacíos normativos. “Antes de que ocurra algo significativo, avanzamos en un debate que lleva más de un año”, remarcó.

El titular del cuerpo adelantó que la audiencia pública permitirá la participación de todos los sectores, incluidos radiotaxis, remises, conductores de aplicaciones, oposición y Ejecutivo. También aclaró que Uber Motos no será incluido en esta etapa porque requiere modificar el código de tránsito. “Varias ciudades prohibieron esa modalidad. Acá no está incorporada en el proyecto que se va a tratar”, sostuvo.

En paralelo, informó que el Presupuesto Municipal 2026 ingresará a despacho en la Comisión de Hacienda. Destacó que el 70 por ciento estará destinado al pago de salarios. “Aseguramos que el empleado municipal cobre los doce meses del 2026”, señaló. Consideró que el incremento previsto del diez por ciento es el máximo posible en el actual contexto económico y confirmó que hasta el momento no se incorporaron modificaciones al proyecto original.

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el descontrol y la venta ilegal en el Parque Tiro Federal, y sostuvo que el municipio debe actuar para ordenar la actividad comercial callejera en el lugar, aunque todavía no tenga la posesión formal del terreno.

“Todavía es terreno provincial el Parque Tiro Federal, la transferencia al municipio no está concretada. Pero estoy pidiendo al Ejecutivo que veamos cómo podemos trazar una estrategia para intervenir en lo que es venta callejera, porque ahí sí tenemos la posibilidad de actuar”, explicó Aradas en diálogo con Gustavo Olivello en Alerta Urbana.

El titular del Concejo aseguró que el reclamo de los vecinos es legítimo: “Los sábados y domingos no pueden ocupar el parque. No pueden llevar a sus hijos a andar en bicicleta o usarlo como espacio de recreación porque está absorbido y tapado de cosas que se venden”.

Aradas describió una situación desigual entre quienes trabajan de manera genuina y quienes se aprovechan del espacio público: “Uno entiende que hay gente que labura de lunes a viernes y el fin de semana vende para subsistir, pero también vemos camionetas y camiones de reparto detrás de los puestos, lo que demuestra que hay comerciantes solventes que usan la venta ilegal para ganar más”.

El concejal insistió en que el municipio no puede permanecer al margen. “Cuando ocurre una tragedia en el Parque Tiro Federal, el primero que paga el pato es la Municipalidad de Resistencia. Tenemos que cumplir con las ordenanzas y garantizar la seguridad del ciudadano”, afirmó.

Finalmente, remarcó la necesidad de recuperar el sentido público del parque y avanzar hacia su ordenamiento. “Tenemos que empezar a ordenar el Parque Tiro Federal porque cada vez está peor. Hay que respetar las normas, cuidar el espacio y que los vecinos puedan disfrutarlo como se merecen”, concluyó Aradas.

A un año del último incremento al sueldo básico del personal municipal, y frente a una inflación anualizada superior al 34%, las y los concejales Fabricio Bolatti, Lucila Masin, Ángel Sánchez, Soledad Villagra y Guillermo Monzón – de los bloques Frente Chaqueño y CER – presentaron un proyecto para aplicar un aumento del 25% al básico a partir del 1° de octubre. El objetivo es compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo que afecta a trabajadores activos y pasivos.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte deterioro salarial. Además del congelamiento del básico, la gestión de Roy Nikisch redujo bonificaciones y horas extras, herramientas habituales para reforzar servicios municipales. Esta decisión impactó negativamente tanto en los ingresos del personal como en la calidad de los servicios prestados.

Durante este período, los pedidos de recomposición salarial fueron sistemáticamente desoídos, mientras la inflación siguió avanzando. Entre enero y agosto de 2025, la inflación acumulada supera el 19%, y la anualizada al mismo mes alcanza el 34%, sobre una base salarial ya deteriorada.

El aumento de 2024 no compensó la inflación

Según cifras oficiales, el aumento al básico en 2024 fue del 149%, frente a una inflación del 120%. Sin embargo, ese cálculo no contempló la bonificación por Permanencia en la Estructura, que en algunos casos representaba hasta el 50% del salario de bolsillo y no fue actualizada. Considerando una participación promedio del 30%, el incremento real fue del 104%, es decir, 16 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

En lo que va de la actual gestión, la pérdida acumulada del poder adquisitivo alcanza el 38%, sin considerar el efecto desigual del traslado de la bonificación al básico. El impacto varía según las bonificaciones personales de cada agente, lo que genera diferencias entre categorías y complica el cálculo del verdadero retroceso salarial.

Ingresos municipales en alza, salarios congelados

La falta de actualización salarial no se corresponde con la evolución de los ingresos municipales, que muestran incrementos interanuales sostenidos. En el primer trimestre de 2025, los ingresos crecieron un 114% respecto al mismo período de 2024, mientras que la masa salarial aumentó solo un 75%. La participación del gasto en Personal sobre los ingresos corrientes cayó del 54% al 49%, y si se considera lo efectivamente pagado, apenas alcanza el 39%.

Entre marzo y agosto de 2025, los ingresos por Participación Municipal crecieron un 39%, mientras que el gasto salarial se mantuvo estancado. Esta tendencia confirma una política de ajuste sobre el personal, que se profundiza a pesar de la mejora en la recaudación.

Superávit y subejecución presupuestaria

Mientras tanto, el Ejecutivo acumula superávit. Al inicio del ejercicio 2024, se registró un excedente cercano a los $17.000 millones, equivalente a más de tres meses de masa salarial. El crecimiento interanual de los ingresos supera el 30%, mientras que el gasto en Personal permanece congelado, generando una ventaja presupuestaria del 25% desde el 1° de enero de 2025.

La subejecución del Presupuesto supera el 20%, con partidas que crecieron hasta un 1.000% respecto al año anterior, pero cuya ejecución no supera el 30%. Esta situación demuestra que la falta de actualización salarial no responde a una restricción económica, sino a una decisión política que debe ser revisada.

Ante este escenario, las y los ediles proponen otorgar un incremento salarial del 25% como piso, dejando abierta la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe superar dicho porcentaje en función de la disponibilidad real de recursos.