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CORRUPCION

“Las casas de la corrupción”: el Gobierno venderá los inmuebles que la Justicia les confiscó al exsecretario y al contador de los Kirchner

Comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. Hay 20 viviendas decomisadas por el exjuez Bonadio sobre las que el Estado todavía no tomó posesión.

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El Gobierno de Javier Milei -a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)– venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner y a otros involucrados en el caso de corrupción en el que se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.

TN pudo saber que la AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertencían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total la AABE estima que podrá recaudar con estas ventas casi U$S2 millones.

  • Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se estima tiene un precio de USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo.
  • Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metors cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Según fuentes del mercado podría tener un precio de USD974.416.
  • Departamento con cochera. El inmueble que está ubicado en Villa Urquiza pertenecía a Muñoz y Manzanares. Su valor oscila en los USD140.000.

El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner

El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner

TN pudo saber que entre 2019 (gestión Macri) y 2023 (gestión Alberto Fernández) quedaron pendientes de pago varias facturas de agua y ABL de dos de estas propiedades. La deuda total en este concepto para la propiedad de Pedro Riveri asciende a los $10.893.061 y la de Andonaegui asciende a $1.972.570.

En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos AiresSanta CruzTierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.

El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.

El Estado todavía no tomó posesión de más de 20 bienes de la corrupción

De los 30 inmuebles que Bonadio decomisó, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto de los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.

De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 en $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.

Luego hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenabar 1934. A estos se le suman los tres inmuebles que TN informó se subastarán y hay otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule FUNDACAP. La custodia provisoria está vencida.

El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.

El Estado procederá a la disposición de los inmuebles una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo (Foto: Videolab TN).
El Estado procederá a la disposición de los inmuebles una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo (Foto: Videolab TN).

Además se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del que se hicieron buena parte de las maniobras de lavado.

Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares sobre los que aún resta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecendentes y documentación registral. No está claro el motivo por el que durante la gestión de Alberto Fernández no se terminó de incorporar estos bienes a la AABE. “Los tiempos de la Justicia no siempre ayudan pero no sé si había una real intención de vender estos inmuebles”, dijo una fuente a TN.

Es que los inmuebles en cuestión estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, que entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la sindica en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.

Entre los inmuebles sobre los que aún no se tomó posesión, está la estancia “La Lucía”, en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40 y una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6 mil hectáreas. Las autoridades buscarán recuperar varios locales que -según pudo saber este medio- están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa de un complejo de seis viviendas y otras casas más.

La AABE también subastará bienes de causas de trata y narcotráfico

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco” en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore que traficaba cocaína a Europa, cargamento que salía oculto en bolsas de carbón vegetal.

Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, pileta y garage para seis autos. El precio a pagar es unos 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera el que se tasó en 118 mil dólares.

Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privasión de su libertad en galpones textiles.

Se venderán dos casas y tres departamentos ubicados en Villa Luro y Flores.

CORRUPCION

Confirman el procesamiento de un piquetero acusado de lavar $ 231 millones de la corrupción

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales Cordeiro y sin prisión para dos familiares, en un caso de lavado de activos vinculado a desvíos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Alexis Torales Cordeiro y el procesamiento sin prisión para su hermano Marcos Gabriel Torales Cordeiro y su padre José de Jesús Torales, acusados de integrar una red que lavó $231.3 millones de pesos provenientes de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) de Chaco.

Así lo resolvió el tribunal de alzada en un fallo que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, al que tuvo acceso LITIGIO.

Las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado” para ratificar el procesamiento dictado por la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger.

En concreto, el fallo precisa que “se observa en las maniobras desplegadas un patrón básico que se reitera en causas como la discutida en autos, al prestar atención a los vínculos personales y familiares entre los  imputados, quienes formaban parte del seno de esta organización delictiva en la que fácilmente pueden detectarse las relaciones de confianza y lealtad que resultan primordiales en los delitos complejos como el analizado”.

El caso

Según la investigación impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, entre 2019 y 2023, cuatro fundaciones (Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes) vinculadas a los Torales Cordeiro recibieron $231.391.738,64 del IAFEP para proyectos de viviendas sociales, pero los fondos habrían sido desviados para comprar dólares en cuevas, criptomonedas (USDT) y bienes de lujo.

Los imputados registraron un aumento patrimonial de $147.8 millones sin justificación legal, con compras de vehículos de alta gama (Honda Civic, Ford Territory), viajes al exterior y propiedades.

Según la fiscalía, los fondos se retiraban en efectivo para “perder trazabilidad”, se triangulaban entre fundaciones controladas por la familia y finalmente se blanqueaban mediante inversiones en Paraguay y Brasil.

Los fundamentos

En su resolución, las camaristas respaldaron la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, destacando que existieron pruebas contundentes como documentación bancaria, informes de la UIF y allanamientos que demostraron que los imputados no podían justificar sus gastos con ingresos declarados. Por ejemplo, Lucas Torales, registrado como monotributista categoría B, recibió $32.7 millones en 2023 y adquirió autos a nombre de testaferros.

En el caso particular, fue señalado como cabecilla de la organización, presidente de dos fundaciones y beneficiario directo de los fondos. La Cámara destacó su “capacidad operativa para entorpecer la investigación” si permanecía libre.

“Plataforma de corrupción sistemática”

En los fundamentos de la sentencia, las camaristas advirtieron que “se observa en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado”. En ese sentido, señalaron que “la trascendencia de los sucesos en análisis, que afectan a la sociedad toda, y el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados a los imputados, ya que la corrupción es una de las caras de la delincuencia económica”.

Así, las juezas agregaron que “el delito económico que se investiga en autos, dadas sus características, genera un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas”.

“Considerando que los sectores vulnerables son los que más necesitan de ellas y los principales perjudicados por la corrupción y delincuencia de quienes, como en este caso, habrían recibido fondos para mejoras habitacionales y, sin embargo, los utilizaron para su propio incremento patrimonial y en desmedro de la población vulnerable”, puntualizaron.

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CONSEJO MUNICIPAL

Nuevas denuncias contra Nikisch por presuntos sobreprecios en contrataciones y alquileres

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El Concejal Fabricio Bolatti, advirtió -una vez más- sobre la existencia de sobreprecios en las contrataciones y compras que ejecuta Roy Nikisch en el Municipio de Resistencia y adelantó que presentará un informe ante organismos de control, donde observa que los alquileres de maquinarias y equipos pasaron a tener principal importancia para la gestión a partir de febrero/25, mes en el que las licitaciones alcanzaron los 9.000 millones de pesos.

“Este volumen de contrataciones presenta características y sobreprecios que se adaptan especialmente a prácticas ilegales utilizadas para ‘hacerse de fondos públicos’ por parte de funcionarios a cargo”, sentenció el edil.

Bolatti mencionó que al inicio de la gestión, Nikisch optó por afectar los recursos a la adquisición de maquinaria y camiones necesarios para la prestación de servicios del municipio. “Algo que, de no ser por cómo se realizaron las operaciones, habríamos estado de acuerdo, ya que desde el segundo semestre 2024 a la fecha se adquirieron con procedimientos irregulares más de 50 equipos”, señaló.

“Sin embargo, llamativamente, en febrero de 2025 la gestión resuelve licitar el alquiler de 138 equipos por 6 meses, poniendo como presupuesto oficial de referencia una suma superior a los 9.000 millones de pesos. Una desproporción que permite ver irregularidades, ya que comprar 69 equipos nuevos para el municipio, o alquilar estos 69 equipos por un plazo de 12 meses (igual que 138 equipos por 6 meses) requieren la misma cantidad de recursos públicos. Es decir que, el Intendente podía optar por afectar esos 9 mil millones de pesos a adquirir 69 equipos cero km en forma definitiva para el Municipio, pero no lo hizo. En vez de comprar, decidió alquilar”.

“Este valor alcanza para alquilar o comprar, lo que deja ver implícitamente el elevado valor del alquiler, el que normalmente se calcula teniendo en cuenta el valor de adquisición, al que se lo divide normalmente en 36 meses para llegar a un valor mensual promedio de alquiler”, precisó el edil.

Estos precios elevados, tanto en compras como en alquileres, marcan una diferencia en detrimento del patrimonio municipal, y en favor de quienes intervienen en la operación, pero que además pueden verse reflejados en otros aspectos, y en este caso se expresan también en:

1-Tipo de contrato: Se utilizó la modalidad más desfavorable para el Municipio y la más rentable para los proveedores o prestadores.
2-Sobreprecios: La comparación con otras administraciones municipales evidencia un claro sobrecosto.
3-Presupuesto: No figura como parte de un plan de trabajo, a pesar de implicar el gasto más elevado del presupuesto en un solo mes.
4-Ejecución dudosa: No se observa en el territorio un despliegue de maquinaria que justifique semejante contratación.

1-Tipo de contrato utilizado
Podemos sintetizar en tres tipos o modelos de diseño. Uno, ‘el alquiler o compra de horas de máquina’. donde se adquiere un número determinado de horas para usar dentro de un plazo acordado. Otro, es el ‘alquiler con horario fijo’, es decir, se alquilan las máquinas por días y horarios específicos (ej. lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs), generalmente por varios meses. Y un tercer tipo, ‘full time’: las máquinas se alquilan por meses, con disponibilidad total las 24 horas del día. Este último es el tipo de contrato elegido por el Municipio para el alquiler de las 138 máquinas y equipos. Una modalidad que no requiere certificación, ya que el Municipio mantiene la posesión durante todo el período de alquiler. Para el prestador, es el contrato más rentable, ya que el equipo está alquilado todo el día, y se paga aunque no se use.

2-Sobreprecios
En el siguiente cuadro [Cuadro2] se puede observar distintos casos reales de alquileres de equipos y máquinas en otros municipios del país, con tipos de condiciones distintas (relacionado con el punto anterior), detallando para cada caso el costo mensual, diario y por hora, de cada rango, lo que permite comparar costos en forma homogénea.

Se muestran los valores mensuales, diarios y por hora, y en la última columna, el costo total que cada Municipio pagará por 6 meses, considerando igual disponibilidad del equipo.
En cualquiera de los casos, el alquiler adjudicado por Nikisch resulta ser el más costoso. Para que sea comparable con los demás, las máquinas deberían utilizarse casi 20 horas por día. Aun así, su precio duplica o triplica el de otras gestiones, para un mismo servicio.

3-No está previsto en el Presupuesto. No hay un plan de trabajo publicado
La ausencia del gasto en el Presupuesto y la falta de un plan de trabajo publicado evidencian una desconexión entre la planificación y la realidad. La sanción del Presupuesto, con solo seis votos cuando se requerían más, y su diseño general muestran una intención clara de ocultar información clave: partidas, superávit y operaciones sustanciales como el alquiler de maquinaria, que representa casi el 10% de los ingresos anuales.

El uso de la partida “Trabajo Público” y otras como “Bienes y Servicios no Personales” parece haber sido una estrategia para esconder excedentes, que luego se redistribuyen arbitrariamente gracias a los “superpoderes” que se autoasignaron, modificando y redistribuyendo y desdibujando la planificación inicial, publicada y debatida hacia la comunidad, principal objetivo que marca la Carta Orgánica al establecer el carácter participativo del Presupuesto que, no solo se incumple al no generar el mecanismo de participación ciudadana, sino que lo poco que se presenta, no constituye un plan de acción y ejecución de recursos previsto, incumpliendo con ello también el rol de autorización previa del Concejo al Ejecutivo, así como desvirtuando cualquier control que se quiera hacer.

4-Ejecución Dudosa. La inexistencia física de esas máquinas en el territorio
Durante marzo, abril y mayo – meses de ejecución de los contratos licitados – no se evidenció la presencia de los 138 equipos alquilados atendiendo las demandas de vecinas y vecinos de la ciudad. Un número que triplica la capacidad operativa municipal con equipos propios, y que es mayor si se suma de los de Vialidad y empresas que ejecutan obras. Esa magnitud haría imposible no notar su actividad, con camiones y maquinaria trabajando las 24 horas. Sin embargo, la ausencia es notoria.

Esto sugiere que el Municipio está pagando un servicio excesivamente costoso, cuya contratación no surge de una necesidad demostrada ni presupuestada. Queda clara la decisión política de avanzar en perjuicio económico del Municipio y, por lo tanto, de toda la ciudad.

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CORRUPCION

Infernal gasto en pauta: Zdero aumentó un 266% los pagos a medios antes de las elecciones

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El gobierno lleva contratados más de $6.079 millones en publicidad en lo que va del año. De febrero a marzo, aumentó un 50,3%, y de marzo a abril, otro 17,2% más, justo en el mes previo a la votación.


Mientras el gobernador Leandro Zdero se subió hace rato al tren del ajuste con recortes en salarios públicos y achique en áreas clave como salud, educación y comedores escolares, su administración gastó más de $6.000 millones en pauta oficial en apenas 135 días.

Esta suma escandalosa fue canalizada a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Lotería Chaqueña y la Presidencia del Poder Legislativo, bajo el liderazgo de Carmen Delgado Britto, estrechamente alineada con el Ejecutivo.

El área que maneja Resico es la que, por lejos, marca el pulso del gasto en blindaje mediático: ordenó pagos por $5.174.430.996,59, el 85% del total que el gobierno usa para disciplinar a la prensa.
Según datos oficiales a los que accedió Es Chaco, la “inversión” en propaganda creció un 266% en los meses previos a las legislativas del 11 de mayo.

Así, a medida que se acercaban las elecciones, Zdero incrementó de enero a febrero, un 63,9%; de febrero a marzo, otro 50,3%; de marzo a abril, un 17,2% más; y de abril a los primeros 15 días de mayo, se disparó un 26,9%.

Lejos de ser un gasto uniforme, la inversión en publicidad política creció exponencialmente a medida que se acercaban las elecciones del 11 de mayo. En enero, el gasto fue de poco más de $521 millones, pero para mayo (con solo 15 días relevados) ya superaba los $1.911 millones. La pauta se cuadruplicó en cuatro meses, con la secretaría de Resico como principal ejecutora, manejando casi el 85% del total.

Es un esquema aceitado de blindaje mediático, disciplinamiento de voces críticas y marketing disfrazado de comunicación institucional.


Este modelo reproduce una lógica de gobierno en que la prioridad no es la gestión pública, sino el control de la narrativa.

La utilización de la pauta como herramienta de censura indirecta o premio al alineamiento editorial no es nueva, pero en el Chaco ha alcanzado, todo indicaría que es así, un nivel obsceno. El uso del Poder Legislativo como caja de resonancia mediática -cuando debería ser un órgano de control o, al menos, de debate político o institucional- y la intervención de Lotería Chaqueña refuerzan la gravedad del cuadro: los recursos públicos terminan financiando campañas encubiertas.

El gasto de Zdero, en detalle
Enero: $521.292.662,82
Febrero: $855.014.845,06
Marzo: $1.285.290.158,84
Abril: $1.506.550.866,66
Mayo (hasta el 15): $1.911.106.947,39
Total acumulado: $6.079.255.480,77

Gasto total por área:
Secretaría de Asuntos Estratégicos: $5.174.430.996,59
Lotería Chaqueña: $656.241.595,64
Presidencia del Poder Legislativo: $248.582.888,54.

 

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