A pocos días de que el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs, fuera denunciado penalmente ante la Justicia Federal por haber tramitado la mayoría de permisos de desmonte durante los últimos diez años, la organización ambientalista Greenpeace dio a conocer un relevamiento que revela que durante el primer semestre de 2024 la provincia del Chaco registró más de 27 mil hectáreas desmontadas, siendo la provincia que más avanzó en la depredación de su bosque nativo en lo que va del año.

“Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exportan a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente. “La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos” afirmó Giardini. Y finalizó: “Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria”.

Esta semana se cumplen 5 años del amparo presentado por Greenpeace ante Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.