CORRUPCION
Corrientes La Iglesia se suma a la presión contra Valdés por el caso Loan
La desaparición del chico empieza a cruzarse con la campaña para las elecciones a gobernador del año que viene. Las chances de Colombi, la expectativa peronista y el candidato de Karina.
La defectuosa investigación sobre la desaparición del niño Loan Peña en Corrientes estremeció a la sociedad de esa provincia y golpeó duramente a Gustavo Valdés, que ya estaba trabajando con miras a las elecciones del año que viene en las que se elegirá a su sucesor.
Fuentes de la provincia dijeron a LPO que la homilía que brindó el 9 de julio pasado el Obispo Auxilar de la provincia, Monseñor José Larregain, condicionó todavía más al mandatario correntino. “Ilumine Dios, las mentes de quienes han sido elegidos para conducir, gobernar, encaminar las investigaciones que hay que hacer en situaciones graves como la desaparición de niños, trata, narcotráfico, inseguridad”, dijo el sacerdote.
Pero Larregain, a quien atribuyen aceitados vínculos con el Papa Francisco, volvió a referirse a Loan este martes, durante la misa de medianoche que da inicio a la procesión por la Virgen de Itatí, más conocida como la Virgen Guaraní. En una ceremonia religiosa que reunía a 400 mil personas, el obispo expresó: “Te suplicamos esta noche, queridísima Madre de Itatí, por todos los niños que sufren y especialmente por Loan, que allí donde esté va a hablar, necesitamos saber qué pasó con él y por sobre todo que vuelva a estar con su familia y con sus amigos”. Los feligreses rompieron en aplausos.
En Corrientes advierten que “cuando la Iglesia interviene, tiembla la política”, que de por sí es un sistema reducido a unas pocas familias poderosas. “Ni Tato Romero Feris pudo zafar cuando se le plantó la Iglesia”, le dijo a LPO un legislador opositor a Valdés, en referencia al rol que jugó en julio de 1999 el vicario Pablo Sánchez apoyando a docentes, médicos y estatales que resistían en “la Plaza del Aguante”.
El conflicto escalaría en ese entonces y, el 16 de diciembre de 1999, Fernando De la Rúa dispondría la intervención de la provincia con dos radicales tristemente célebres para los habitantes: Ramón Mestre y Oscar Aguad, quien terminaría procesado por “administración infiel”.
El caso Loan todavía no se expandió como la crisis de fin de siglo pasado pero obligó a Valdés a echar a su ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte. Como reveló LPO, el ex funcionario operaba como jefe político del comisario Walter Maciel, quien permanece detenido por encubrimiento de la desaparición del pequeño de 5 años.
Duarte, que fue reemplazado este lunes por el diputado nacional Alfredo Vallejos, respondía al presidente de la Cámara de Diputados correntina, Pedro “Perucho” Cassani. No obstante, en la Legislatura correntina advirtieron que Duarte se peleó con Cassani, líder del partido Encuentro Liberal, y habría jurado lealtad a Valdés.
Paradójicamente, el legislador que suplirá a Vallejos, Federico Tournier, también es hombre de Cassani pero su designación requirió de una discusión reglamentaria porque Patricia Bullrich quiso imponer el ascenso de Ingrid Jetter, quien seguía a Vallejos en la lista y es actualmente delegada argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Convencido de que Bullrich y Santiago Caputo conspiran contra él, Valdés habría contestado con el artículo 164 del Código Nacional Electoral para defender el lugar del goyano Tournier.
Como sea, LPO pudo averiguar que entre los opositores a Valdés esperan que se empiece a escuchar más la voz de la hermana Martha Pelloni, quien trascendió en la década del 90′ por su rol en las marchas del silencio por el caso María Soledad Morales. “Es de Goya”, dicen casi con orgullo de quien recientemente sugirió que a Loan “lo ha entregado” su familia.
La sospecha que alimenta el PJ no coincide plenamente con esa hipótesis, porque aducen que el niño ya tenía una edad para la cual el sistema de adopciones funciona con más fluidez, por más cruel que resulte esa explicación. En cambio, apuntan contra el desorden institucional del gobierno de Valdés, a quien atribuyen habilidades para la foto pero le restan pericia para la construcción política. “El aparato lo sigue manejando Ricardo Colombi”, admiten en la UCR.
La crisis de la gestión de Valdés con el caso Loan se agravó con la citación a declarar del senador Diego Pellegrini, hombre de confianza del gobernador que trasladó en su auto a Laudelina Peña para que instalara en sede judicial la hipótesis del accidente vehicular, como reveló LPO.
En ese contexto que los peronistas comparan con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, abrigan la ilusión para las elecciones a gobernador de 2025, quizá por primera vez desde el retorno de la democracia. Para enfrentar a Colombi, pica en punta Germán Braillard, diputado por el Frente Renovador correntino y sobrino del vicegobernador Pedro Braillard Poccard. Nacido en 1983, el joven legislador confronta con su tío y calcula que la cercanía de Carlos “Camau” Espínola con el gobierno de Milei le dejaría el camino libre.
Los libertarios, por su parte, tendrían su propio candidato: el diputado Lisandro Almirón. En el Congreso nacional, dijeron a LPO que Karina Milei presiona al gobierno de Misiones para que, a través de Yacyretá, colabore con su aventura electoral. “Es un candidato de 10 puntos”, comentó a LPO un colega de su propia bancada en Diputados.
Sin embargo, Almirón es bien conocido por el PJ correntino y su postulación podría contribuir a la división del electorado radical y los simpatizantes del gobierno de Javier Milei.
CORRUPCION
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
CORRUPCION
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
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