Fue uno de los primeros crímenes masivos que se dio contra comunidades indígenas a comienzos del siglo XX. Ejecutado y planificado desde el propio Estado, tuvo un sentido económico, racista y ejemplificador. Sin embargo, a pesar de la dimensión de la barbarie, durante muchos años fue una historia negada. Quienes la sobrevivieron, no se animaban a nombrarla por miedo. Quienes la ejecutaron, buscaron ocultarla para perpetuar la impunidad.

Este viernes, se cumplen 100 años de la Masacre de Napalpí. De acuerdo a las pruebas recabadas en el histórico Juicio por la Verdad, que se llevó adelante entre abril y mayo de 2022, fueron asesinadas en la reducción indígena ubicada a 120 kilómetros de la capital chaqueña, entre 400 y 500 personas, en un hecho que fue declarado por la Justicia Federal de Resistencia como un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio.

Aquella mañana del 19 de julio de 1924, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea,  llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente mil personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos.

Los agresores llegaron a caballo, se establecieron a una distancia cercana del campamento de los huelguistas y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez, a mansalva y por el lapso de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos niñas y niños, mujeres (algunas de ellas embarazadas), hombres adultos, ancianos y ancianas. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes.

Los sobrevivientes que lograron huir, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados. La consumación de este crimen en masa, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación.

“Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral”, contextualizó en la sentencia del Juicio por la Verdad la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

Deplorables

Las condiciones de vida de los indígenas en las reducciones eran deplorables. Vivían hacinados, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse.

Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados a trabajar extensas jornadas para la Reducción o para vecinos hacendados, pagándoles con vales.

Las familias indígenas tenían prohibida la salida del territorio del Chaco y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración. Eran frecuentes los abusos y las condiciones eran análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta, donde luego ocurrió el ataque.

Las secuelas que dejó la matanza en la cultura de los pueblos indígenas fueron profundas. Provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida progresiva de su lengua y su cultura.

Desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, con la intención de negar y encubrir, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el líder de la protesta, Pedro Maidana.

La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión.

En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie.

La academia también contribuyó al ocultamiento. Y no sólo en aquel entonces. De hecho, el libro del historiador Fabio Echarri, titulado “Napalpí: la verdad histórica”, donde negó la existencia de la masacre, usando como fuente solamente a las oficiales, recibió en 2001 (año de su publicación) el Primer Premio Provincia del Chaco a la obra histórica el cual le fue otorgado por historiadores del Conicet, la Universidad Nacional del Nordeste y la Junta de Estudios Históricos del Chaco.

Los nombres

Si bien los Juicios por la Verdad son procedimientos judiciales que no tienen efectos penales debido a la imposibilidad de perseguir a sus responsables (todos fallecidos), este tipo de acciones constituyen actos que contribuyen a la memoria colectiva. En este marco, LITIGIO compiló en detalle la nómina de los responsables civiles y de fuerzas de seguridad, con sus nombres completos, rangos y, en algunos casos, sus rostros.

En primer lugar, existe un extenso listado que realizó la Fiscalía Federal de Resistencia al momento de requerir el Juicio por la Verdad, en 2021. Se indicó que los funcionarios públicos responsables de los crímenes de Lesa Humanidad que se encuentran individualizados son el Presidente de la Nación, Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; el Ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; el Gobernador Interventor del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno; el Administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó.

También está incluido el Jefe de la Policía del Chaco, comisario inspector, Diego Tomas Ulibarrie; el comisario de órdenes, Roberto Sáenz Loza; comisario de Quitilipi,  José B. Machado; los oficiales de Policía, Vicente Attis, Ernesto R. Cordini, Julio G. de la Fuente, Rufino Godoy, Miguel Noguera y Apolinario Zabroso; el piloto de aviación, sargento Emilio Esquivel y el  copiloto, Juan Browis; los Agentes de la Dotación Resistencia de la Policial de Territorios Nacionales, Salvador Colman, Anselmo Mendieta, Ramón Mandonado, Tomas Zalazar, Domingo Beltran (h), Fernando Ramírez,  Nicolás Mendoza, Marcos Varga, Felipe Cabrera, Rufino Galarza, Juan Ramírez, Jose R. Benítez, Tomas Maidana, Simón Rojas, Homero Prado, Lima, Ambrosio Olivera, Guillermo Monje, Marcial Molina, José Cañete, Emilio Maidana, Luis Ferreyra, Zenobio Martinez, Juan Quiroz, Isidro Castillo, Diego López, Gil Núñez, Pedro Machado, Manuel Barrientos, Persi Kin y Pablo Galarza.

Además, se encuentran entre los responsables los Agentes de la Dotación Quitilipi de la Policía, Remigio Núñez, Nicasio Lieres, Eusebio Arce, Jorge Sosa, Eulalio Casco,  Santos Casco, Claudio Sosa, Venancio Verón. Y los agentes de la dotación Roque Sáenz Peña de la Policía, Silverio Cabrera, Lucio Moratti, Francisco Cabral y Víctor Ayala.

A la lista se les suman los integrantes de la Gendarmería Volante o Gendarmería de Línea, sargentos, Alejandro Verón y Esteban Palacios. Los cabos, Secundino Yedro,  Hipólito Fruto, Facundo Gómez, Macario Verón, José Esquivel, Joaquín Sánchez, Alejandro Seisdedos. Y los agentes  gendarmes Tomas Gómez, Enrique Gómez, Eugenio Insaurralde, Víctor Aguirre, Tomas Maidana, Pablo Alegre, Hortensio Alegre, Francisco Toledo, Ramón Valenzuela, Lucio Pared, Francisco Godoy, León Gómez, Victoriano González, Urbano Alegre, Vicente Álvarez, Matías Colmas, Manuel Ramírez, Ricardo Mortola, Justino Hoyo, José Lino Lescano, Felipe Villalba, Teófilo Gonzales, Tiburcio Toledo, Eduardo Dau, José Martinez, Juan C. Molina, Albino Medina, Simeon Rajoy, José M. González, Carlos Toro, Pedro Aguirre, Florencio Caballero y Máximo Ramírez.

“Todos los responsables  individualizados se encontraban fallecidos al momento de iniciarse esta investigación y ante ello es que promovemos la realización de un Juicio por la Verdad, Oral y Público,  concluyendo que es la única forma de acatar la responsabilidad del Estado Argentino asumida en compromisos internacionales de juzgar los crímenes de Lesa Humanidad como la Masacre de Napalpi y de cumplir con el  derecho de las victimas sobrevivientes, de sus descendientes, de las comunidades de los pueblos Moqoit y Qom y de la Sociedad toda de conocer la verdad y de recibir una reparación a través de  una Sentencia Penal”, señaló la fiscalía en su requerimiento.

Cartas

En cuanto a la responsabilidad del por entonces presidente Alvear; del Ministro Gallo; del Interventor Centeno; del Administrador Arigó y del Jefe de la Policía Ulibarrie, la misma surge al analizar el  “modus operandi” de la perpetración de la Masacre, lo que demando el aval y la participación de cada uno de ellos.

En este sentido, una de las pruebas incluidas en la investigación es la carta enviada por Centeno al ministro Gallo. En ella, Centeno le informa que tenía información respecto de que “de un momento a otro se produciría dentro del campo de esa reducción (Napalpí)  una sublevación a mano armada” encabezada por líderes indígenas.

“Inmediatamente, el suscripto dispuso las medidas del caso enviando refuerzos policiales, pero como al día siguiente se recibiera un nuevo despacho de igual procedencia y más alarmante contenido, resolví constituirse en el lugar de los acontecimientos, partiendo en compañía del Jefe de Policía y llevando el personal de tropa necesario para cualquier emergencia”, informó el interventor Centeno en aquella misiva.

En cuanto a la responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, la misma se pudo reconstruir en base a los documentos históricos aportados por el Archivo Provincial Monseñor Alumni, sobre los que la magister y docente de la UNNE, Gabriela Barrios, dio detalles en su testimonio durante el Juicio por la Verdad.

“El informe es del día 15 de julio, en un conteo general aparecen 35 gendarmes con listados nombres completos, también sus números de registro, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de tiros de guerra establecido por cada uno de ellos”, declaró Barrios. Indicó también que el total de tiros de guerras de este conteo de 35 personas es de 2.400.

“También aparece en función de ese día, pero con unos reclamos posteriores de la reducción de Napalpí al gobierno de la provincia, para que se pague la deuda que habían establecido por la presencia de policías y gendarmes en la reducción que sería a partir del 19 de mayo de 1924 y hasta el 12 de julio”, añadió.

Otra misiva que se tuvo en cuenta en el Juicio por la Verdad y que contribuyó a establecer las responsabilidades políticas de la masacre fue la carta que el comisario Sáenz Loza le envió al gobernador Centeno.

“Vea señor gobernador, le escribo ésta en víspera de partir de nuevo para adentro con varias patrullas a la vez, coordinando todo con el comisario Machado de Quitilipi con el siguiente objetivo: apresar a todos los indios sospechosos, reunirlos en un punto ya determinado, someterlos a un interrogatorio previo, y luego traer a Quitilipi a los que resultasen más importantes. Demás está decirle que con las pruebas recogidas su Gobierno no se arrepentirá de haber dado carta blanca para proceder con mano dura”, escribió el comisario.

El avión y el rifle

Sobre la responsabilidad del piloto Esquivel y el copiloto Browis, la sentencia del Juicio por la Verdad confirma que una avioneta brindó apoyo, por lo menos, en tareas de inteligencia y observación. Esto se probó con documentos que aportó el testigo, piloto e investigador Alejandro Covello, como la nota del 18 de julio, donde el Interventor y Gobernador Centeno, solicitó al Aeroclub Chaco el servicio del aeroplano “Chaco II – Avión Curtis”.

El avión había sido cedido un tiempo atrás por la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejército para su uso en la formación de pilotos en el Aeroclub Chaco. El Aeroclub puso a disposición del gobernador no sólo el avión, sino también a su piloto Esquivel. El piloto civil Browiz se ofreció como voluntario.

Centeno agradeció a las autoridades y dueños del Aeroclub, que habían prestado la logística aérea para el ataque, con una carta el día 26 de julio de 1924. “Al señor presidente del Aeroclub Chaco, doctor Agustín Cabal (h), me es grato dirigirme con el objeto de agradecer una vez más, la valiosa cooperación prestada a este gobierno por esa entidad (…) al mismo tiempo, compláscome en recomendar a su alta consideración el comportamiento brillante que en esta emergencia tuvieron el sargento piloto militar D. Emilio J. Esquivel y su acompañante piloto aviador D. Juan Browis, quienes observaron estrictamente las instrucciones que les fueron dadas… corresponderle en parte el éxito de la solución feliz y rápida del referido levantamiento indígena que llegó en cierto momento a culminar con caracteres de extrema gravedad”, redactó el interventor del Chaco.

El investigador Covello sostuvo que el de Napalpí fue “el primer uso violento de la aviación en nuestro país con el  Curtiss JN-4D Jenny”. “No fue un operativo militar de la Aviación de Ejército, sino una acción ilícita civil, asistida por un aeroclub también civil, cuyo avión fue contratado por el Gobernador del territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, tripulado por el piloto militar Emilio Esquivel y un civil que en el puesto del copiloto cumplió la función de artillero”, relató.

Si bien la sentencia del Juicio por la Verdad se refiere a la participación de colonos civiles, los mismos no están plenamente identificados, aunque se indica un detalle importante: dispararon con sus fusiles, rifles y carabinas.  ¿Por qué este detalle es importante? Porque son elementos que coinciden con los que aparecen en la foto del avión tomada por el antropólogo alemán, Roberto Lehmann Nitsche, en Colonia Aborigen, al momento de la Masacre y que fuera encontrada por la Doctora en Historia de la UNNE Mariana Giordano en el Museo Iberoamericano en Berlín. En dicha fotografía se visualiza el vehículo con un grupo de hombres posando para la foto, entre ellos los dos pilotos, el antropólogo alemán, algunos policías y una decena de colonos civiles, varios de ellos portando fusiles.

A propósito de esto, durante el Juicio por la Verdad, el periodista Pedro Solans, autor del Libro “Crímenes en Sangre”, reveló que su abuelo, gerente de la desmotadora Asselle en Quitilipi, le comentó que recibió armamento provisto por el Ejército “para defender” a Quitilipi y a Machagai de los “malones que venían de Napalpí”.

También narró que le entregó uno de los rifles Winchester que se destinaron para combatir a los indígenas y lo puso a disposición del tribunal. El arma exhibida por Solans será parte del Museo Histórico a construirse en el edificio histórico de la Reducción Napalpí, en Colonia Aborigen. Un símbolo de lo que nunca más debe volver a ocurrir.

Con la colaboración de Diego Vigay