Hernán Halavacs, ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco.

Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.

Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).

Más allá de Leandro Zdero

A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.

Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo yJorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.

En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.

Jorge Capitanich y Leandoro Zdero durante la transición en Chaco.

No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.

Más allá del desmonte

Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.

La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.

Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.

Más allá de Chaco

Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.