Para el Ministerio Público Fiscal, el rol de Maida With fue clave para que Aída Ayala concretara el ciclo que prevé la consumación del delito del lavado de activos. Y es que a la obtención del dinero ilegal, en este caso a través de la contratación ilegal de la empresa PIMP, le siguió el blanqueo de ese dinero, es decir, volcar el mismo al circuito legal. Según Carniel, Ayala lo habría canalizado a través de su hija, la actual diputada provincial de Juntos por el Cambio, Maida With, quién entre 2011 y 2014 compartió el manejo de tres cajas de seguridad bancarias con el abogado y empresario Alejandro Fischer, cerebro detrás de la operatoria de PIMP, condenado a seis años de prisión por lavado de activos y fraude contra la administración pública.

El funcionario del MPF aseguró que Ayala fue “destinataria final del proceso” y por ello solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que case el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia en el tramo que absolvió a Ayala y la condene por el delito de lavado de activos.

La exintendenta de Resistencia fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de fraude contra la administración pública. Sin embargo, la absolvió por lavado de activos, a pesar de dar por probado que su participación fue indispensable para que se montara toda una estructura que se hizo de los fondos públicos a través de la creación de empresas proveedoras del Municipio durante su gestión. Por su cercanía y confianza con Ayala, Fischer siempre estuvo al tanto de todas las licitaciones que abría el Municipio y creó distintas empresas a la medida de estas necesidades: solo fueron prestadoras de servicios para el Municipio durante la gestión de Ayala. La única excepción fue PIMP, cuyo contrato debió seguirse ejecutando durante la gestión de Capitanich.

Para el fiscal Carniel, como intendenta Ayala no podía exponerse realizando operaciones con el dinero obtenido ilegalmente, por lo que apeló a un “caso de manual” en causas de lavado de activos: la utilización de familiares y testaferros para el manejo de esos fondos, que en este caso sería su hija Maida. Esto quedaría comprobado por la caja de seguridad en el Banco Galicia que compartieron con Fischer.

Durante la investigación y el juicio oral siempre se hizo referencia a la vinculación de Fischer con Ayala por la relación sentimental que había mantenido con otra de las hijas de Ayala, Moira With, sin embargo llama la atención que durante la instrucción de la causa se haya descartado seguir la línea de investigación que apuntaba a Maida With, que, según se comprobó, compartía no una sino tres cajas de seguridad con Fischer en el Banco Galicia.

¿Fondos para campaña electoral?

Además, el recurso de casación advierte que el dinero de la corrupción pudo ser destinado a la campaña para la gobernación de 2015, cuando Ayala fue candidata y Fischer uno de sus principales impulsores, también a través de la fundación Construir, creada sin ningún objetivo filantrópico más que aportar a la campaña electoral de Ayala, quién terminó siendo derrotada por el candidato del peronismo, Domingo Peppo. Según la hipótesis que lleva el fiscal Carniel ante Casación, lo que “salió mal” es que Ayala perdió esa elección, lo que, por un lado, truncó su carrera política y, por otro, los negocios ilegales que realizaba Fischer bajo su amparo. A partir de ese momento, el dueño de PIMP SA pergeñó una ingeniería contable para tratar de ocultar el origen ilegal de los recursos obtenidos durante su relación contractual con el Municipio que conducía Ayala.

Casación por Sampayo y Vázquez

Por otro lado, el recurso de casación también pretende que se revoque la absolución del secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia (STM), Jacinto Sampayo, y que sea condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y también que la contadora Patricia Vázquez sea condenada como partícipe necesaria tanto por lavado de activos como por fraude en perjuicio de la administración pública.

Sampayo fue condenado a tres años y medio de prisión por el delito de lavado de activos y absuelto por los otros delitos imputados, mientras que Vázquez fue absuelta de todas las acusaciones que pesaban en su contra.

Entre algunos de los elementos que, a criterio de la Fiscalía, corroboran la participación de Sampayo en el delito de fraude a la administración pública, es que aportó un terreno de su propiedad para que PIMP pueda formalizar su propuesta en el marco del llamado a licitación. Además, el escrito insiste en subrayar que el también condenado Carlos Huidobro, titular de las empresas Coyrel SA y Tecmasa SA, era testaferro de Sampayo.

Respecto de Vázquez, el MPF cuestionó que su sobreseimiento se haya enmarcado en lo que el TOF definió como “perspectiva de género” y consideró que no existió ninguna situación que por su condición de mujer pueda exculparla de su responsabilidad penal. En ese contexto, sostuvo que existen pruebas contundentes que acreditaron las múltiples relaciones con cada uno de los condenados en las maniobras de defraudación contra la Municipalidad y que además intervino en el delito de lavado de activos a partir de las adquisiciones de bienes y maniobras de reciclaje. Centralmente, la Fiscalía pone el énfasis en que Vázquez prestó sus conocimientos profesionales para ocultar quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas que, por diversas circunstancias, estaban imposibilitados de acceder a contratos con el Municipio.