CORRUPCION
El Doble Discurso de Leandro Zdero y el Riesgo de Endeudamiento Externo
En medio de un panorama político cambiante y complejo, la figura del presidente Javier Milei se ha convertido en el foco de atención en Argentina. Con su lema de ponerle un “cepo al Estado”, Milei promete reformar la estructura del gobierno, recortando gastos y limitando el acceso a los recursos del Estado. Sin embargo, detrás de esta retórica se oculta una estrategia que, a muchos, les parece preocupante: la búsqueda de endeudamiento en el exterior a través de acuerdos con provincias y gobernadores.
Una de las figuras clave en este entramado es Leandro Zdero, quien ha sido su aliado político en diversas iniciativas. Sin embargo, su discurso en torno a la economía y el manejo de la deuda pública parece tener contradicciones que merecen un análisis más profundo.
Contexto Político y Económico
El contexto actual de Argentina es desalentador. La economía enfrenta diversas dificultades, desde una inflación rampante hasta un mercado laboral que lucha por recuperarse. En este marco, el gobierno de Milei ha prometido una serie de reformas que buscan reducir la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, estas medidas han generado inquietud entre los analistas y la población en general.
La propuesta de un “cepo al Estado” sugiere que se buscará una austeridad extrema que limitaría la posibilidad de financiamiento para diversos programas sociales y servicios esenciales. Mientras tanto, existe la preocupación de que esta política de recorte venga acompañada de un aumento en la deuda externa, lo que podría sumar más presión sobre la economía nacional a largo plazo.
El Rol de Leandro Zdero
Leandro Zdero ha jugado un papel fundamental en la construcción de este nuevo modelo. Occasionalmente, sus declaraciones han mostrado una visión pragmática, defendiendo la necesidad de captar inversiones y financiamiento para las provincias. Sin embargo, algunos ven en sus propuestas un claro doble discurso.
Por un lado, Zdero ha argumentado en favor de la austeridad y el recorte del gasto público; por otro, ha negociado préstamos en el exterior, que pueden categorizarse como una forma de endeudamiento peligroso. La propuesta de un préstamo de 150 millones de dólares para las provincias ha levantado más de una ceja, generando el interrogante de cómo se utilizarán esos fondos y qué compromisos estarán asociados.
La estrategia de “comprar” diputados para respaldar este tipo de iniciativas parece reflejar una situación donde las decisiones no se toman necesariamente en base a un consenso general, sino bajo presiones y acuerdos poco transparentes.
Riesgos del Endeudamiento Externo
El endeudamiento en el exterior puede parecer un salvavidas en el corto plazo, pero presenta riesgos considerables a mediano y largo plazo. Un aumento en la deuda externa significa que las futuras generaciones de argentinos cargarán con el peso de los intereses y capital que deberán ser devueltos, a menudo en una moneda fuerte como el dólar.
Además, el impacto de un préstamo puede desdibujar la ya frágil situación fiscal de las provincias. Si estos fondos se utilizan para gastos corrientes en lugar de inversiones productivas, el resultado podría ser desastroso, generando dependencia de más endeudamiento. Es un ciclo peligroso que puede conducir, en última instancia, a una crisis fiscal más profunda.
La Responsabilidad Ciudadana
Es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y críticos ante los discursos políticos que prometen soluciones rápidas. La situación que enfrenta Argentina no es sencilla y no se puede resolver con medidas arbitrarias o promesas vacías.
La responsabilidad recae, en parte, sobre nosotros como sociedad para exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes. Hay que entender las implicaciones de cada decisión que se toma en el Congreso, especialmente en lo que respecta a la deuda pública y al uso de los fondos obtenidos.
Conclusiones
El peligro del doble discurso en la política no es nuevo, pero en el actual contexto argentino, se presenta como un desafío crucial. La posibilidad de que Javier Milei y su administración, junto a cómplices como Leandro Zdero, nos lleven a un endeudamiento excesivo es un tema que merece nuestra atención. Es imperativo que estemos vigilantes y exijamos claridad y responsabilidad en la gestión pública.
Es momento de reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos en esta dinámica y asegurar que nuestras voces y preocupaciones sean escuchadas. El futuro de Argentina depende de decisiones conscientes y responsables, no solo de parte de sus líderes, sino también de la ciudadanía en su conjunto. ¿Estamos realmente dispuestos a enfrentar las implicaciones de endeudarnos en el contexto actual, o debemos buscar alternativas más sostenibles y responsables? La respuesta a esta pregunta podría definir los próximos años de nuestra economía y sociedad.
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La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
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Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
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